BUSQUE CON GOOGLE...

domingo, 28 de septiembre de 2008

EL GRAVE CASO DE LOS JÓVENES LLEVADOS A LA MUERTE

Informó CARACOL TELEVISIÓN: "Los jóvenes de Bogotá y Soacha presentados como muertos en combate pudieron ser víctimas de las propias FFMM, pues a Juan Manuel Santos le han dicho que aún “hay reductos dentro de nuestra fuerza pública que están exigiendo como resultado cuerpos”.

Primero fueron 11, luego 19 y ahora son 23 los cuerpos sin vida que se han hallado en zonas rurales del departamento de Norte de Santander y se teme que la cifra siga en aumento.

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación indicaron este viernes que la cifra aumentó tras el hallazgo de otros cuatro cadáveres, que también pertenecerían a personas desaparecidas a comienzos de año en barrios marginales de Bogotá o Soacha.

En un comienzo, las víctimas fueron presentadas por responsables militares como muertos en combates con el Ejército entre enero y agosto de este año.

Sin embargo, algunas autoridades, incluida la secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Clara López, sospechan que los jóvenes fueron víctimas de desaparición forzosa e, incluso, de ejecuciones extrajudiciales.

El Ministro tiene cada vez menos dudas

Al propio ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se le hizo extraño conocer que los muchachos hubieran perdido la vida pocos días después de haber desaparecido, tema que también inquietó al fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, quien inició una investigación.

Aunque el Ejército ha insistido en que eran miembros de grupos armados ilegales que cayeron en combates, designó dos investigadores para aclarar los hechos.

Este viernes, Santos fue más allá y dijo durante una ceremonia de ascensos que ha recibido información sobre “reductos dentro de nuestra fuerza pública que todavía están exigiendo como resultado cuerpos”.

“Yo me resisto a creer que eso sea cierto”, señaló Santos que no adjudicó las informaciones a una fuente específica. “Me lo han dicho por ahí”, indicó.

En ese sentido le recordó a los mandos militares que el Gobierno tiene cero tolerancia con la violación a los derechos humanos.

“Preferimos un desmovilizado a un capturado y un capturado a un muerto”, resaltó.

El mensaje debe quedar claro en todos los niveles de las Fuerzas Armadas y por ello le ordenó al comandante del Ejército, general Mario Montoya, que lo lleve personalmente a cada división y brigada militar".

La Revista SEMANA, con el título "¿FALSOS POSITIVOS MORTALES?". presenta la siguiente información:

"La preocupación y la vergüenza se reflejaban en los rostros de varios altos oficiales en los pasillos del Ministerio de Defensa la semana pasada. El martes, el ministro Juan Manuel Santos se había adelantado a ordenar una investigación exhaustiva cuando supo que 11 muchachos que habían desaparecido del sur de Bogotá durante este año habían sido reportados como muertos en combate y enterrados en un cementerio veredal en Ocaña, Norte de Santander.

A lo largo de la semana la situación se hizo más grave. Ya no fueron 11 sino 19 los muertos en combate en esta región cuestionados, y se conocieron dos nuevos casos de muchachos que habían sido reportados como desaparecidos y que luego aparecieron como combatientes de grupos irregulares dados de baja.

El temor de que estos extraños casos sean en realidad ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de la Fuerza Pública se sintió en varias instituciones. La secretaria de gobierno de Bogotá, Clara López, dijo que lo ocurrido con los jóvenes muertos fue una “desaparición con fines de homicidio y no un reclutamiento”. El fiscal general, Mario Iguarán, alarmado con la noticia, le pidió a la Unidad de Derechos Humanos que iniciara una investigación. Desde entonces, en el ambiente ha surgido el temor de que se trate de ejecuciones, más que de muertes en combates.

Quizá por eso el propio ministro Santos dijo el viernes ante un auditorio de suboficiales: “Me dicen por ahí que todavía hay reductos dentro de nuestra Fuerza Pública que están exigiendo como resultado, cuerpos. Yo me resisto a creer que esto sea cierto”. Le ordenó al comandante del Ejército, general Mario Montoya, que visite todas las guarniciones militares para llevar claro el mensaje de que la prioridad son las capturas y los desmovilizados.

Tanta preocupación no es gratuita. El tema de las ejecuciones extrajudiciales se ha convertido en el asunto más grave en materia de derechos humanos del gobierno, y aún no se ha encontrado ni la causa ni el remedio para la misma. Y aunque las investigaciones judiciales arrojarán resultados definitivos sobre los hechos más recientes, lo cierto es que en el caso de los muchachos desaparecidos en Bogotá, no se descarta la hipótesis de que hayan sido asesinados.

¿Desaparición con fines de homicidio?

Los jóvenes bogotanos tenían edades que oscilaban entre 17 y 32 años, casi todos eran desempleados o trabajaban en oficios como construcción y mecánica y, según la Defensoría del Pueblo, algunos tenían antecedentes como consumidores de drogas. Eran, en general, muchachos humildes que vivían en la marginalidad de Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá, y Bosa. Del grupo de los 11, el primero en desaparecer fue Faír Leonardo Porras, de 26 años, que trabajaba como ayudante de construcción, quien fue reportado por su familia como desaparecido el 8 de enero. Cuatro días después, el CTI y el Ejército estaban haciendo el levantamiento de su cuerpo, muerto supuestamente en combate. Los segundos en desaparecer, el 13 de enero, fueron Elkin Gustavo Verano, de 25 años, y Joaquín Castro, de 27 años, ambos empleados en un taller de campanas para carros, y amigos inseparables. Según reportes oficiales, habrían muerto en combate el 15 de enero, es decir, dos días después de su llegada.

En un tercer caso, Julio César Mesa, de 24 años, y Johnatan Orlando Soto, de 17 años, que habían sido reportados como desaparecidos el 26 de enero, aparecieron como dados de baja en combate dos días después. Lo mismo le ocurrió un mes después a Julián Oviedo, de 19 años, quien trabajaba en construcción. Más tarde, el 25 de agosto, fueron hallados muertos Diego Alberto Tamayo, de 25 años; Víctor Gómez, de 23, y Andrés Palacio, de 22 años. A estos tres últimos el Ejército los había reportado como miembros de bandas emergentes muertos en combate, y había dicho en su momento que se les había encontrado dos pistolas y una escopeta de repetición. Todos los jóvenes tienen en común que venían del sur de Bogotá y que fueron reportados como guerrilleros o bandoleros dados de baja por la Brigada Móvil XV, con sede en Ocaña. Otros dos de los muchachos, Daniel Pesca y Eduardo Garzón, murieron en jurisdicción de San Vicente de Chucurí.

¿Legalizaciones?

La primera explicación que salió a relucir es que los muchachos fueron reclutados en sus barrios con promesas de trabajo en Norte de Santander o simplemente para vincularse a grupos armados al servicio del narcotráfico. De hecho, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta sobre la presencia de grupos paramilitares y de guerrilla en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, que estaban reclutando, incluso, menores de edad. A favor de esta tesis está el hecho de que algunos de ellos les expresaron a sus familiares que habían recibido ofertas de trabajo.

Lo que deja sin piso esta hipótesis es que, aparentemente, los muchachos prácticamente acababan de bajarse del bus que los traía de Bogotá, cuando ya estaban muertos en combate. Lo normal es que los grupos armados entrenen por lo menos durante unas semanas a los nuevos reclutas, y en este caso eso no parece haber ocurrido.

Fuentes militares aseguran que en Ocaña opera una banda de delincuentes llamada los ‘Rolos’, que ha azotado la región con la extorsión y el boleteo, y que estos muchachos hacían parte de ella y que tenían tenebrosos antecedentes judiciales. Esto es algo que aunque fuera cierto, no explica cómo es que murieron en combate; ni por qué todos murieron y ninguno, por ejemplo, fue capturado. Ninguna fuente ni civil ni de Policía confirmó la existencia de esta banda en esta zona.

La segunda hipótesis sobre lo ocurrido es mucho más delicada. Se trataría de una especie de “limpieza social” en la que se mata a los muchachos –delincuentes, drogadictos o simplemente pobres– y se los presenta luego como combatientes de grupos al margen de la ley. En el lenguaje criminal esto se llama “legalizar al muerto” y es una práctica que infortunadamente algunos militares han usado para mostrar “falsos positivos” y así mejorar sus resultados operacionales, y por esta vía obtener beneficios para su carrera militar.

Curiosamente, a principios de este año el sargento Alexánder Rodríguez, adscrito a la Brigada Móvil XV que opera en Ocaña, había denunciado ante la Fiscalía, la Procuraduría y ante sus superiores del Ejército, que en su batallón les daban cinco días de descanso a los soldados que obtuvieran ‘bajas’ en combate, y denunció que fue testigo de cómo se cometieron homicidios de civiles para luego presentarlos como guerrilleros. El sargento fue expulsado de las Fuerzas Militares aunque sus denuncias están en proceso de investigación.

Pero éstas no son las únicas hipótesis. Los hechos son tan confusos, que la Fiscalía y el Ejército están estudiando caso por caso. Para el gobierno es importante establecer por qué pasó tan poco tiempo entre la denuncia por desaparición, y la muerte. Y por qué curiosamente todos salieron de Bogotá y encontraron la muerte en Ocaña. Un municipio donde en lo corrido del año han sido enterrados 45 N. N. cuyas muertes se atribuyen a los conflictos entre bandas criminales del narcotráfico. Sin embargo, la ubicación de los cadáveres se logró porque el año pasado entró en funcionamiento un sofisticado sistema de información para buscar personas desaparecidas, que cruza las denuncias que se registran en todo el país con los datos que maneja Medicina Legal en cada municipio.

No es el único caso

Lo más preocupante es que el caso de los muchachos de Ciudad Bolívar no es el primero ni el único. Naciones Unidas ya le había expresado al gobierno su preocupación por la desaparición y la muerte de jóvenes pobladores en Montería, Medellín, y en municipios como Toluviejo, Sucre, y Remedios, Antioquia. La entidad internacional dice que en todos los casos existe un patrón común: “las víctimas reciben promesas de trabajo, aparentemente legales o incluso ilegales, para trasladarse a municipios y departamentos distintos a sus lugares de residencia. En la mayoría de los casos, uno o dos días después de haber sido vistos con vida por última vez por sus familiares, resultan reportados como muertos dados de baja en combate”.

Eso exactamente fue lo que ocurrió en Toluviejo, donde desde el año pasado empezaron a desaparecer jóvenes que a los pocos días eran reportados como muertos en combate por tropas de la Fuerza Tarea Conjunta de Sucre. Poco después la Fiscalía pudo probar que un hombre llamado Eustaquio Barbosa les había ofrecido a todos ellos trabajo en una finca en Sampués, Córdoba. Pero nunca llegaron a su destino. Lo grave es que la justicia tiene pruebas de que la mayoría de estos muchachos no murió en enfrentamientos, y no sólo fue detenido Barbosa, sino que están siendo investigados una docena de militares por estos hechos.

En Sucre el problema no termina ahí. Este año el CTI ha exhumado en Sucre y Córdoba los cuerpos de 27 jóvenes que habían sido reportados por sus familiares como desaparecidos.

Como si fuera poco, en Risaralda también se registra un caso similar. En lo que va corrido del año se han denunciado 18 casos de jóvenes que murieron en combate, y que, sin embargo, sus familiares daban por desaparecidos. A esto se suman otros cuatro muchachos de Popayán, cuyos cadáveres aparecieron en Córdoba, en similares circunstancias.

El fondo del problema

El país parece estar enfrentado a dos problemas graves. Por un lado, el reclutamiento de jóvenes que, engañados o no, salen de sus casas hacia otras regiones, y allí encuentran la muerte. Posiblemente porque son usados como carne de cañón por las guerrillas y las bandas criminales que, sin darles entrenamiento, los exponen a enfrentamientos con las Fuerzas Militares.

Sin embargo, en muchos de estos casos se ha probado que no ha habido combates y que los muchachos han sido, simplemente, asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas.

Aunque entre muchos militares se suele calificar las denuncias por ejecuciones extrajudiciales como un arma política de la guerrilla contra las Fuerzas Armadas, el problema es real y mucho más grave de lo que se cree. El gobierno de Estados Unidos y varias ONG nacionales e internacionales le hacen un seguimiento permanente al tema y han encontrado que éstas siguen ocurriendo en muchas regiones del país. Lo que parece más preocupante es que si en el pasado a muchos militares se les acusaba de tener nexos con los paramilitares, desde cuando estos se desmovilizaron, crecieron las denuncias por homicidios cometidos directamente por los uniformados. Llama la atención, por ejemplo, que de los 558 casos que está investigando la Unidad de Derechos Humanos, más de la mitad ocurrieron en 2007. Las brigadas con el peor récord son las de Antioquia, que tienen 155 casos en investigación, y Meta, que tiene 107. Ello, no obstante, aclara Sandra Castro, directora de esta Unidad de la Fiscalía, se debe a que en estos departamentos han hecho un trabajo más exhaustivo los investigadores. Según Castro, en este momento hay vigentes 244 medidas de aseguramiento contra militares, de los cuales cuatro coroneles, dos tenientes coroneles, siete mayores y 23 capitanes, y la mayoría son casos del Ejército.

Pero sumando los casos que hay en todos los juzgados y las fiscalías del país, el número es aun mayor: son 750 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, en las que ya han sido acusados 180 militares, y condenados 50.

Al respecto, el general Freddy Padilla de León le dijo a SEMANA que “el ministro Santos y yo creemos que debe haber cero tolerancia con los actos impropios dentro de las Fuerzas Militares. Creemos en el principio constitucional de la presunción de inocencia de nuestros hombres y guardamos la esperanza de que no sean responsables. Pero si se comprueban conductas indebidas, seremos absolutamente severos”.

De hecho, el general Padilla envió recientemente una directiva a todas las guarniciones militares, en la que establece que las desmovilizaciones y las capturas son los primeros indicadores de éxito que medirán las Fuerzas Militares en adelante, y no las bajas, en un intento de frenar una tradición y una visión errónea que hay en un sector de los militares, que “mide los resultados en litros de sangre”. Un sector de los militares ha entendido que este tipo de “bajas fuera de combate” no sólo lesiona gravemente la legitimidad de la institución militar, sino que son obstáculo para ganar la guerra. En ese mismo sentido, el Ministerio de Defensa diseñó una política de derechos humanos que hace énfasis en el respeto a la población no combatiente. Sin embargo, o bien el mensaje no ha llegado hasta todos los batallones o brigadas, o las sanciones y los controles internos están fallando, y persiste, además de los errores, la falta de castigo a éstos. O porque hay mensajes encontrados y contradictorios en el propio seno de la cúpula militar.

En cualquiera de los escenarios antes descritos, el gobierno tiene razones para estar preocupado. El tema del reclutamiento de jóvenes está disparado y tiene ribetes de emergencia humanitaria. Y el tema de las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de los esfuerzos, persiste y en ocasiones parece que nadie puede controlarlo. Ambos problemas simultáneamente, son un cóctel explosivo".

sábado, 27 de septiembre de 2008

LOS FALSOS POSITIVOS

"MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA ESTARÍAN EXIGIENDO CUERPOS": SANTOS

Informó CARACOL TELEVISIÓN: "Los jóvenes de Bogotá y Soacha presentados como muertos en combate pudieron ser víctimas de las propias FFMM, pues a Juan Manuel Santos le han dicho que aún “hay reductos dentro de nuestra fuerza pública que están exigiendo como resultado cuerpos”.

Primero fueron 11, luego 19 y ahora son 23 los cuerpos sin vida que se han hallado en zonas rurales del departamento de Norte de Santander y se teme que la cifra siga en aumento.

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación indicaron este viernes que la cifra aumentó tras el hallazgo de otros cuatro cadáveres, que también pertenecerían a personas desaparecidas a comienzos de año en barrios marginales de Bogotá o Soacha.

En un comienzo, las víctimas fueron presentadas por responsables militares como muertos en combates con el Ejército entre enero y agosto de este año.

Sin embargo, algunas autoridades, incluida la secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Clara López, sospechan que los jóvenes fueron víctimas de desaparición forzosa e, incluso, de ejecuciones extrajudiciales.

El Ministro tiene cada vez menos dudas

Al propio ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se le hizo extraño conocer que los muchachos hubieran perdido la vida pocos días después de haber desaparecido, tema que también inquietó al fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, quien inició una investigación.

Aunque el Ejército ha insistido en que eran miembros de grupos armados ilegales que cayeron en combates, designó dos investigadores para aclarar los hechos.

Este viernes, Santos fue más allá y dijo durante una ceremonia de ascensos que ha recibido información sobre “reductos dentro de nuestra fuerza pública que todavía están exigiendo como resultado cuerpos”.

“Yo me resisto a creer que eso sea cierto”, señaló Santos que no adjudicó las informaciones a una fuente específica. “Me lo han dicho por ahí”, indicó.

En ese sentido le recordó a los mandos militares que el Gobierno tiene cero tolerancia con la violación a los derechos humanos.

“Preferimos un desmovilizado a un capturado y un capturado a un muerto”, resaltó.

El mensaje debe quedar claro en todos los niveles de las Fuerzas Armadas y por ello le ordenó al comandante del Ejército, general Mario Montoya, que lo lleve personalmente a cada división y brigada militar".

El jueves último se conocían las primeras y muy fragmentarias informaciones, que se presentaban así en www.elementosdejuicio.com:

Mucha preocupación causa el hecho, poco a poco descubierto en los últimos días, consistente en la aparición, como muertos en combate con el Ejército, en Santander y Norte de Santander, de jóvenes que figuraban reportados como desaparecidos en Bogotá y Soacha.
Al respecto, la Fiscalía General de la Nación ha expedido el siguiente comunicado:
"Bogotá, 24 de septiembre. El fiscal general de la Nación, Mario Germán Iguarán, se refirió al caso de los jóvenes que fueron desaparecidos en Bogotá y Soacha (Cundinamarca), y que fueron reportados como muertos en combate en Ocaña (Norte de Santander) y Cimitarra (Santander).

“En principio es una investigación por desaparición de unos jóvenes en Bogotá. Ahora lo que se reporta es un homicidio en combate, por parte del Ejército, de estas personas”, explicó Iguarán Arana, quien informó que ya se realizan las labores de exhumación e identificación de los cadáveres para entregarlos a sus familias.

El Fiscal General indicó que este “es un caso muy singular y complejo”, debido a que los jóvenes fueron reportados como desaparecidos en enero y poco tiempo después, reiteró, aparecieron como muertas en combate.

A los cadáveres de los jóvenes se les practicó una inhumación estatal en la vereda Las Liscas, en cercanías de Ocaña, debido a que ningún familiar reclamó en su momento los cuerpos".
Hasta ahora son 19 los jóvenes desaparcidos en Bogotá y asesinados en Ocaña (Norte de Santander).
El diario EL NUEVO SIGLO informa en su edición de hoy lo siguiente:
"EN TOTAL son 19 los jóvenes que fueron reportados como desaparecidos y aparentemente murieron en combate con el Ejército, en jurisdicción de Ocaña (Norte de Santander).

La cifra es superior en ocho personas a lo informado en un principio y tras conocerse las denuncias de los familiares.
El jefe del ente acusador, Mario Iguarán, señaló que una comisión de fiscales especializados en derechos humanos viajó a la región donde fueron inhumados los cuerpos, para tomar los testimonios de los comandantes militares de la zona y corroborar si realmente los jóvenes fueron muertos en combate.
Así mismo, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, ordenó el envío de una comisión para que adelante las investigaciones de rigor y no regrese a Bogotá hasta que no se establezca las reales circunstancias en que murieron los jóvenes, muchos de ellos dos días después de ser reportados como desaparecidos.
La cifra de inhumaciones dada por Iguarán discrepa con la facilitada por Yebaril Hadad, alcalde de la ciudad de Ocaña, a donde los militares llevaron los cadáveres de esas personas presuntamente muertas en combates librados en los departamentos de Santander y Norte de Santander, desde enero a agosto de este año.
“En principio es una investigación por desaparición de unos jóvenes en Bogotá. Ahora lo que se reporta es un homicidio en combate, por parte del Ejército, de estas personas”, explicó Iguarán Arana, quien informó que ya se realizan las labores de exhumación e identificación de los cadáveres para entregarlos a sus familias.
El Fiscal General indicó que este “es un caso muy singular y complejo”, debido a que los jóvenes fueron reportados como desaparecidos en enero y poco tiempo después, reiteró, aparecieron como muertas en combate.
A los cadáveres de los jóvenes se les practicó una inhumación estatal en la vereda Las Liscas, en cercanías de Ocaña, debido a que ningún familiar reclamó en su momento los cuerpos.
Los jóvenes, cuyos cadáveres fueron hallados inicialmente, procedían de zonas deprimidas de la periferia sur de Bogotá y, según los familiares de algunos de ellos, se marcharon de allí en busca de oportunidades de trabajo. Al no tener noticias de ellos después de varios meses, las familias presentaron denuncias por desaparición.
Entre tanto, el Gobierno colombiano reconoció este martes que el Ejército había reportado como muertos en combate a once jóvenes desaparecidos cuyos restos fueron hallados en el nordeste del país.
Las víctimas fueron identificadas como Julio César Mesa Vargas, 24 años; Jhonatan Soto, 17 años; Daniel Pesca Olaya, 27 años; Eduardo Garzón Páez, 32 años; Diego Alberto Tamayo, 25 años; Víctor Gómez Romero, 23 años; Andrés Palacio, 22 años; Sair Leonardo Porras, 26 años; Elkin Verano, 25 años; Julián Oviedo, 19 años; Joaquín Castro Vásquez, 27 años, entre otros".
El caso es muy grave, ya que todo parece indicar que estamos ante una actividad de trata de seres humanos.

domingo, 21 de septiembre de 2008

LA POLÉMICA POR LA INICIACIÓN DE PROCESOS PENALES CONTRA MÉDICOS POR ATENDER A GUERRILLEROS HERIDOS O ENFERMOS

Para las autoridades que investigan a varios profesionales por curar a guerrilleros, no se trató de un servicio inocente. Ellos se defienden.


El tema volvió a ser planteado tras la denuncia hecha esta semana por Jorge Merchán Price, que encabeza la organización Médicos Azules.

Merchán sostiene que el acto médico debe estar protegido por el secreto profesional. "Sin importar qué tipo de circunstancias sociales o políticas rodeen al médico y su paciente, esto no puede considerarse una conducta punible, bajo ninguna circunstancia", afirma.

También el ex magistrado José Gregorio Hernández sostiene que los profesionales cuya función y especialidad consiste en preservar la salud y la vida de los seres humanos, están protegidos por normas nacionales e internacionales.

Menciona, entre otras, la ley 171 de 1994, mediante la cual Colombia adoptó el Protocolo II de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional; la Ley de Ética Médica, que defiende el acto médico y el artículo 95 de la Constitución, que eleva al rango de deber la atención humanitaria de personas cuya vida o salud está en peligro.

Además, están los artículos 131, 152 y 153 del Código Penal, referentes a la omisión de socorro, a las condenas a que se exponen quienes incurran en ella y a las penas que caben cuando se obstaculizan tareas sanitarias y humanitarias, en el marco del derecho internacional humanitario.

Basado en esto, Hernández afirma que "si un guerrillero llega al hospital de un municipio y pide ser atendido, el médico no puede negarse a hacerlo. Estos profesionales tampoco están obligados a preguntarles a las personas qué filiación política tienen, o condicionar la asistencia a factores distintos al eminentemente médico".

No obstante, el ex magistrado es claro en señalar que si un médico presta su concurso para la comisión de delitos (cambiar fisonomías de delincuentes o borrar sus huellas dactilares, por ejemplo), tiene que responder ante la justicia. "Lo mismo aplica para los médicos que forman parte del grupo armado ilegal; en ese caso se les juzgaría por eso, no por ser médicos", puntualiza.

El hecho es que en Colombia no pocos profesionales de la salud están en líos con la justicia por haber atendido a miembros de grupos armados ilegales. Y si bien en algunos casos parece claro que se trató de una misión netamente humanitaria, en otros la situación ha dado pie para que la Fiscalía les formule cargos por concierto para delinquir.

Ana María de Brigard, experta en derecho médico, insiste en que es necesario que el Estado ampare el ejercicio de los profesionales en zonas alejadas y de conflicto, donde ellos pueden verse expuestos a coacciones o amenazas.

Considera, sin embargo, que debe hacerse un análisis especial de los casos de médicos que, en forma consciente e informada, celebran un contrato de prestación de servicios con personas al margen de la ley.

"En estas circunstancias deberán asumir las consecuencias, porque no será admisible el argumento de que lo hacen solo motivados por cuestiones humanitarias. Recibir dinero ilícito por un acto lícito no lo convierte en un acto aceptable desde el punto de vista ético", agrega De Brigard.

Denunciar o no denunciar

Quienes critican la defensa del secreto profesional opinan que los galenos deben denunciar a pacientes involucrados en actos criminales.

De hecho, Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, sostiene que el juramento hipocrático y la Ley de Ética Médica son imperativos morales que obligan a atender a cualquier persona, sin importar las circunstancias, pero aclara que " los médicos también tienen el deber de reportar a todo paciente que ha sido víctima de un acto violento".

Y más allá, Juan Mendoza Vega, presidente del Tribunal de Ética Médica, defiende el hecho de que se atienda a quien lo necesite, pero también destaca la obligación que asiste al galeno (como a cualquier ciudadano) de evitar que se cometan delitos.

"Así, que si el paciente es un guerrillero, y cree que avisando dónde está puede evitar un delito, debe avisar a las autoridades".

Por temor, muchos profesionales prefieren callar cuando atienden a un ilegal y en algunos casos esto ha terminado por traerles problemas. En otros, consideran las autoridades, hay claros indicios de encubrimiento.

EL TIEMPO recogió los testimonios de dos médicos hoy encartados judicialmente por haber atendido a guerrilleros. Ellos sostienen que fueron obligados a prestar sus servicios, pero la Fiscalía considera que hay elementos para pensar que actuaron en contra de la ley.

El ortopedista llamado a juicio

El ortopedista Luis Alfredo Moreno García, acusado de rebelión, está preso desde el pasado 19 de febrero. La Fiscalía dice que tiene evidencias de que recibió dinero del 'Mono Jojoy' por operar en campamentos de Meta y Caquetá a guerrilleros heridos en combate, y lo llamó a juicio (junto con el anestesiólogo Alejandro Rico) como presunto integrante de la red de apoyo logístico del frente primero de las Farc. Moreno asegura que viajó a los campamentos convencido de que iba para una brigada de salud. "La Fiscalía me acusa de rebelión, una palabra que no cabe en mi cabeza, porque solo soy un médico dedicado a su profesión y a sus pacientes y no un delincuente", dice.

Ginecólogo dice que prestó servicio obligado después de un secuestro

"El sexto frente de las Farc me secuestró, junto con mi esposa y mi hija, que cursaba último año de medicina. Al cabo de unos días, el comandante me dijo que mi hija se quedaba; me exigieron el pago de 1.500 millones de pesos. Cuando entendieron que no los tenía, me rebajaron la cifra.

Ella se quedó como rehén y nosotros nos fuimos. Reuní toda la plata que tenía, conseguí prestado y completé. Regresé unos días después con el dinero y entonces ellos me pidieron más. Logré que entendieran que había quedado en la quiebra.

Nos dejaron libres, pero yo quedé endeudado. A los dos meses mandaron a una señora, viuda de un guerrillero, para que empezara a cobrarme; yo no tenía, así que traté de llevar por las buenas a esta mujer, que era muy pobre.

Al poco tiempo empezó a pedirme favores, a llevarme familiares para que se los viera.

Yo no estaba en posición de negarme. El primero de diciembre del 2006 las autoridades allanaron mi consultorio y me acusaron de tener un trato demasiado cercano con una integrante de las Farc.

En ese instante sufrí un preinfarto. Me llevaron a Imbanaco, donde permanecí custodiado. Por fortuna los jueces se tomaron el trabajo de analizar el caso, de estudiar mis antecedentes y valorar mi arraigo. Mi proceso está en la etapa de juzgamiento y mientras tanto estoy en libertad condicional".

Marco Julio Velásquez
Ginecólogo con 28 años de ejercicicio".
(Tomado de "EL TIEMPO.com", 21 de septiembre de 2008)

sábado, 13 de septiembre de 2008

HABRÁ REFERENDO SOBRE REELECCIÓN PRESIDENCIAL

Por José Gregorio Hernández Galindo
Debemos repetir que una cosa es el mensaje político del Presidente Uribe al Congreso, que indicaría un mayor interés suyo en el trámite de las reformas constitucionales sobre Congreso y justicia –aunque algunos piensan que se trata de una estrategia para, de todas maneras ir a la segunda reelección-, y la obligación que surge para el Congreso de tramitar un proyecto de iniciativa popular. La iniciativa popular –volvemos a decirlo- tiene unas consecuencias constitucionales, incluso por encima de la voluntad presidencial, si ya el proyecto ha sido presentado.
En efecto, debemos distinguir: una cosa sucede si todavía el proyecto no se ha presentado al Congreso, pues en ese momento los ciudadanos que llevan la iniciativa popular pueden aplazar e inclusive, si no quisieran, abstenerse de presentarla, aspecto en el cual la sugerencia presidencial habría tenido efecto, pero un efecto en ellos, para que no presentaran. Y otra cosa muy distinta ocurre si ya –como ha ocurrido- la iniciativa se ha presentado oficialmente, pues en tal caso el curso del proceso de aprobación legislativa es irreversible: el proyecto debe seguir su trámite, dentro de las reglas constitucionales y según el reglamento del Congreso, que además le da prioridad en los órdenes del día, dado precisamente su origen popular.
En efecto, aunque el Presidente aduce no tener mucho interés en ese referendo, habrá referendo según todo lo indica, pues la única opción de evitarlo sería que las bancadas que apoyan la reelección se abstuvieran de tramitar el proyecto presentado –cosa que no van a hacer los congresistas- . En tal evento, no se modificaría la Constitución y se cerraría toda posibilidad de ser reelecto el Dr. Uribe, dado que el texto aprobado en 2004 sólo permite la reelección por una sola vez.
Pero eso no es lo que ocurrirá. El artículo 378 de la Carta Política es bastante claro en el sentido de que un referendo para reformar la Constitución –como en este caso- puede tener origen en la iniciativa del Gobierno –cosa que aquí no ocurre, por lo menos formalmente- o de los ciudadanos en los términos del artículo 155 de la misma Constitución, es decir, la iniciativa popular, que es otro mecanismo de participación contemplados en 1991. Cuando el proyecto es del Gobierno, lo puede retirar, si quiere, o puede pedir a las cámaras que aplacen su discusión. No así cuando la iniciativa es de los ciudadanos, quienes tienen derecho, amparado por las normas fundamentales, a que el proyecto se estudie y a que se le dé el correspondiente trámite legislativo. Si así no fuera, y el gobierno pudiera atravesársele a la iniciativa popular, resultaría apoderándose de ella y obstruyendo la voluntad popular.
Tal vez el Presidente ha recordado esto, y lo que ha querido con sus palabras de estos días es, además de insistir en las reformas constitucionales a las que otorga gran importancia y urgencia, dejar en claro ante el país y el mundo que, si comienza un nuevo trámite de reforma constitucional sobre reelección inmediata, y si se promueve la reelección de él mismo una vez más, ello ocurre por impulso y decisión del mismo pueblo, que ha firmado y presentado el proyecto, a lo cual el Presidente como tal resulta completamente ajeno.
Los partidarios del Presidente han sido los primeros en rechazar su propuesta de aplazamiento del referendo, y a decir verdad, tienen razón desde el punto de vista jurídico. Las normas son claras, y deben ser cumplidas. El tema de la reelección tendrá prioridad en esta legislatura –durante los dos períodos ordinarios-, y será difícil que salgan aprobados los otros proyectos, si bien el Congreso puede lograrlo si trabaja intensamente.

martes, 9 de septiembre de 2008

! OJO A LAS PRUEBAS !


José Gregorio Hernández Galindo
Nuestros jueces y fiscales, y los funcionarios de Procuraduría, deberían revisar muy cuidadosamente los criterios que aplican en cuanto a la valoración de las pruebas con fundamento en las cuales adoptan sus decisiones.


Los hechos más recientes en el campo judicial -que simultáneamente han abarcado los espacios de la política y del periodismo, convirtiéndose en motivo de debate y de noticia diaria, de primer orden-, demuestran sin duda que la metodología en boga para el análisis y la ponderación del material probatorio en los procesos no obedece a unos criterios científicos que salvaguarden el debido proceso y la solidez jurídica de las providencias, sino que se rige por meras opiniones, variables e inciertas, lo cual genera -como es natural- una gran inseguridad jurídica, a la vez que da pie para las injusticias y los errores judiciales, cada vez más frecuentes.


Se ha confundido la sana crítica -que debe tener, como sustento necesario, elementos objetivos- con la aplicación de conceptos puramente subjetivos al momento de examinar y sopesar la prueba, sin referencia alguna al indispensable nexo entre ella y los hechos, de tal modo que, para mal de la administración de justicia, se llega a privar de la libertad a una persona, a condenarla, o a absolverla, o se la destituye en procesos disciplinarios, y se la inhabilita, con base en inferencias carentes de rigor lógico, siguiendo la tesis equivocada según la cual eso es factible en gracia de la autonomía funcional, también mal entendida.

Además, en muchos casos no hay un rigor probatorio que otorgue confianza, pues acontece en ocasiones que no se cotejan las pruebas entre sí; se falla dejando algunas sin considerar; se otorga excesiva importancia a un cierto testimonio sin hacerle la crítica; se da credibilidad a testigos cuyos antecedentes delictivos y contradicciones, o cuyos intereses en beneficios, no los acreditan como idóneos; se sustentan pruebas sobre hechos equívocos, creyendo que fatalmente conducen a conclusiones únicas; se desconocen hechos evidentes; se exige a los sindicados probar hechos negativos… En fin, en asuntos tan delicados como la libertad de una persona, o su culpabilidad, o su responsabilidad disciplinaria, se improvisa y se ensaya, brillando por su ausencia, en algunos procesos, elementos tan importantes como la lógica.

Aserrín, Aserrán

NOTICIAS CINCO DÍAS

Directorio - Buscar blog

Datos sobre SIGNO 22

Mi foto
Bogotá, D.C.., Cundinamarca, Colombia
ABOGADO Y PROFESOR UNIVERSITARIO. EX MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA