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lunes, 30 de junio de 2008

URIBE DESCNOCE AUTORIDAD DE LA CORTE SUPREMA


Crisis institucional sin precedentes

Informe de Ludovico Ariosto


La Corte Suprema de Justicia, al proferir la sentencia contra Yidis Medina, puso en tela de juicio la legitimidad de la reelección del Presidente Álvaro Uribe, y dejó en manos de la Corte Constitucional y del Procurador la decisión de si se debe revisar lo actuado, ante una desviación de poder acaecida en 2.004.

Dijo la Corte: "La aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder (...) El delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal, razón que lleva a la Corte a ordenar la remisión de copia de esta sentencia al Tribunal Constitucional y a la Procuraduría General para los fines que estimen convenientes".

Por su parte, el Presidente de la República, en alocución nocturna, propuso la expedición de una ley que convoque a un referendo en que, a la vez, se ordene repetir las elecciones de 2006.

El comunicado leído por el Presidente señala:"Las decisiones anunciadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia me obligan a expresar al país lo siguiente:1. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se basa en la autoincriminación por el delito de cohecho de una persona de claros antecedentes delictivos, para presionar indebidamente, mediante abuso de poder y usurpación de competencias, a otros órganos de administración de justicia, a fin de acusar a funcionarios honestos como parte del supuesto cohecho. También con el propósito de desvirtuar la transparencia democrática en la aprobación del Acto Legislativo de reelección presidencial, al acusar esta decisión de desviación de poder.2. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha desestimado elementos probatorios que le han sido presentados, conocidos por la opinión pública, para demostrar que el delito de cohecho no se dio y que la persona autoincriminada cometió otros delitos, como la periódica extorsión a funcionarios públicos, tal cual lo concluiría cualquier observador objetivo.3. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha llegado al extremo de presionar al Presidente de la República, a través de carta carente de rigor jurídico, en extraña protesta por la reciente decisión gubernamental que hizo efectiva la extradición de varias personas. Esa carta fue ampliamente difundida por los medios de comunicación.4. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aplica justicia selectiva. Proceder que atemoriza a su juez constitucional, que es el Congreso de la República.5. He ejercido la Presidencia de la República con amor a Colombia, con el único propósito de servir bien al interés general. He querido luchar por un país seguro, próspero y equitativo. La trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no parece tener solución judicial.6. En consecuencia, el camino correcto debe ser la regla democrática. Convocaré al Congreso de la República para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de la elección presidencial de 2006, con idénticas o mayores restricciones para el Presidente, que aquellas que en su momento impuso la Ley de Garantías".

martes, 24 de junio de 2008

RENUNCIA PRESIDENTE DE CONSTITUYENTE ECUATORIANA

A escasos treinta días de cristalizar el proyecto de reforma constitucional que ha acariciado Rafael Correa como marco jurídico para asegurar su continuidad en el poder, ha surgido una crisis en el interior mismo de "Alianza País", la organización política de izquierda que respalda al gobernante.En efecto, ha renunciado intempestivamente Alberto Acosta, Presidente de la Asamblea Constituyente que prepara la nueva Carta, faltando apenas cinco semanas para que venza el plazo otorgado a ese organismo para cumplir su tarea.Han surgido varias diferencias entre Correa y Acosta, en particular en lo que concierne a la extensión del término: Correa tiene afán, pues quiere culminar todo este año, pero el Presidente de la Asamblea dice requerir más tiempo, con el objeto de producir un resultado constitucional bien diseñado y examinado, en lo que podríamos llamar la posición prudente de quien tiene la altísima responsabilidad de presidir la Constituyente, frente a la actitud puramente coyuntural y política del Jefe del Estado ecuatoriano.El nuevo texto debería estar listo el 26 de julio, pero el presidente de la Constituyente había rechazado los apremios. "Si queremos una democracia participativa, tenemos que tomarnos el tiempo suficiente para esos debates", insistía Acosta. Días atrás, Rafael Correa criticó las demoras de la cada vez más impopular Asamblea, de la que muchos ecuatorianos creen que trabaja poco.Las discrepancias también tocan con el contenido de la Constitución, en particular aquellos artículos que modificarán las leyes de las industrias petrolera y minera. Acosta, economista de izquierda vinculado al movimiento indigenista, está inclinado a consagrar mayores restricciones a la inversión extranjera que Correa. El presidente de la Asamblea, que fue el representante más votado en las elecciones de septiembre de 2007, declaró a la agencia Reuters que renunciaba "de forma irreversible" porque no tenía el apoyo de su partido para lograr una prórroga del termino de actividad colegiada. "Tenemos diferencias muy claras con Alberto Acosta", admitía César Rodríguez, delegatario del partido de Gobierno, que domina la Constituyente.El ministro Ricardo Patiño, Coordinador de asuntos políticos, aseguró ayer que Acosta continuará como miembro de la Asamblea, pero dijo también que es impostergable la fecha del 26 de julio para la terminación de los trabajos de la Asamblea y para la entrega del texto constituyente proyectado, que será después sometido a referendo.

domingo, 22 de junio de 2008

EUROPA, A LA DERECHA


Por estimarlo de interés, transcribimos el siguiente informe de EL PAIS.com, publicado bajo el título "EUROPA SE ANCLA A LA DERECHA" , que resulta bien diciente y harto preocupante desde la perspectiva de los derechos humanos y las reivindicaciones sociales:

"La semana laboral se extenderá en ocasiones hasta las 78 horas semanales y se podrá encerrar a los inmigrantes sin papeles durante 18 meses antes de expulsarlos. En algunas zonas, la policía ya tiene derecho a detener a cualquier persona 42 días sin cargos. En otras, los servicios secretos cuentan con autorización para husmear en los correos electrónicos sin mandato judicial. No piense en China; tampoco en Estados Unidos. Todo esto sucede en la Unión Europea, abanderada durante décadas del modelo social que más protegía al ciudadano. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el alcance del giro, pero coinciden en que el avance de la derecha en casi toda Europa ha dejado su impronta en la UE.

En muy pocos días han coincidido dos proyectos que amenazan con hacer añicos el sueño europeo: la directiva para que la jornada laboral máxima pase de 48 a 60 horas -y excepcionalmente, incluso a 78- y la que combate la inmigración ilegal con una dureza que hasta hace poco se asociaba a la extrema derecha. El contraste con el pasado reciente es sangrante: hace 10 años, el debate sobre la jornada laboral lo lideraba Francia con su propuesta de 35 horas. Y toda la Unión aislaba a Austria por abrir la puerta del Gobierno a un partido que se ensañaba con los inmigrantes.
La derecha dirige ahora las locomotoras europeas (Francia, Alemania, Italia...) y los Gobiernos de izquierda van camino de convertirse en una rareza, incluso en los países nórdicos. Pero la ola afecta a todos: los socialistas ni siquiera se han atrevido a oponerse en primera lectura a la directiva de la jornada laboral. Y 16 de los 19 socialistas españoles votaron a favor de la norma de inmigración.
"Estamos ante un retroceso clarísimo en los derechos sociales y ciudadanos", opina Nicolás Sartorius, vicepresidente de la Fundación Alternativas, de inspiración progresista. "Hay un ataque brutal a muchas conquistas logradas en las últimas décadas".
"Nunca la correlación de fuerzas ha sido tan desfavorable y esto nos lo pone muy difícil si queremos influir", explica Alejandro Cercas, ponente socialista en la directiva de la jornada laboral, que explica así la abstención socialista en este asunto: "Si se quiere frenar la iniciativa hay que tratar de unir al mayor número de países y esto es más fácil con la abstención que con la negativa". "El momento es tremendamente delicado: con tantas barbaridades se están fabricando millones de euroescépticos", subraya.
En opinión de Cercas, la clave es que las decisiones importantes se toman en los consejos intergubernamentales, donde la mayoría de derechas es abrumadora. Cree que muchos Ejecutivos utilizan estos consejos para impulsar normas que temen llevar a sus Parlamentos nacionales por la erosión que podrían implicar. "La UE se está utilizando como mecanismo para dar legitimidad a las políticas nacionales", recalca Sergio Carrera, del Centro de Estudios Políticos Europeos, con sede en Bruselas.
"La tendencia es clara: los británicos, por ejemplo, imponen a Europa cuestiones en la lucha contra el terrorismo que ni siquiera se atreverían a plantear en la Cámara de los Comunes", le secunda Ignasi Guardans, eurodiputado de Convergència i Unió (CiU) adscrito al grupo liberal de la Eurocámara. Guardans votó a favor de la directiva de inmigración ("al menos es un primer paso hacia la regulación", opina), pero juzga innegable la derechización de la UE. "Europa se ha vuelto de derechas porque la izquierda está en crisis y no sabe dar seguridad ni garantías. Además, los pocos Gobiernos de izquierda que quedan son muy poco de izquierdas, incluyendo el de España", añade Guardans, quien niega en cambio que el "modelo social europeo" esté en peligro. En su opinión, el riesgo está en el retroceso en las libertades como consecuencia de la "guerra contra el terrorismo".
Esta guerra la lidera en Europa el Reino Unido bajo la dirección de los laboristas. En teoría, pues, la izquierda. Pero en el país que aplicaba el hábeas corpus ya en la Edad Media, será ahora posible detener sin cargos durante 42 días (antes, 28) a cualquier sospechoso de terrorismo. "La medida viola claramente los derechos humanos. La lucha contra el terrorismo se está haciendo a costa de las libertades, también en Europa", lamenta Judith Sunderland, de Human Rights Watch. Suecia, hasta ahora otro referente mundial en el respeto a los derechos de los ciudadanos frente a posibles atropellos por parte del Estado, acaba de aprobar una ley que parece sacada del mundo orwelliano de 1984: el Estado podrá escrutar el contenido de todos los correos electrónicos.
La ampliación hacia el este, emprendida a partir de 2004, no ha hecho sino reforzar esta derechización hasta el punto de hacerla casi irreversible. El antiguo bloque del Este -la nueva Europa, como la llamó George W. Bush- salió tan escaldada del totalitarismo que la agenda liberal y la complicidad con Washington forman parte del acervo de todos los partidos, ya sean de derechas o de izquierdas.
"El peso de la historia explica que todos los nuevos países defiendan la misma agenda liberal y que todos hagan siempre causa común con los postulados tradicionales anglosajones", subraya Jan Techau, analista del Centro para los Estudios Europeos Alfred von Oppenheim, con sede en Berlín. En su opinión, sin embargo, el modelo social de la Europa occidental no está en riesgo porque "la gran mayoría de competencias en protección social sigue en manos de los Estados". "La agenda neoliberal de la UE es más simbólica que real; no hay que temer a Bruselas porque en este aspecto no es más que un tigre de papel", concluye Techau.
Krysztof Bobinski, del centro de estudios Unia & Polska, de Varsovia, reconoce que la ampliación ha cambiado las reglas del juego: "Tras años de dictaduras, nuestros estándares de derechos pueden ser inferiores a los de los países europeos, pero no conviene exagerar. Es toda Europa la que ha girado a la derecha; no es una cuestión simplemente del Este", insiste Bobinski.
"Las reglas son casi siempre liberales y ahora mismo no hay ningún proyecto político que aspire a gobernarlas", lamenta el sindicalista José María Zufiaur, consejero del Comité Económico y Social (CES) europeo. Zufiaur también juzga la ampliación como un factor clave en el giro, pero desde otra perspectiva, menos determinista y más política: "Cuando España se incorporó a la UE le garantizó mucho dinero a cambio de que se fuera acercando a los estándares sociales del grupo para evitar el dumping [abaratamiento anormal de los precios]. Ahora se ha hecho lo contrario. A los nuevos miembros se les ha dicho: 'Les vamos a dar mucho menos dinero y compitan como puedan".
Nadie niega el creciente predominio de la derecha en la UE. Pero no todo el mundo comparte la idea de que el giro socave la tradición de décadas de construcción europea tejida con el consenso entre la izquierda posibilista y una derecha de tradición democristiana. "No hay ninguna evidencia de que Europa se esté convirtiendo en ultraliberal. Nadie está desmantelando el Estado del bienestar", recalca Simon Tilford, del Centro para la Reforma Europea, en Londres. Tilford ni siquiera considera que la directiva de tiempo de trabajo vaya a tener demasiado impacto. Guardans coincide: "No se está acabando con ningún modelo social, pero deben romperse tabúes si queremos ser competitivos".
Tampoco la directiva de inmigración choca con la tradición europea, según Carmen González, investigadora del Real Instituto Elcano: "No hay que interpretarla como una reducción de libertades, al menos en el caso español [donde el Gobierno establecerá en dos meses el límite de retención de inmigrantes sin papeles], sino como una medida de eficacia y disuasoria. Hay que tener en cuenta además que algunos países no tenían ningún límite y ahora lo van a tener". Bjarte Vandvik, secretario general del Consejo Europeo para los Refugiados (ECRE, en sus siglas en inglés), la ve en cambio como un ejemplo de "la visión que tiene hoy Europa": "inhumana e injustificada"."

miércoles, 18 de junio de 2008

UNA ALIANZA PREMATURA

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Como es bien sabido, quien esto escribe no es partidario de la reelección presidencial; no lo fue en el año 2004, cuando se aprobó el Acto Legislativo de Yidis y Teodolindo, ni lo es ahora, cuando se busca por la vía del referendo una nueva modificación constitucional que permita reelegir al actual Presidente.El motivo de esa discrepancia no guarda relación con el nombre, ni con la persona del Presidente, ya que se trata de una posición intelectual respecto a la reelección en sí misma, que no debería ser parte de una institucionalidad genuinamente democrática, toda vez que cierra las posibilidades de renovar el gobierno y cercena la igualdad entre los aspirantes, favoreciendo con todas las ventajas a quien ejerce efectivamente el poder.Estas características perversas de la reelección se pueden apreciar hoy, a nivel institucional, en el fenómeno ostensible de la concentración del poder presidencial y en el control del Jefe del Estado -al participar decisivamente en su composición- sobre organismos como la Corte Constitucional, la Junta Directiva del Banco de la República, la Fiscalía General, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para mencionar apenas algunos, neutralizando de hecho los frenos y contrapesos que según Montesquieu deben caracterizar al Estado de Derecho.No obstante este criterio, nuestra concepción sobre el alto concepto de la política -que no identificamos con la acción electorera, ni con el clientelismo, ni con las prácticas ilícitas de manipulación del electorado- nos impide compartir la actitud que en las últimas horas han asumido dirigentes de los partidos Liberal y Polo Democrático, quienes se han unido y buscan hacia el futuro profundizar esa unión, alrededor de un solo propósito: bloquear la reelección de Uribe.La política, en el alto concepto que le corresponde -que implica el conocimiento y decisión, desde diferentes vertientes ideológicas, sobre los grandes asuntos que interesan a la sociedad y al Estado, con miras a cristalizar en la práctica, en el Gobierno, los valores y principios que se profesan- no puede circunscribirse al limitado objetivo de “cerrar el paso a alguien”, entre otras razones porque necesariamente ello ocasiona que ese alguien convoque la solidaridad de los votantes, al considerarlo perseguido y víctima de una conspiración.Unirse tan sólo para atajar a Uribe, cuando ni siquiera existe hoy por hoy una norma constitucional que autorice la segunda reelección y cuando el Presidente, por tanto, no ha expresado oficialmente sus intenciones de candidatizarse, significa empequeñecer la política, despojándola de sus finalidades esenciales, y asumir una posición obstruccionista, que en esa medida es negativa, sin programas de gobierno y sin postulación de ideas.Se habla de consultas entre los partidos proponentes, para unificarse desde ahora alrededor de un candidato que se enfrente a Uribe, lo que a nuestro juicio, fuera de ser prematuro, tendrá el efecto de precipitar a la vez la unión entre quienes simpatizan con la segunda reelección, logrando tal vez un propósito contrario al perseguido.

domingo, 15 de junio de 2008

HABEMUS COCA

Por Octavio Quintero
(Tomado de www.elementosdejuicio.com)

Nos pone los pelos de punta que una diva francesa venida a más por haberse casado con un presidente en ejercicio que se está viniendo a menos, cante canciones relativas a la producción y consumo de coca en Colombia. Y nuestro deslucido canciller, también venido a más por habérsele volado a las Farc pocos días después de que precluyera una investigación en su contra por haberle robado una tierrita a los más pobres de su natal Cartagena, protesta “enérgicamente” diciendo que “"eso pasa por combinar la política con la farándula". Esperemos que ningún acucioso analista haga extensiva esa apreciación del canciller a los conciertos de Juanes, nuestra lumbre artística internacional (y esto es en serio), por haber armado el gigantesco concierto fronterizo colombo-venezolano en momentos en que las tensiones entre Uribe-Chávez y Correa, estaban en su climax.Viene a lugar mencionar también en este contexto de ardorosa defensa patriótica, la glosa bien lograda que nuestro general Naranjo, director de la Policía Nacional, hace a un guión televisivo que viene transmitiendo a modo de documental el canal Caracol TV denominado “El Cartel” que recoge la vida y obra de los más importantes capos de la droga en Colombia. “Mi general” dice que el guionista, un narcotraficante confeso y convicto, deja a la policía por el suelo y pone a los narcos por las nubes. Es lo que acaba de confirmar, “mi general”, el Sistema Nacional de Monitoreo (SIMCA) en su última medición: que el cultivo de coca en Colombia, a pesar de la muy “eficiente” labor policial y de los cuantiosos recursos del Plan Colombia se dispararon al cierre del 2007 en un 25 por ciento, retrotrayendo su nivel al de hace seis años.Es decir, y para revolverle farándula a esta política, los “años dorados” de Uribe en materia de lucha contra el narcotráfico han pasado sin pena ni gloria. Pero eso sí, los muchos millones de dólares que le ha insuflado Estados Unidos a través del Plan Colombia a cuenta de esa lucha, le han servido para prenderle candela al rancho de las Farc, y sobrado para hacer que algunas chispas de esta guerra interna flameen peligrosamente sobre las fronteras con Venezuela y Ecuador.Es el quid del asunto. Es lo que en palabras de Luigi Ferrajoli, padre del garantismo penal, llama “intereses muy fuertes para mantener las drogas prohibidas”. ¿A quién más que a Estados Unidos le conviene política y económicamente esta lucha? Mientras más lejos estemos de ganarla más injerencia del Imperio en nuestros asuntos internos y más utilidades devengarán las transnacionales que se dedican a la comercialización de químicos precursores del alcaloide y del tráfico de armas para la guerra contra el narcotráfico hoy; entre los países bolivarianos, mañana.Bajo la presión de Estados Unidos se ha desarrollado en el mundo una legislación antidroga “totalmente irracional”, dice Ferrajoli en declaraciones al periodista Carlos Rodríguez de Página 12, un portal argentino. ¿Pero, totalmente irracional para quién? No es, por supuesto, para el Imperio, porque eso es lo que busca: que irracionalmente nos matemos en estos países andinos en el altar de sus furibundos consumidores; en beneficio de las arcas de sus transnacionales y en camino de su expansión geopolítica.La guerra contra las drogas no está acabando con los cultivos ni con los narcotraficantes ni con los consumidores. Por el contrario, éstos: cultivos, narcotraficantes y consumidores siguen aumentando aquí y acullá. Esa guerra, lo que está acabando es con la dignidad de estos países –Colombia y México-, por ejemplo.Pero de nada valen estos llamados a la reflexión, hechos hoy por Ferrajoli y ayer por premios Nobel de literatura y economía como García Márquez y Stiglitz. Mientras esta guerra siga siendo un gran negocio económico y una estrategia política que juega a favor del Imperio: habemus coca per secula seculorum con sus fuertes cargas de crímenes y corrupción

EN VIGOR LA CONSTITUCIÓN DE KOSOVO



Con la firma del presidente Fatmir Sejdi de un paquete de leyes subordinados a ella, ha comenzado a regir este 15 de junio la Constitución de Kosovo, la antigua provincia serbia que recientemente declaró su independencia. La Constitución fue adoptada por unanimidad en el Parlamento de Pristina el pasado día 9. El texto define a la República de Kosovo como un “Estado independiente, soberano, democrático, único e indivisible” y destaca su condición de sociedad “multi-étnica”.Sejdi ha calificado el momento de “histórico” y ha afirmado que con la entrada en vigor de esta Carta Política “concluye el ciclo de construcción del Estado kosovar”. El presidente de la joven nación ha insistido en que Kosovo es un “país democrático que ha aceptado los valores y parámetros europeos”.

Boris Tadic, Presidente de Serbia, que nunca ha aceptado le independencia kosovar, ha declarado que la entrada en vigor de la Constitución no tiene para Serbia ningún valor legal y que es “un acontecimiento político con consecuencias dañinas”. Según las palabras del mandatario serbio, “Serbia ve a Kosovo como su provincia meridional. Serbia seguirá defendiendo su integridad y la soberanía también en Kosovo, con medios pacíficos y la diplomacia, no con violencia.

La Constitución kosovar consta de 40 capítulos y 160 artículos, que regulan el funcionamiento de esta república con el albanés y el serbio como lenguas oficiales. Es muy probable que la entrada en vigor del texto ahonde la división entre la mayoría albano-kosovar y los serbios, establecidos sobre todo al norte de la región, que ya han comenzado a configurar sus propias estructuras políticas y abrirán un parlamento propio en Mitrovica el próximo 18 de junio. La tensión entre las dos comunidades ha sido especialmente dura en esta ciudad, escenario de duros enfrentamientos en el pasado entre ambas comunidades.

jueves, 12 de junio de 2008

DECISIONES DIVERSAS POR LOS MISMOS HECHOS

José Gregorio Hernández Galindo

Reconociendo que hay diferencia, desde el punto de vista de sus alcances, entre la jurisdicción penal y la disciplinaria, por cuanto los dos sistemas normativos miran hacia propósitos diversos, no hemos podido entender cómo, cuando se trata de los mismos hechos, de las mismas pruebas, de las mismas situaciones jurídicas y de idénticos cargos, las decisiones de la justicia penal resultan completamente distintas y hasta contrarias a las que adopta la autoridad disciplinaria.

Lo decimos porque hemos visto en los últimos años varios casos en los cuales un funcionario resulta exonerado de toda responsabilidad en el proceso penal, y por los mismos hechos, es sancionado, inclusive con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, desde el punto de vista disciplinario.

Esto ha acontecido, por ejemplo en el caso de militares de alta graduación, quienes ante la justicia penal han salido completamente eximidos de cualquier culpa, pero sin embargo han sido destituidos e inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación.

Por ese motivo, inclusive, un sector de la doctrina constitucional ha considerado, con razón, que el fuero militar, plasmado en el artículo 221 de la Constitución, no solamente debería cobijar los aspectos penales sino también los disciplinarios. No se concibe, por ejemplo, que oficiales de la Armada Nacional (un General y dos suboficiales) destituidos por el Procurador General sindicándolos de grave omisión, a título de dolo, en el caso de la masacre de Chengue, sin demostrarles la negligencia ni la mala fe, hayan sido exonerados penalmente por la justicia correspondiente.

Nos parece que el tema disciplinario debería seguir las directrices del penal, y así lo acaba de afirmar la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuando a través de una decisión de tutela, suspendió los efectos de la sanción que la Procuraduría General de la Nación impuso a tres concejales de Barranquilla al encontrarlos responsables de incurrir en una conducta punible.

Para el Consejo Superior de la Judicatura, en una providencia a la que no se ha dado toda la importancia que realmente tiene, la decisión proferida en el proceso disciplinario debe ser congruente con los resultados de la investigación penal, pues de lo contrario se vulnera el debido proceso. Y, lo peor, se aplica a una misma persona decisiones contradictorias respecto a una conducta única, que reclama necesariamente, por tanto, un trato equivalente. La unidad de la conducta, en nuestro criterio, no debería romperse, para dar lugar a que el mismo sujeto sea responsable disciplinariamente pero exonerado bajo la perspectiva penal.

Esto, en particular, cuando el motivo de la sanción disciplinaria invoca entre sus argumentos más importantes la comisión de conductas delictivas, que infortunadamente el Código Disciplinario Único trasladó de modo arbitrario al ámbito de competencias de la Procuraduría General de la Nación. Y entonces, se ve la misma conducta delictiva bajo el aspecto penal, y también -allí radica el error- bajo el lente disciplinario.

miércoles, 11 de junio de 2008

SIGNIFICADO DE UN FRACASO


José Gregorio Hernández Galindo
El hundimiento de la llamada “Reforma Política” -una más, después de la que, con el mismo nombre, se introdujo en 2003- tiene varios significados que vale la pena examinar:
- Significa, ante todo, que la conocida “parapolítica”, con el alto número de congresistas detenidos o sometidos a proceso penal, sí ha afectado -y de manera grave- al Congreso como institución, pues en esta oportunidad, bien a través de los impedimentos aceptados, de las ausencias forzadas de los involucrados procesalmente, de las ausencias voluntarias (que son verdaderas faltas) de quienes sencillamente no quisieron acudir a las sesión de la Comisión Primera del Senado, ha sido la “parapolítica” la que, por paradoja, ha hundido la reforma constitucional contra la misma “parapolítica”.
- Significa también que los miembros del Congreso, por lo menos varios de ellos, no están interesados en sanear la política, y probablemente les parece muy bien que las cosas sigan como están y que los grupos delictivos sigan influyendo en la elección de los congresistas.
- Significa que el Gobierno Nacional, a pesar de lo que había dicho inicialmente en el sentido de apoyar la reforma, tampoco tenía intención alguna de hacer un corte claro y contundente que permitiera separar lo que viene pasando en la política colombiana de lo que en el futuro -y como ideal- quisieran los ciudadanos ver cristalizado en nuestras instituciones.
- De la misma forma, significa que el gobierno tenía temor de que, al aplicar la “silla vacía” a partir de las decisiones judiciales de privación de la libertad y no del fallo condenatorio definitivo, se viera ostensiblemente disminuida su mayoría en el Congreso, y probablemente diezmada, dado el alto número de congresistas afectados por la “parapolítica” pertenecientes a los partidos que conforman la coalición uribista.
- Significa, de otro lado, que las conveniencias políticas coyunturales prevalecen entre nosotros sobre los grandes propósitos nacionales, y aunque la reforma propuesta no era la panacea -e incluso, quien esto escribe estima que el nombre de “reforma política” era demasiado grande para titular el contenido del proyecto-, al menos estábamos dando un paso hacía adelante en la urgente tarea de responsabilizar a los partidos y movimientos políticos por la escogencia de sus candidatos, y -lo más importante-, de buscar una verdadera independencia del Congreso y una mayor transparencia de los procesos electorales.
- Significa que los procesos de reforma constitucional en Colombia se adelantan según las motivaciones propias de la coyuntura, sin la indispensable seriedad en los propósitos, y sin un criterio coherente, de Gobierno, Congreso y sociedad acerca de la trascendental función que cumplen las cámaras cuando actúan como Poder de Reforma, o -en el lenguaje de los tratadistas-, como Poder Constituyente Derivado o Secundario. A tal punto llega la displicencia con la cual se mira tal función, que toda una reforma constitucional se arma, se desarma o se vuelve a armar en un desayuno.
- Finalmente significa que el Congreso no se respeta a sí mismo como institución.

EXCESOS


José Gregorio Hernández Galindo

Los servidores públicos, cuando hacen uso de los medios de comunicación deben tener el mayor cuidado -y por ello responden- si sus intervenciones implican afectación de la honra o el buen nombre de personas en concreto y con nombres propios, que puedan quedar expuestas ante la opinión pública como autoras o coparticipes de delitos.Ha de considerarse, por ejemplo, que la presentación de alguien como posible delincuente, en particular cuando se trata de vínculos con grupos extremos como los paramilitares o la guerrilla, la sindicación directa puede conducir inclusive a poner en riesgo la vida y la integridad de las personas mencionadas.Esta reflexión la formulamos de manera muy respetuosa, ante circunstancias recientes que implican el llamado público de altos funcionarios en contra de otros, con claras sindicaciones de orden penal.Un caso reciente -solamente lo cito a título de ilustración- es el de la vinculación pública que se hizo de unos congresistas con la guerrilla de las FARC, en virtud de la cual se abrió lo que en el terreno periodístico, precisamente a raíz del gran despliegue oficial, hemos denominado la “Farcpolítica”.A través de los medios de comunicación, y con gran alarma, el propio Fiscal General anunció que enviaba a la Corte Suprema de Justicia documentos comprometedores, para esos legisladores en concreto, con tales posibles relaciones.La Corte Suprema de Justicia había solicitado previamente, en ejercicio de su función y sin tanto ruido, que le remitieran el material encontrado en los computadores de Raúl Reyes. La solicitud se hizo hace más de un mes.En cuanto a las copias de algunos correos enviados por la Fiscalía, que podrían comprometer a los tres congresistas, la Corte Suprema las ha evaluado, y ha proferido una providencia mediante la cual llama la atención de la Fiscalía, en el sentido de que cuanto ese Tribunal considera necesario -y que no se le ha remitido- es la totalidad de la documentación encontrada en el lugar del operativo en que murió el mencionado guerrillero.Así lo expresó el Magistrado Sigifredo Espinosa, Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se resalta que lo enviado por el Fiscal 20 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo son “…documentos seleccionados por la Policía Nacional en los que simplemente se mencionan los nombres de los congresistas (…) sin tener en cuenta que fueran indicativos o no de la posible responsabilidad penal que de ellos se dedujeran”.Pero la presentación, con gran despliegue, que hizo el Fiscal sobre tales documentos nos dio a todos la impresión de que en realidad allí existían motivos verdaderamente graves que comprometieran a los congresistas, a la vez que el Ministro de Defensa aseguraba que los alcances de la “Farcpolítica” podrían ser incluso peores que los de la parapolítica.Ante el reclamo de la Corte, el Fiscal Mario Iguarán ha explicado que tan pronto conoció las cartas iniciales de solicitud ordenó a la Unidad Nacional contra el Terrorismo enviar todos los archivos, pero que dicha Unidad sólo compulso copias de las partes que consideró pertinentes, lo que provocó a su vez un reclamo del Fiscal a sus subalternos.Pero, en el ambiente sí quedaron flotando las dudas sobre el comportamiento de los congresistas, en virtud del despliegue con que se hizo el envío de los documentos que, según la Corte, nada contenían en realidad. Son excesos inadmisibles que ponen en peligro y en ocasiones afectan derechos fundamentales. La justicia no es ni puede ser espectáculo.





martes, 10 de junio de 2008

VUELVE LA PROHIBICIÓN DEL VELO ISLÁMICO EN UNIVERSIDADES TURCAS


Informe de Ludovico Ariosto
Una sentencia del Tribunal Constitucional de Turquía declaró contraria a la Carta Política la reforma constitucional en virtud de la cual se había levantado en febrero la prohibición a las mujeres de llevar el velo islámico en las universidades.El argumento central: la enmienda violaba el principio del Estado laico, instituído desde 1980.Recordemos que el 9 de febrero del presente año se impuso la mayoría islámica liderada por el partido de la Justicia y el Desarrollo AKP que tramitó y sacó adelante la modificación constitucional, con la colaboración de ls Formación Nacionalista de Oposición MHP, autorizando que las mujeres pudieran libremente portar el velo propio de su religión en las aulas. La decisión se adoptó entonces por 404 votos contra 92, sobre la base de garantizar la libertad de conciencia.En 1.980 se había introducido el postulado por cuya virtud se debía garantizar por distintas vías y mecanismos, uno de los cuales era la prohibición, la separación absoluta entre la religión y el Estado.Inmediatamente la reforma constitucional fue promulgada, más de 120.000 manifestantes se agolparon en las calles de Ankara y ante el Mausoleo de Mustafá Kemal Ataturk, fundador de la Turquía moderna, y los dirigentes enemigos de la reforma acudieron al Tribunal Constitucional, que acaba de fallar privándola de todo efecto. Ahora las ,manifestaciones y la polémica corren por cuenta de los partidarios de la libertad de conciencia y de las mujeres que la reclaman.Este es un duro revés para el islamismo, que podría terminar políticamente vetado, pero las discrepancias políticas y religiosas se agudizan.

domingo, 8 de junio de 2008

Arrancó...OBAMA


Son 538 los votos que conforman el Colegio Electoral de Estados Unidos, repartidos entre los 50 Estados. Kerry consiguió 251, frente a los 286 de George W. Bush. Obama deberá conseguir 18 votos electorales más que su antecesor. Si lograra asegurarse el voto de los hispanos, jubilados y judíos de Florida, conseguiría 27, más de lo necesario. Colorado ofrece nueve y Carolina del Norte, 15. Una victoria demócrata en ellos se ha considerado, hasta ahora, algo difícil, pero no imposible. Por eso Obama viaja hoy a Carolina del Norte, que ha votado mayoritariamente al candidato republicano en las últimas ocho elecciones presidenciales.
El senador espera atraer a la población afroamericana, que supone un 25% de los habitantes de este Estado y que le concedió una clara victoria de 13 puntos sobre Hillary Clinton en las primarias del 6 de mayo. Su equipo deberá trabajar duro en Florida, un Estado en el que prácticamente no se ha hecho campaña y donde Hillary Clinton arrasó en unas primarias que violaron las normas de la Convención Nacional Demócrata y cuyos votos sólo contarán la mitad en el encuentro en el que se le ratificará como candidato en agosto.
Pero Obama no sólo se juega su victoria en Estados conservadores, sino en los llamados Estados oscilantes, en los que no está segura la victoria de ningún candidato y que acaban siendo decisivos en la cita de noviembre.
El candidato demócrata se trasladará esta noche a Misuri, cuyos 11 votos electorales fueron para Bush en las últimas dos elecciones. En 1992 y 1996 votó a Bill Clinton. Obama pasará allí también el martes. En sus discursos recalcará "sus importantes diferencias con McCain", según informa su campaña. Obama deberá conseguir una gran participación en Saint Louis y en las zonas rurales de su periferia para conseguir arrebatarle este Estado a los republicanos.
Ahora que cuenta con el respaldo de Clinton, Obama ha decidido centrarse en los problemas económicos y el desempleo, cortejando a los votantes incondicionales de la senadora de Nueva York: trabajadores de clase media y media-baja, sindicalistas y personas sin estudios universitarios. Obama ha contratado a Aaron Pickrell, estratega jefe de las campañas del gobernador de Ohio, Ted Strickland, uno de los grandes apoyos de la campaña de Clinton y que le puso en bandeja a la senadora su victoria en este Estado el 4 de marzo.
Strickland, un político muy popular en las zonas industriales, es uno de los firmes candidatos a ocupar el puesto de candidato vicepresidencial, algo que muchos votantes verían como un gesto conciliatorio hacia Clinton y un gran esfuerzo por atraer a los votantes de las clases trabajadoras. La coyuntura económica puede ser favorable. El desempleo en EE UU alcanzó en mayo uno de sus máximos históricos, situándose en un 5,5%, registrando la mayor subida mensual desde 1986.
McCain ha tenido tiempo de centrarse en los mismos objetivos, pero con una estrategia distinta. El senador de Arizona se aseguró la nominación en marzo. Desde entonces ha aprovechado la guerra cainita entre Clinton y Obama para atraerse a votantes descontentos del bando de la ex primera dama. "No hubiera dicho jamás que acabaríamos centrándonos en votantes demócratas a esta escala", decía ayer el jefe de campaña de McCain, Rick David, en el diario The Washington Post.
Precisamente McCain planea visitar en numerosas ocasiones Ohio, un Estado que ofrece 20 votos electorales y que, como Misuri, ha elegido al candidato ganador en las últimas cuatro elecciones presidenciales.

lunes, 2 de junio de 2008

CÁRCELES FLOTANTES, EN LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Informe de LUDOVICO ARIOSTO
Una institución internacional dedicada a la defensa de los Derechos Humanos -Reprieve- acaba de formular contra los Estados Unidos una denuncia que debemos registrar: ese país, so pretexto de la lucha contra el terrorismo -que, según el criterio de George W. Bush, otorga "patente de corso" para todo, ha instalado y usa “cárceles flotantes” en las que recluye a los detenidos"; centros de detención en barcos, con el fin de escapar a cualquier clase de vigilancia incómoda, como la prensa o los abogados, o las organizaciones de Derechos Humanos.



Según el periódico inglés "The Guardian", un informe que publicará este año la organización de Derechos Humanos en referencia, cuyo director jurídico es Clive Staffor Smith, denunciará más de 200 nuevos casos de entregas extraordinarias desde el 2006, cuando el presidente George W. Bush aseguró que su país había puesto fin a ese tipo de prácticas. Las entregas extraordinarias son aquellas en las que se produce el traslado de sospechosos de terrorismo en condiciones secretas y al margen de la legalidad internacional.
EL PAIS.com señala: "EE UU puede haber utilizado hasta un total de 17 barcos como “cárceles flotantes” desde el 2001. Los presos son interrogados a bordo de esos buques y luego enviados a centros de detención en terceros países, afirman los autores del informe. Entre los buques empleados para esos fines están el USS Bataan y Uss Peleliu, pero los encargados del estudio sospechan que otros 15 buques han operado en torno a la isla británica de Diego García, en el océano Indico, utilizada como base por británicos y estadounidenses".


El director de la organización pro derechos humanos asegura además que el “Gobierno estadounidense admite que tiene actualmente detenidas sin cargos en prisiones secretas al menos a 26.000 personas, y las informaciones reunidas indican que desde el 2001 un total de 80.000 pueden haber pasado por ese sistema”.
Los defensores de los Derechos Humanos creen que la CIA ha operado con cárceles secretas en países como Tailandia, Afganistán, Polonia, Rumanía, Yibuti y posiblemente también en Diego García. Los individuos capturados por Estados Unidos en Afganistán y otros países han sido enviados a cárceles de Siria, Jordania, Marruecos y Egipto.


Es evidente que este sistema impide la adecuada y técnica defensa de las personas privadas de su libertad, y facilita que en esos reclusorios circulantes se puedan cometer toda clase de atropellos, violaciones de los Derechos Humanos, torturas, o cuanto sirva a las finalidades estatales, dentro de la filosofía dominante según la cual "el fin justifica los medios".



Según "The Guardian" , la organización "Reprieve" expresará su preocupación por las actividades de otro buque estadounidense, el "USS Ashland" , a comienzos del 2007, cuando llevó a cabo operaciones de seguridad marítima frente a las costas de Somalia.
Fuerzas militares de Somalia, Kenia y Etiopía secuestraron por aquel entonces a numerosos individuos, que fueron luego sometidos a interrogatorios por supuestos miembros del FBI y de la CIA.
Más de un centenar de personas fueron hechas "desaparecer" luego en cárceles de Kenia, Somalia, Etiopía, Yibuti y en la que Estados Unidos mantiene en Guantánamo (Cuba) .
"Reprieve" cree que algunos de esos reclusos fueron sometidos también a interrogatorios en el USS Ashland y otros barcos que estaban entonces en aguas del golfo de Adén.
"El Gobierno estadounidense admite que tiene actualmente detenidas sin cargos en prisiones secretas al menos a 26.000 personas, y las informaciones reunidas indican que desde el 2001 un total de 80.000 pueden haber pasado por ese sistema" , afirma el director de "Reprieve" .
Andrew Tyrie, diputado conservador que preside el grupo parlamentario sobre entregas extraordinarias, ha pedido a los Gobiernos de Londres y Washington que digan toda la verdad sobre esas detenciones.
"Poco a poco se está sabiendo la verdad sobre las entregas extraordinarias. Y el resto se sabrá poco a poco. Sería mejor que los gobiernos se sinceren cuanto antes" , dijo Tyrie.
Según el portavoz para Asuntos Exteriores del Partido Liberal Demócrata, Edward Davey, "si el Gobierno Bush utiliza los territorios británicos para sus entregas extraordinarias, habrá defraudado la confianza en él depositada por los británicos" .
Un portavoz de la Armada estadounidense, el comandante Jeffrey Gordon, negó a "The Guardian" que haya "centros de detención a bordo de los buques estadounidenses" aunque reconoció que algunos individuos han sido detenidos durante breves períodos en esos barcos.
Los individuos capturados por Estados Unidos en Afganistán y otros países han sido enviados a cárceles de Siria, Jordania, Marruecos y Egipto.

Aserrín, Aserrán

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ABOGADO Y PROFESOR UNIVERSITARIO. EX MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA