MARCHA CIUDADANA

Es contra todas las formas de violencia
Una movilización que no debe tener color polìtico

José Gregorio Hernández Galindo

La marcha programada para el próximo 4 de febrero tiene sus propias características, y es bueno señalarlas para que no se confundan con las de otros eventos similares ya llevados a cabo.

Dentro del concepto de una democracia participativa, se supone que espontáneamente surgió de miembros de la colectividad, al principio en Internet, la idea de movilizar en todo el país a quienes -como es natural- nos solidarizamos con las víctimas del secuestro y sus familias, ante las pruebas contundentes -suministradas por la propia guerrilla- acerca del trato infame e indigno que se les aplica en el interior de los campamentos en que se sigue perpetrando el delito.

Infortunadamente, y por paradoja, en momentos en que parece haberse superado -o al menos disminuido- la prolongada indolencia de la mayoría en relación con el secuestro, se observa que diferentes organizaciones y partidos, y hasta el Gobierno, le han dado a la marcha un sentido político que no tiene, ni debe tener, con lo cual puede distorsionarse el mensaje que -según se palpa- quiere enviar la ciudadanía, sin un color específico, como expresión de rechazo a todos aquellos que han sembrado el terror en nuestro suelo.

En verdad, entendemos que no se trata de un plebiscito a favor del Gobierno colombiano, ni en su contra, ni tampoco de un evento que pretenda canalizar –como algunos quieren- un descontento nacional contra Venezuela o contra el Presidente Chávez, ni a su favor.

Que se haya partido originalmente de la indignación general provocada por las pruebas de supervivencia y por el prolongado tiempo de los secuestros, en modo alguno significa que ese orígen pueda condicionar a todos y cada uno de quienes participen en la marcha, pues con todas las interpretaciones que desde distintos frentes se le han dado, circunscribirla a uno de los motivos -por ejemplo, un rechazo única y exclusivamente a un cierto movimiento-, o encadenarla a un apoyo político al Gobierno o a una protesta contra el mismo, significaría que quienes sinceramente quieren ampliar el radio de la expresión pública contra todas las formas de violencia, como es oportuno hacerlo, pudieran verse impedidos para marchar, restando fuerza al movimiento.

Por eso creemos que debemos encontrar el punto de coincidencia entre las distintas posiciones, sin desvirtuar el ideario o el criterio político de distintos sectores, simplificando el sentido de la movilización: ella es contra la violencia, contra el secuestro, contra el terrorismo, contra la tortura, contra el crimen, vengan de donde vinieren. Y al propio tiempo, se trata de una presencia popular que, en lo que hace a los secuestrados, quiere su liberación inmediata, sanos y salvos, lo que seguramente -en la mente de la mayoría- significa un apoyo al acuerdo humanitario y al trámite pacífico del proceso de liberación.

En síntesis, nuestro criterio es el de que, quien se identifique en esencia con una negativa social de gran dimensión a la violencia y al terrorismo, en cuanto tales, debe ejercer su derecho de participación, que a la vez implica un deber de solidaridad, y marchar.

PARTICIPACIÓN INDIGENA

Se desconoció en el caso de la Ley Forestal

José Gregorio Hernández Galindo

Con razón, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-030 del 23 de enero, declaró inexequible la Ley 1021 de 2006, por medio de la cual se había expedido la Ley General Forestal.

Reiterando su jurisprudencia, la Corte dictaminó la contradicción con la Carta Política, fundada en el hecho de que el Congreso, al tramitar el proyecto de ley correspondiente, no consultó a las comunidades indígenas y afrocolombianas, como con claridad lo establece el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado el 7 de junio de 1989, durante la septuagésima sexta reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Si se miran los antecedentes del caso, se encuentra que, como lo corroboró la Corte, la Ley General Forestal contenía una regulación completa sobre explotación de recursos naturales en territorios indígenas, y aunque en la teoría de sus normas se contemplaba la autonomía de tales comunidades para los aprovechamientos forestales en sus territorios, en verdad las pautas, criterios y reglas sobre el particular, podían afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, y repercutir sobre sus formas de vida en relación con la naturaleza.

El artículo 169 del Convenio estipuló que, al aplicar sus disposiciones, los gobiernos deberían “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, así como “establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente” en todos los niveles de adopción de decisiones que les conciernan.

La consulta, entonces, resulta esencial, en un Estado Democrático, participativo y pluralista, y su exigencia se desprende de varios de los preceptos superiores, así como del bloque de constitucionalidad.

Lo cierto es que, habiendo dispuesto de todo un conjunto normativo orientado en tal sentido, ni el Gobierno ni el Congreso tuvieron el menor cuidado en adelantar las consultas, cuando la Constitución garantiza, especialmente en los artículos 2, 7, 40-2, 70, 329 y 330, el derecho de participación ciudadana, y cuando es perentoria al exigir la plena observancia de los tratados internacionales y de los convenios de la OIT, que según el artículo 53 de la Carta Política, hacen parte de la legislación interna.

En esta, como en otras materias, debemos insistir en la necesidad de legislar con arreglo a las normas constitucionales si se quiere que las leyes conserven su vigencia, pues la Corte Constitucional no entra, ni debe entrar, en consideraciones de conveniencia o en el examen acerca de la mayor o menor bondad o utilidad de las normas para resolver si son o no son exequibles. El estudio de la Corte es jurídico, por lo cual no se entiende por qué los congresistas o los funcionarios del Gobierno declaran "lamentar" -acatándolas de labios para fuera- las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de cierto estatuto o norma de su interés, cuando lo que debertían hacer sería cuidar mucho más el proceso de su elaboración y aprobación, por encima de las urgencias propias de las coyunturas políticas.

¿RODEAR LOS LUGARES DEL SECUESTRO?

Una medida innecesaria y peligrosa

José Gregorio Hernández Galindo

El sábado último, después de la visita de Condoleeza Rice y de la exitosa gira presidencial por Europa, en la que con gran elocuencia se mostró a los países europeos las razones por las cuales las FARC siguen mereciendo el calificativo de terroristas -como en efecto ocurre en virtud de sus acciones-, nos ha sorprendido el presidente Álvaro Uribe con una orden impartida a las fuerzas militares y de policía en el sentido de localizar y rodear los sitios en que las FARC mantienen a los secuestrados, para, una vez rodeados, convocar a la comunidad nacional e internacional con el fin de adelantar las acciones humanitarias indispensables para liberar a todos los secuestrados.

Estamos de acuerdo en lo relacionado con la convocatoria de todas las voluntades con miras a la liberación, e inclusive hemos venido auspiciando y estimulando la gran marcha del próximo 4 de febrero como rechazo a la violencia y como forma de presión social sobre las FARC, con miras al cese de la execrable práctica del secuestro y a la inmediata libertad de los rehenes.

Por supuesto, estamos de acuerdo con el Presidente Uribe en que esa convocatoria tenga por finalidad buscar y poner en práctica las acciones humanitarias propicias para que todos los secuestrados sean liberados.

En cambio, no entendemos la posición presidencial en lo que respecta a la orden impartida a la fuerza pública sobre localización y cerco militar de los lugares de cautiverio -campamentos, según las FARC, o campos de concentración de secuestrados, como los vemos todos los colombianos-, toda vez que -lo decimos con el debido respeto- parece una medida innecesaria, si de lo que se trata es de iniciar acciones humanitarias, que tendrían que encaminarse por las vías del diálogo y no del asedio militar.

La de rodear los campamentos es una medida que, aunque se anuncie desde ahora -como lo ha hecho el Dr. Uribe- que el siguiente paso no es la toma de los campamentos sino la búsqueda de mecanismos humanitarios, tiene toda la apariencia de un cerco a la guerrilla; de una acción castrense orientada a sitiar las áreas que ella ocupa junto con los rehenes, y es natural concluir que necesariamente provocará la alerta en el interior de esos campamentos. Ésta no sería grave si no fuera por el grave riesgo que correrán a partir de allí las vidas de los secuestrados. La reacción -como ya se ha visto durante intentos de rescate- puede ser violenta de parte de los guerrilleros, quienes pueden recibir, o pueden haber recibido de antemano, órdenes en el sentido de hacer daño a las personas indefensas que se hallan en su poder. Sabemos que no tienen escrúpulos; que no respetan las reglas del Derecho Internacional Humanitario, y que de otra parte, pueden tomar decisiones precipitadas -quién sabe de qué magnitud- si se sienten acorralados.

Creemos que a este respecto no nos podemos equivocar. Las consecuencias pueden ser muy graves si no se obra con prudencia, y lo peor es que también serían irreversibles.

Además, nos parece que el respaldo obtenido por Uribe en el exterior -al menos en cuanto a Europa se refiere- no es propiamente para una acción de rescate a sangre y fuego, sino para un acuerdo humanitario, que por definición excluye el expediente de la acción militar, en cuanto para lograrlo resulta indispensable el acercamiento pacífico y el diálogo.

LA INTOLERANCIA Y LA VIOLENCIA

Una peligrosa combinación

José Gregorio Hernández Galindo

Hay demasiada falta de autenticidad y mucha incoherencia en Colombia. No son pocos los que se rasgan las vestiduras por la violencia de las FARC, pero en la primera oportunidad de ejercer la violencia, la ejercen sin vacilaciones y sin límites, aun contra personas indefensas.

¿Podrá ser alcanzado el ideal de la paz, de la que hablamos todos los días, en medio de clima tan propicio a la violencia?

No lo creemos, por la sencilla razón de que, pese a lo que se dice de labios para fuera, no hay infortunadamente disposición de paz. Todo lo queremos solucionar mediante el insulto y hasta con los golpes. Y algo más: siempre, y para todo, lo primero que se hace, antes de pensar en fórmulas de solución de los problemas, es buscar culpables. He allí una de las ocupaciones favoritas de nuestra sociedad, tanto más agradable para muchos si quien busca al culpable encuentra motivos, así sean mínimos (siempre hay formas de conseguirlo) para enderezarlos en contra de la persona a quien el buscador odia, desprecia o envidia, o contra su opositor político, o contra aquél de quien, por cualquier causa, se quiere tomar venganza.

De otra parte, a la tendencia violenta de muchos se suma hoy un elemento explosivo, pariente de ella y más frecuente entre nosotros de lo que imaginamos: la intolerancia.

Entendemos por intolerancia la actitud hostil, amargada y agresiva contra otras personas, en cuanto no se las acepta; en cuanto al sujeto intolerante le fastidia su presencia, su actividad, sus movimientos, sus palabras y muchas veces hasta su existencia. El rechazo del intolerante se dirige contra todos aquellos que tienen alguna caracteristica diferente a las suyas propias, por cualquier causa: creencias religiosas; ideas políticas; orígen, raza o condición social o económica; equipo de fútbol rival del favorito; profesión o actividad....,para apenas enunciar, a título de ejemplo, algunos de los muchos motivos de animadversión, malquerencia, pugna, pelea y hasta reacciones violentas.

El intolerante no admite ni reconoce la diversidad; no concibe formas de pensar, creer o sentir distintas a las suyas, fuera de las cuales estima que no hay salvación, y en consecuencia, lanza a quienes no coinciden con él a las tinieblas exteriores.En el campo de las ideas y las convicciones, el intolerante se considera poseedor de la verdad absoluta, y sus tesis son -según él- incontrovertibles, inequívocas, intocables; por tanto, todos los demás están equivocados. Deben callar, o cambiar de criterio. Por si acaso, el intolerante les concede una opción: están de su parte, o se declaran por él convencidos, arrepentidos de haberse atrevido a pensar o creer de modo diferente, y entonces merecen ser salvados; o no están de acuerdo con él, ni se convierten, ni se allanan, lo que significa que están en su contra, y en esa lamentable hipótesis son sus enemigos; seres malos, ignorantes o inmorales, que en consecuencia son siempre culpables, y no pueden ser aceptados ni recibidos. Siempre serán condenados, rechazados o discriminados, sin atenuante alguno.

Hemos pensado en todo esto a raíz del episodio del miércoles, en un avión de Avianca que volaba entre Bogotá y Caracas, en el cual viajaba la senadora colombiana Piedad Córdoba, cuyas ideas y acciones -aunque al menos algunas de ellas se las debiera agradecer el país- no gustan a muchos: fue atacada verbalmente por algunos pasajeros de caracteristicas similares a las descritas, con la irracionalidad propia de la intolerancia, tanto en tierra como en el aire; insultada, irrespetada, y poco faltó para que fuera golpeada, al punto de haberse requerido protección, brindada por la tripulación primero y por la policía venezolana después.

Un episodio más de la creciente intolerancia que nos aqueja, que amenaza con devolvernos a los nefastos "cortes de franela" de la llamada época de la violencia, de los años cuarenta, cuando la intolerancia entre liberales y conservadores casi acaba con Colombia. Y que se encuentra en el orígen de la violencia guerrillera que hoy nos afecta.

Intolerancia y violencia: ! Qué peligrosa combinación !

PALABRAS INÚTILES

José Gregorio Hernández Galindo

La actividad criminal de los grupos armados en Colombia -tanto la guerrilla de las FARC y el ELN como las organizaciones paramilitares- ha generado necesariamente, como producto infame, cientos de miles de víctimas, que no son únicamente las personas torturadas, secuestradas y asesinadas, sino sus familias y quienes de una u otra manera -directa o indirecta- han sufrido perjuicios morales o materiales por causa de la violencia.

Cabe examinar, frente a las actuales y recientes gestiones, en particular en el plano internacional, si algo se ha conseguido a favor de las víctimas.

En medio de toda la movilización internacional de los últimos días -que ha implicado ante todo resultados políticos favorables a la posición del Gobierno sobre seguridad desde la democracia, negación del status de beligerancia a los miembros de las FARC, resistencia a aceptar el despeje de Pradera y Florida exigido por los guerrilleros como condición necesaria para dialogar en torno a la liberación de secuestrados, entre otros elementos-, han predominado las palabras sobre los hechos, y en este último campo, después de la liberación unilateral de dos de las mujeres secuestradas, nada ha sucedido, aunque ha corrido mucha tinta, se ha desarrollado fenomenal despliegue en los medios de comunicación, y sobre todo, se ha hablado. Pero se ha hablado sin diálogo; sin el intercambio fecundo de las ideas y de las propuestas. Ojalá no, pero todo indica que se ha hablado inútilmente.

Si fuéramos a medir la bondad de este complejo proceso por el número de palabras pronunciadas, es probable que nos declaráramos totalmente satisfechos. Ha hablado mucho el Presidente venezolano Hugo Chávez, pidiendo que se quite a las FARC y al ELN el calificativo de terroristas, a lo cual -también en declaraciones muy extensas- se ha respondido negativamente por parte de la comunidad internacional y del gobierno y la opinión pública colombiana. Pero también ha hablado, para explicar sus razones, el Presidente Álvaro Uribe, en el curso de una maratónica correría por Europa y ha obtenido apoyo aquí y allá, si bien todos, en cuanto no pueden hacer más, se esmeran en lograr el impacto político, merced a las palabras.

Pero, por paradoja, la razón misma de todas esas palabras pronunciadas y de las magnificas intenciones que puedan animar a quienes las pronuncian, pasa a segundo plano frente a los resultados políticos de aquéllas, en tanto que las víctimas -dentro y fuera de los campamentos de las FARC, y no se nos olviden las miles de víctimas de los paramilitares- siguen expectantes, esperando solución y reparación; padeciendo su calvario con paciencia, sin que en la práctica se adelante un ápice.

Razón tenía quien acuñó la frase según la cual “los árboles no dejan ver el bosque”, pues de manera incomprensible vemos que, mientras más hay una proximidad verbal al tema de la violencia, más nos alejamos de las soluciones.

¿SE CONMOVERÁN LAS FARC?

José Gregorio Hernández Galindo

Ha sido exitosa, en cuanto diplomacia (ojalá lo fuera respecto a la terca conducta de las FARC) la gira del Presidente Uribe, emprendida en Europa con el objeto de explicar al mundo la razón básica por la cual las FARC no pueden ser calificadas como fuerzas beligerantes sino como organización terrorista. Las pruebas al respecto las han suministrado los mismos guerrilleros, pues tanto los documentos divulgados en noviembre, interceptados a los correos de las FARC, como los entregados en enero a través de Consuelo González de Perdomo, no dejan duda alguna acerca de las flagrantes y reiteradas violaciones de los derechos esenciales de las personas secuestradas, ni sobre el desconocimiento total del Derecho Internacional Humanitario.

Las expresiones de Javier Solana, a nombre de la Unión Europea, no pueden ser más contundentes, como lo fueron también las del Presidente Francés Nicolás Sarcozy, el Rey Juan Carlos y el Presidente Rodríguez Zapatero en España.

La impresión general, hoy por hoy, es la de que la posición de Hugo Chávez al respecto es aislada; se quedó prácticamente solo, con la salvedad de Nicaragua, a la vez que la guerrilla perdió en pocos días el terreno que había recuperado levemente ante la comunidad internacional, gracias al impulso que le daba el Presidente venezolano.

En Madrid se ha llevado a cabo el Congreso de víctimas de la violencia, en el cual desempeñaron papel protagónico el actual Canciller Araújo y la recientemente liberada Clara Rojas, entre otras personas golpeadas por la organización extremista.

Lo cierto es que la solidaridad con los secuestrados, y en general con las víctimas del terrorismo, ha sido la nota predominante en este último período, y hasta organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch han expresado su convicción respecto a lo que son las FARC, y en muchos casos se ha modificado la tendencia que existía -injustamente- a culpar por los secuestros al Gobierno.

El 4 de febrero se llevará a cabo una nueva movilización nacional en contra de la violencia y a favor de la libertad, evento que a no dudarlo mostrará abrumadoramente el criterio de los colombianos al respecto y su exigencia perentoria sobre inmediata liberación de los secuestrados.

Cabe preguntar si todo esto conmoverá de alguna manera a la guerrilla, cuando lo cierto es que ya en el pasado se han intentado estas formas de acercamiento y estos llamados a la conciencia de los secuestradores, sin resultado alguno.

LA DIFÍCIL COYUNTURA

No olvidemos el Acuerdo Humanitario

Usemos "la prudencia que hace verdaderos sabios"


José Gregorio Hernández Galindo

Aunque lo cierto es que, como lo hemos afirmado en esta página, son los dirigentes y miembros de las FARC los únicos responsables por los secuestros y por los maltratos a que son sometidos los secuestrados -y esa responsabilidad no se la podemos traspasar tan fácilmente al Presidente de la República, quien entre otras cosas recibió la situación, en cuanto a la mayoría de los cautivos, al posesionarse en 2002-, el Estado tiene entre sus finalidades una de primer orden que es la de velar por la vida, honra, bienes, derechos y creencias de todas las personas residentes en Colombia, tal como lo proclama con claridad el artículo 2 de la Constitución Política.

Sabemos que es esa una situación en extremo dificil, en especial para el Presidente, sobre quien están puestas todas las miradas de la sociedad colombiana y las de la comunidad internacional, pero debemos entender que asumió esos riesgos al candidatizarse -y más aún, al candidatizarse dos veces consecutivas para la presidencia de la República-, por lo cual no puede ser inferior a su compromiso, en particular en esta materia que hizo parte esencial de sus argumentos electorales e integra por necesidad el esquema que debe consultar para proseguir en su política de seguridad democrática.

No olvidemos que el Presidente prometió, bajo juramento, cumplir la Constitución de Colombia, y por tanto tiene a su cargo este importante asunto, que de ninguna manera puede dejar sin solución cuando termine estos segundos cuatro años de gobierno.

Ahora bien, como lo sostuvimos públicamente, el juez ante quien fue demandado el Dr. Uribe con miras a que se lo obligara por la vía del amparo constitucional a celebrar el Acuerdo Humanitario para la liberación de los secuestrados no tenía opción distinta -como en efecto se vió en la sentencia de primer grado- que negar la tutela deprecada, ya que era del todo improcedente. Se trata de atribuciones exclusivas y privativas del Jefe del Estado, en las cuales no pueden interferir otras ramas del poder público, como perentoriamente resulta de los artículos 113, 121 y 189 de la Carta.

Pero, si bien no puede ser forzado al Acuerdo Humanitario, lo que resulta indispensable subrayar es que las cosas no pueden quedar como están; que la solución armada -léase rescate a sangre y fuego de los secuestrados- debe ser excluída en razón del inmenso peligro que representa para la vida e integridad de los cautivos; que congelar el asunto puede que sea -aunque nos permitimos dudarlo- políticamente útil pero es inhumano; y que para entablar el diálogo sobre ese tema puntual no es indispensable declarar -como lo propone Chávez- ningun reconocimiento de beligerancia ni cosa que se le parezca.

Nos ha entrado la incertidumbre acerca de la viabilidad práctica del Acuerdo Humanitario, dadas las tensas relaciones entre Colombia y Venezuela, justamente con orígen en la búsqueda de fórmulas propicias para lograrlo, y por eso queremos solicitar al Presidente que haga un alto en el camino, y que con serenidad, dejando aparte la confrontación surgida con Chávez, en estos días profundizada, y mucho más allá de una medición de fuerzas, reflexione acerca de las mejores vías pacíficas para obtener aproximación a las FARC en busca de acciones humanitarias bilaterales, en las que será indispensables que las dos partes cedan y se flexibilicen en aras de un interés superior.

Ya el Gobierno ha avanzado en la fórmula inicial de la zona de encuentro, y en acudir a la intervención de la Iglesia Católica, que ha mostrado inmensa voluntad y gran abnegación. Además, ha restablecido a España, Francia y Suiza, como países amigos que pueden prestar su eficaz cooperación para la celebración del Acuerdo Humanitario. Falta insistir un poco, haciendo un paréntesis en los ataques verbales contra la guerrilla, y procurando no perder de vista el objetivo primordial, que debe sobreponerse a las razones de Estado y a la distracción generada por otros factores que hoy están interfiriendo.

En otro aspecto de esta difícil coyuntura por la cual súbitamente atraviesa Colombia, debemos tratar acerca de la cuestión internacional.

Todos hemos pedido en la reciente novena de aguinaldos que Dios nos otorgue "la prudencia que hace verdaderos sabios". Y sí que es necesaria esa prudencia en cabeza de nuestros gobernantes en la delicada circunstancia por la que pasan las relaciones entre Colombia y Venezuela, que presentan hoy un momento crítico, cuando la intemperancia verbal del Presidente Chávez y las múltiples intervenciones de ministros y voceros colombianos en los medios de comunicación han caldeado el ambiente, conduciéndolo hasta extremos insospechados.No es difícil vaticinar que, si las cosas siguen así, vamos a parar en una ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países. De hecho, ya ha comenzado, con la actitud venezolana en el caso de los vehículos; con el comunicado de Colombia exigiendo respeto, con la grave y no concreta acusación de Chávez sobre conspiración entre personas colombianas y norteamericanas nada menos que para matarlo; con el anuncio acerca de que el Embajador de Venezuela en Colombia no regresará a Bogotá, y con las permanentes descalificaciones y puyas de lado y lado.

Es un panorama un tanto exótico: no estamos peleando por un territorio, ni por el ingreso de tropas, aviones o naves de guerra de un Estado en el territorio del otro, ni por operaciones militares, ataques armados, diferencias comerciales, ni nada por el estilo, sino por causa de una cooperación extranjera con miras a una finalidad humanitaria, y por la intervención -primero solicitada, después interrumpida, vuelta a aceptar y finalmente rechazada de manera abierta por parte del Ejecutivo colombiano- del Presidente Chávez en la liberación de los secuestrados que la guerrilla de las FARC mantiene en sus campos de concentración.

Más aún: parece increíble que, disminuída en diciembre la tensión que había sido alta en noviembre -una vez que Uribe dio por terminada unilateralmente la mediación de Chávez-, se haya recrudecido y agravado tanto en enero, justo inmediatamente después de que las gestiones del presidente venezolano -justo es reconocerlo- habían culminado felizmente con la liberación de dos mujeres colombianas que habían permanecido cautivas durante varios años.

Debemos regresar a la cordura y al buen trato entre dos naciones hermanas, y, en vez de continuar en esa mutua actitud de pugnacidad que ha desviado las tareas gubernamentales y las relaciones diplomáticas del objetivo inicial , procurar, mediante una sencilla remembranza -quizá se requiera un memorando que reconstruya los acontecimientos, a la manera como los abogados presentamos los hechos en una demanda-, rectificar la senda, restablecer un diálogo entre los gobernantes y retomar las relaciones normales que son propias de dos naciones con un pasado común y con numerosos motivos de identidad y hermandad.

Para ello resulta indispensable abandonar la infantil y ya fastidiosa competencia por establecer quién pronuncia ante los micrófonos de la radio y las cámaras de la televisión las frases más ingeniosas, o quién pone más veneno en sus dardos, y hacer uso de los canales diplomáticos, que sirven precisamente para relacionar a los Estados entre sí conforme a unas reglas suficientemente probadas a lo largo de la historia, serias y rigurosas.

Así, sería bueno pensar en la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pero no para que los ex presidentes de la República se trencen en una pelea interna o en un juego de vanidades -como aconteció la última vez-, sino para que le preste apoyo al Jefe del Estado en la adopción de las decisiones que mejor convengan a la salud de la Patria, y muy en concreto a la normalización de las relaciones con el Estado vecino, y a la búsqueda renovada de la urgente y justa liberación de las personas secuestradas.

DIGNIDAD DEL QUE ESTÁ POR NACER

José Gregorio Hernández Galindo

Fue sorprendida la sociedad colombiana con la noticia difundida acerca de que una mujer embarazada, ante sus carencias económicas, decidió pagar un aviso clasificado en un periódico barranquillero, ofreciendo en adopción al niño que lleva en el vientre. Eso no era otra cosa que la venta del nasciturus.

Después del escándalo causado por la noticia, la mujer se presentó al Bienestar Familiar, y como éste le ofreció apoyo, se retractó y dijo que no quería vender, y que no venderá a su hijo.

Más allá de lo anecdótico, importa referirse al caso desde la perspectiva de los derechos humanos.

Lo primero que aquí se advierte es el desprecio de la oferente por la dignidad del nasciturus y por el sagrado derecho de la maternidad, ambos ofendidos por la sola idea de que el fruto de la concepción pueda ser canjeado por dinero. Ninguna cifra es suficiente para pagar por un niño, sencillamente porque su dignidad no es mensurable; porque no se trata de un mueble ni de un animal, sino de un ser humano.

¿Que esta actitud se explica por las necesidades de la madre, cuya situación económica ha venido siendo desesperada? No lo creemos, por cuanto, si bien puede haber un vínculo de carácter fáctico entre las dos cosas, es ostensible el poco valor que la mujer asignó al niño próximo a nacer, y -algo muy importante- porque lo relativo a su pobreza ha debido meditarlo antes de la relación sexual que culminó con su embarazo.

Uno de los fundamentos de la Constitución colombiana (art. 1) es el respeto a la dignidad humana. A la vez que el artículo destaca cómo el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

No olvidemos que el artículo 42 de la Carta Política recalca el concepto de familia como núcleo fundamental de la sociedad, y al distinguir las modalidades de su constitución (vínculos naturales o jurídicos), resalta que se trata de la decisión libre de un hombre y una mujer, y de la voluntad responsable de conformarla.

La norma superior señala que la ley reglamentará la progenitura responsable, y como si fuera poco repite que "la pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos".

Y, en cuanto a la venta de niños, la prohibe expresamente el artículo 44 de la Constitución, a cuyo tenor los derechos de ellos prevalecen sobre los derechos de los demás.

Por último, en cuanto al periódico en que apareció el aviso clasificado: ¿están autorizados los medios para publicar todo aviso -también por dinero-, sea cualquiera su objeto, incluída la venta de un niño que está por nacer?

INTOLERANCIA

Errónea concepción de la libertad de conciencia

José Gregorio Hernández Galindo

Jamás hemos estado de acuerdo con la conducta intolerante que durante siglos observó la Iglesia Católica en relación con la ciencia y respecto a las libertades de conciencia, cultos y expresión, entre varias más, que fueron atropelladas con crueldad y arbitrariedad en el largo período de la Inquisición. Por ello, con razón, pidió perdón el Papa Juan Pablo II, en gesto que lo enaltece y que implica la superación,en el seno de la Iglesia, de concepciones medievales que desconocieron sin duda la dignidad humana y que traicionaron los ideales cristianos.
En consecuencia, tampoco hemos compartido los procesos que la Iglesia tramitó contra intelectuales como Galileo Galilei o Giordano Bruno, para mencionar apenas dos, de muchos más, ni la quema de libros, ni la consigna absurda de perseguir y juzgar (y hasta torturar y quemar) a las personas por pensar diferente a como pensaban los jerarcas eclesiásticos.
Por eso mismo, debemos rechazar las expresiones de intolerancia de los contradictores actuales de la Iglesia, que, por paradoja, han ido a ocupar el sitial arbitrario y enemigo de la libertad que ella ocupó en ese vergonzoso pasado.
Se informa hoy que el Santo Padre, Benedicto XVI, ha resuelto "postergar" (lo que se debe entender como cancelar) la visita que tenía programada a la Universidad La Sapienza, de Roma, a la cual había sido invitado por el rector del Alma Mater con el fin de inaugurar el Año Académico 2008, en el marco de un evento relativo a la lucha -que la Iglesia abandera- por la plena abolición de la pena de muerte en el mundo.
La decisión del Papa obedeció a las protestas que su próxima visita había generado, organizadas a partir de una carta firmada por más de 60 profesores, respaldada por algunos -un grupo minoritario- de estudiantes, quienes calificaron la presencia del Pontífice en el establecimiento educativo como "incoherente" en una universidad laica.
Los profesores firmantes de la protesta calificaron al Papa como "un teólogo atrasado que antepone la religión a la ciencia y al que no se le debería permitir hablar" (He destacado).
Invocando a Galileo Galilei, los manifestantes organizaron una semana anticlerical, con máscaras contra el Papa y con escenificaciones irreverentes, lo cual provocó una ola de críticas contra la intolerancia en la prensa italiana, y hasta la expresión pública que hizo Romano Prodi de su pesar por esos brotes de intransigencia que, en su sentir, deteriorarán -como en efecto ocurre- la imágen de Italia ante el mundo.
En realidad, creemos que los críticos del Papa incurren precisamente en los mismos vicios que han sido señalados antes en cabeza de la Iglesia, precisamente en la época de Galilei, al que ahora invocan, y quien, si viviera, con seguridad no los acompañaría, amigo como era de la libertad.
En una absoluta e irracional falta de pluralismo, quienes debieran enseñar los valores de la democracia en un centro académico, asumen actitudes similares a las de los extremistas religiosos que no toleran creencias diferentes a las suyas, y lesionan gravemente la libertad que dicen defender.
En ellos se nota un hirsuto -y, ese sí, anticuado- anticlericalismo, que no se profesa hoy en ninguna parte del mundo en donde se defiendan los derechos humanos -uno de los cuales es la libertad de conciencia-, y una pésima interpretación de lo que significa el carácter laico de cualquier institución, pública o privada. Éste no consiste en impedir la presencia física o los discursos de los contrarios en las aulas, sino en exigir que se respeten las ideas y los criterios de todos, sin imposiciones ni confesionalismos.
Impedir la presencia de alguien, así no sea el Papa, en una universidad -que debe ser el receptáculo y el foro por excelencia para recoger todas las posiciones y criterios, para debatirlos y para evaluarlos con criterio académico- es un contrasentido, y una forma inadmisible de dictadura intelectual, impuesta por la fuerza de las protestas.

PRUEBAS...¿DE SUPERVIVENCIA O DE TORTURA?

José Gregorio Hernández Galindo

DEPRIMENTES, por decir lo menos, las llamadas "pruebas de supervivencia" remitidas por las FARC a las familias de los cautivos, las cuales muestran con extraordinaria y descarada crudeza las condiciones ominosas y miserables en que son mantenidos los secuestrados por esa organización guerrillera: demacrados, débiles, enfermos, encadenados día y noche,...y con esa impactante sensación de dolor y abandono reflejada en sus semblantes.

De otro lado, como si quisieran burlonamente dejar en claro que sí son terroristas, a tiempo que piden por conducto de Chávez que se los exonere de ese calificativo -que consideran es una falta de respeto-, los guerrilleros secuestran a seis turistas en la playa de Nuquí, en el Departamento del Chocó.

Observemos: sueltan a dos, y a cambio, secuestran a seis, pero quieren que se los trate como fuerza beligerante, aunque no cumplan los requisitos para alcanzar ese status (no tienen gobierno establecido sobre una porción territorial, y no se ajustan al Derecho Internacional Humanitario).

Con razón, como ya lo había hecho el Gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea acaba de ratificar que en este momento no se configuran hechos nuevos que les permitan modificar la calificación de terroristas, con la cual desde hace varios años tiene clasificadas a las FARC.

José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de Human Rights Watch, ha calificado de inaceptable "que el presidente Chávez intente producir una imágen de las FARC que no corresponde con la realidad".

Y con razón también los ex presidentes Pastrana y Gaviria han apoyado la posición del Presidente Uribe -ratificada por éste en Guatemala, en el marco de la posesión de su colega en esa Nación- en el sentido de considerar inadmisible e impracticable la propuesta de Chávez -que, como ya lo hemos dicho, parece ser la contraprestación exigida por las FARC al presidente venezolano por el pretendido "premio de consolación" consistente en la liberación de dos mujeres secuestradas-, exigiendo a las FARC que cesen en su actividad terrorista para proceder a cualquier negociación de paz.

Ha dicho Uribe que emprenderá una ofensiva internacional para explicar la posición del Gobierno colombiano al respecto. Esa posición no puede ser la sostenida por Chávez, según la cual si las Farc son reconocidas como beligerantes, podrían no seguir secuestrando. Es a la inversa: si cancelan su actividad terrorista y ponen fin a la práctica del secuestro, liberando a los que ya tienen cautivos (a todos), si además cumplen los otros requisitos señalados para tener el status de beligerantes, la declaración podría principiar a considerarse.

Y -digámoslo de una vez-, no seguir secuestrando; no seguir sembrando nuestros campos con minas "quiebrapatas"; no seguir poniendo bombas contra la población civil...todas esas son obligaciones que ya tiene la organización guerrillera a la luz del Derecho Humanitario. Por tanto, no sería una concesión suya, o una dádiva al pueblo colombiano, proveniente de su generosidad cesar esas abominables acciones.

Y una cosa final, en la que no nos cansaremos de insistir: a las cosas hay que llamarlas por su nombre, sin eufemismos, y entonces, las FARC son terroristas porque cometen actos terroristas, y los secuestrados son secuestrados, y no prisioneros de guerra, como algunos pretenden.

ATACAR AL TERRORISMO Y CASTIGAR A LOS TERRORISTAS

Propósitos que unen a Colombia, ante el doble impacto de una noticia

José Gregorio Hernández Galindo

Si algo se ha podido percibir en estos días, a raiz de lo que podríamos llamar el doble impacto de una noticia -esperanza nacional y externa como consecuencia de la liberación de dos mujeres secuestradas por las FARC, seguida del general rechazo a la propuesta de Hugo Chávez sobre eliminación del calificativo de terroristas dado a los integrantes de esa misma organización guerrillera-, ha sido la coincidencia de criterios entre los colombianos, con escasas excepciones, acerca de la actitud de franco rechazo al terrorismo.

Si bien no hay unanimidad, sí existe una mayoría inmensa entre nuestros compatriotas alrededor de dos objetivos centrales: extirpar el terrorismo y castigar a los terroristas. En esto se identifican los integrantes de la colectividad colombiana, con independencia de factores accidentales como el estrato social, la región de orígen, el partido político,...porque el país ha llegado hace rato a superar el umbral de tolerancia respecto a la actividad de quienes -pese a sus proclamas en pro de la libertad, la igualdad y las reivindicaciones y causas populares- se han convertido en principales y temibles enemigos de todos. Porque todos, además de los afectados directa o indirectamente, nos consideramos amenazados y en peligro, pero también por cuanto han sido tan despiadados los actos de los terroristas que han conseguido -después de un largo período de indolencia individualista- despertar la solidaridad de la mayoría de colombianos en su contra.

Quienes dirigen hoy a la guerrilla -tanto la de las FARC como la del ELN- han perdido en nuestro pueblo toda credibilidad, y cualquier asomo de identidad ideológica. Lo primero por cuanto varias veces han mentido. Lo segundo porque la guerrilla se ha encargado, con sus actos terroristas, de separarse por completo del altruísmo anejo a su carácter político y rebelde, para caer en el narcotráfico, en los crimenes de lesa humanidad, en las minas quiebrapatas, en los "collares bomba", en el ataque indiscriminado a la población civil, en el reiterado irrespeto a las reglas mínimas del Derecho Internacional Humanitario, y en muchas otras acciones repugnantes.

¿Esto lo ignora Chávez al formular su inusitada propuesta -que parte de la base de no llamar terroristas a quienes todos los días cometen actos terroristas-, o está cumpliendo un compromiso contraído con la delincuencia para lograr la liberación de las dos damas secuestradas?

CHÁVEZ PROCLAMA EL CARÁCTER NO TERRORISTA DE LAS FARC

Equivocaciones de lado y lado

José Gregorio Hernández Galindo

No se esperaba la manifestación del Presidente Venezolano Hugo Chávez, que tuvo lugar el 11 de enero ante la Asamblea Nacional, en el sentido de pedir al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional que no se siga considerando a las FARC y al ELN como movimientos terroristas sino como "verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia" y que "..tienen un proyecto político (...), un proyecto bolivariano que aquí (en Venezuela) es respetado", por lo cual "...hay que darles reconocimiento como fuerzas insurgentes...".

Claro está, una cosa es expresar, como lo hemos hecho, que el proceso de liberación de Clara Rojas y Consuelo González se debió primordialmente a las gestiones y a la incansable actividad del Presidente Chávez, y otra muy distinta estar de acuerdo con él en sus más recientes exposiciones, en particular la que comentamos.

Las expresiones de Chávez han desatado toda una polémica, tanto en el ámbito gubernamental (en Colombia, la Casa de Nariño expidió un comunicado en el que señala perentoriamente que no acepta que a tales movimientos, a los que considera terroristas, se los trate como beligerantes) como en el político y en el jurídico, en nuestro país, en Venezuela, y desde luego en otros países. Así, con claridad el Ejecutivo argentino se ha manifestado de manera inmediata, diciendo que "toma distancia" de los conceptos sobre terrorismo, provenientes de Caracas, y haciendo claridad en el sentido de que, si ha tomado parte en el proceso que busca la libertad de los secuestrados, lo ha hecho a título humanitario y no político.

Las posiciones al respecto son muy variadas, y van desde quienes coinciden plenamente con el concepto expuesto por el Jefe de Estado bolivariano, hasta quienes hablan de una indebida injerencia suya en asuntos internos de Colombia, pasando por quienes piensan que las FARC han pasado, a través de Hugo Chávez, una "cuenta de cobro" por la liberación unilateral de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo.

Bajo nuestra perspectiva, el tema debe ser tratado sin apasionamientos, y sin los rótulos de un determinado interés político momentáneo. Se trata de un asunto verdaderamente complejo en el Derecho Internacional contemporáneo, y se debe partir de analizar con frialdad las situaciones desde hace muchos años vigentes en Colombia, a la luz de principios jurídicos universales que gobiernan la materia.

Debemos hacer distinciones:

En primer lugar, ha de reconocerse el hecho innegable y tozudo de que movimientos armados, como las FARC o el ELN en Colombia, como ha ocurrido en otros países (Nicaragua, El Salvador, Perú, Argentina, Irlanda, por ejemplo), con grupos armados de características similares, son INSURGENTES , entendiendo que tal concepto cobija a organizaciones armadas creadas contra el respectivo ordenamiento jurídico, con el propósito deliberado de derribar el sistema establecido, de reemplazar las instituciones en vigor, y de tomarse el poder, para instaurar un sistema acorde con sus ideales. Eso es algo que, querámoslo o no, se produce en el campo de los hechos, en el seno de una sociedad. Tomémoslo como dato, de tal manera que no se trata de un asunto sometido a opinión. Es algo presente en la vida de esa sociedad, y hace parte de la historia colectiva, como podemos corroborarlo en el caso colombiano con el solo cotejo de lo que viene aconteciendo desde hace más de cuarenta años.

En segundo lugar, también se hace menester, por la misma vía de la experiencia, reconocer que esos movimientos en Colombia no se han conformado con permanecer en la insurgencia, en su carácter de rebeldes, sino que han pasado a ejercer una actividad alejada de los propósitos iniciales, y han confundido su lucha contra el establecimiento en el puro campo de la rebelión, con una confrontación general y sin distingos contra la sociedad entera, y contra el pueblo al que dicen defender, incurriendo en conductas punibles diversas del delito político, como el narcotráfico y el secuestro, las masacres, la utilización de bombas y minas "quiebrapatas" contra la población civil, el reclutamiento de menores, el mantenimiento de cautivos amarrados con cadenas...y en fin, en actos terroristas -así calificados por las normas internas contenidas en el Código Penal, y por las normas internacionales-.

Nos parece que tanto el Gobierno de Uribe como el Presidente Chávez se han equivocado en el análisis de este tema, si tomamos en consideración el tipo de fenómenos existentes y el Derecho aplicable.

En efecto, no se diría la verdad -vistos los hechos, y hechos tan claros como el gran número de secuestrados que mantienen las FARC en su poder- si se les quitara el calificativo de terroristas. Sin duda, son terroristas, en cuanto llevan a cabo actos de terrorismo, como son delincuentes quienes cometen delitos. Son calificativos que no se los endilga nadie, sino que esos grupos -ellos mismos- adquieren por sus comportamientos. El día en que dejen de incurrir en actos terroristas, ya no serán terroristas. Y para ser reconocidos como fuerza beligerante están obligados a abandonar todas las prácticas terroristas, cesar la comisión de crímenes de lesa humanidad y someterse al Derecho Internacional Humanitario.

El acceso a ese status no es tan fácil, si se tienen en cuenta los requisitos que el sistema jurídico internacional contempla para el efecto, entre los cuales se destaca el gobierno efectivo sobre una parte del territorio, que por ahora las FARC no tienen en términos jurídicos, y que quizá es el que quisieran lograr con el despeje de Florida y Pradera que vienen solicitando.

Pero, de otro lado, verificar que en la actualidad cometen actos terroristas no implica que se pueda desconocer el otro hecho. Son movimientos, en su orígen, alzados en armas; son movimientos, en su orígen, insurgentes; tienen, en principio, naturaleza política, aunque se han desviado hacia delitos que carecen de ese carácter. Lo cual no quiere decir que tengan ya la condición de beligerantes, por cuanto se trata de conceptos diferentes.

Ahora bien, el reconocimiento de esa naturaleza política, sobre las bases dichas, facilitaría en grado sumo cualquier negociación, con miras al acuerdo humanitario para la liberación de los secuestrados o para alcanzar la paz, pero mientras las FARC persistan en su actividad terrorista y el Gobierno les niegue, por tanto, ese carácter político, e insista en negar que en Colombia hay un conflicto planteado, cualquier negociación es imposible, por cuanto negociar sin ese reconocimiento implicaría que se negociara con movimientos exclusivamente terroristas. Por eso, no es comprensible que el Gobierno actual negocie con el ELN, que también incurre en actos terroristas -como no lo hace con las FARC, alegando su carácter terrorista-, mientras se empeña en sostener que no hay conflicto. Y peor aún, que negocie con los paramilitares, responsables de horrendos crímenes de lesa humanidad.

Conviene que se miren las cosas con menos elementos preconcebidos, y con menos prevenciones, fundadas en conveniencia política coyuntural, de lo cual debería resultar que internamente se reconociera una gravísima confrontación armada, verdaderamente viva y actuante, que está afectando de manera terrible a la colectividad más que al aparato estatal, y que, en consecuencia, se buscaran soluciones políticas que le pusieran fin. Eso es imposible si se niega el status político a la subversión, y a la vez -en un inconcebible círculo vicioso- si las FARC persisten en la desviación de sus propósitos políticos hacia el narcotráfico y el terrorismo.

El status de beligerante se puede atribuir a un cierto movimiento u organización alzada en armas, ya sea por el propio Estado contra el cual se lleva a cabo la subversión o por terceros Estados, lo que tiene unos efectos jurídicos a nivel interno o a nivel internacional, según quien reconozca.

El alcance del reconocimiento del carácter beligerante de un grupo rebelde ha sido entendido de distinta manera por los doctrinantes. Para algunos, corresponde a una concesión de derechos o privilegios del grupo alzado en armas, otorgándole un status, y aquél no tiene ningún derecho ni ninguna obligación mientras no sea reconocido, ya que la declaración es constitutiva. Otros estiman que el reconocimiento es apenas declarativo, es decir, se "toma nota" de un hecho existente, real, anterior, del cual -de suyo- se derivan ya los derechos y deberes propios del Derecho Internacional, tanto para las fuerzas beligerantes como para las neutrales.

Hay allí, como se ve, muchos asuntos por tratar, y no es fácil hacerlo al calor de los discursos o en las intervenciones ante los medios de comunicación. El tema amerita análisis jurídico del caso concreto, y sobre todo requiere decisiones de Estado, que comprometen a la colectividad en su conjunto en materia grave, y que, por tanto, no se pueden improvisar.

LIBERTAD DE CLARA ROJAS Y CONSUELO GONZÁLEZ

José Gregorio Hernández Galindo

Valió la pena la espera y tuvo buen resultado la paciencia. La libertad de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, que ha implicado una refrescante pausa en la prolongada tortura infligida por las FARC a un grupo de colombianos, injustamente retenidos, y a sus familias, significa simultáneamene una excelente ocasión para meditar acerca de los buenos resultados que pruduce el manejo razonado y pacífico de esta clase de situaciones.

Ha quedado la enseñanza de que el lenguaje pendenciero y el uso de la fuerza no son las mejores respuestas a la conducta de una guerrilla agresiva que además tiene en su poder a numerosas personas cuya vida, salud y derechos debe preservar el Estado colombiano (Art. 2 C.P.).

Aunque, como lo dijimos en anterior editorial, hubo mentira durante el primer proceso de entrega adenatado en los últimos días de diciembre, hemos de reconocer que esta vez las FARC cumplieron, y decir también que este excelente resultado se debe ante todo a las gestiones del Presidente venezolano Hugo Chávez y de la Senadora Piedad Córdoba.

Pensamos, desde luego, que hasta ahora se ha dado el primer paso, muy valioso, pero indudablemente apenas inicial, hacia el objetivo último y central en el que debemos ocuparnos todos los colombianos: la urgente liberación de la totalidad de los cautivos en poder de las FARC y de otros grupos.

El secuestro es uno de los peores delitos. Junto con la tortura -y es en sí mismo una tortura- es uno de los crímenes más abominables que se puedan cometer contra un ser humano. Por eso, y con razón, ha sido calificado como crímen atroz en el Derecho Internacional, y por eso provoca en conglomerado el rechazo absoluto y genera una creciente y justificada indignación colectiva contra los secuestradores.

La libertad de los secuestrados es en Colombia, en este momento, el objetivo primordial y prioritario en materia de Derechos Humanos, ya que allí se encuentran -en una malévola combinación- varias formas de vulneración de derechos fundamentales: además de la vida y la libertad personal, que son los primeros en los que se piensa en el caso de un secuestrado, aparecen violados sus derechos a la integridad física y moral, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho al trabajo, la libertad de lo comoción, el derecho de toda persona a vivir con su familia...En fin, los derechos más importantes del catálogo garantizado por la Constitución y por los Tratados Internacionales, resultan cruelmente violados y de manera prolongada en el tiempo.

De allí que la liberación de un solo secuestrado sea motivo de satisfacción y alivio para la sociedad entera.

Pero no es suficiente. Lo que esperamos todos los colombianos es que las FARC, si todavía guardan algún sentimiento de Patria, y si tienen algo de sentido humanitario, abandonen el secuestro como una de sus modalidades de acción. El secuestro los desacredita cada vez más, y emapaña sus ideales políticos, por loables que sean.

OPERACIÓN EMMANUEL, O ITINERARIO DE UNA MENTIRA

Menos demora en caer un mentiroso que un cojo

José Gregorio Hernández Galindo

Hoy, después de conocidos los resultados de la prueba de ADN respecto a las coincidencias antropoheredobiológicas entre Juan David, el niño entregado al cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, concebido y nacido durante el cautiverio de su madre en poder de las FARC, y conocido igualmente el comunicado de esa organización guerrillera en el sentido de aceptar que en efecto no tienen al menor por cuanto lo entregaron a una familia honrada -sindicando de paso, inexplicablemente, al Presidente Uribe de haberlo secuestrado (leer para creer)-, todos estamos ya seguros de que todo el montaje de fin de año sobre una inminente entrega "voluntaria" de tres secuestrados (uno de ellos Emmanuel) no fue sino una descarada mentira de ese grupo para engañar a Colombia y al mundo.

Como lo decíamos en anterior escrito, no es la primera vez que las FARC mienten y engañan. Lo que tiene de diferente esta mentira es su mala factura, pues hasta para mentir -una de las peores prácticas de los seres humanos- se necesita pensar, y parece que en esta ocasión los mentirosos no pensaron, y cayeron muy pronto, más pronto de lo que indica el adagio.

En efecto, nadie entiende cómo -a sabiendas de no tener en su poder a Emmanuel desde dos años y medio atrás- los líderes de las FARC se atrevieron a prometer el 9 de diciembre de 2007 que en pocos días lo dejarían en libertad, como una forma de desagravio al Presidente venezolano Hugo Chávez, si, precisamente por esa certidumbre que sólo ellos podían tener, sabían muy bien que no podrían cumplir; que toda su farsa quedaría al descubierto; que si, a la vez, liberaban a la madre del niño, ésta habría de desenmarscararlos, aun suponiendo que entregaran a otro menor, haciéndolo pasar por Emmanuel; ella contaría públicamente cómo la habían separado de su hijo y cuándo. Además, tenían pendiente de la entrega a toda Colombia y a medio mundo, y a Hugo Chávez, y a los medios de comunicación.

¿Qué querían en realidad? El itinerario de la mentira no nos permite todavía decirlo: supuesta indignación por el trato que Uribe le había dado a Chávez en relación con la mediación de éste para el intercambio humanitario; promesa de entregar a tres personas de la muchas que mantienen injustamente privadas de su libertad; escogencia precisamente de Emmanuel y su madre como dos de esas personas, cuando -si no lo tenían- habían podido escoger -era su decisión unilateral- a otros secuestrados; estímulo a Hugo Chávez para que organizara el show que organizó; como consecuencia de ello, solicitud de Chávez al Gobierno colombiano para que permitiera el ingreso de la comisión internacional, de la Cruz Roja, del propio Chávez y de sus helicópteros a territorio colombiano para recibir a los secuestrados prometidos; despliegue enorme en los medios de comunicación; respuesta favorable -muy pronta e inesperada- del Gobierno colombiano para que la operación se llevara a cabo; respuesta espontánea, también muy rápida, de los gobiernos de al menos nueve países que querían cooperar en el acto humanitario; viaje inmediato de los delegados de los países, encabezados inclusive -eso tampoco se esperaba- por quien acababa de terminar su período como Presidente de Argentina; presencia -igualmente sorpresiva- de un famosísimo productor y director de cine, ....En fín, todo un tinglado en el cual las FARC eran protagonistas de primero órden. Y lo cierto es que habían logrado credibilidad en todas esas personas e instituciones pese a sus antecedentes, entre ellos la muy reciente muerte de los once diputados del Valle del Cauca,...Todo, para nada. Para salir con demoras inexplicables sobre las esperadas "coordenadas" con el fin de establecer el punto geográfico exacto de la entrega, y para resultar después con el cuento de que la liberación no se producía por causa de intensas operaciones militares en la zona, las cuales ha quedado demostrado que no existieron.

Después de todo eso, un intempestivo viaje del Presidente Uribe a Villavicencio; una revelación que en ese escenario y en ese momento resultaba completamente increíble; coincidencias entre los dos menores, surgidas de varias fuentes; experticio sobre el ADN, con grandes probabilidades de que Juan David perteneciera a la familia de Clara González de Rojas (abuela de Emmanuel); y finalmente la confesión de las FARC, por comunicado.

Ahora en adelante,...¿quién les creerá?

IMPORTANCIA JURÍDICA DEL ADN

José Gregorio Hernández Galindo

El caso del niño JUAN DAVID GÓMEZ TAPIERO, quien podría ser Emmanuel, el hijo de la ex candidata a la vicepresidencia de la República CLARA ROJAS, nacido durante el cautiverio de su madre -secuestrada por las FARC-, ha suscitado, además de la natural expectativa y del interés público en Colombia y en el mundo, las inquietudes sobre la pertinencia y utilidad jurídica de las pruebas de ADN, que se han practicado a la madre y a los hermanos de Clara, y al menor en poder del ICBF, cuyos resultados se esperan para los próximos días.
Ante especulaciones relativas a la posible manipulación de las pruebas por parte del Gobierno colombiano, quien no conduce el procedimiento de análisis científico, el Fiscal General ha anunciado que se acudirá, inclusive, a un experticio de alguna institución internacional que confirme los dictámenes colombianos, para una mayor seguridad y transparencia.
Ahora bien, conviene recordar lo que es y para lo que sirve el ADN.
El ADN es el ácido desoxiribonucléico, una molécula constituída por ácido fosfórico, desoxirribosa y una base nitrogenada cíclica, que, para la comprensión de nuestros lectores, es la base o el sustento de la herencia, en cuanto esa molécula goza de la capacidad de "replicación", es decir, puede hacer réplicas de sí misma.
El proceso de formación de las moléculas idénticas a la original -que no es necesario describir ahora con detalle- resulta fundamental para la transferencia de la información genética de generación en generación, de tal manera que cada individuo responde a un orígen de ADN propio y específico que lo vincula directa y exclusivamente a sus progenitores y a su estirpe. Permítanme los científicos utilizar expresiones que pueden no encajar exactamente en las que ellos usan, pero que son comprensibles para los fines de la aplicación de los principios científicos correspondientes al Derecho.
Lo cierto, bajo la perspectiva jurídica, mediante las pruebas de ADN, se puede establecer el vínculo genético entre una persona y otra, y así, merced a su análisis, se puede saber con una exactitud casi del 100% si una persona es o no es hija de otra.
En consecuencia, en la actualidad los avances en el conocimiento del ADN y sus propiedades han permitido que los sistemas jurídicos lo acepten como prueba fundamental de la paternidad o maternidad.
Ya han quedado en segundo plano -en cuanto pasaron a ser subsidiarias del ADN- todas aquéllas pruebas a las que se referían normas como las pertinentes del Código Civil o de la Ley 75 de 1968 (sobre paternidad responsable), y que servían para deducir la paternidad por la vía de la presunción, a partir de aspectos tales como la mayor o menor proximidad entre la mujer y el presunto padre durante la época de la concepción, o el trato público y notorio que daba un hombre a esa mujer en el mismo lapso.
La presunción según la cual el padre es el esposo de la madre admite prueba en contrario, y en los procesos de investigación de la paternidad actualmente tiene la mayor importancia la prueba de ADN. Se puede desvirtuar la paternidad del marido de la madre, esto es, por medio de esta prueba es posible descartar o confirmar al hijo como tal.
Como es bien sabido, el ADN se utiliza también en las investigaciones penales, en una variedad muy amplia de posibilidades, mediante el cotejo de la sangre, el semen u otras sustancias.
Ha tenido recientemente otros usos. Así, la Asamblea Nacional Francesa (Cámara baja del Parlamento) aprobó, con miras a convertirlo en ley, en septiembre del año pasado, un proyecto sobre inmigración que autoriza de manera experimental -hasta diciembre de 2010- apelar a los exámenes de ADN para establecer los orígenes étnicos de los inmigrantes, y evitar el fraude en la reagrupación familiar por parte de los inmigrantes que, alegando el vínculo de parentesco, quisieran llevar a varias personas a vivir con ellos en Francia sin que tal parentesco existiera.
En Colombia existe la Ley 721 de 2001, que modificó la 75 de 1968, y según ella en todos los procesos para establecer la maternidad o paternidad el juez, de oficio, está obligado a ordenar la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9%.
Los laboratorios legalmente autorizados para la práctica de estos expertcios deberán estar certificados por autoridad competente y según los stándares internacionales.
La Ley estipula que sólo en aquéllos casos en que es absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para proferir el fallo correspondiente.
Desde luego, la manipulación o adulteración del resultado de la prueba es un delito contemplado en nuestro sistema penal.
Esperamos que con prontitud sirva el ADN para sacar al país de la incertidumbre respecto a la identidad del niño que, según la hipótesis del Gobierno, es Emmanuel, y con ello disipar las dudas acerca de la causa por la cual el último día de 2007 se frustró uno de los actos humanitarios más esperados de los últimos tiempos.

ANTE LA FRUSTRACIÓN

¿Quién miente?
¿En qué quedó el objetivo humanitario?
Muchas preguntas sin resolver

José Gregorio Hernández Galindo

La hasta ahora (9:30 a.m., hora colombiana, 12:30 hora argentina, del 2 de enero de 2008) frustrada entrega de tres personas de las muchas que las FARC mantienen cautivas, cuya liberación los guerrilleros habían prometido para el fin de año, se constituye en un golpe más, completamente injusto, propinado a las familias de los secuestrados y al país, y en un "portazo" a la comunidad internacional que se ha mostrado interesada en cooperar con el propósito humanitario que supuestamente estaba en trámite. Los delegados de nueve países, entre ellos el expresidente argentino Néstor Kirschner, y numerosos periodistas de todo el mundo se quedaron esperando las anunciadas "coordenadas" sobre el lugar de entrega, que nunca llegaron.
Aquí, en Buenos Aires -desde donde escribo-, la opinión ha terminado criticando a Kirschner y a su esposa, la Presidenta Cristina Fernández, por haber tomado como propio un asunto que algunos consideran ajeno a la Argentina (cuando precisamente en ese momento estaba secuestrada en Somalia, junto con una española, una ciudadana argentina) , y por haber quedado, sin ninguna precaución -cito palabras textuales de una columnista radial de este país- "...en manos de dos personas como Chávez y Uribe...", con lo cual demuestran la poca credibilidad que merecen, a los ojos de muchos argentinos, los presidentes venezolano y colombiano. Otros calificaron de imprudente e improvidente la decisión del gobierno gaucho, en especial por haber enviado a todo un ex presidente de la República y a un Canciller a un evento incierto e inseguro, y en donde solamente había embajadores y funcionarios de menor rango.
La oposición argentina, a través de varios voceros, ha hecho saber su posición contraria a la actuación de Kirschner, y lo ha criticado con dureza por sus vínculos con el Presidente venezolano Hugo Chávez. "El fracaso de la liberación de los rehenes colombianos es lamentable", dijo Elisa Carrió, ex candidata presidencial y líder actual de Coalición Cívica, partido de centro izquierda y tercera fuerza política del país. En suma, a los Kirschner no les salió nada bien, si era una estrategia frente a Estados Unidos por el complejo tema de la valija proveniente de Venezuela en época de campaña, lo relacionado con la misión emprendida dentro de la llamada "Operación Emmanuel".
Ahora bien, desde la perspectiva colombiana: ¿Qué pasó?
¿Incumplimiento de las FARC? Es muy probable. No sería la primera vez. Recordemos aquella penosa escena del Caguán, cuando "Tirofijo" dejó sentado, esperando, y "con los crespos hechos" al entonces Presidente en ejercicio, Andrés Pastrana.
¿Operativos militares en la zona? El Gobierno asegura que no. No hay testimonios en ese sentido, ni reportes de combates, salvo alguna referencia de un periódico de Miami -que en tal sentido no es la fuente más fidedigna-, y no vemos razón como para pensar que el Presidente Uribe esté mintiendo, y menos que haya querido "torpedear" el acto humanitario, como parece haberlo entendido Hugo Chávez.
Claro que en todo esto, como dijo un alto prelado de la Iglesia Católica, la primera sacrificada es la verdad, y ciertamente ha habido mucho misterio, muchas cosas expresadas a medias, muchas otras distorsionadas o mal transmitidas; muchos intereses -que no son necesariamente los de la liberación de los secuestrados-; demasiada parafernalia y un inusitado despliegue para algo que podría ser muy sencillo si en verdad se quisiera conseguir el objetivo humanitario, no con alcance político sino genuinamente con ese sentido: humanitario. A lo largo de esta sucesión de episodios ha habido especialmente vanidad, protagonismo, falsedades y carencia de autenticidad.

Hay ahora un elemento nuevo, que suscita las necesarias inquietudes y que exige prontas y efectivas investigaciones, a la vez que, para cualquier observador, vuelve a poner sobre el tapete la pregunta acerca de...¿quién miente? : la revelación del Presidente Uribe, hecha en Villavicencio el 31 de diciembre en el sentido de que apareció un niño en el Bienestar Familiar, que podría ser Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, cuyo nombre se utilizó para bautizar la hasta ahora malograda operación de rescate.
Surgen muchas preguntas:
¿Cuándo, cómo y dónde apareció el menor? Se dice que fue entregado al ICBF en San José del Guaviare en junio de 2005 -hace, por tanto, dos años y medio-, por un hombre que dijo ser su tío abuelo. ¿No le preguntaron nada en ese momento sobre por qué dejaba un niño en manos del Bienestar, siendo su pariente, y sin mayores explicaciones? ¿Sus datos, su dirección, el resto de la familia, su capacidad o incapacidad económica para seguir viendo por él? ¿Dónde y cómo había contraído las enfermedades y dolencias que presentaba? ¿En Colombia, cualquiera puede llegar un día y entregar, así como así, a un niño enfermo, no explicar nada, y permancer después en el anonimato dos años y medio? ¿Nadie le siguió la pista?
Y se presentan ahora interrogantes sobre los últimos acontecimientos:
¿En qué momento y por qué se vinculo a ese niño que estaba desde dos años y medio atrás en el Bienestar Familiar con Emmanuel? ¿Cuándo y cómo se pensó que podrían llegar a ser la misma persona? ¿Por qué no se divulgó antes su existencia, si estaba en manos de un organismo oficial y se sospechaba que podría ser el menor nacido en cautiverio? ¿Por qué se divulga todo esto justo en momentos en que se está a la espera de las "coordenadas" para la entrega de los secuestrados? ¿Por qué no se pidieron antes las pruebas de ADN, si se pensaba que esa podía ser la identidad del menor? ¿Esto se había puesto en conocimiento de la Fiscalía antes de su divugación pública? ¿Investigaba la Fiscalía?
Ahora bien: el niño tiene un nombre y unos apellidos. Se llama, según el Gobierno, JUAN DAVID GÓMEZ TAPIERO. ¿De dónde salieron ese nombre y esos apellidos? ¿Alguien ha buscado el registro civil del menor? ¿Alguien ha seguido la huella de quienes figuren en el registro civil como sus padres o acudientes? ¿Quién y cuándo lo registró? ¿El niño fue bautizado? ¿Dónde?
La Comisión Genética que tomó las pruebas a la familia de Clara Rojas para verificar la identidad del niño del Bienestar está conformada por funcionarios de Medicina Legal, un Fiscal, delegados del ICBF y expertos en genética. Ya están practicadas las pruebas. Vamos a ver qué resultados nos entregan. Si se confirma que el niño Juan David es en realidad Emmanuel, queda en evidencia que las FARC mintieron descaradamente al decir que estaba en su poder y que lo liberarían. Si no es, el Gobierno ha actuado, cuando menos, con precipitud.
En cuanto al individuo que llevó al niño al Bienestar en 2005, y que ha pedido ahora que le devuelvan al niño, pero confesando extrañamente que no es su familiar sino un "niño de las FARC", mintió y puede seguir mintiendo, y si es cierto lo que ahora afirma, corre en efecto grave peligro, como lo afirma. Pero el Estado tiene que investigarlo. ¿De dónde viene y para dónde va? ¿Tiene vínculos con las FARC?
A lo cual se agrega: ¿Si ese niño no es Emmanuel, pero de todos modos viene de la guerrilla, no es natural que se despierte en muchos la inquietud acerca de la manera como son recibidos los niños por esa Institución.

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En fin,...lo que hay hoy en este campo es desencanto, frustración general; mayor dolor entre las familias de los secuestrados, miserable e inmisericordemente ilusionadas, como siempre ocurre, para nada distinto de la burla.
Todo se mide con la vara política y la conveniencia momentánea. ¡ Alguien miente! Y, entre tanto, ...¿EN QUÉ QUEDÓ LO HUMANITARIO DE LA OPERACIÓN?