CERTIDUMBRES E INQUIETUDES

EL PRI GANÓ ELECCIONES EN MÉXICO

2010-07-05T06:01:00.000-07:00

Se llevaron a cabo las elecciones en territorio mejicano, con la característica de la violencia desaforada en muchos lugares, y con miedo de los electores. Así lo registra BBC MUNDO:

¿QUÉ PASA EN LA JUSTICIA DE COLOMBIA?

2010-01-10T06:05:00.000-08:00

Por José Gregorio Hernández Galindo

Es justificada la polémica que se ha ocasionado en el país por causa de decisiones judiciales en cuya virtud han quedado en libertad personas señaladas como autoras de graves delitos. Entre otros, están los casos recientes de siete capturados en un campamento guerrillero, libres al parecer por vencimiento de términos; de alias "Pedro Orejas", en la zona esmeraldera, libre por la misma razón; de algunos militares sindicados de "falsos positivos"; del empresario barranquillero que mató a su ex esposa, a quien había amenazado, anunciándole que "no pagaría un solo día de cárcel"; y -claro- los reiterados eventos de atracadores, asaltantes y raponeros sorprendidos en flagrancia y de regreso a sus actividades pocas horas después. Inclusive, en televisión se presentó el caso de los familiares de un hombre asesinado, a quienes el homicida -libre y vecino de ellos- amenaza constantemente.

Es verdad que la libertad debe ser la regla y que la privación de la misma debe ser extraordinaria, pero lo que no está claro en la práctica es cuándo se justifica y cuándo no. Así, por ejemplo, al mismo tiempo que se decretaba la libertad en los casos mencionados, un joven estudiante que utilizó la red social en internet para amenazar de muerte, en forma virtual, al hijo del Presidente de la República, sin ningún acto real orientado a cumplir ese propósito, fue inmediatamente capturado y está preso, como lo están también políticos -entre ellos, ex presidentes del Congreso-, cuya peligrosidad es muy discutible, sin que se les haya probado su vínculo con organizaciones criminales.

Expertos penalistas han manifestado que estas contradicciones e inconsistencias provienen del nuevo sistema penal acusatorio, y del Código de Procedimiento Penal, mientras otros opinan que no es culpa de las normas sino de su mala interpretación por parte de los fiscales y de los jueces de control de garantías. Y, a la vez, esta última tendría que ver según otros- con una pésima preparación de los funcionarios para aplicar el nuevo sistema.

Con independencia de la discusión que pueda adelantarse -y es urgente hacerlo- sobre la legislación, la verdad es que, en todas las ramas del Derecho hay decisiones judiciales completamente inexplicables, que generan una terrible inseguridad jurídica. Muchas son las providencias mal fundamentadas, que no resisten la mínima comparación con las normas aplicables; que revelan deficiencias enormes en la estructura jurídica del juez; que muestran su pereza para cumplir términos, y no olvidemos los muchos casos de corrupción.

EMERGENCIA EN LA SALUD. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES

2010-01-03T05:02:00.000-08:00

Por José Gregorio Hernández Galindo

No sabemos qué diga finalmente la Corte Constitucional cuando, en desarrollo del control judicial automático, estudie el Decreto 4975 del 23 de diciembre, mediante el cual el Presidente de la República declaró el Estado de emergencia social en materia de salud, y, si se tiene en cuenta el antecedente de la utilización de la misma figura para sortear la crisis provocada por la caída de las “pirámides”, es probable que lo encuentre exequible.
Pero, con todo respeto, nos parece que la institución excepcional en referencia no se concibió en 1968 –cuando por primera vez fue consagrada, sobre la base de distinguir orden público político de orden público económico y social-, y menos en 1991 -cuando se quiso evitar que el Gobierno desplazara al Congreso en el ejercicio de la función legislativa con cualquier pretexto-, para resolver problemas estructurales de la economía, ni para sofocar fenómenos ocasionados por prácticas inveteradas que en su momento fueron susceptibles del control a cargo del Gobierno y la administración mediante el uso de sus atribuciones ordinarias.
En otros términos, no es constitucionalmente correcto que el Gobierno quiera solucionar con medidas extraordinarias lo que habría podido arreglar de tiempo atrás por la vía de su función permanente de control, o usando su iniciativa legislativa para promover normas que, suficientemente debatidas y expedidas por el Congreso, hubieran podido corregir errores de diseño del sistema o falencias en la organización u operación del mismo.
Por ello, a nuestro juicio, la emergencia del año pasado no se ajustaba a las exigencias del artículo 215 de la Constitución, ya que la captación masiva y habitual de los recursos del público por parte de entidades y personas sin la debida autorización estatal –exigida expresamente por el artículo 335 de la Constitución- fue algo que se desenvolvió a lo largo de varios años, a ciencia y paciencia del Ejecutivo, sin que hubieran actuado –como tenían que hacerlo- las superintendencias de Sociedades y Financiera, y sin que la Fiscalía hubiera iniciado las investigaciones penales que con premura y bajo presión comenzó sólo después de la catástrofe. El propio Presidente de la República reconoció públicamente la negligencia oficial al respecto, pero después, para afrontar la debacle, acudió al instrumento excepcional, no previsto con la finalidad de enderezar lo que se torció por la incuria de las autoridades.
La emergencia debe corresponder, como surge de la propia Carta Política, a un medio extraordinario, ante crisis sobrevinientes, que irrumpen y amenazan gravemente el orden económico o la estabilidad social y que escapan al control y al manejo normal de las situaciones por el Ejecutivo.
Por eso no estamos de acuerdo con la emergencia social en salud. Con ella se quiere, tardíamente, más que atender con eficacia y agilidad las necesidades de los colombianos en ese aspecto, solucionar una coyuntura financiera que ha podido ser prevenida mediante disposiciones legales que corrigieran la Ley 100 de 1993, en cuya virtud, infortunadamente, la salud se convirtió en un negocio.

El Gobierno jamás se ha preocupado por los cotidianos obstáculos que los intermediarios de la salud oponen a los derechos esenciales de los usuarios, y hasta objeta proyectos de ley de protección –como la de los niños afectados por el cáncer-. Y ahora declara la emergencia para dar recursos a esos intermediarios; para restringir la tutela y para hacer que los pacientes paguen el doble por los servicios de salud: lo que se les descuenta a los trabajadores por nómina, y los co-pagos que ahora se inventó para desalentar el amparo judicial a los derechos fundamentales.

UN CRIMEN IMPERDONABLE

2009-12-27T03:15:00.000-08:00

Por José Gregorio Hernández Galindo

El crimen cometido por las FARC en la persona del Gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, es de los más cobardes que hayamos sufrido los colombianos en el curso de este conflicto interminable. Dada la situación de indefensión en que fue puesta la víctima, a quien los guerrilleros no vacilaron en degollar -de modo miserable, como bien lo dijo el Presidente Uribe-, lo ocurrido desborda la descripción internacional del crimen de guerra, y tiene más la característica de un crimen contra la humanidad.

Estos enemigos de Colombia se están especializando en la cobardía: asesinaron a mansalva a los once diputados del Valle del Cauca -también indefensos-; asesinaron de la misma manera a miembros de la familia Turbay Cote; lo propio hicieron con el Gobernador Gaviria y con el Comisionado de Paz Echeverri, de Antioquia; con Consuelo Araujo Noguera; con los indígenas de Nariño..., para no mencionar sino algunos de los casos conocidos. Vaya uno a saber cuántos otros crímenes habrán tenido lugar en el interior de la manigua, inclusive con integrantes de la propia organización armada.

Indudablemente, en el caso del Gobernador Cuéllar, el acto en sí mismo -desde el momento de la incursión en la residencia del funcionario, pasando por el también cobarde asesinato del patrullero que lo cuidaba y por el secuestro, hasta el desenlace final- es un acto de terrorismo, ya que tiene el propósito claro y deliberado de sembrar pánico entre la población, y de amedrentar a las autoridades, fuera -claro está- de demostrar que se puede humillar impunemente a la primera autoridad de un Departamento y a la vez poner en evidencia las fallas y vacíos de la llamada seguridad democrática.

A propósito, cabe preguntar: ¿cuál seguridad, cuando a la casa de un gobernador que había sido secuestrado cuatro veces y que estaba amenazado pueden entrar, como por la suya propia, los guerrilleros de las FARC, con el único y fácilmente superable obstáculo de un solitario patrullero de la Policía Nacional? Al respecto, creemos que deberían rodar cabezas. ¿Quién o quiénes son los responsables de que el Gobernador estuviera tan desprotegido? ¿Pasa lo mismo con otros gobernadores? ¿O es que hay gobernadores de primera y de segunda o tercera categoría?

Este acontecimiento tiene un efecto muy grave en lo relativo al proceso en curso, orientado a la liberación de soldados y policías secuestrados por las FARC desde hace años, dos de esas liberaciones anunciadas unilateralmente por la guerrilla varios meses atrás y esperadas con ansiedad por las familias y por toda Colombia, pues ahora la orden presidencial es la de proceder en todos los casos al rescate armado, con el consiguiente riesgo para la vida y la integridad de los plagiados.

En esta Navidad, entonces, pedimos con todo fervor al Niño Dios que se acuerde de Colombia y que incida en la hasta ahora impenetrable conciencia de los desalmados.

DOS ANACRONISMOS

2009-04-13T18:33:00.000-07:00

José Gregorio Hernández Galindo

Anacronismos: cosas que no deberían decirse ni ocurrir en pleno Siglo XXI.

El Procurador General, Alejandro Ordóñez, ante una pregunta de CARACOL sobre la extraña diferencia entre su resolución absolutoria de los funcionarios de la “Yidispolítica” y el proyecto que habían preparado para la firma del anterior titular Edgardo Maya, respondió: “A rey muerto, rey puesto”. Lo cual, además de inaceptable soberbia, constituye, desde el punto de vista jurídico, una gran equivocación acerca del papel del Jefe del Ministerio Público.

Si, afortunadamente, no es rey el Presidente de la República, con todo lo desastrosa que sería una presunción que aquél tuviera en tal sentido, menos lo es la cabeza de la Procuraduría. Definitivamente, no es un Rey, ni nada parecido -Dios nos libre-, y que lo proclame es algo contrario al Estado de Derecho, cuya defensa le compete, y a la idea misma de democracia, como sistema político esencialmente diverso del que quisiera encarnar el doctor Ordóñez.

Amigos de la monarquía en Colombia, hay varios, el Procurador uno de ellos, e ingenuamente se debe sentir con la corona puesta.

Hablando de épocas superadas y de posiciones anacrónicas y antidemocráticas, es importante registrar que, en el mundo, regresó la piratería, como en los viejos tiempos del Caribe, o de los secuestros aéreos.

En altamar, para sorpresa y preocupación de gobiernos y empresas, han reaparecido los corsarios y filibusteros.

Con francotiradores, la Armada de Estados Unidos liberó al Capitán Richard Philips, que se encontraba en poder de piratas somalíes, tres de los cuales murieron durante el ataque y otro fue detenido. Los secuestradores amenazan vengarse, después de haber mantenido a Philips como rehén en un bote salvavidas por cuatro días. Y de haberse enriquecido con el dinero cobrado por los rescates.

Obama no quiso dialogar, y ordenó el rescate militar, evitando -con la buena suerte del operativo- la crítica incesante que ya se esperaba, mientras el rehén permaneciera privado ilegalmente de su libertad.

Hay más de 250 rehenes en manos de piratas. Muchos de ellos de Bangladesh, Pakistán y Filipinas, país que tiene a 92 personas secuestradas.

En fin, volvió la piratería, y el mundo debe entrar en el análisis de lo que podría hacer para contrarrestarla, pero sin poner en peligro la vida ni la integridad de los rehenes.

Guardadas proporciones, lo que pasa aquí con los secuestrados por las FARC.

¿ QUO VADIS, URIBE ?

2009-04-09T14:53:00.000-07:00

OCTAVIO QUINTERO

"El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente": Lord Acton.

Si alguien se tenía como modelo a seguir en la década de profundos cambios políticos, económicos y sociales del 90 en Colombia, cuando nos dimos una nueva constitución, hicimos la paz con el M-19, nos implantaron el neoliberalismo, el narcotráfico nos impuso a Samper y las Farc a Pastrana, ese fue Fujimori.

Los periódicos de la época son testimonio histórico de cuantas veces importantes políticos, columnistas, empresarios, académicos e intelectuales nos decían que lo que Colombia necesitaba era un presidente tipo Fujimori, cuyo ejemplo de mano dura con los terroristas le daba la vuelta al mundo, junto con una jaula en la que mostraba aprisionado a Abimael Guzmán, el terrorista fundador y jefe de Sendero Luminoso.

A priori (la historia podría encargarse de testificarlo), no cabe duda que esa imagen, y esa sutil insinuación de su ejemplo, movió las masas colombianas para llegar en 2002 a elegir presidente a Álvaro Uribe Vélez, el joven gobernador de Antioquia que ya con su mano dura en Urabá, una rica región de exportación bananera, había puesto en jaque a la guerrilla en esa zona.

Cruelmente, parece que Uribe no sólo tuvo su génesis en el hombre duro de Perú que acaba de ser condenado en un fallo histórico por tratarse de la primera vez que la propia justicia de un país latinoamericano condena a un jefe de Estado, sino que va camino de su mismo epílogo.

El propio presidente Uribe, seguro de que aquí en Colombia tiene secuaces para rato, se ha mofado en público de que la Corte Penal Internacional pueda enjuiciarlo. Pero en privado se dice que una de las estrategias para evitar esa posibilidad, que no parece tan descabellada desde la perspectiva del respeto a los Derechos Humanos y al DIH, es, precisamente, atornillarse al cargo de Presidente mediante una y otra reelección hasta llegar a la indefinida.

Es, a propósito, la única diferencia que podría encontrarse entre el Siempre Chávez de Venezuela y el ¿Si no es Uribe, quién?, de Colombia: que el primero busca perpetuarse en el cargo para preservar su revolución del llamado Socialismo, Siglo XXI, y el otro sacarle el bulto a la inmediatez de un eventual juicio internacional por las atrocidades cometidas en Colombia desde su mandato provincial en el que como gobernador de Antioquia promovió las cooperativas de paramilitares asesinos que se encargaron de limpiar a Urabá de guerrilla, pero arrasando por parejo con toda forma de vida humana que apareciera al paso, y de paso, despojando a los campesinos de sus tierras que pasaron a engrosar la vasta extensión de cultivos de banano aprovechable por Chiquita Brown, años más tarde condenada en el propio Estados Unidos por apoyos económicos y logísticos a las fuerzas paramilitares del Urabá.

Siempre es grande la diferencia entre uno y otro; y si fuera menester tragarse el sapo, haría más por Chávez que por Uribe, antes de vomitarme.

LA CONDENA A FUJIMORI

2009-04-09T14:12:00.000-07:00

José Gregorio Hernández Galindo

Dice Mario Vargas Llosa que la sentencia dictada el 7 de abril por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú contra Alberto Fujimori -25 años de prisión por violación de derechos humanos, homicidio y secuestro- "va a servir de vacuna contra futuros dictadores y golpes de Estado¨", y que "toda Latinoamérica tiene que celebrar este hecho porque va a defendernos contra esta epidemia que hemos padecido a lo largo de nuestra historia, que es el autoritarismo, las dictaduras y los caudillos".
Es verdad. No pueden repetirse las "hazañas" tipo Fujimori en ninguno de los países latinoamericanos, en donde los caudillismos y el endiosamiento de dictadores tienden a darse silvestres.
Y me permito añadir: "fujimoris" hay muchos. También hay muchos "montesinos", y todos ellos tienen que ser procesados; responder ante los jueces y los pueblos por sus crímenes; resarcir a las víctimas, y no regresar al poder.
La sentencia del tribunal inca sienta un precedente ejemplar, no únicamente en el país que fue azotado por el auto golpe de Estado, sino en todas partes, pues se trata de una reacción de la humanidad para reivindicar sus derechos esenciales.
Ojalá todos los tribunales de América lo tengan en cuenta y asuman sus funciones con renovados bríos. Se nos ha notificado acerca de que la justicia puede alcanzar a los más poderosos. Nadie, en ningún Estado, está exento de responsabilidad penal por sus actos ni por sus omisiones. La investidura presidencial -que en nuestras democracias se ha convertido en signo monárquico- no constituye blindaje frente a los jueces.
Ahora bien: los crímenes de Estado -a la inversa de lo que proclama nuestro Gobierno- también son crímenes, y sus autores merecen castigo, inclusive con mayor drasticidad, ya que aprovechan el monopolio de la fuerza -concebido con otros fines- y se pone a disposición de intereses oscuros y de pasiones inconfesables.
La Corte peruana halló responsable a Fujimori por crímenes de lesa humanidad en calidad de autor mediato, es decir intelectual -el que está detrás de los criminales que obraron directamente-, en los casos de matanzas ocurridas en 1991 y 1992 en Barrios Altos y en la Universidad de La Cantuta, en donde fueron asesinadas quince y diez personas respectivamente. ¿Qué se hará en Colombia con los autores intelectuales de los "falsos positivos"?
El fallo de los magistrados peruanos resalta que el fin no justifica los medios, como lo proclaman muchos en Colombia. La lucha contra el terrorismo no es "patente de corso" para cometer crímenes de lesa humanidad, ni para coartar los derechos y las libertades.
Ahora los amigos de Fujimori -y su hija Keiko, que quiere ser Presidente para concederle el indulto- se quejan de que ha sido condenado "el hombre que pacificó al país"; el que "acabó con el terrorismo". Pues no. Ese argumento debe rechazarse por antijurídico, por inhumano y por antiético.

CONTROL CONSTITUCIONAL INEFICAZ

2009-02-22T05:22:00.000-08:00

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

La función del control constitucional, que es corolario del principio fundamental de la supralegalidad e intangibilidad de la Constitución, tiene que ser efectivo, por su misma definición. No puede ser teórico, inoficioso o vago, y menos aún convertirse en rey de burlas.

La función del control constitucional, que es corolario del principio fundamental de la supralegalidad e intangibilidad de la Constitución, tiene que ser efectivo, por su misma definición. No puede ser teórico, inoficioso o vago, y menos aún convertirse en rey de burlas.
Aunque la Corte Constitucional, al proferir una sentencia sobre hechos ya ocurridos, ejerce un magisterio moral que le permite trazar las directrices jurisprudenciales que hacia el futuro deban tenerse en cuenta al resolver sobre casos similares -pues aun en ese tipo de fallos la Corte interpreta la Constitución-, lo cierto es que el sistema de control estatuido y el concepto mismo de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución únicamente tienen sentido cuando en efecto los fallos de constitucionalidad logran que los valores, principios y normas del Estatuto Fundamental permanezcan indemnes; cuando se preserva el imperio de la Constitución, y cuando se impide eficazmente la vigencia de disposiciones a ella contrarias.
Todo esto lo decimos a propósito del fallo proferido la semana anterior por la Corte Constitucional, mediante el cual se declaró inexequible el Decreto 3929 del 9 de octubre de 2008, que a su vez declaró el Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional para contrarrestar los efectos de un paro judicial.
La decisión de la Corte es congruente con su reiterada jurisprudencia, la cual en síntesis ha sostenido que el Presidente de la República no puede acudir al mecanismo excepcional, ni asumir los poderes consiguientes si existen herramientas ordinarias que le permitan sortear la crisis de orden público. Con mayor razón, es improcedente el Estado de Conmoción Interior, y en consecuencia resulta inconstitucional, si no hay una genuina y probada situación de perturbación grave en el orden público político. No la había en el caso que en esta oportunidad revisaron los jueces constitucionales.
Pero, infortunadamente, la sentencia fue tardía. El Gobierno puso en vigencia la ley marcial para salirle al paso a protestas laborales que habrían podido tratarse, como lo ordena la Carta, por la vía de la concertación. Dictó inclusive normas abiertamente inconstitucionales como las que derogaron y modificaron con carácter permanente disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Mantuvo el Estado excepcional por muchos días posteriores al levantamiento del paro. Produjo el efecto político que quería producir. Y cuando la Corte Constitucional declaró que todo eso era violatorio de la Constitución, la resolución judicial quedó reducida a un documento inaplicable y teórico destinado a los anaqueles de los juristas, pero no logró -como ha debido hacerlo- el efectivo imperio del ordenamiento constitucional.
Por eso, nuestro criterio al respecto sigue siendo el que consignábamos hace unos años en salvamentos y aclaraciones de voto: si el control constitucional no es eficaz para la defensa real de la Constitución, sobra. Es necesario que se prevean disposiciones que hagan prevalecer los preceptos superiores sobre la voluntad transitoria, coyuntural y caprichosa del gobernante. Por ejemplo, consagrar un control previo al cual se supedite la vigencia de los decretos legislativos, o una modalidad de suspensión provisional de normas abiertamente incompatibles con la Carta Política, que impida su entrada en vigencia mientras el proceso se adelanta.

LA MASACRE EN TERRITORIO AWÁ

2009-02-14T12:18:00.000-08:00

José Gregorio Hernández Galindo

La muerte de numerosos indígenas, al parecer a manos de las FARC, en el Departamento de Nariño -ni siquiera se ha podido establecer el número total de las personas asesinadas- corresponde necesariamente, por sus características, a un crimen de lesa humanidad que debe ser denunciado ante el mundo, y que igualmente debe ser objeto de inmediata y completa investigación, con miras al castigo de los delincuentes y al resarcimiento de las muchas familias víctimas de la masacre.

Además, el Estado tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para la preservación en la zona del pleno y total imperio del orden jurídico, pues lo que hasta ahora se aprecia -infortunadamente- es que en ese territorio no gobierna ni domina el Estado colombiano, ni están las fuerzas armadas de la República, sino los integrantes de la organización guerrillera, que en efecto ejercen allí su influjo criminal, sin que se las interrumpa, hasta el extremo de que a estas alturas, varios días después de la masacre, las autoridades colombianas legalmente instituidas no han podido arribar al lugar de los hechos. Entonces, sí hay zonas del territorio colombiano que escapan al control del Gobierno, y es menester que ello se reconozca y se corrija.

Es evidente que ya los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación deben estar trasladándose al sitio de los acontecimientos, debidamente protegidos por la fuerza pública, para efectuar el levantamiento de los cadáveres, para recaudar las pruebas correspondientes e iniciar la cadena de custodia de las mismas y para dar comienzo igualmente a las pertinentes investigaciones con el fin de que este horrendo crimen no quede impune.

En todo esto hay una gran contradicción, que también debe subrayarse: las FARC proponen, en documento conocido ayer, la celebración de un acuerdo humanitario para la liberación de las personas a quienes mantienen secuestradas, y ello es plausible -hacemos votos por que las partes entren en contacto y ojalá muy pronto se llegara a esa solución-, pero de otro lado perpetran un crimen como el de los indígenas, que fuera de constituir una atroz violación de todas las normas y de todos los derechos, resulta incomprensible y absurdo.

No se puede proponer un acuerdo humanitario cuando al mismo tiempo se violan de manera tan flagrante las más elementales reglas que preservan la intangibilidad de la dignidad humana y los derechos de las personas.

Se equivocan de manera grave las FARC cuando, de un lado buscan formas pacíficas de solución al grave conflicto en curso y el cese de una conducta tan vituperable como el secuestro, y de otra parte asesinan de la manera como lo han hecho con los indígenas de la comunidad de los awás.

Este hecho, de dimensiones tan graves desde el punto de vista humanitario, debe ser condenado con toda energía.

UNA DEMOCRACIA "PARTICIPATIVA" EN QUE LA POCA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO HA SIDO MANIPULADA

2009-01-26T17:40:00.000-08:00

José Gregorio Hernández Galindo

Ahora que, con renovados bríos, se vuelve a impulsar la idea de un referendo para reformar la Constitución y permitir una vez más la reelección presidencial -cambiando las reglas de juego, otra vez a mitad de camino-, conviene insistir en la importancia que para la Constitución de 1991 tienen los mecanismos de participación ciudadana y su genuina concepción, que no es precisamente la que hasta ahora ha predominado.
En primer lugar, debe recordarse que una característica primordial del ordenamiento superior que nos rige es precisamente el subrayado en el preámbulo y en el artículo primero de la Carta: Colombia es una democracia participativa.
Ello no tiene una relevancia apenas declarativa o semántica, sino que implica un profundo cambio en los criterios políticos y jurídicos referentes a la soberanía y su ejercicio en la democracia colombiana: no es lo mismo un ordenamiento rígidamente representativo, como el que rigió a la luz de la Constitución de 1886 -en donde los elegidos en el Ejecutivo y en los cuerpos colegiados gozaban de la totalidad del poder, transferido por los ciudadanos en las elecciones- que un sistema a cuyo tenor, aun conservando los elementos básicos de la representación, se proclama el derecho del pueblo a tomar decisiones en forma directa respecto de los más variados asuntos propios del interés colectivo.

Transcurridos casi 18 años de la vigencia de la Constitución, llama la atención el hecho de que justamente el propósito del Constituyente en la materia, entendido como uno de los más importantes rasgos de su obra, haya sido materia de frustración y desencanto; el de menor utilización, o si se quiere, el de más mala suerte en la práctica. La verdad es que buena parte de los mecanismos contemplados en el artículo 103 de la Constitución -plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa, revocatoria del mandato- están en la letra del precepto superior y en la Ley Estatutaria correspondiente (134 de 1994), pero han sido usados tan poco, o con tan poca fortuna, que pudiéramos afirmar, están sin estrenar.

En gran medida podemos atribuir esta circunstancia a la desproporcionada y desconfiada reglamentación de la misma ley, pero también se debe reconocer que quienes se encuentran en capacidad de liderar procesos de esta naturaleza -los gobiernos nacional, departamentales, distritales, municipales; las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, las universidades- han puesto muy poco de su parte para canalizar las energías populares hacia una adecuada utilización de estos mecanismos, y cuando lo han hecho, los resultados no han sido los mejores, por uso inapropiado de la respectiva figura o por dificultades institucionales o políticas, como ocurrió con el referendo de 2003.
Vale la pena, además, insistir en que no ha habido una pedagogía constitucional, y por tanto no existe entre los ciudadanos una conciencia colectiva sobre la importancia de la participación.
Muchos no entienden, por ejemplo, lo que es el referendo, ni sus repercusiones, y piensan siempre que tiene que ver forzosamente con decisiones políticas coyunturales, como la reelección, perdiendo de vista muchos otros aspectos en que sería vital oír directamente la voz del pueblo.
En fin, en una democracia supuestamente participativa, ha habido una muy escasa participación, y los pocos instrumentos participativos que se han usado no han sido en beneficio de los derechos del pueblo sino a favor de propósitos no propiamente populares, y más bien -en una notoria distorsión- el pueblo ha sido manipulado, llevado, dirigido o utilizado. No ha sido el pueblo el soberano.

* * *

(1) Tomado de www.elementosdejuicio.com

EL PATRONO NO ES EL AMO. EL TRABAJADOR NO ES EL ESCLAVO

2009-01-17T06:34:00.000-08:00

Exposición del ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia José Gregorio Hernández Galindo acerca del sentido protector de las normas laborales de orden constitucional y legal, y en torno al genuino concepto del salario mínimo.

SALARIO MÍNIMO Y DISCUSIONES BIZANTINAS

2009-01-06T10:20:00.000-08:00

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

La noticia más reciente en materia de salario mínimo nos dice que los asesores jurídicos del Gobierno, que ya sabemos no son los mejores, concluyeron que “no hay una vía jurídica” para que el Ejecutivo añada a los $496.900,oo ya establecidos para este año la cantidad de $100,oo, con el objeto de llegar a la “monumental” cifra de $497.000,oo –una especie de “panacea”, dentro de la mentalidad del Gobierno, que más parece una burla que otra cosa-.
Se trata de una polémica bizantina que a nada conduce. Aunque se equivocan los asesores, y el Presidente de la República sí tiene –sin ninguna duda- atribuciones para modificar, adicionar o aclarar su propio decreto, lo cierto es que el ajuste de los $100,oo , cuyo valor es insignificante, vendría a ser ofensivo, en cuanto ridículo. Semejante “logro” no podría de ninguna manera beneficiar a quienes reciben el injusto salario puesto en vigencia por el régimen de modo autoritario.
La fijación del salario mínimo por decreto, a falta de acuerdo en la Comisión de concertación que la Carta Política prevé, ha dado lugar a justificada polémica, ya que, en efecto, al no haber sido consideradas todas las variables que inciden en el salario –como el aumento en la productividad, por ejemplo-, se desconocieron los parámetros trazados por la Corte Constitucional con carácter obligatorio en la Sentencia C-815 del 20 de octubre de 1999, además de que, con el mentiroso “reajuste” ha sido violado el principio constitucional de la igualdad (Art. 13 C.P.), y el Gobierno ha transgredido el postulado de la remuneración mínima, vital y móvil contemplado como fundamental en el artículo 53 de la Constitución. Y ha golpeado a quienes debía proteger en forma prioritaria: a las clases menos favorecidas.
Pero, no debemos hacernos ilusiones. Aunque las centrales obreras han anunciado demandas contra el decreto que estableció el monto del salario mínimo, no se ve una posibilidad real de éxito en la batalla jurídica que emprendan.
Antes que todo, debo decir que las eventuales demandas no pueden ser instauradas ante la Corte Constitucional, que no es competente, sino ante el Consejo de Estado, ya que lo acusado sería una acto administrativo del Presidente de la República que no se encuentra en la lista de los asuntos enunciados en el artículo 241 de la Constitución, y no sería una acción contra las normas legales que en abstracto consagran las reglas sobre la materia. Ellas ya fueron estudiadas por la Corte mediante el fallo en mención.
Ahora bien, el trámite en el Consejo de Estado, para una acción de nulidad por inconstitucionalidad, no es propiamente expedito ni corto. Si no se ordena la suspensión provisional –como es muy probable que no se ordene, por no haber un choque prima faciae con normas superiores- , lo que viene es un examen de fondo que sólo tendrá lugar al dictar sentencia, y entonces pasarán muchos meses, y hasta años, antes de que se conozca la decisión definitiva del Consejo de Estado. Ésta –dicho sea de paso- , aun si fuere favorable a la demanda, no significará de suyo un aumento del salario.
Por otro lado, una suspensión o una nulidad que recayeran sobre el decreto harían tan solo que nos retrotrajéramos al salario anterior, en un efecto perverso que haría necesario –a mi juicio- recomenzar el proceso de concertación. ¿Qué pasaría mientras tanto con los salarios?

LA MASACRE DE GAZA: ¿DÓNDE ESTÁN LA ONU Y LOS LÍDERES MUNDIALES?

2009-01-05T05:27:00.000-08:00

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Resulta inconcebible que a estas alturas, cuando hay una masacre en curso frente a los ojos del mundo entero, no se haya producido una acción contundente de las Naciones Unidas –justamente creadas para evitar esta clase de sucesos- , en busca de lograr que cesen las hostilidades en la Franja de Gaza.

Es más, ni siquiera se ha podido obtener una declaración del Consejo de Seguridad pidiendo el cese al fuego, por cuanto lo impidieron los Estados Unidos.

En efecto, el borrador que habían elaborado algunos miembros del Consejo expresaba la seria preocupación de ese organismo por el recrudecimiento de la situación en Gaza, y pedía a Israel y Hamás que detuvieran de inmediato todas las actividades militares. Bien poco habría sido eso frente a la magnitud de lo que acontece, pero habría sido algo: lo máximo que, en su mediocridad, habría podido producir el Consejo de Seguridad de la ONU, que también fracasó en el caso de Irak. Y ni siquiera eso se logró.

Entre tanto, la destrucción y la muerte, a manos del Ejército de Israel, se apoderaron el 4 de enero de la ciudad de Gaza, después de que, en la noche del 3, Israel cumpliera su amenaza de invadir la Franja por vía terrestre, pese a la oposición existente a su acción por parte de ciudadanos de todo el mundo, y sin inmutarse por las advertencias provenientes del mundo árabe, que anuncian todavía más violencia dentro de la retaliación que con seguridad vendrá y que podría ser una nueva intifada.

Los hospitales y centros de urgencias están colapsados, y los israelitas no dejan ingresar a la Cruz Roja. Han disminuido ostensiblemente los alimentos. Se ha cortado la energía eléctrica y se han interrumpido las comunicaciones. Los tanques israelíes y sus vehículos e infantería siguen ingresando a los lugares de habitación y disparando a diestra y siniestra, indiscriminadamente, después de los varios días de bombas y del fuego de artillería que precedió a la invasión terrestre.

En fin, una situación gravísima desde el punto de vista humanitario, que aumenta su crudeza y su crueldad minuto a minuto, y a ciencia y paciencia de los líderes mundiales, entre ellos –claro está- Bush, y también Barack Obama. La actitud de éste resulta incomprensible. Y ya nos anuncia un “cambio”, pero en sus posiciones de campaña.

URIBE: GOBIERNO DE CHOQUE

2009-01-04T05:09:00.000-08:00

Por Octavio Quintero

Este gobierno no razona. Ningún régimen dictatorial sabe razonar, discutir y negociar hasta alcanzar consensos.

Este gobierno es de choque. A la manera como él enfrenta todo problema así habrá que enfrentarlo a él.

Cuánto llevamos diciendo que la última reforma laboral, justificada sobre la base de generar nuevo empleo, fue un despojo (uno de tantos) que el gobierno cometió contra los trabajadores en beneficio de los empresarios que, por tal disposición, vieron incrementar más allá del cien por ciento las utilidades de sus negocios en estos últimos cuatro años.

Esa ley, votada por un Congreso que el gobierno arrastra de la ternilla a punta de zanahoria y garrote, y también por medios no lícitos como el cohecho, contempla una posibilidad de revisión en caso de que sus objetivos no fueran cumplidos, tal como lo propuso en su momento la senadora Piedad Córdoba, esa que tanto detestan los uribistas y muchos doctos ignorantes que se orientan por la corriente de los medios de comunicación de propiedad, y por supuesto, al servicio de los grandes intereses económicos del país.

Y no ha sido posible hacer tal revisión como, por ejemplo, devolver el día laboral a las seis de tarde que esta ley profundizó hasta las 10 de la noche para no pagarle extras a los trabajadores que al menos en un 30 por ciento de toda la fuerza laboral se ocupan en la jornada de 2 pm a 10 pm.

Y, si la clase trabajadora no va al choque este año como tendría que ser, porque es lo que le gusta a un gobierno de choque como el de Uribe, van a ver que otras dos reformas andan buscando entrada en el régimen laboral: la eliminación del salario mínimo y de los llamados “puentes”, o Ley Emiliani, que trasladó a los lunes todos los festivos que en antes se presentaban entre semana. Y dese por seguro que esa reforma se propondrá dejando como laborales los días festivos pasados a comienzos de semana.

Si la clase trabajadora se mantiene pasiva, si las centrales obreras siguen divididas (como parece ser), ahí seguirán produciendo saludos a la bandera, mientras el régimen hunde hasta el cacho las últimas puñaladas a la política laboral de antes de las reformas neoliberales emprendidas en el gobierno de Gaviria, el que nos saludó en el 90 con el más grande sarcasmo que la historia colombiana está en mora de recoger: “Bienvenidos al futuro”.

¿Qué hacen, por ejemplo, las centrales obreras asistiendo todavía a una comisión tripartita que cada año se reúne a hacer el oso, mientras el gobierno espera para dictar un decreto de incremento en el salario mínimo que casi siempre es del orden de lo que proponen los empresarios?

Si las centrales tuvieron dignidad, debieran haberse retirado de ese circo hace años.

Sobre el salario mínimo, qué injusticia que ahora el gobierno sólo reconozca como incremento la inflación causada sin tener en cuenta la productividad que también hace parte de lo justo que debiera reconocerse a los trabajadores en el componente salarial.

¿O es que, alguien podrá explicarnos con razón que el año pasado las empresas colombianas no elevaron en nada su productividad?

Eso, nada más, sería una buena razón para que los dirigentes laborales de este país se pararan en la plaza de Bolívar a reclamar ese derecho, que no gracia como gobierno y empresarios creen, de los trabajadores.

Pero no, tal vez, a nuestros dirigentes laborales no les queda mayor tiempo de ocuparse de estas nimiedades porque los deja el avión con destino a Ginebra, Washington o Nueva York, o qué se yo, en donde mullidas butacas y deliciosos cocteles los esperan a las puertas de la consiguiente reunión.

Sin dirigentes comprometidos hasta los tuétanos con la clase trabajadora, en medio de un gobierno que como el de Colombia juega, y sin disimulo, en el equipo del gran capital, la clase laboral no tiene futuro y, quizás, ni sentido tenga esta nota.

FELIZ AÑO 2009

2009-01-01T05:55:00.000-08:00

CERTIDUMBRES E INQUIETUDES desea a todos sus lectores en Colombia y el mundo un año de prosperidad y paz.
En este año proseguirá nuestra función crítica, bajo una perspectiva de objetividad y verticalidad, acerca de los grandes temas que suscitan polémica, investigación y análisis.
! Felicidades !

PRINCIPIAN LOS AGUINALDOS

2008-12-15T21:57:00.000-08:00

PASEN TODOS UNOS DÍAS DE AGUINALDOS Y NAVIDAD EN PAZ CON DIOS Y CON SUS SEMEJANTES. LA CONCORDIA SÓLO SE CONSIGUE CON BUENA VOLUNTAD.

AGUINALDOS DE PAZ

2008-12-15T21:21:00.000-08:00

CERTIDUMBRES E INQUIETUDES, aprovechando estas fechas -que son de concordia y entendimiento entre los hombres de buena voluntad- convoca a los colombianos a buscar, cada uno en su propia actividad y dentro de sus posibilidades, la paz que tanto anhelamos; no como teoría -como en las marchas inútiles- sino como actitud real; como comportamiento material.
!ALEGRE NAVIDAD ! CON EL ALMA TRANQUILA, Y CON LA CONCIENCIA EN LIMPIO, BUSQUEMOS LA CONFIANZA Y HAGAMOS LA PAZ. LA GUERRA...A NADA BUENO CONDUCE. SÓLO A LA MATANZA Y A LA DESTRUCCIÓN.

EL CONTROL POLÍTICO SOBRE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN

2008-11-28T03:16:00.000-08:00

Por José Gregorio Hernández Galindo

Es necesario destacar la diferencia que existe, en los casos de Estados de Excepción, entre el control político -a cargo del Congreso- y el control jurídico -confiado a la Corte Constitucional-.

En este momento, vigentes como están en forma simultánea dos tipos de estados excepcionales -la Conmoción Interior y el Estado de Emergencia Social-, y revestido el Presidente de la República de las atribuciones extraordinarias que las correspondientes declaraciones implican, conviene recordar algunas de las pautas constitucionales sobre el tema de los controles.

El control político, que corresponde al Congreso -aunque los congresistas no lo recuerdan y parecen haber renunciado a ejercerlo-, exige que haya una confrontación de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, y de la declaración misma, con elementos de tanta importancia como la oportunidad, la conveniencia, la bondad o maldad y la viabilidad de las disposiciones.

Esa modalidad de control debe tener lugar en los términos que la propia Constitución señala: en el caso de la Conmoción Interior, el Congreso, si no se encuentra reunido, debe hacerlo por derecho propio dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado excepcional, y goza entonces de la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. En el caso de la Emergencia, si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República lo debe convocar en el mismo Decreto declaratorio, para los diez días siguientes al vencimiento del término de la emergencia, y debe presentarle un informe sobre las causas que la determinaron y las medidas adoptadas, para que se pronuncie expresamente -hasta por un lapso de treinta días- sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.

En cuanto al control jurídico, la Constitución dispone que, al día siguiente de su expedición, el Gobierno envíe a la Corte Constitucional los Decretos legislativos que dicte en uso de las facultades, para que ella decida, ya no sobre sus aspectos políticos, sino acerca del cumplimiento de los requisitos que la misma Carta exige para la declaratoria del estado de excepción del que se trata, y sobre la constitucionalidad formal y material de tal declaratoria y de las medidas que se adopten. La Corte, en cuanto a los decretos legislativos, debe verificar además la adecuación o conexidad entre las disposiciones dictadas por el Gobierno al amparo de sus atribuciones extraordinarias y los motivos por los cuales se apeló al estado excepcional.

Es bueno que el Congreso tenga presente la existencia de estas normas superiores, y que ejerza su función de control político, toda vez que, en cuanto la Corte Constitucional únicamente se ocupa de los aspectos jurídicos de la asunción de mayores poderes presidenciales, la omisión de las cámaras significa una inaceptable ruptura del equilibrio que debe presidir las actividades estatales, el cual necesariamente exige -como lo dijera hace años el Barón de Montesquieu- la concepción y práctica de frenos y contrapesos entre las ramas del poder público.

TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS

2008-11-21T15:54:00.000-08:00

Intervención del catedrático y ex magistrado de la Corte Constitucional, Dr. José Gregorio Hernández Galindo, respecto a la polémica de la acción de tutela contra providencias judiciales.

SE HICIERON..."LOS DE LAS GAFAS"

2008-11-18T19:14:00.000-08:00

Por José Gregorio Hernández Galindo

Varias observaciones acerca del desbarajuste de las pirámides:

- Las autoridades administrativas, en especial las superintendencias gozaban de facultades suficientes, según la ley vigente, para impedir que personas no autorizadas se dedicaran a la captación masiva y habitual de recursos del público.

- Según el artículo 335 de la Constitución, las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias.

- El Decreto Legislativo 2920 de 1982 dispuso que quien capte dineros del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente incurrirá en prisión de 2 a 6 años, pena que mantuvo el Código Penal, acompañada de multa hasta de 50.000 salarios mínimos. La investigación debía iniciarse de oficio o por solicitud del Superintendente Bancario (hoy Financiero). Pero nada se hizo, ni se movió la Fiscalía, que tenía la noticia criminis de tiempo atrás.

- A medio camino entre la ingenuidad y la búsqueda de fácil ganancia, todos los días se registraban colas inmensas, a ojos vista, frente a las oficinas de las pirámides, para llevarles mansamente los ahorros familiares, o el producto de ventas o hipotecas de bienes de los depositantes, esperanzados en unos rendimientos inverosímiles. Hechos notorios que el Estado no veía. Con seguridad, si la crisis no hubiese estallado la semana pasada, las cosas habrían seguido exactamente iguales.

- El Ejecutivo, previa caída del Superintendente Financiero como chivo expiatorio, y con expreso reconocimiento presidencial de las enormes fallas en que incurrieron los entes encargados del control, decidió declarar el Estado de Emergencia Social, para incrementar las penas; prever el procedimiento de intervención; consagrar como falta disciplinaria de los servidores públicos la inversión en pirámides; tipificar el uso de tarjetas prepago como mecanismo ilícito de captación y buscar, hasta donde sea posible, la restitución a los ahorradores de los capitales invertidos.

- La Corte Constitucional nos dirá si las circunstancias en cuestión, con todo lo graves que eran, correspondían también al carácter de sobrevinientes, según exigencia reiterada de la jurisprudencia, cuando todo era previsible. Y se verá también en la práctica si las medidas adoptadas son efectivas o solamente efectistas.

MEDIDAS DE EMERGENCIA

2008-11-17T15:16:00.000-08:00

DECLARADO EL ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL.

CERRADAS Y SELLADAS OFICINAS E INSTALACIONES DE D.M.G. EN TODO EL PAÍS.

EXPEDIDOS LOS PRIMEROS DECRETOS LEGISLATIVOS.

Informe de LUDOVICO ARIOSTO

El Presidente de la República Álvaro Uribe, con la firma de todos sus ministros, declaró el Estado de Emergencia Social en todo el territorio nacional, con el objeto de hacer frente a la crisis ocasionada por la quiebra de las denominadas "pirámides", que habían venido captando dineros del público sin autorización.
Los primeros decretos legislativos ya fueron expedidos, aumentando las penas aplicables y haciendo no excarcelable el delito de captación masiva e ilícita de recursos del ahorro privado, y otorgando nuevas facultades a las superintendencias.
Desde las primeras horas de la mañana de este lunes 17 de noviembre, la Policía Nacional, siguiendo la orden de intervención de la Superintendencia de Sociedades, procedió a cerrar y sellar las oficinas e instalaciones de la comercializadora DMG, que venía captando, y se tomó posesión de sus bienes, haberes y negocios, con el fin de proteger a los ahorradores y devolverles sus inversiones.
La Presidencia de la República ha expresado:
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto No. 4333 del 16 de noviembre de 2008, declaró el Estado de Emergencia en desarrollo del artículo 215 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 137 de 1994, por la grave alteración del orden social con ocasión de la proliferación de manera desbordada en todo el país, de distintas modalidades de captación o recaudo masivo ilegal de dineros del público.

En desarrollo de la declaratoria del Estado de Emergencia, el Gobierno Nacional expidió cuatro decretos.

El primer decreto (número 4334) define el proceso administrativo de intervención, los nuevos procedimientos que se adelantarán y la toma de posesión con fines de intervención en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollen o participen en la actividad financiera sin la debida autorización estatal.

Igualmente, se definen los procesos para efectuar los inventarios de activos y tramitar rápidamente las solicitudes de devolución presentadas por las personas vinculadas al caso.

Define también los criterios que tendrá en cuenta el Agente Interventor, para la devolución de los dineros entregados por el público a estas firmas captadoras.

Así mismo, este decreto se aplicará a los procesos de devolución de dineros que estaban en poder de ‘Proyecciones D.R.F.E.’.

El segundo (número 4335) decreto concede a los alcaldes obligaciones y facultades de policía para tomar las medidas cautelares, tales como sellamiento de establecimientos y custodia, para suspender de manera inmediata la actividad de captación o recaudo masivo de dineros del público o la realización de actividades no autorizadas. El gobernador, cuando tenga conocimiento, tendrá la obligación de avisarle al alcalde, para que tome las medidas correspondientes.

El tercer decreto (número 4336) redefine las conductas sancionables desde el punto de vista penal, retoma el objetivo de endurecimiento y aumento de las penas para quienes realicen o colaboren con la captación masiva no autorizada de recursos del público. Estas penas oscilarán entre 120 y 240 meses y multa de 50 mil salarios mínimos legales mensuales. Este delito también se convierte en excarcelable.

El mismo decreto establece un nuevo tipo de delito, que señala que quien haya captado recursos del público y no lo reintegre, por esa sola conducta, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, y multa de 133.33 a 15 mil salarios mínimos legales vigentes. Este delito tampoco será excarcelable.

En este último delito, por la falta de devolución de dineros antes de la vigencia de esta norma, los fiscales que conozcan de los procesos podrán aplicar de manera preferente el principio de oportunidad en la devolución de los recursos.

Bogotá, 17 de noviembre de 2008".
*************************************************************************

Usted puede ver los textos de los decretos 4333, 4334, 4335 y 4336 de 17 de noviembre de 2008 en la página de la Presidencia de la República de Colombia, cuya dirección es www.presidencia.gov.co

LIBERTAD DE PRENSA

2008-11-16T06:34:00.000-08:00

Intervención del ex magistrado José Gregorio Hernández Galindo en relación con el tema de la libertad de prensa y la independencia de los periodistas.

LAS "PIRÁMIDES"

2008-11-16T03:28:00.000-08:00

INTERVENCIÓN DEL EX MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO EN TORNO AL DESBARAJUSTE OCASIONADO EN EL PAÍS POR EL DESPLOME DE LAS FAMOSAS "PIRÁMIDES", EN LAS CUALES MILES DE COLOMBIANOS HAN PERDIDO SUS AHORROS

GRAVES CARGOS CONTRA MILITARES FORMULA EL PRESIDENTE URIBE

2008-10-31T05:11:00.000-07:00

Desde El Salvador, en donde asiste a la Reunión Cumbre Iberoamericana, el Presidente Álvaro Uribe la emprendió de nuevo contra integrantes de la Fuerza Pública, dos días después de la purga en virtud de la cual fueron llamados a calificar servicios 27 militares, entre oficiales y suboficiales del Ejército. Uribe dijo que las Fuerzas Militares están penetradas por terroristas y narcotraficantes; que protejen a bandidos; y que cuando se preparan y se van a ejecutar operaciones militares, los primeros en saberlo son los delincuentes, como ocurrió varias veces con las FARC.
En palabras del Presidente, "En este momento hay narcotraficantes que no hemos podido capturar, como 'Cuchillo' y el 'Loco' Barrera. Voy a preguntar: ¿vamos a ser capaces de capturarlos o no? –anunció Uribe-. Y voy a preguntar especialmente a la División del Ejército en Villavicencio si es capaz de capturar al 'Loco' Barrera o si es que lo está protegiendo".
”Infortunadamente -añadió el Jefe del Estado- los terroristas, un día las Farc, otro día los paramilitares, otro día el narcotráfico, han tenido posibilidades de penetrar nuestras fuerzas armadas”, afirmó el presidente Uribe. Y señaló que este gobierno ha logrado muchas cosas pero apelando a una labor de contrainteligencia y con investigaciones administrativas serias para esclarecer la verdad.
Uribe respaldó al Ministro Juan Manuel Santos, cuya renuncia, por el escándalo de los desaparecidos, ha sido solicitada por dirigentes de la oposición, porque está depurando el Ejército.
Escuchando al Presidente ayer, nos preguntábamos si todo esto lo sabe ahora, o como se colige de sus mismas palabras sobre operaciones anteriores, lo ha sabido desde hace tiempo, y por supuesto, si esto último es lo que ocurre, la siguiente pregunta es: “¿Por qué no se habían tomado medidas al respecto? . Más todavía: si el Presidente tiene claro que los militares de Villavicencio no quieren capturar, o que protejen a los narcotraficantes, …¿no sería el caso de aplicar las facultades discrecionales para hacer lo que se hizo en el caso de los falsos positivos?
¿Y por qué los militares responsables de Villavicencio no han reaccionado, al menos que lo sepamos?
Las expresadas sindicaciones son muy graves, en especial por provenir del máximo comandante de las Fuerzas Armadas de la República. Si le creemos al Presidente –y no hay razón para no creerle, o para poner en duda sus palabras-, la delincuencia está incrustada en el Ejército, y en general en la Fuerza Pública. Es decir, nos encontramos en una situación muy similar a la que tiene lugar en México, en donde los narcotraficantes han logrado penetrar a la Policía, a los organismos de Investigación y hasta a la Embajada de los Estados Unidos.
Eso, para cualquier Estado, es desalentador, porque, como dijo la Biblia, “si la sal se corrompe, con qué se salará?. ¿En quién podrá tener confianza la ciudadanía? Adquiere actualidad la frase cómica, pero entre nosotros muy seria, de Roberto Gómez Bolaños en el Chapulín Colorado: “Y ahora, quién podrá defendernos?
Lo que se espera para la semana entrante en Colombia, al regreso del Presidente Uribe, es lógico esperarlo, un gigantesco revolcón en la cúpula y en el cuerpo íntegro de las Fuerzas Armadas. Es necesaria una alta cirugía, urgente. Y todo parece indicar que la practicará el Presidente Uribe.

REMEZÓN: 25 DESTITUÍDOS EN EL EJÉRCITO COLOMBIANO

2008-10-29T17:29:00.000-07:00

RESQUEBRAJADA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.
PURGA HISTÓRICA POR DESAPARICIONES
Por José Gregorio Hernández Galindo

Como en otro lugar de esta página se informa, esta mañana bien temprano, en rueda de prensa presidida por el Jefe del Estado, Álvaro Uribe Vélez, con participación del Ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, y del Comandante de las Fuerzas Militares, General Freddy Padilla de León, se anunció que, previa investigación administrativa interna llevada a cabo por una Comisión Especial, fueron llamados a calificar servicios veinticinco miembros del Ejército, entre los cuales se cuentan diecinueve oficiales, tres de ellos generales de la República, por el caso de las desapariciones de jóvenes en Bogotá, Soacha y otros lugares, y que después aparecieron reportados como muertos en combate.
Las destituciones, en cuanto a los militares afectados, se pueden discriminar así: tres generales, once coroneles, tres mayores, un capitán y un teniente, así como a seis suboficiales.

El General Freddy Padilla De León, Comandante de las Fuerzas Militares, manifestó que los oficiales y suboficiales afectados por la decisión pasarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en el aspecto de la investigación penal, y de la Procuraduría General, en la cuestión disciplinaria, para que respondan si son hallados culpables por los hechos criminales que se les imputan.
Aunque todavía no hay condenas que permitan, en el caso de cada uno de los destituidos, desvirtuar la presunción de inocencia, lo cierto es que si el Gobierno se ha visto precisado a adoptar semejante decisión –desde luego, valerosa- es porque algo muy grave ha ocurrido; se han puesto al descubierto unos hechos criminales ligados entre sí –todo parece indicar- por un mismo designio siniestro. Un monumental escándalo en materia de Derechos Humanos, de imprevisibles consecuencias para el prestigio internacional de Colombia, que puede equipararla a los regímenes más salvajes, y que –por supuesto- tenía que ser desenmascarado por el propio Ejecutivo, para neutralizar siquiera en parte sus efectos demoledores.
Si ha ocurrido lo que todos tememos -es decir, que en distintas localidades pobres del país hayan sido reclutados jóvenes necesitados, algunos con problemas mentales, para ser llevados mediante promesas, o por secuestro, a zonas de actividad militar, cobardemente asesinados y posteriormente presentados como miembros de grupos subversivos caídos en combate-, toda la estructura de la política de seguridad democrática es hueca y falsa; con ella, el primer engañado ha sido el Presidente Uribe; y, con él, toda la sociedad, que ha venido confiando en su Ejército. Los positivos han sido falseados, no por cualquier procedimiento, sino mediante el crimen.
Se ha tratado, por si fuera poco, de verdaderos crímenes de lesa humanidad, cometidos en contra de muchachos indefensos, aprovechando sus difíciles condiciones económicas, a los cuales –además- se los ha señalado post mortem como delincuentes, y se los ha enterrado en fosas comunes. Habrían podido permanecer desaparecidos para siempre, sin importar la angustia de sus familias, de no haber sido por hallazgos milagrosos, por datos que, relacionados con las desapariciones, y por coincidencias, llamaron la atención del país, merced a la actividad de los medios.
¡Terrible asunto ¡. La Fiscalía, los jueces y la Procuraduría tienen la palabra.

PUERTA A LA PAZ Y AL ACUERDO HUMANITARIO

2008-10-28T17:19:00.000-07:00

Las FARC responden a intelectuales
Por José Gregorio Hernández Galindo

Una buena noticia, en lo relativo a la interminable lucha de Colombia por llegar a un Acuerdo Humanitario y por lograr la paz, es la respuesta, muy optimista, de las FARC a la propuesta que mediante reciente carta habían enviado al Secretariado de esa organización guerrillera más de 150 intelectuales colombianos.

Se trata de una idea, fundada en el propósito genuino de alcanzar acuerdos mediante el diálogo, por considerar que la solución armada no es el camino, al menos si no se quiere sacrificar a muchos compatriotas.

Esta es una guerra cruel y exageradamente prolongada, cuando el país necesita soluciones efectivas y prontas, tanto para la liberación de quienes permanecen secuestrados como para la paz misma, empeño en el que no podemos claudicar.

Transcribo las dos comunicaciones:

La carta de los intelectuales dice:
"Bogotá DC., septiembre 11 de septiembre de 2008

Señores miembros del Secretariado:

La solución de la crisis múltiple que aqueja a la sociedad y al Estado colombianos demanda una juiciosa reflexión así como la participación de los distintos sectores expresados en la sociedad civil y de aquellos actores comprometidos en el conflicto interno armado, social y político que agobia al país, con el objeto de evitar daños a la institucionalidad y propiciar la construcción de una democracia plena con justicia social y paz en la que quepamos todos.

En tal virtud, nuestra aspiración es la de trabajar por desbloquear los caminos que conduzcan a la concreción de un Acuerdo Humanitario que permita la liberación de secuestrados y prisioneros en poder de la insurgencia armada de las FARC y, al propio tiempo, la libertad de los presos de esta guerrilla bajo la jurisdicción del Estado.

Comprendemos que una alternativa diferente al entendimiento político para celebrar un Acuerdo Humanitario y facilitar una salida negociada al conflicto entrañaría el padecimiento de importantes sectores de la población, el inminente peligro para la vida de los cautivos que están en la selva, la degradación de la guerra, y el estímulo a la militarización y al autoritarismo y debilitamiento institucional del proceso político nacional.

El escalamiento de la confrontación ha desbordado la geografía nacional e impacta territorios de países hermanos con diversos hechos de violencia institucional que han puesto en dificultades las relaciones diplomáticas de nuestro país.

No obstante, tenemos la certeza de que los presidentes y jefes de Estado de pueblos hermanos en el hemisferio y de los denominados países amigos europeos concurrirán de manera solidaria a apoyar los procesos de diálogo que estamos proponiendo.

Por las razones expuestas y con el ánimo de emprender desde ahora la búsqueda de soluciones a favor de la paz de Colombia y el sosiego de los seres humanos afectados por el conflicto, de manera cordial los invitamos a desarrollar un diálogo público a través de un intercambio epistolar mediante el cual ustedes, nosotros y en general la sociedad colombiana, podamos identificar los elementos que permitan definir una agenda que esclarezca las rutas en las que sería posible un entendimiento, en aras del anhelado acuerdo humanitario.

Consideramos que ya existe una apreciable corriente de opinión que favorece la promoción de factores contrarios a la solución armada y que está en condiciones de colocar los referentes apropiados para generar una controversia democrática sobre los temas de la paz y de la guerra en Colombia, con el fin de propiciar la convivencia pacífica dentro de una nueva ética social.

Piedad Córdoba Ruíz, Medófilo Medina, Fabio Morón Díaz, José Gregorio Hernández, Víctor Manuel Moncayo, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Angulo Bossa, Daniel Pecaut, Consuelo González de Perdomo, Luís Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuellar, Alfredo Molano B, Javier Darío Restrepo, Daniel Samper Pizano, Gustavo Álvarez Gardeazabal, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Iván Cepeda Castro, Raúl Alameda O, Florence Thomas, Alpher Rojas Carvajal, Rocio Londoño Botero, León Valencia A, Jorge Enrique Botero, Consuelo Ahumada, Marleny Orjuela, Fabiola Perdomo E, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Claudia Rujeles Flórez, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco P, Marc Chernick, Gabriel Izquierdo S.J., Gloria Cuartas, Fernán González S.J., José Gutiérrez, Juanita Barreto G, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Juan Sebastián Lozada P, Álvaro Camacho Guisado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Alberto Cienfuegos, Ricardo Bonilla G, Leopoldo Múnera Ruíz, Renán Vega Cantor, Ciro Quiroz, Carlos Lozano Guillen, Jairo Maya Betancur, Ricardo García Duarte, Jorge Gantiva S, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Gloria Polanco, Apecidez Álviz F, Carlos A. Rodríguez Díaz, Venus Albeiro Silva, Andrés Felipe Villamizar, Arlen B. Tickner, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Nuñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Oscar Mejía Quintana, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Carlos Medina Gallego, Diego Otero Prada, Rubén Darío Florez, Darío Villamizar H, Luís Fernando Medina, Santiago Araoz F, Fabian Acosta, Alonso Ojeda Awad, Jimmy Viera, Efraín Viveros, Mauricio Rojas Rodríguez, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada G, Moritz Akerman, Ricardo Montenegro V, Santiago Vásquez L, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Hollman Morris, Reinaldo Ramirez García, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros C, Jaime Caicedo T, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luís Alberto Ávila A, Olga Amparo Sánchez, Norma Enríquez R, Orsinia Polanco, Caterina Heyck, Guillermo Silva, Luís Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Pilar Rueda, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos C, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez M, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Darío Morón Díaz, Carlos Rosero T, Maria Eugencia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizabal, Edgar Martínez C, Esperanza Márquez M, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda R, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Fructuoso Arias, Gabriel García B, Gabriel Ruiz O, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo A, Gustavo García, Hernán Cortéz A, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán A, Luís Eduardo Salcedo, Luís Jairo Ramírez H, Mario Santana, René Antonio Florez C, Sara Leukos, Víctor José Pardo, Pepe Sánchez, Claudia Rujeles de Jara, Marta Arango de Lizcano, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto, siguen firmas... ".
La respuesta de las FARC, divulgada hoy por ANNCOL señala:
"Montañas de Colombia, octubre 16 de 2008

Respetados Compatriotas:

Con beneplácito hemos recibido su misiva de septiembre que invita a explorar colectivamente caminos hacia la paz alejados del actual rumbo gubernamental de guerra perpetua que significa persistir en el imposible de una solución militar a los problemas políticos, económicos y sociales que subyacen en el cruento conflicto que estremece al país.

Saludamos el florecimiento de una corriente de opinión que se aparta del falso triunfalismo y de los parámetros de la solución guerrerista a los grandes problemas nacionales. No dudamos del éxito de su gestión porque coincide con el sentimiento y el anhelo de paz de las mayorías.

Esta carta es ya el comienzo del Intercambio Epistolar que nos proponen para discutir en torno a la salida política del conflicto, el canje humanitario y la paz. Participaremos de cara al pueblo en un diálogo con amplitud y franqueza, sin dogmatismos, sin sectarismos y sin descalificaciones sobre los temas que sugieren. Es necesario esforzarnos en procurar la vinculación de la mayor cantidad posible de organizaciones políticas y sociales y de personas independientes.

Nuestra disposición a explorar posibilidades hacia el canje humanitario y la paz con justicia social que es hoy el clamor y la necesidad más urgente y sentida de toda la nación, continúa invariable. La liberación unilateral de seis ex congresistas en el pasado reciente, entregados al Presidente Hugo Chávez y a la senadora Piedad Córdoba, buscaba crear condiciones y ambientes propicios al canje de prisioneros en poder de las partes contendientes. Este hecho es testimonio fehaciente de voluntad política.

Muy respetuosamente sugerimos, paara reforzar este nuevo emprendimiento, tener en cuenta la man! ifiesta disposición de la gran mayoría de Presidentes latinoamericanos para contribuir con sus esfuerzos en el proceso de intercambio humanitario y paz.

La inmensa bandera de la paz con justicia social deberá ondear definitivamente, libre, bajo el cielo de Colombia. La guerra eterna contra el pueblo que nos quieren imponer para perpetuar la injusticia no puede ser el destino de la patria.

Reciban nuestro saludo cordial.
Compatriotas,

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, octubre 16 de 2008"

¿SEGUIMIENTO OFICIAL A POLÍTICOS DE OPOSICIÓN?

2008-10-22T06:45:00.000-07:00

Las graves denuncias de Gustavo Petro
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

La del Senador Gustavo Petro no es una simple denuncia -de esas que se formulan todos los días, sin pruebas-. Esta es una denuncia probada con documentos oficiales, en los cuales se demuestra que hay una orden impartida por un funcionario del DAS, existente y en ejercicio, para seguir y vigilar a dirigentes de un partido político y para informar sobre sus actos, contactos, reuniones y relaciones.
El documento, altamente comprometedor, es del 20 de agosto, está firmado por el Coordinador de Asuntos de Inteligencia Política del DAS, y ordena enviar la información disponible relacionada con las actividades de Gustavo Petro Urrego, Senador del Polo Democrático Alternativo. Pide informes sobre vínculos o nexos con organizaciones al margen de la ley; contactos con personas que se presenten como testigos para declarar contra el Gobierno, entre otras cosas.
Como puede verse, esto es más que un espionaje telefónico, pues cobija, además de interceptaciones de esa índole, la correspondencia y la vida diaria de la persona contra la cual se ordena el seguimiento.
Es algo que va mucho más allá de la ilícita intromisión de los republicanos en la campaña demócrata -caso Watergate-, que condujo a la estrepitosa caída del ex presidente de los Estados Unidos Richard Nixon.
No sabemos si, como dice Petro, esta es una orden del Presidente de la República. O si, como alega la Directora del DAS, ella no ha impartido orden alguna en el expresado sentido.
¿Pero, entonces, de dónde proviene? No lo explica en absoluto la funcionaria, ni hay -hasta el momento de escribir estas líneas, justificación alguna del Ejecutivo.
Estamos ante una grave violación de la libertad política, del debido proceso, del derecho a la intimidad, del derecho a no ser investigado sino por orden judicial, que es lo propio de un sistema democrático.
Un organismo de inteligencia carece en Colombia de facultades judiciales. No puede seguir, ni rastrear las actividades de las personas, menos aún las de directivos o miembros de los partidos políticos. Eso es propio de regímenes policiacos establecidos por las dictaduras. Hitler, Stalin, Pinochet, Videla,...! claro!.., pero resulta extraño y grotesco en un Estado Social y Democrático de Derecho.
La garantía constitucional reside, precisamente, en que únicamente los jueces y fiscales, de acuerdo con la ley, en el ámbito de sus competencias y en el curso de un proceso judicial, están autorizados por la Constitución para ordenar investigaciones, interceptaciones, seguimientos o privaciones de la libertad.
Lo otro -lo del caso que nos ocupa- es un abuso y un delito, que deben ser investigados y esclarecidos cuanto antes, para salvaguarda de nuestra democracia.
El Gobierno es el primer interesado en sancionar a los responsables y en aclarar las cosas, para que no lo confundan con una dictadura.

LAS LLAMADAS MALÉVOLAS DE McCAIN

2008-10-18T11:40:00.000-07:00

Una reacción en contra, por parte del público norteamericano, ha provocado el sistema publicitario que, en forma desesperada -ante los resultados de los debates y las encuestas- ha decidido poner en práctica el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, John McCain, contra su oponente, el aspirante demócrata Barack Obama.
La reacción ha sido tal que voceros del partido del propio McCain, y por supuesto los del Demócrata, han solicitado con gran disgusto al senador republicano que retire de inmediato esa forma desleal de propaganda.
El sistema ha sido denominado "robollamadas": los llamados telefónicos automáticos que asocian a su rival demócrata Barack Obama con un elemento radical de la década de 1960.

En la página Chron.com, del 18 de octubre, puede leerse:
"Los llamados automáticos en Maine, Nevada y otros estados dicen que Obama "ha trabajado estrechamente con el terrorista nacional Bill Ayers, cuya organización bombardeó el Capitolio, el Pentágono, el hogar de un juez y mató estadounidenses". El cargo es engañoso: los ataques dinamiteros, que ocurrieron hace más de 35 años, no mataron a nadie, y el grupo no se atribuyó responsabilidad por el ataque a la casa del juez.

En Nevada, un volante de cuatro páginas distribuido esta semana por el Partido Republicano estatal también alude a la pasada relación de Obama con Ayers, ex líder del grupo Weather Underground.

Califica a Ayers _hoy profesor universitario_ de "terrorista, radical, amigo de Obama", y presenta varias imágenes de Obama y Ayers.

El líder de la mayoría en el Senado Harry Reid, demócrata por Nevada, y la senadora Susan Collins, republicana por Maine, hicieron el viernes sendas exhortaciones a McCain por las llamadas automáticas. Collins enfrenta una dura competencia por la reelección y es copresidenta de la campaña de McCain en Maine.

"Ese tipo de tácticas no tiene lugar en la política de Maine", afirmó el portavoz de Collins, Kevin Kelley. "La senadora Collins exhorta a la campaña de McCain a detener esos llamados inmediatamente".

Reid dijo a la prensa en una conferencia de prensa estar sorprendido de las tácticas empleadas por la campaña de McCain y comentó: "No puedo creer que John McCain sepa lo que sucede".

La campaña de McCain dice que los avisos están justificados debido a que la conexión de Obama con Ayers _los dos se conocieron muchos años después que concluyeron las actividades de Ayers contra la guerra de Vietnam_ plantea dudas sobre el buen juicio y antecedentes del candidato demócrata.

"Esta es una asociación altamente cuestionable", dijo el vocero de McCain, Rick Gorka.

Obama ha condenado las actividades radicales de Ayers, que ocurrieron a fines de la década de 1960 y en la de 1970, cuando Obama era un niño. En el debate del miércoles con McCain, Obama dijo que Ayers no tuvo nada que ver con su campaña presidencial.

Ayers, profesor de educación en la Universidad de Illinois en Chicago, vive en el vecindario de Obama en Chicago. En 1995, organizó una sesión en su hogar cuando el joven graduado de derecho en Harvard se preparaba para postularse al Senado de Illinois. Los dos trabajaron también con dos organizaciones caritativas sin fines de lucro en Chicago".

RETIRADO PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA

2008-10-15T03:58:00.000-07:00

Tras una reunión de cuatro horas en la Casa de Nariño, entre el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, y los miembros de la Comisión Primera del Senado que pertenecen a la coalición uribista, se decidió retirar el proyecto de reforma a la administración de justicia que se venía discutiendo.
La razón: varias semanas de deliberación sin que los congresistas hubiesen llegado a soluciones sobre conflictos de interés e impedimentos, los cuales iban a cobijar a numerosos integrantes de la Comisión, por causa de los procesos judiciales que cursan en su contra, como ya lo habíamos apuntado en esta página.
Debe recordarse que conceptos recientemente emitidos por el Consejo de Estado habían manifestado que, ante los conflictos de interés, los congresistas estaban en la obligación de manifestar los impedimentos, so pena de pérdida de investidura.
De otro lado, el proyecto no contaba con el apoyo de las corporaciones judiciales. Recibió muchas críticas tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, por no resolver los problemas reales de la administración de justicia; por pretender sacar de la Corte la investigación de los congresistas, y por su marcada improvisación.
El anuncio sobre el retiro del proyecto lo hizo el propio Presidente de la República, quien manifestó que ahora todas las energías se dedicarán al proyecto que garantice la descongestión de la justicia para el año 2010, en una ley que deberá incluir las nortmas de los decretos de conmoción interior dictados en estos días y otras que eñl Ejecutivo prepara.

ENFOQUE CONSTITUCIONAL SOBRE ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR

2008-10-13T17:07:00.001-07:00

Intervención del Director de CERTIDUMBRES E INQUIETUDES, y de la revista ELEMENTOS DE JUICIO, ex magistrado José Gregorio Hernández Galindo, acerca del recientemente declarado Estado de Conmoción Interior, como respuesta del Gobierno colombiano al paro judicial.

REOCUPACIONES DE LA SIP POR LIBERTAD DE PRENSA

2008-10-13T06:35:00.000-07:00

Informe de Ludovico Ariosto

Desde Madrid se informa que la 64ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha consignado en un documento final su especial preocupación por las formas de obstaculización y cercenamiento de la libertad de prensa en los países iberoamericanos.
En las conclusiones de la Asamblea, cuya 64 reunión, con la presencia del Rey Juan Carlos de Borbón y del Presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, se llevó a cabo en Madrid, la SIP aludo a un preocupante aumento de la violencia física contra periodistas y atentados contra medios, como los asesinatos de ocho periodistas en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela. También menciona un deterioro en las relaciones de algunos gobiernos con los medios de prensa y del uso inapropiado de la publicidad oficial para presionar y discriminar a medios de difusión.

El informe hace referencia a casos como decisiones de la Justicia brasileña que dan lugar a condiciones de censura previa, actitudes agresivas del gobierno ecuatoriano contra periodistas y, en Venezuela, la expedición de un decreto de Hugo Chávez que faculta al gobierno para expropiar empresas privadas, incluyendo medios de difusión. En relación con Argentina, la SIP advierte que en 2008 han persistido las actitudes agresivas por parte del Gobierno contra medios y periodistas, especialmente durante el conflicto agrícola.
En fin, el documento deja constancia sobre un estado de cosas que afecta el ejercicio de derechos fundamentales, en particular la libertad, y que pone de relieve las actitudes autoritarias de gobiernos que se molestan por el libre flujo de las informaciones y del pensamiento, así como por las opiniones independientes.

FIDEL CASTRO SE REFIERE A LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS

2008-10-12T06:55:00.000-07:00

Bajo el título "La ley de la selva", Fidel Castro ha dedicado su última reflexión en www.cubadebate.cu al proceso electoral norteamericano que habrá de culminar el próximo 4 de noviembre y que decidirá entre el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain.
El texto de Castro es el siguiente:
"El comercio dentro de la sociedad y entre los países es el intercambio de bienes y servicios que producen los seres humanos. Los dueños de los medios de producción se apropian de las ganancias. Ellos dirigen, como clase, el estado capitalista y se ufanan de ser los impulsores del desarrollo y el bienestar social a través del mercado, al cual se rinde culto como dios infalible.

Dentro de cada país es la competencia entre los más fuertes y los más débiles, los de más vigor físico, los que se alimentan mejor, los que aprendieron a leer y escribir, los que fueron a las escuelas, los que acumulan más experiencia, más relaciones sociales, más recursos, y los que carecen de esas ventajas dentro de la sociedad.

Entre países, los que tienen mejor clima, más tierra cultivable, más agua, más recursos naturales en el espacio en que les tocó vivir cuando no existen más territorios que conquistar, los que dominan las tecnologías, los que poseen más desarrollo y manejan infinitos recursos mediáticos, y los que, por el contrario, no disfrutan ninguna de estas prerrogativas. Son las diferencias a veces abismales entre las que se califican como naciones ricas o pobres.

Es la ley de la selva.

Las diferencias entre las etnias no existen en cuanto se refiere a las facultades mentales del ser humano. Es algo más que probado científicamente. La sociedad actual no fue la forma natural en que evolucionó la vida humana; ha sido una creación del hombre ya mentalmente desarrollado, sin la cual no se puede concebir su propia existencia. Lo que se plantea es, por tanto, si el ser humano podrá sobrevivir al privilegio de poseer una inteligencia creadora.

El sistema capitalista desarrollado, cuyo máximo exponente es el país de naturaleza privilegiada adonde el hombre blanco europeo llevó sus ideas, sus sueños y sus ambiciones, se encuentra hoy en plena crisis. No es la habitual cada cierto número de años, ni siquiera la traumática de los años treinta, sino la peor de todas desde que el mundo siguió ese modelo de crecimiento y desarrollo.

La actual crisis del sistema capitalista desarrollado se produce cuando el imperio está próximo a cambiar de jefatura en las elecciones que tendrán lugar dentro de veinticinco días; era lo único que faltaba por ver.

Los candidatos de los dos partidos que deciden en esas elecciones, tratan de persuadir a los desconcertados votantes ―muchos de los cuales no se han preocupado nunca por votar― de que ellos, como aspirantes a la Presidencia, son capaces de garantizar el bienestar y el consumismo de lo que califican como un pueblo de capas medias, sin el menor propósito de verdaderos cambios en lo que consideran el más perfecto sistema económico que ha conocido el mundo; un mundo que, por supuesto, en la mentalidad de cada uno de ellos, es menos importante que la felicidad de trescientos y tantos millones de habitantes de una población que no llega al cinco por ciento de los habitantes del planeta. La suerte del otro noventa y cinco por ciento de los seres humanos, la guerra y la paz, la atmósfera respirable o no, dependerá en gran parte de las decisiones del jefe institucional del imperio, si es que ese cargo constitucional tiene o no poder real en la época de las armas nucleares y los escudos espaciales manejados por computadoras en circunstancias tales que los segundos son decisivos y los principios éticos tienen cada vez menos vigencia. No puede, sin embargo, ignorarse el papel más o menos nefasto que corresponde a un presidente de ese país.

En Estados Unidos existe un profundo racismo, y la mente de millones de blancos no se reconcilia con la idea de que una persona negra con la esposa y los niños ocupen la Casa Blanca, que se llama así: Blanca.

De puro milagro el candidato demócrata no ha sufrido la suerte de Martin Luther King, Malcolm X y otros, que albergaron sueños de igualdad y justicia en década recientes. Tiene además el hábito de mirar al adversario con serenidad y reírse de los aprietos dialécticos de un oponente que mira hacia el vacío.

Por otro lado, el candidato republicano, que cultiva su fama de hombre belicoso, fue uno de los peores alumnos de su curso en West Point. No sabía nada de Matemáticas, según confiesa, y es de suponer que mucho menos de las complicadas ciencias económicas. Sin duda, su adversario lo supera en inteligencia y serenidad.

Lo que más abunda en McCain son los años, y su salud no es en lo absoluto segura.

Menciono estos datos para señalar la eventual posibilidad ―si algo ocurriera con la salud del candidato republicano, si lo eligen― de que la señora del rifle e inexperta ex gobernadora de Alaska fuese Presidenta de Estados Unidos. Se observa que no sabe nada de nada.

Meditando sobre la deuda pública actual de Estados Unidos que el presidente Bush descarga sobre las nuevas generaciones en ese país ―diez mil doscientos sesenta y seis millones de millones―, se me ocurrió calcular el tiempo que tardaría un hombre para contar la deuda que aquél prácticamente ha duplicado en ocho años.

Suponiendo ocho horas de trabajo neto diario sin perder un segundo, al ritmo rápido de cien billetes de un dólar por minuto, 300 días de trabajo al año, un hombre tardaría setecientos diez mil millones de años para contar esa suma.

No encontré otra forma gráfica de imaginarme el volumen de esa suma de dinero que se menciona casi diariamente en estos días.

El gobierno de Estados Unidos, para evitar un pánico generalizado, declara que garantizará depósitos de ahorristas que no rebasen los 250 mil dólares; administrará bancos y cifras de dinero que Lenin, con ábacos, no habría imaginado contabilizar.

Podemos preguntarnos ahora qué aporte hará la administración Bush al socialismo. Pero no nos hagamos ilusiones. Cuando el funcionamiento de los bancos se normalice, los imperialistas se las devolverán a las empresas privadas, como hizo algún que otro país en este hemisferio. El pueblo paga siempre las cuentas.

El capitalismo tiende a reproducirse en cualquier sistema social, porque parte del egoísmo y los instintos del hombre.

A la sociedad humana no le queda otra alternativa que superar esa contradicción, porque de otra forma no podría sobrevivir.

En este momento, el mar de dinero que les lanzan a las finanzas mundiales los bancos centrales de los países capitalistas desarrollados está golpeando fuertemente a las bolsas de los países que tratan de superar el subdesarrollo económico y acuden a esas instituciones. Cuba no posee bolsa de valores. Sin duda surgirán formas de financiamiento más racionales, más socialistas.

La crisis actual y las brutales medidas del gobierno de Estados Unidos para salvarse traerán más inflación, más devaluación de las monedas nacionales, más pérdidas dolorosas de los mercados, menores precios para las mercancías de exportación, más intercambio desigual. Pero traerán también a los pueblos más conocimiento de la verdad, más conciencia, más rebeldía y más revoluciones.

Veremos ahora cómo se desarrolla la crisis y qué ocurre en Estados Unidos dentro de veinticinco días".

LAS AUTORIZACIONES EXTRAORDINARIAS AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

2008-10-11T19:00:00.000-07:00

El siguiente es el texto del Decreto Legislativo 3930 de 2008, que, contrariando lo dispuesto en el artículo 213 de la Constitución, modifica con carácter permanente y hasta deroga artículos de leyes preexistentes:
"REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DECRETO No 3930 DE 2008
( 9 de octubre de 2008 )
Por el cual se otorgan facultades a la Sala Administrativa y
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se
dictan otras disposiciones
El PRESIDENTE DE lA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial
las extraordinarias que le confiere el artículo 213 de la Constitución
Política y en desarrollo de lo previsto en el decreto 3929 del 9 de
octubre de 2008
DECRETA:
CAPíTULO I
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y DISCIPLINARIAS
ARTíCULO 1°. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, nominará y posesionará a los Magistrados, Jueces y
empleados de la Rama Judicial, sin sujeción a las normas de carrera,
con el fin de garantizar la efectiva prestación del servicio público
esencial de Administración de Justicia en el Territorio Nacional.
Parágrafo: Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de
la Judicatura del país, nominarán y posesionarán a los Magistrados,
Jueces y empleados de la Rama'·Judicial, sin sujeción a las normas
de carrera, de conformidad con la delegación que para el efecto
realice la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
ARTíCULO 2°. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, podrá crear, suprimir y trasladar cargos en la
Administración de Justicia, con concepto previo y favorable de la
Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
ARTíCULO 3°, La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura y las Salas Jurisdiccionales de los Consejos
Seccionales de la Judicatura, suspenderán provisionalmente a los
funcionarios y empleados judiciales y a los pertenecientes a la Fiscalía
General de la Nación, salvo las excepciones constitucionales ya
establecidas, una vez oído al servidor judicial que de manera
injustificada se abstengan de cumplir con sus funciones.
Capítulo II
MEDIDAS DE DESCONGESTiÓN JUDICIAL
ARTíCULO 4°, El artículo 334 del Código de Procedimiento Civil, se
adiciona así: "cuando la apelación haya sido concedida en el efecto
devolutivo, el interesado podrá impedir la ejecución de la providencia
impugnada si presta caución que garantice la indemnización de los
perjuicios en caso de no prosperar el recurso. Sólo podrá ofrecerse
caución hasta el momento de la notificación del auto que concede la
apelación y se prestará dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del auto que la fije".
ARTíCULO 5°, El inciso 2° del Artículo 354 del Código de
Procedimiento Civil, quedará así:
La apelación de las sentencias que modifiquen el estado civil de las
personas y las que han sido recurridas por ambas partes se otorgará
en el efecto suspensivo; la de los autos y de las demás sentencias se
otorgará en el efecto devolutivo, salvo disposición en contrario.
Cuando la apelación deba otorgarse en el efecto suspensivo, el
apelante puede pedir que se le otorgue en el diferido o en el
devolutivo; y cuando procede en el diferido, puede pedir que se le
otorgue en el devolutivo, prestando caución, conforme a los criterios
del artículo 40 de este Decreto.
ARTíCULO 6°, Adicionar el artículo 85 del Código de Procedimiento
Civil, modificado por el artículo 10 numeral 37 del Decreto 2282 de
1989, en el sentido de incluir un inciso, así:
"El Juez rechazará de plano la demanda cuando advierta que la
pretensión es manifiestamente infundada".

ARTíCULO 7° Derógase el artículo 39 de la Ley 794 de 2003, que
modificó el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y todas las
normas que establezcan la consulta, salvo lo consagrado para la
acción de tutela.
ARTíCULO 8°. Al artículo 372 del Código de Procedimiento Civil se le
adicionará como último inciso el que sigue:
Procederá el rechazo in límine del recurso de casación por parte del
magistrado sustanciador cuando exista carencia manifiesta de
fundamento de la pretensión casacional o defectos de forma o de
técnica que hagan imposible su examen de fondo.
ARTíCULO 9°. Confiérese a los Notarios competencia para conocer a
prevención, de acuerdo con su Circunscripción territorial, y conforme
con los trámites establecidos en el Código de Procedimiento Civil y las
normas que lo complementan, de los procesos de jurisdicción
voluntaria, y el de adopción que .se regirá en lo pertinente por la Ley
1098 de 2006.
ARTICULO 10a• La Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura establecerá los parámetros para descongestionar los
Despacho Judiciales y la plena implementación del presente decreto.
ARTICULO 11a. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación, suspende y deroga las· disposiciones que le sean
contrarias.
PÚBLlQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., a los 9 OCT 2008

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior de Justicia

(Siguen firmas de los demás ministros)"

TEXTO DEL DECRETO POR EL CUAL SE DECLARÓ LA CONMOCIÓN INTERIOR

2008-10-11T17:45:00.000-07:00

El siguiente es el texto del Decreto 3929, del 9 de octubre, por medio del cual fue declarada la perturbación del orden público, como consecuencia del paro judicial:
"REPUBLICA DE COLOMBIA
• DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DECRETO NÚMERO 3929
(9 de octubre de 2008)
Por el cual se declara el estado de conmoción interior.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que en los términos del artículo 213 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente de la República, en caso de grave perturbación del orden público, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, y la convivencia ciudadana, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior en todo o en parte del territorio nacional y adoptar las medidas necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.
Que la administración de justicia no se encuentra funcionando de manera normal y adecuada, lo cual atenta contra la estabilidad institucional y el normal funcionamiento de la rama jurisdiccional, con grave detrimento del orden público y social,
Que esta situación no permite alcanzar los fines del Estado de servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución y asegurar la convivencia pacífica de los ciudadanos y la vigencia de un orden justo;
Que la Policía Nacional, Dirección de Seguridad Ciudadana, Área de Información Estratégica señala que en los últimos 35 días se han dejado en libertad más de 2.720 personas, capturadas por la sindicación de delitos de homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes entre otros, lo que conlleva a un grave detrimento del interés general, del orden público, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.
Que el Fiscal General de la Nación informó que es inminente la salida de las cárceles, por vencimiento de términos en la definición de procesos penales que se adelantan contra personas sindicadas de delitos relacionados con los trágicos hechos de la toma del palacio de justicia, secuestro y otros graves delitos, lo que constituye factor de perturbación y alteración del orden público, dando lugar a configurar situaciones de impunidad que propician la desprotección de derechos fundamentales, con una inminente desestabilización institucional, que afecta el Estado social de derecho consagrado en la carta política;
Que como consecuencia de la paralización de las actividades judiciales no es posible continuar la investigación de numerosos delitos ante la ausencia de funcionamiento del sistema penal acusatorio, incluyendo la libertad de los autores del secuestro y posterior homicidio del niño Santiago Lozano, ocurrido en la población de Chía.
Que en diferentes casos en los que se ha formulado imputación bajo el sistema establecido en ley 906, continúan corriendo los términos, sin que el Fiscal pueda, dentro de los treinta días señalados por la Ley, formular la respectiva acusación, abriendo la posibilidad para que los delitos tramitados bajo los parámetros de dicha normatividad queden en la impunidad.
Que el Ministerio Público en cabeza del señor Procurador General de la Nación, señaló que en vista de la situación de la administración de justicia en Colombia, la cual se encuentra en un cese de actividades desde hace 37 días y considerando que se trata de un servicio público fundamental cuyo funcionamiento tiene carácter de permanente por mandato constitucional, con el debido respeto solicita sean tomadas por el Gobierno Nacional las medidas de emergencias pertinentes acordes con las atribuciones que otorga nuestra Carta Política, la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y demás normas concordantes.
Que la gravedad de la situación descrita pone en evidente peligro la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana. Estos hechos son expresión inequivoca de desestabilización y atentan de manera inminente contra el normal funcionamiento de las instituciones legítimamente constituidas, el orden público, el acceso normal a la justicia por parte de los ciudadanos.
Que en la actividad judicial y la función de administrar justicia se presentan graves problemas de congestión, impidiendo el acceso a la justicia por parte de la ciudadana para reclamar y hacer efectivos sus derechos.
Que de acuerdo al documento suministrado por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, la administración de justicia presenta más de 120.751 procesos que se han dejado de fallar así como 36.986 decisiones de tutela, la no realización de 25.284
audiencias, incluidas 15.983 audiencias de Control de Garantías.
Que las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía no resultan suficientes para prevenir la salida de las cárceles de delincuentes y terroristas y para conjurar la situación de grave perturbación mencionada, frente a la parálisis judicial, por lo cual se hace indispensable adoptar medidas de excepción,
Que es esencial incorporar al Presupuesto General de la Nación nuevos gastos y adoptar los mecanismos presupuestales y legales adecuados para financiar las nuevas erogaciones que se requieren para afrontar la situación descrita que permita normalizar el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Que es necesario garantizar el normal y adecuado funcionamiento de la administración de justicia el cual se ha afectado y agravado por las consecuencias de la situación existente en el día de hoy.
DECRETA:
ARTíCULO 10. Declarar el Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional, por el término de noventa (90) días, contados a partir de la vigencia del presente Decreto.
ARTíCULO 20. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE,
Dado en Bogotá D.C. a 9 de octubre de 2008

ALVARO URIBE VÉLEZ

FABIO VAlENCIA COSSIO
Ministro del Interior y de Justicia

(Siguen firmas de todos los ministros)"

EL OSCURO CASO DE LOS JÓVENES DE SOACHA

2008-10-11T17:13:00.000-07:00

José Gregorio Hernández Galindo (*)

Los colombianos miramos con preocupación lo que se viene publicando en varios medios acerca del caso, muy característico, de jóvenes desaparecidos en barrios de Bogotá y Soacha, quienes dos o tres días después han sido reportados como “muertos en combate” con el Ejército, en calidad de miembros de grupos delictivos, en Ocaña (Norte de Santander) y en Cimitarra (Santander).

No creemos que estos sean los únicos casos. Muy probablemente esto tiene sus precedentes, y la única diferencia entre situaciones estriba en que ahora hay medios de comunicación que están siguiendo la pista de lo acontecido, a raíz de las extrañas coincidencias.

Que estos casos obedecen a un plan criminal de proporciones mayores, sin que la sociedad colombiana haya tomado conciencia de ello, lo deja ver el descarnado escrito de Alfredo Rangel, aparecido en la Semana bajo el título “Macabros e infames“, en el cual menciona antecedentes muy similares, en Montería, Cimitarra, Sincelejo y Toluviejo. En este último municipio desaparecieron once jóvenes entre julio y agosto de 2007, “y todos fueron fusilados menos de 48 horas después de haber salido de Toluviejo: unos en Chinú, otros en Sincé y otros en El Roble“; agrega Rangel que “miembros del Ejército los presentaron como dados de baja en combate, aunque no hay pruebas atómicas que indiquen que los jóvenes hubieran disparado armas de fuego. Uno de los reclutadores fue capturado, el otro está libre. Dicen que a éstos alguien les pagaba 100.000 pesos por cada joven entregado para ser asesinado. Las amenazas han llovido sobre sus familiares para que retiren las denuncias. El mismo modelo de Soacha“.

La misma revista hace memoria: “El primer caso que encendió las alarmas ocurrió en Barranquilla hace dos años, cuando un hombre que se identificó como informante del Ejército convenció a cuatro muchachos humildes que vivían del rebusque, para que viajaran con él a Córdoba, donde les prometió un buen trabajo. Tres de ellos aparecieron muertos en combate uno o dos días después de que el informante se los entregó a un oficial del Ejército“.

Informa El Espectador del pasado 5 de octubre que, según el Personero de Soacha, sigue latente la estela de horror que sembró la banda de Los Gatilleros de Cazucá, dirigida por un temible delincuente, alias Tomasito, capturado hace un año y recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Dice el diario que en Soacha “el temor impera en la comunidad mientras la Fiscalía busca responsables en un proceso que apenas empieza“.

Si esto no le pone los pelos de punta al más insensible, en Colombia hemos perdido la capacidad de medir, o al menos de intuir la dimensión de las cosas. Aquí hay algo muy grave, que no puede permanecer en la indefinición a que nos tiene acostumbrados la Fiscalía.

De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, entre otros valores, y la Fiscalía está obligada, según el artículo 250 de la Carta, a “adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancia fácticas que indiquen la posible existencia del mismo“. Y dígame alguien si en este caso no hay más que suficientes motivos.

Ahora bien, en mi criterio, de conformidad con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, en cuanto a los militares que puedan estar comprometidos, no cabe el fuero militar, ya que, a todas luces, los terribles hechos objeto de investigación no encajan en dicha figura: sencillamente, no son, ni pueden ser “actos del servicio“, ni guardan relación con él, aunque los solicitantes de cuerpos a quienes se refirió la semana pasada el Ministro Santos estuvieran en servicio, y aunque los hayan pedido para sus falsos positivos. Inclusive sería gravísimo que se admitiera la más mínima relación con el servicio, por ejemplo, si los reclutadores dijeran haber recibido órdenes superiores. Estos son crímenes atroces, y deben ir a la justicia ordinaria.

Ello no obsta para que el Ejército, primer interesado en esclarecer este tenebroso asunto, adelante en su interior las investigaciones que lleven a la identificación de aquellos de sus oficiales, sub oficiales o soldados que puedan estar envueltos en los reclutamientos o en los crímenes.

La Procuraduría también tiene mucho que indagar en este caso. Al Procurador General corresponde, al tenor del artículo 277, numeral 2, de la Constitución, “proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo“. Y a éste le confía el artículo 282 de la Carta Política la función de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, cuya defensa le corresponde especialmente.

El Estado tiene la obligación de escudriñar hasta lo más profundo en esta materia. No se puede contentar con capturar a uno o dos autores materiales, ni con dejar las investigaciones a medio comenzar. Si lo hace, “La mano negra” y la “Triple A” serán cuentos pequeños al lado de lo que, nos tememos, está pasando entre nosotros.

Los ciudadanos no vamos a olvidar el tema, así haya muchas nuevas y arrasadoras noticias que traten de cubrir o de archivar los acontecimientos, dolorosos como pocos para esta democracia de mentiras que se aterra con los secuestros de la guerrilla -desde luego, detestables- pero parece aceptar o contemporizar con los crímenes de otro origen, muchas veces peores.
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(*) Columna publicada en www.razonpublica.org.co, Semana del 6 al 12 de octubre de 2008

EL GRAVE CASO DE LOS JÓVENES LLEVADOS A LA MUERTE

2008-09-28T05:39:00.000-07:00

Informó CARACOL TELEVISIÓN: "Los jóvenes de Bogotá y Soacha presentados como muertos en combate pudieron ser víctimas de las propias FFMM, pues a Juan Manuel Santos le han dicho que aún hay reductos dentro de nuestra fuerza pública que están exigiendo como resultado cuerpos.

Primero fueron 11, luego 19 y ahora son 23 los cuerpos sin vida que se han hallado en zonas rurales del departamento de Norte de Santander y se teme que la cifra siga en aumento.

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación indicaron este viernes que la cifra aumentó tras el hallazgo de otros cuatro cadáveres, que también pertenecerían a personas desaparecidas a comienzos de año en barrios marginales de Bogotá o Soacha.

En un comienzo, las víctimas fueron presentadas por responsables militares como muertos en combates con el Ejército entre enero y agosto de este año.

Sin embargo, algunas autoridades, incluida la secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Clara López, sospechan que los jóvenes fueron víctimas de desaparición forzosa e, incluso, de ejecuciones extrajudiciales.

El Ministro tiene cada vez menos dudas

Al propio ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se le hizo extraño conocer que los muchachos hubieran perdido la vida pocos días después de haber desaparecido, tema que también inquietó al fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, quien inició una investigación.

Aunque el Ejército ha insistido en que eran miembros de grupos armados ilegales que cayeron en combates, designó dos investigadores para aclarar los hechos.

Este viernes, Santos fue más allá y dijo durante una ceremonia de ascensos que ha recibido información sobre reductos dentro de nuestra fuerza pública que todavía están exigiendo como resultado cuerpos.

Yo me resisto a creer que eso sea cierto, señaló Santos que no adjudicó las informaciones a una fuente específica. Me lo han dicho por ahí, indicó.

En ese sentido le recordó a los mandos militares que el Gobierno tiene cero tolerancia con la violación a los derechos humanos.

Preferimos un desmovilizado a un capturado y un capturado a un muerto, resaltó.

El mensaje debe quedar claro en todos los niveles de las Fuerzas Armadas y por ello le ordenó al comandante del Ejército, general Mario Montoya, que lo lleve personalmente a cada división y brigada militar".

La Revista SEMANA, con el título "¿FALSOS POSITIVOS MORTALES?". presenta la siguiente información:

"La preocupación y la vergüenza se reflejaban en los rostros de varios altos oficiales en los pasillos del Ministerio de Defensa la semana pasada. El martes, el ministro Juan Manuel Santos se había adelantado a ordenar una investigación exhaustiva cuando supo que 11 muchachos que habían desaparecido del sur de Bogotá durante este año habían sido reportados como muertos en combate y enterrados en un cementerio veredal en Ocaña, Norte de Santander.

A lo largo de la semana la situación se hizo más grave. Ya no fueron 11 sino 19 los muertos en combate en esta región cuestionados, y se conocieron dos nuevos casos de muchachos que habían sido reportados como desaparecidos y que luego aparecieron como combatientes de grupos irregulares dados de baja.

El temor de que estos extraños casos sean en realidad ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de la Fuerza Pública se sintió en varias instituciones. La secretaria de gobierno de Bogotá, Clara López, dijo que lo ocurrido con los jóvenes muertos fue una “desaparición con fines de homicidio y no un reclutamiento”. El fiscal general, Mario Iguarán, alarmado con la noticia, le pidió a la Unidad de Derechos Humanos que iniciara una investigación. Desde entonces, en el ambiente ha surgido el temor de que se trate de ejecuciones, más que de muertes en combates.

Quizá por eso el propio ministro Santos dijo el viernes ante un auditorio de suboficiales: “Me dicen por ahí que todavía hay reductos dentro de nuestra Fuerza Pública que están exigiendo como resultado, cuerpos. Yo me resisto a creer que esto sea cierto”. Le ordenó al comandante del Ejército, general Mario Montoya, que visite todas las guarniciones militares para llevar claro el mensaje de que la prioridad son las capturas y los desmovilizados.

Tanta preocupación no es gratuita. El tema de las ejecuciones extrajudiciales se ha convertido en el asunto más grave en materia de derechos humanos del gobierno, y aún no se ha encontrado ni la causa ni el remedio para la misma. Y aunque las investigaciones judiciales arrojarán resultados definitivos sobre los hechos más recientes, lo cierto es que en el caso de los muchachos desaparecidos en Bogotá, no se descarta la hipótesis de que hayan sido asesinados.

¿Desaparición con fines de homicidio?

Los jóvenes bogotanos tenían edades que oscilaban entre 17 y 32 años, casi todos eran desempleados o trabajaban en oficios como construcción y mecánica y, según la Defensoría del Pueblo, algunos tenían antecedentes como consumidores de drogas. Eran, en general, muchachos humildes que vivían en la marginalidad de Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá, y Bosa. Del grupo de los 11, el primero en desaparecer fue Faír Leonardo Porras, de 26 años, que trabajaba como ayudante de construcción, quien fue reportado por su familia como desaparecido el 8 de enero. Cuatro días después, el CTI y el Ejército estaban haciendo el levantamiento de su cuerpo, muerto supuestamente en combate. Los segundos en desaparecer, el 13 de enero, fueron Elkin Gustavo Verano, de 25 años, y Joaquín Castro, de 27 años, ambos empleados en un taller de campanas para carros, y amigos inseparables. Según reportes oficiales, habrían muerto en combate el 15 de enero, es decir, dos días después de su llegada.

En un tercer caso, Julio César Mesa, de 24 años, y Johnatan Orlando Soto, de 17 años, que habían sido reportados como desaparecidos el 26 de enero, aparecieron como dados de baja en combate dos días después. Lo mismo le ocurrió un mes después a Julián Oviedo, de 19 años, quien trabajaba en construcción. Más tarde, el 25 de agosto, fueron hallados muertos Diego Alberto Tamayo, de 25 años; Víctor Gómez, de 23, y Andrés Palacio, de 22 años. A estos tres últimos el Ejército los había reportado como miembros de bandas emergentes muertos en combate, y había dicho en su momento que se les había encontrado dos pistolas y una escopeta de repetición. Todos los jóvenes tienen en común que venían del sur de Bogotá y que fueron reportados como guerrilleros o bandoleros dados de baja por la Brigada Móvil XV, con sede en Ocaña. Otros dos de los muchachos, Daniel Pesca y Eduardo Garzón, murieron en jurisdicción de San Vicente de Chucurí.

¿Legalizaciones?

La primera explicación que salió a relucir es que los muchachos fueron reclutados en sus barrios con promesas de trabajo en Norte de Santander o simplemente para vincularse a grupos armados al servicio del narcotráfico. De hecho, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta sobre la presencia de grupos paramilitares y de guerrilla en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, que estaban reclutando, incluso, menores de edad. A favor de esta tesis está el hecho de que algunos de ellos les expresaron a sus familiares que habían recibido ofertas de trabajo.

Lo que deja sin piso esta hipótesis es que, aparentemente, los muchachos prácticamente acababan de bajarse del bus que los traía de Bogotá, cuando ya estaban muertos en combate. Lo normal es que los grupos armados entrenen por lo menos durante unas semanas a los nuevos reclutas, y en este caso eso no parece haber ocurrido.

Fuentes militares aseguran que en Ocaña opera una banda de delincuentes llamada los ‘Rolos’, que ha azotado la región con la extorsión y el boleteo, y que estos muchachos hacían parte de ella y que tenían tenebrosos antecedentes judiciales. Esto es algo que aunque fuera cierto, no explica cómo es que murieron en combate; ni por qué todos murieron y ninguno, por ejemplo, fue capturado. Ninguna fuente ni civil ni de Policía confirmó la existencia de esta banda en esta zona.

La segunda hipótesis sobre lo ocurrido es mucho más delicada. Se trataría de una especie de “limpieza social” en la que se mata a los muchachos –delincuentes, drogadictos o simplemente pobres– y se los presenta luego como combatientes de grupos al margen de la ley. En el lenguaje criminal esto se llama “legalizar al muerto” y es una práctica que infortunadamente algunos militares han usado para mostrar “falsos positivos” y así mejorar sus resultados operacionales, y por esta vía obtener beneficios para su carrera militar.

Curiosamente, a principios de este año el sargento Alexánder Rodríguez, adscrito a la Brigada Móvil XV que opera en Ocaña, había denunciado ante la Fiscalía, la Procuraduría y ante sus superiores del Ejército, que en su batallón les daban cinco días de descanso a los soldados que obtuvieran ‘bajas’ en combate, y denunció que fue testigo de cómo se cometieron homicidios de civiles para luego presentarlos como guerrilleros. El sargento fue expulsado de las Fuerzas Militares aunque sus denuncias están en proceso de investigación.

Pero éstas no son las únicas hipótesis. Los hechos son tan confusos, que la Fiscalía y el Ejército están estudiando caso por caso. Para el gobierno es importante establecer por qué pasó tan poco tiempo entre la denuncia por desaparición, y la muerte. Y por qué curiosamente todos salieron de Bogotá y encontraron la muerte en Ocaña. Un municipio donde en lo corrido del año han sido enterrados 45 N. N. cuyas muertes se atribuyen a los conflictos entre bandas criminales del narcotráfico. Sin embargo, la ubicación de los cadáveres se logró porque el año pasado entró en funcionamiento un sofisticado sistema de información para buscar personas desaparecidas, que cruza las denuncias que se registran en todo el país con los datos que maneja Medicina Legal en cada municipio.

No es el único caso

Lo más preocupante es que el caso de los muchachos de Ciudad Bolívar no es el primero ni el único. Naciones Unidas ya le había expresado al gobierno su preocupación por la desaparición y la muerte de jóvenes pobladores en Montería, Medellín, y en municipios como Toluviejo, Sucre, y Remedios, Antioquia. La entidad internacional dice que en todos los casos existe un patrón común: “las víctimas reciben promesas de trabajo, aparentemente legales o incluso ilegales, para trasladarse a municipios y departamentos distintos a sus lugares de residencia. En la mayoría de los casos, uno o dos días después de haber sido vistos con vida por última vez por sus familiares, resultan reportados como muertos dados de baja en combate”.

Eso exactamente fue lo que ocurrió en Toluviejo, donde desde el año pasado empezaron a desaparecer jóvenes que a los pocos días eran reportados como muertos en combate por tropas de la Fuerza Tarea Conjunta de Sucre. Poco después la Fiscalía pudo probar que un hombre llamado Eustaquio Barbosa les había ofrecido a todos ellos trabajo en una finca en Sampués, Córdoba. Pero nunca llegaron a su destino. Lo grave es que la justicia tiene pruebas de que la mayoría de estos muchachos no murió en enfrentamientos, y no sólo fue detenido Barbosa, sino que están siendo investigados una docena de militares por estos hechos.

En Sucre el problema no termina ahí. Este año el CTI ha exhumado en Sucre y Córdoba los cuerpos de 27 jóvenes que habían sido reportados por sus familiares como desaparecidos.

Como si fuera poco, en Risaralda también se registra un caso similar. En lo que va corrido del año se han denunciado 18 casos de jóvenes que murieron en combate, y que, sin embargo, sus familiares daban por desaparecidos. A esto se suman otros cuatro muchachos de Popayán, cuyos cadáveres aparecieron en Córdoba, en similares circunstancias.

El fondo del problema

El país parece estar enfrentado a dos problemas graves. Por un lado, el reclutamiento de jóvenes que, engañados o no, salen de sus casas hacia otras regiones, y allí encuentran la muerte. Posiblemente porque son usados como carne de cañón por las guerrillas y las bandas criminales que, sin darles entrenamiento, los exponen a enfrentamientos con las Fuerzas Militares.

Sin embargo, en muchos de estos casos se ha probado que no ha habido combates y que los muchachos han sido, simplemente, asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas.

Aunque entre muchos militares se suele calificar las denuncias por ejecuciones extrajudiciales como un arma política de la guerrilla contra las Fuerzas Armadas, el problema es real y mucho más grave de lo que se cree. El gobierno de Estados Unidos y varias ONG nacionales e internacionales le hacen un seguimiento permanente al tema y han encontrado que éstas siguen ocurriendo en muchas regiones del país. Lo que parece más preocupante es que si en el pasado a muchos militares se les acusaba de tener nexos con los paramilitares, desde cuando estos se desmovilizaron, crecieron las denuncias por homicidios cometidos directamente por los uniformados. Llama la atención, por ejemplo, que de los 558 casos que está investigando la Unidad de Derechos Humanos, más de la mitad ocurrieron en 2007. Las brigadas con el peor récord son las de Antioquia, que tienen 155 casos en investigación, y Meta, que tiene 107. Ello, no obstante, aclara Sandra Castro, directora de esta Unidad de la Fiscalía, se debe a que en estos departamentos han hecho un trabajo más exhaustivo los investigadores. Según Castro, en este momento hay vigentes 244 medidas de aseguramiento contra militares, de los cuales cuatro coroneles, dos tenientes coroneles, siete mayores y 23 capitanes, y la mayoría son casos del Ejército.

Pero sumando los casos que hay en todos los juzgados y las fiscalías del país, el número es aun mayor: son 750 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, en las que ya han sido acusados 180 militares, y condenados 50.

Al respecto, el general Freddy Padilla de León le dijo a SEMANA que “el ministro Santos y yo creemos que debe haber cero tolerancia con los actos impropios dentro de las Fuerzas Militares. Creemos en el principio constitucional de la presunción de inocencia de nuestros hombres y guardamos la esperanza de que no sean responsables. Pero si se comprueban conductas indebidas, seremos absolutamente severos”.

De hecho, el general Padilla envió recientemente una directiva a todas las guarniciones militares, en la que establece que las desmovilizaciones y las capturas son los primeros indicadores de éxito que medirán las Fuerzas Militares en adelante, y no las bajas, en un intento de frenar una tradición y una visión errónea que hay en un sector de los militares, que “mide los resultados en litros de sangre”. Un sector de los militares ha entendido que este tipo de “bajas fuera de combate” no sólo lesiona gravemente la legitimidad de la institución militar, sino que son obstáculo para ganar la guerra. En ese mismo sentido, el Ministerio de Defensa diseñó una política de derechos humanos que hace énfasis en el respeto a la población no combatiente. Sin embargo, o bien el mensaje no ha llegado hasta todos los batallones o brigadas, o las sanciones y los controles internos están fallando, y persiste, además de los errores, la falta de castigo a éstos. O porque hay mensajes encontrados y contradictorios en el propio seno de la cúpula militar.

En cualquiera de los escenarios antes descritos, el gobierno tiene razones para estar preocupado. El tema del reclutamiento de jóvenes está disparado y tiene ribetes de emergencia humanitaria. Y el tema de las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de los esfuerzos, persiste y en ocasiones parece que nadie puede controlarlo. Ambos problemas simultáneamente, son un cóctel explosivo".

LOS FALSOS POSITIVOS

2008-09-27T04:54:00.000-07:00

"MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA ESTARÍAN EXIGIENDO CUERPOS": SANTOS

Informó CARACOL TELEVISIÓN: "Los jóvenes de Bogotá y Soacha presentados como muertos en combate pudieron ser víctimas de las propias FFMM, pues a Juan Manuel Santos le han dicho que aún hay reductos dentro de nuestra fuerza pública que están exigiendo como resultado cuerpos.

Primero fueron 11, luego 19 y ahora son 23 los cuerpos sin vida que se han hallado en zonas rurales del departamento de Norte de Santander y se teme que la cifra siga en aumento.

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación indicaron este viernes que la cifra aumentó tras el hallazgo de otros cuatro cadáveres, que también pertenecerían a personas desaparecidas a comienzos de año en barrios marginales de Bogotá o Soacha.

En un comienzo, las víctimas fueron presentadas por responsables militares como muertos en combates con el Ejército entre enero y agosto de este año.

Sin embargo, algunas autoridades, incluida la secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Clara López, sospechan que los jóvenes fueron víctimas de desaparición forzosa e, incluso, de ejecuciones extrajudiciales.

El Ministro tiene cada vez menos dudas

Al propio ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se le hizo extraño conocer que los muchachos hubieran perdido la vida pocos días después de haber desaparecido, tema que también inquietó al fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, quien inició una investigación.

Aunque el Ejército ha insistido en que eran miembros de grupos armados ilegales que cayeron en combates, designó dos investigadores para aclarar los hechos.

Este viernes, Santos fue más allá y dijo durante una ceremonia de ascensos que ha recibido información sobre reductos dentro de nuestra fuerza pública que todavía están exigiendo como resultado cuerpos.

Yo me resisto a creer que eso sea cierto, señaló Santos que no adjudicó las informaciones a una fuente específica. Me lo han dicho por ahí, indicó.

En ese sentido le recordó a los mandos militares que el Gobierno tiene cero tolerancia con la violación a los derechos humanos.

Preferimos un desmovilizado a un capturado y un capturado a un muerto, resaltó.

El mensaje debe quedar claro en todos los niveles de las Fuerzas Armadas y por ello le ordenó al comandante del Ejército, general Mario Montoya, que lo lleve personalmente a cada división y brigada militar".

El jueves último se conocían las primeras y muy fragmentarias informaciones, que se presentaban así en www.elementosdejuicio.com:

Mucha preocupación causa el hecho, poco a poco descubierto en los últimos días, consistente en la aparición, como muertos en combate con el Ejército, en Santander y Norte de Santander, de jóvenes que figuraban reportados como desaparecidos en Bogotá y Soacha.
Al respecto, la Fiscalía General de la Nación ha expedido el siguiente comunicado:
"Bogotá, 24 de septiembre. El fiscal general de la Nación, Mario Germán Iguarán, se refirió al caso de los jóvenes que fueron desaparecidos en Bogotá y Soacha (Cundinamarca), y que fueron reportados como muertos en combate en Ocaña (Norte de Santander) y Cimitarra (Santander).

En principio es una investigación por desaparición de unos jóvenes en Bogotá. Ahora lo que se reporta es un homicidio en combate, por parte del Ejército, de estas personas, explicó Iguarán Arana, quien informó que ya se realizan las labores de exhumación e identificación de los cadáveres para entregarlos a sus familias.

El Fiscal General indicó que este es un caso muy singular y complejo, debido a que los jóvenes fueron reportados como desaparecidos en enero y poco tiempo después, reiteró, aparecieron como muertas en combate.

A los cadáveres de los jóvenes se les practicó una inhumación estatal en la vereda Las Liscas, en cercanías de Ocaña, debido a que ningún familiar reclamó en su momento los cuerpos".
Hasta ahora son 19 los jóvenes desaparcidos en Bogotá y asesinados en Ocaña (Norte de Santander).
El diario EL NUEVO SIGLO informa en su edición de hoy lo siguiente:
"EN TOTAL son 19 los jóvenes que fueron reportados como desaparecidos y aparentemente murieron en combate con el Ejército, en jurisdicción de Ocaña (Norte de Santander).

La cifra es superior en ocho personas a lo informado en un principio y tras conocerse las denuncias de los familiares.
El jefe del ente acusador, Mario Iguarán, señaló que una comisión de fiscales especializados en derechos humanos viajó a la región donde fueron inhumados los cuerpos, para tomar los testimonios de los comandantes militares de la zona y corroborar si realmente los jóvenes fueron muertos en combate.
Así mismo, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, ordenó el envío de una comisión para que adelante las investigaciones de rigor y no regrese a Bogotá hasta que no se establezca las reales circunstancias en que murieron los jóvenes, muchos de ellos dos días después de ser reportados como desaparecidos.
La cifra de inhumaciones dada por Iguarán discrepa con la facilitada por Yebaril Hadad, alcalde de la ciudad de Ocaña, a donde los militares llevaron los cadáveres de esas personas presuntamente muertas en combates librados en los departamentos de Santander y Norte de Santander, desde enero a agosto de este año.
En principio es una investigación por desaparición de unos jóvenes en Bogotá. Ahora lo que se reporta es un homicidio en combate, por parte del Ejército, de estas personas, explicó Iguarán Arana, quien informó que ya se realizan las labores de exhumación e identificación de los cadáveres para entregarlos a sus familias.
El Fiscal General indicó que este es un caso muy singular y complejo, debido a que los jóvenes fueron reportados como desaparecidos en enero y poco tiempo después, reiteró, aparecieron como muertas en combate.
A los cadáveres de los jóvenes se les practicó una inhumación estatal en la vereda Las Liscas, en cercanías de Ocaña, debido a que ningún familiar reclamó en su momento los cuerpos.
Los jóvenes, cuyos cadáveres fueron hallados inicialmente, procedían de zonas deprimidas de la periferia sur de Bogotá y, según los familiares de algunos de ellos, se marcharon de allí en busca de oportunidades de trabajo. Al no tener noticias de ellos después de varios meses, las familias presentaron denuncias por desaparición.
Entre tanto, el Gobierno colombiano reconoció este martes que el Ejército había reportado como muertos en combate a once jóvenes desaparecidos cuyos restos fueron hallados en el nordeste del país.
Las víctimas fueron identificadas como Julio César Mesa Vargas, 24 años; Jhonatan Soto, 17 años; Daniel Pesca Olaya, 27 años; Eduardo Garzón Páez, 32 años; Diego Alberto Tamayo, 25 años; Víctor Gómez Romero, 23 años; Andrés Palacio, 22 años; Sair Leonardo Porras, 26 años; Elkin Verano, 25 años; Julián Oviedo, 19 años; Joaquín Castro Vásquez, 27 años, entre otros".
El caso es muy grave, ya que todo parece indicar que estamos ante una actividad de trata de seres humanos.

LA POLÉMICA POR LA INICIACIÓN DE PROCESOS PENALES CONTRA MÉDICOS POR ATENDER A GUERRILLEROS HERIDOS O ENFERMOS

2008-09-21T12:11:00.000-07:00

Para las autoridades que investigan a varios profesionales por curar a guerrilleros, no se trató de un servicio inocente. Ellos se defienden.

El tema volvió a ser planteado tras la denuncia hecha esta semana por Jorge Merchán Price, que encabeza la organización Médicos Azules.

Merchán sostiene que el acto médico debe estar protegido por el secreto profesional. "Sin importar qué tipo de circunstancias sociales o políticas rodeen al médico y su paciente, esto no puede considerarse una conducta punible, bajo ninguna circunstancia", afirma.

También el ex magistrado José Gregorio Hernández sostiene que los profesionales cuya función y especialidad consiste en preservar la salud y la vida de los seres humanos, están protegidos por normas nacionales e internacionales.

Menciona, entre otras, la ley 171 de 1994, mediante la cual Colombia adoptó el Protocolo II de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional; la Ley de Ética Médica, que defiende el acto médico y el artículo 95 de la Constitución, que eleva al rango de deber la atención humanitaria de personas cuya vida o salud está en peligro.

Además, están los artículos 131, 152 y 153 del Código Penal, referentes a la omisión de socorro, a las condenas a que se exponen quienes incurran en ella y a las penas que caben cuando se obstaculizan tareas sanitarias y humanitarias, en el marco del derecho internacional humanitario.

Basado en esto, Hernández afirma que "si un guerrillero llega al hospital de un municipio y pide ser atendido, el médico no puede negarse a hacerlo. Estos profesionales tampoco están obligados a preguntarles a las personas qué filiación política tienen, o condicionar la asistencia a factores distintos al eminentemente médico".

No obstante, el ex magistrado es claro en señalar que si un médico presta su concurso para la comisión de delitos (cambiar fisonomías de delincuentes o borrar sus huellas dactilares, por ejemplo), tiene que responder ante la justicia. "Lo mismo aplica para los médicos que forman parte del grupo armado ilegal; en ese caso se les juzgaría por eso, no por ser médicos", puntualiza.

El hecho es que en Colombia no pocos profesionales de la salud están en líos con la justicia por haber atendido a miembros de grupos armados ilegales. Y si bien en algunos casos parece claro que se trató de una misión netamente humanitaria, en otros la situación ha dado pie para que la Fiscalía les formule cargos por concierto para delinquir.

Ana María de Brigard, experta en derecho médico, insiste en que es necesario que el Estado ampare el ejercicio de los profesionales en zonas alejadas y de conflicto, donde ellos pueden verse expuestos a coacciones o amenazas.

Considera, sin embargo, que debe hacerse un análisis especial de los casos de médicos que, en forma consciente e informada, celebran un contrato de prestación de servicios con personas al margen de la ley.

"En estas circunstancias deberán asumir las consecuencias, porque no será admisible el argumento de que lo hacen solo motivados por cuestiones humanitarias. Recibir dinero ilícito por un acto lícito no lo convierte en un acto aceptable desde el punto de vista ético", agrega De Brigard.

Denunciar o no denunciar

Quienes critican la defensa del secreto profesional opinan que los galenos deben denunciar a pacientes involucrados en actos criminales.

De hecho, Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, sostiene que el juramento hipocrático y la Ley de Ética Médica son imperativos morales que obligan a atender a cualquier persona, sin importar las circunstancias, pero aclara que " los médicos también tienen el deber de reportar a todo paciente que ha sido víctima de un acto violento".

Y más allá, Juan Mendoza Vega, presidente del Tribunal de Ética Médica, defiende el hecho de que se atienda a quien lo necesite, pero también destaca la obligación que asiste al galeno (como a cualquier ciudadano) de evitar que se cometan delitos.

"Así, que si el paciente es un guerrillero, y cree que avisando dónde está puede evitar un delito, debe avisar a las autoridades".

Por temor, muchos profesionales prefieren callar cuando atienden a un ilegal y en algunos casos esto ha terminado por traerles problemas. En otros, consideran las autoridades, hay claros indicios de encubrimiento.

EL TIEMPO recogió los testimonios de dos médicos hoy encartados judicialmente por haber atendido a guerrilleros. Ellos sostienen que fueron obligados a prestar sus servicios, pero la Fiscalía considera que hay elementos para pensar que actuaron en contra de la ley.

El ortopedista llamado a juicio

El ortopedista Luis Alfredo Moreno García, acusado de rebelión, está preso desde el pasado 19 de febrero. La Fiscalía dice que tiene evidencias de que recibió dinero del 'Mono Jojoy' por operar en campamentos de Meta y Caquetá a guerrilleros heridos en combate, y lo llamó a juicio (junto con el anestesiólogo Alejandro Rico) como presunto integrante de la red de apoyo logístico del frente primero de las Farc. Moreno asegura que viajó a los campamentos convencido de que iba para una brigada de salud. "La Fiscalía me acusa de rebelión, una palabra que no cabe en mi cabeza, porque solo soy un médico dedicado a su profesión y a sus pacientes y no un delincuente", dice.

Ginecólogo dice que prestó servicio obligado después de un secuestro

"El sexto frente de las Farc me secuestró, junto con mi esposa y mi hija, que cursaba último año de medicina. Al cabo de unos días, el comandante me dijo que mi hija se quedaba; me exigieron el pago de 1.500 millones de pesos. Cuando entendieron que no los tenía, me rebajaron la cifra.

Ella se quedó como rehén y nosotros nos fuimos. Reuní toda la plata que tenía, conseguí prestado y completé. Regresé unos días después con el dinero y entonces ellos me pidieron más. Logré que entendieran que había quedado en la quiebra.

Nos dejaron libres, pero yo quedé endeudado. A los dos meses mandaron a una señora, viuda de un guerrillero, para que empezara a cobrarme; yo no tenía, así que traté de llevar por las buenas a esta mujer, que era muy pobre.

Al poco tiempo empezó a pedirme favores, a llevarme familiares para que se los viera.

Yo no estaba en posición de negarme. El primero de diciembre del 2006 las autoridades allanaron mi consultorio y me acusaron de tener un trato demasiado cercano con una integrante de las Farc.

En ese instante sufrí un preinfarto. Me llevaron a Imbanaco, donde permanecí custodiado. Por fortuna los jueces se tomaron el trabajo de analizar el caso, de estudiar mis antecedentes y valorar mi arraigo. Mi proceso está en la etapa de juzgamiento y mientras tanto estoy en libertad condicional".

Marco Julio Velásquez
Ginecólogo con 28 años de ejercicicio".
(Tomado de "EL TIEMPO.com", 21 de septiembre de 2008)

HABRÁ REFERENDO SOBRE REELECCIÓN PRESIDENCIAL

2008-09-13T05:31:00.000-07:00

Por José Gregorio Hernández Galindo
Debemos repetir que una cosa es el mensaje político del Presidente Uribe al Congreso, que indicaría un mayor interés suyo en el trámite de las reformas constitucionales sobre Congreso y justicia –aunque algunos piensan que se trata de una estrategia para, de todas maneras ir a la segunda reelección-, y la obligación que surge para el Congreso de tramitar un proyecto de iniciativa popular. La iniciativa popular –volvemos a decirlo- tiene unas consecuencias constitucionales, incluso por encima de la voluntad presidencial, si ya el proyecto ha sido presentado.
En efecto, debemos distinguir: una cosa sucede si todavía el proyecto no se ha presentado al Congreso, pues en ese momento los ciudadanos que llevan la iniciativa popular pueden aplazar e inclusive, si no quisieran, abstenerse de presentarla, aspecto en el cual la sugerencia presidencial habría tenido efecto, pero un efecto en ellos, para que no presentaran. Y otra cosa muy distinta ocurre si ya –como ha ocurrido- la iniciativa se ha presentado oficialmente, pues en tal caso el curso del proceso de aprobación legislativa es irreversible: el proyecto debe seguir su trámite, dentro de las reglas constitucionales y según el reglamento del Congreso, que además le da prioridad en los órdenes del día, dado precisamente su origen popular.
En efecto, aunque el Presidente aduce no tener mucho interés en ese referendo, habrá referendo según todo lo indica, pues la única opción de evitarlo sería que las bancadas que apoyan la reelección se abstuvieran de tramitar el proyecto presentado –cosa que no van a hacer los congresistas- . En tal evento, no se modificaría la Constitución y se cerraría toda posibilidad de ser reelecto el Dr. Uribe, dado que el texto aprobado en 2004 sólo permite la reelección por una sola vez.
Pero eso no es lo que ocurrirá. El artículo 378 de la Carta Política es bastante claro en el sentido de que un referendo para reformar la Constitución –como en este caso- puede tener origen en la iniciativa del Gobierno –cosa que aquí no ocurre, por lo menos formalmente- o de los ciudadanos en los términos del artículo 155 de la misma Constitución, es decir, la iniciativa popular, que es otro mecanismo de participación contemplados en 1991. Cuando el proyecto es del Gobierno, lo puede retirar, si quiere, o puede pedir a las cámaras que aplacen su discusión. No así cuando la iniciativa es de los ciudadanos, quienes tienen derecho, amparado por las normas fundamentales, a que el proyecto se estudie y a que se le dé el correspondiente trámite legislativo. Si así no fuera, y el gobierno pudiera atravesársele a la iniciativa popular, resultaría apoderándose de ella y obstruyendo la voluntad popular.
Tal vez el Presidente ha recordado esto, y lo que ha querido con sus palabras de estos días es, además de insistir en las reformas constitucionales a las que otorga gran importancia y urgencia, dejar en claro ante el país y el mundo que, si comienza un nuevo trámite de reforma constitucional sobre reelección inmediata, y si se promueve la reelección de él mismo una vez más, ello ocurre por impulso y decisión del mismo pueblo, que ha firmado y presentado el proyecto, a lo cual el Presidente como tal resulta completamente ajeno.
Los partidarios del Presidente han sido los primeros en rechazar su propuesta de aplazamiento del referendo, y a decir verdad, tienen razón desde el punto de vista jurídico. Las normas son claras, y deben ser cumplidas. El tema de la reelección tendrá prioridad en esta legislatura –durante los dos períodos ordinarios-, y será difícil que salgan aprobados los otros proyectos, si bien el Congreso puede lograrlo si trabaja intensamente.

! OJO A LAS PRUEBAS !

2008-09-09T03:46:00.000-07:00

José Gregorio Hernández Galindo
Nuestros jueces y fiscales, y los funcionarios de Procuraduría, deberían revisar muy cuidadosamente los criterios que aplican en cuanto a la valoración de las pruebas con fundamento en las cuales adoptan sus decisiones.

Los hechos más recientes en el campo judicial -que simultáneamente han abarcado los espacios de la política y del periodismo, convirtiéndose en motivo de debate y de noticia diaria, de primer orden-, demuestran sin duda que la metodología en boga para el análisis y la ponderación del material probatorio en los procesos no obedece a unos criterios científicos que salvaguarden el debido proceso y la solidez jurídica de las providencias, sino que se rige por meras opiniones, variables e inciertas, lo cual genera -como es natural- una gran inseguridad jurídica, a la vez que da pie para las injusticias y los errores judiciales, cada vez más frecuentes.

Se ha confundido la sana crítica -que debe tener, como sustento necesario, elementos objetivos- con la aplicación de conceptos puramente subjetivos al momento de examinar y sopesar la prueba, sin referencia alguna al indispensable nexo entre ella y los hechos, de tal modo que, para mal de la administración de justicia, se llega a privar de la libertad a una persona, a condenarla, o a absolverla, o se la destituye en procesos disciplinarios, y se la inhabilita, con base en inferencias carentes de rigor lógico, siguiendo la tesis equivocada según la cual eso es factible en gracia de la autonomía funcional, también mal entendida.

Además, en muchos casos no hay un rigor probatorio que otorgue confianza, pues acontece en ocasiones que no se cotejan las pruebas entre sí; se falla dejando algunas sin considerar; se otorga excesiva importancia a un cierto testimonio sin hacerle la crítica; se da credibilidad a testigos cuyos antecedentes delictivos y contradicciones, o cuyos intereses en beneficios, no los acreditan como idóneos; se sustentan pruebas sobre hechos equívocos, creyendo que fatalmente conducen a conclusiones únicas; se desconocen hechos evidentes; se exige a los sindicados probar hechos negativos En fin, en asuntos tan delicados como la libertad de una persona, o su culpabilidad, o su responsabilidad disciplinaria, se improvisa y se ensaya, brillando por su ausencia, en algunos procesos, elementos tan importantes como la lógica.

RENUNCIA DE IMPORTANTE FISCAL SOBRE PARAPOLÍTICA PONE EN TELA DE JUICIO IMPARCIALIDAD EN EL CASO DE MARIO URIBE

2008-08-31T11:30:00.000-07:00

Ramiro Marin, hasta ahora Jefe de la Unidad de Fiscales de la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, renunció a su cargo, y, al explicar los motivos de su salida, deja grandes dudas acerca de la imparcialidad del Vicefiscal Guillermo Mendoza Diago en el proceso que se sigue contra Mario Uribe, primo del Presidente de la República.
El texto de la renuncia es del siguinete tenor:
"Señor
MARIO IGUARÁN
Fiscal General de la Nación

Señor Fiscal:

Llegó la hora de renunciar con dignidad, En el radicado 11.499 8 (caso del exsenador Mario Uribe Escobar) usted me hizo una asignación especial, figura que, de acuerdo con la Constitución y la ley, procura un mayor eficacia en la investigación sin perjuicio de las garantías fundamentales de las partes. Pues bien, en cumplimiento de ese encargo especial, en el mencionado caso se allegaron testimonios, se practicaron inspecciones y se acopiaron documentos, todo con lealtad al principio de imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba y de la verdad1, lo cual se traduce físicamente, incluida la inicial actuación de la Corte Suprema de Justicia, en un expediente de diez (10) cuadernos originales, ocho (8) discos compactos que incluyen veintiséis (26) horas y treinta y cinco (35) minutos de grabación del dicho de varios testigos y veinticinco (25) cuadernos anexos. Como fiscal delegado proferí cuatro (4) decisiones interlocutorias, entre las que se incluye la medida de aseguramiento de detención preventiva contra el imputado, fechada el 21 de abril de 2008, recientemente revocada por el señor Vicefiscal, en ejercicio de la facultad de segunda instancia igualmente asignada por usted de manera especial.

Debo destacar que, conforme con la Constitución, la ley y mi concepción dialéctica y democrática del proceso penal, siempre facilité la presencia de la defensa y el Ministerio Público y le cumplí honradamente a la justicia y al pueblo colombiano en el cometido de decidir conforme con la legalidad y la racionalidad, sin embargo de lo cual lo único que resulta lastimado en este proceso es la independencia judicial y con ello mi honor personal, familiar y profesional.

En efecto, varios medios de comunicación, basados en fuentes de la Fiscalía, difundieron la especie de que la revocatoria de la medida de aseguramiento ( obra del señor Vicefiscal y no mía) se había facilitado adrede por la fragilidad de la investigación y de la providencia de primera instancia. Ocurre que la segunda instancia está habilitada para revocar la decisión de primer grado, dentro de los límites de la racionalidad, pero en manera alguna para desprestigiar con calificativos injustificados (abiertos o soterrados) la resolución revisada, pues ello sí vulneraría la autonomía ética y funcional del fiscal de primer grado, tan necesaria, señor fiscal, como la independencia del funcionario de segunda instancia, sobre todo cuando enfrentamos con decisión y serenidad asuntos de tanta complejidad probatoria y sensibilidad social como los denominados de la parapolítica.

Obviamente, no pretendo un plebiscito para que se comparta o repudie el sentido de una u otra decisión, la corrección de lo decidido no depende del consenso activo de los medios o de los ciudadanos sino de la prueba y la verdad procesal, aunque sano que las providencias judiciales, sin sacrificio innecesario de la reserva sumarial, se critiquen respetuosamente por los medios de comunicación y la comunidad en general. En mi caso sí aspiro a que en el futuro se llame la atención sobre los peligros que entraña la manipulación del contenido de las decisiones con fines poco ortodoxos, lo cual no constituye crítica, en cambio sí llena de oprobio la autonomía ética y funcional de los fiscales.

Señor Fiscal: por medio de un artilugio y una audacia de marca mayor, se quiere hacer ver, con el apoyo irreflexivo de varios medios de comunicación, que la investigación y la resolución de primera instancia eran frágiles, pero, lo más abominable, que el fiscal del caso deliberadamente había dejado las cosas en esa precaria situación para propiciar la revocatoria, cuando sólo fortaleza y respeto inmaculado podrá advertirse en una revisión actual y desprevenida del expediente o, de pronto, en el dictamen tardío de la historia con el que debemos contentarnos quienes somos víctimas de semejantes infamias promovidas por las verdades de poder, ajenas a la verdad procesal.

Es decir, a través de especioso discurso se ha convertido lo blanco en negro y lo negro en blanco, entretanto yo me siento en similar situación a la de una víctima a la que se le dispara a muy corta distancia para que los homicidas puedan pretextar un suicidio, y el señor Fiscal General de la Nación, por motivos o situaciones que de pronto desconozco, guarda discreto silencio frente al agravio funcional y profesional.

Mientras al interior de la Fiscalía existan altas fuentes que manipulan de esa manera la información de procesos tan delicados como el que he tenido a mi cargo, no percibo las garantías para continuar con la mencionada investigación ni tampoco en el cargo, razón por la cual llegó la hora de renunciar con dignidad y así se lo formalizo por medio de este escrito, desde luego sin ocultarle mi reconocimiento por su conjurado trabajo en muchos frentes de la complejísima tarea, así como por la confianza, la amistad y el exquisito trato dispensados antes de este único y doloroso episodio de mi vida profesional de 31 años al servicios de la Rama Judicial.

Con sentimientos de consideración y de respeto, mil gracias,

RAMIRO ALONSO MARIN VÁSQUEZ
Fiscal Delegado Corte Suprema de Justicia"

Veamos algunas de las respuestas entregadas a la revista SEMANA por Marin, quien en primera instancia había ordenado la captura de Uribe y sostiene que había suficientes elementos para privarlo de la libertad:
"SEMANA: ¿Por qué renunció?
Ramiro Marín Vásquez: Yo renuncié porque se dijo que en el caso del senador Mario Uribe yo hice una investigación débil, de manera deliberada, para facilitar que en la decisión de segunda instancia él saliera libre. Esas afirmaciones fueron publicadas en SEMANA y en otros medios de comunicación, y como se citan fuentes de la Fiscalía, yo entiendo entonces que hay en la Fiscalía personas interesadas en manipular la información a los medios a costa del honor mío y a costa de la verdad de la investigación.

SEMANA: Pero no son los medios. La providencia del vicefiscal Mendoza Diago cuestiona su fallo diciendo, por ejemplo, que el testimonio de la ex congresista Eleonora Pineda no se debe analizar con base en disquisiciones abstractas y subjetivas, mucho menos gratuitas.
R.M.V.: ¡Qué paradoja! Yo puedo hacerle un ejercicio muy corto de por qué no es una disquisición abstracta. Eleonora Pineda dice que la reunión con Salvatore Mancuso y Mario Uribe fue después de las elecciones de Congreso de 2002. Mancuso, por el contrario, afirma sin ninguna duda porque en otros puntos expresó una duda, pero en ese no que la reunión para hacer el pacto electoral con Mario Uribe fue antes de esas elecciones. Mancuso dijo que había sido antes, porque Eleonora y Mario Uribe fueron a donde él para que avalara el acuerdo.

SEMANA: ¿Y a cuál de los dos se le cree?
R.M.V.: Yo voy a los resultados electorales, que no son manipulables por la palabra, y encuentro que en los cuatro municipios de Córdoba sobre los que se hizo el pacto (Montelíbano, Sahagún, Planeta Rica y Chinú), Mario Uribe había tenido poquísimos votos en 1998 y se disparó en 2002. Entonces sí parece que la reunión y el pacto fueron antes y no después, porque los resultados electorales así lo reflejan.

SEMANA: Eso es significativo. Pero ¿suficiente?
R.M.V.: Sigo avanzando. Resulta que Mancuso me había dicho, en su declaración, que a raíz de los acercamientos de Eleonora con Mario Uribe, Miguel de la Espriella (candidato político de la región) le reclamó por eso. Lo dice exactamente: Miguelito se estaba enojando. Yo le dije: tranquilo que para todos hay, porque a él sólo le vamos a dar el 5 o el 10 por ciento de la votación en unos municipios. Y voy y reviso los resultados electorales de Miguel de la Espriella, que no es un secreto que era el candidato declarado de las autodefensas en Córdoba, y encuentro que en aquellos cuatro municipios, en los que Mario Uribe aumentó su votación, casi en la misma proporción, no matemática, pero similar, bajó la votación de Miguel de la Espriella. Entonces, más allá de los testimonios, los resultados electorales ratifican lo dicho por Mancuso.

SEMANA: Ese aparte en el que Mancuso habla de Miguel de la Espriella no aparece en la providencia de segunda instancia ¿Será que había una intención de tapar algo?
R.M.V.: No, yo no soy capaz de hacer imputaciones tan infames como las que a mí me hicieron. Pero ¿cree usted que lo que yo hice es subjetivismo?

SEMANA: Pero la segunda instancia reclama que el comportamiento de la votación de Mario Uribe fue igual en los municipios de Córdoba y en todo el país, que fue floja en 1998, subió en 2002 y cayó en 2006, y eso explicaría que no fue por intervención de las autodefensas, sino la dinámica electoral ¿qué opina?
R.M.V.: Sólo puedo decirles que ojalá los razonamientos de la segunda instancia sean de mejor calidad epistemológica que los míos. Cómo explico yo ese fenómeno. Si del 98 a 2002 en esos municipios de Córdoba se nota un salto grande en las votaciones de Mario Uribe y en 2006 descienden al mismo nivel del 98. ¿Será que, como alegó la defensa, la votación se incrementó por contagio por su parentesco con el candidato favorito a la Presidencia de la República? Entonces ¿por qué en 2006 no ocurre el mismo fenómeno, cuando todavía son primos, era una de las cabezas visibles de los congresistas que apoyaban al Presidente y el Presidente sacó su votación disparada?

SEMANA: Mario Uribe de todas maneras admite que estuvo reunido con Mancuso y nunca lo denunció ¿eso lo pondría en tela de juicio?
R.M.V.: Mario Uribe admite que estuvo en una reunión a la cual le llevó Eleonora, pero él dice que fue engañado. Yo demuestro que no fue engañado.

SEMANA: Y así fuera engañado, no lo denunció...
R.M.V.: No. Al contrario, en lugar de denunciar, lo que hizo después de eso fue en 2006 acoger en su movimiento Colombia Democrática a Eleonora Pineda y a Rocío Arias.

SEMANA: ¿Usted se sintió presionado durante la investigación de Mario Uribe?
R.M.V.: No me sentí presionado.

SEMANA: ¿Sintió que era distinta esta investigación por ser el primo del Presidente?
R.M.V.: No la sentí distinta desde el punto de vista jurídico procesal. Pero como yo me muevo es en este ambiente y en Colombia, sé que es un tema difícil.

SEMANA: En sus 31 años en la rama judicial ¿es este el caso más difícil que ha tenido?
R.M.V.: No. Jurídicamente no es el caso más difícil.

SEMANA: ¿Y políticamente?
R.M.V.: Sí, era un tema muy sensible.

SEMANA: ¿Era claro para usted que el doctor Mario Uribe merecía la detención?
R.M.V.: Sí. Para mí eran claras las pruebas que existían para la medida de aseguramiento.

SEMANA: ¿Usted leyó el fallo de segunda instancia?
R.M.V.: Antes de recibir la resolución de segunda instancia, me pusieron en la picota diciendo que yo había dejado frágil la investigación para que se facilitara la tarea del Vicefiscal, para que él no tuviera más que hacer sino revocar. Pero yo le digo una cosa: mi providencia no era débil. La prueba tampoco. Quien debilitó la prueba fue el vicefiscal con sus juicios de valor".

POR ACLAMACIÓN, BARACK OBAMA NOMINADO CANDIDATO DEMÓCRATA

2008-08-27T20:33:00.000-07:00

INFORME DE LUDOVICO ARIOSTO

El Senador Barack Obama obtuvo, por aclamación de los delegados a la Convención demócrata, la nominación por ese partido para la presidencia de los Estados Unidos, en proceso electoral que culminará en noviembre.
La solicitud a la concurrencia fue hecha por la ex precandidata y ex primera dama, Hillary Clinton, quien pidió a sus partidarios votar todos a una por Obama, y derrotar a John McCain, candidato republicano, para no proseguir el desastroso gobierno de George W. Bush.
A favor de Obama votaron entonces, de manera unánime, los 4.440 delegados del partido demócrata.
Después de esta votación, que no por esperada ha sido menos emocionante para Obama, toda la atención de los delegados se centró en Bill Clinton y su esperado discurso, que fue verdaderamente brillante y durante el cual, tras el apoyo de Hillary a Barack Obama, el mismo ex presidente le brindó todo su respaldo.
Clinton expresó que Obama ``tiene una notable habilidad para inspirar a la gente''. Los demócratas habían aguardado con ansiedad el discurso del ex presidente, debido a que en el pasado había criticado a Obama y había mostrado una posición ambivalente en torno al senador por Illinois.

Señaló que además Obama se ``había volado la cerca'' cuando eligió al senador Joseph Biden como candidato a la vicepresidencia.

Narró que Hillary Rodham Clinton le había dicho a la convención el martes que haría todo lo posible para que Obama sea elegido. Entonces, Bill Clinton dijo: ``Ya somos dos''.
Por su parte, Joe Biden -compañero de fórmula de Obama-, al aceptar la nominación, hizo un repaso de su propia vida, subrayó las equivocaciones de John McCain, especialmente en materia de política exterior, y los aciertos de Obama en el mismo campo, y sostuvo que los Estados Unidos no resistirían cuatro años más de gobierno republicano, que sería la continuidad de Bush.

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL FISCAL GENERAL

2008-08-24T13:26:00.000-07:00

Por JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Es claro que al Presidente de la República, otra vez en trance de reelección, no le conviene en este momento que se le caiga otro ministro. Por eso, aunque le parezca que Valencia Cossio debe responder políticamente por cuanto es precisamente el Ministro "de Justicia" -un ámbito en que la situación judicial de su hermano les creará, tanto al Ministro como al Gobierno, no pocas inhabilidades, sinsabores e incomodidades-, lo respaldará. Claro, hasta donde pueda, y ello depende de la mayor o menor fortaleza y de la constancia de la oposición, de la prensa y de la opinión pública.
Valencia, por su parte, experto en lidiar toros bravos en la arena política, se defenderá hasta lo último, y si Uribe no le pide la renuncia, no renunciará aunque el mundo entero se le venga encima, y las cosas seguirán como están, sin que la responsabilidad política se cristelice, como debería ocurrir en cualquier democracia, y ocurre hasta en las monarquías.
Pero, aun creyendo que esa responsabilidad debería poderse deducir en este y en otros casos en cabeza de ministros -como el de Protección Social por el problema no resuelto de la planilla única-, lo cierto es que en este caso la opinión pública y las expresiones de quienes han pedido la renuncia de Valencia, orientaron sus ataques contra alguien que no es precisamente quien mayor responsabilidad política debiera asumir -al fin y al cabo, Valencia no ha actuado mal, aunque su hermano pueda ser un corrupto-, y nada han dicho de quien sí, directa y personalmente, ha cometido errores fundamentales, que solamente el Presidente Uribe se ha atrevido a denunciar, ante el extraño silencio de todo el mundo: el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, quien -como lo dijo Uribe- estaba enterado, ya sea personal o institucionalmente, sobre lo que ocurría, desde hace año y medio. Y no tomó medida alguna. Más aun, ante las recientes denuncias, decidió pasar por inocente o ignorante, y premió a Guillermo León Valencia Cossio con traslado, ciertamente extraño, a Tunja -estaba en Medellín-, para que en Boyacá cumpliera las mismas tareas y desempeñara la misma autoridad que ejercía en Antioquia, en donde todo parece indicar que entabló contactos, amistad y confianza con tenebrosos delincuentes.
Como surge de la oportuna intervención presidencial del sábado, las medidas únicamente se adoptaron por el Fiscal General después de la divulgación de algunas de las 120 grabaciones comprometedoras en la revista CAMBIO del jueves 21 de agosto, lo que indica que el Fiscal prefería que Valencia se defendiera de las acusaciones desde su cargo y con su poder, y quizá pensaba que todo podía quedar en el olvido. En otros términos, si no hubiera sido por CAMBIO, Guillermo León Valencia seguiría, pese a la gravedad de los cargos, ejerciendo las funciones de comando regional de la Fiscalía General, y probablemente haciendo buenos amigos.
El Fiscal debe pensar en su propia responsabilidad política. Y el país también.

LA DOSIS PERSONAL

2008-08-17T18:37:00.000-07:00

Por José Gregorio Hernández Galindo

El Presidente Uribe insistirá en esta legislatura, nuevamente, en un proyecto de Acto Legislativo de la mayor importancia, que ya ha sido presentado por el Ministro del Interior y Justicia, y que si es aprobado traerá grandes beneficios a la colectividad, corrigiendo a la vez una equivocación muy grave de la Corte Constitucional, en la cual incurrió en 1994.

El proyecto reforma la Carta Política, con el objeto de autorizar al legislador para modificar el Código Penal, estableciendo penas no privativas de la libertad para quien consuma o porte sustancias estupefacientes, es decir, droga, como cocaína, heroína, marihuana, etc., que tanto daño causan a la juventud y a la sociedad entera.

A la vez, se contempla en el proyecto toda una política de Estado, relativa a la prevención de ese consumo, y también referente a la responsabilidad estatal en lo que concierne a la recuperación de la salud mental y física de las personas que han caído en el terrible vicio de la drogadicción.

El ponente designado en el Senado de la República es el doctor Juan Carlos Vélez Uribe, quien ya ha emprendido un estudio serio y muy completo acerca de los beneficios de esta propuesta gubernamental, que paradójicamente ha sido frustrada en el pasado por miembros de partidos integrantes de la coalición uribista, quienes consideran que se establecerá la cárcel para los drogadictos, lo cual no es cierto, y así lo comprobarían si se tomaran el trabajo de leer el proyecto.

La semana pasada, para no ir más lejos, en el centro de Bogotá, un indigente poseído por la droga, completamente enceguecido por las sustancias psicotrópicas consumidas a título de dosis personal, ofendía a unas personas por no haberle dado la limosna solicitada, que se destinaría seguramente a comprar más droga, y cuando un policía -impotente, a la luz de la sentencia de la Corte para privarlo de su libertad por el estado en que se encontraba- trató de persuadirlo sobre el respeto a las personas, el obnubilado indigente no vaciló en despojarlo por sorpresa de su arma de dotación, y la disparó, hasta agotar el cargador, sobre las personas indefensas que allí transitaban. Resultado: una señora muerta y varias heridas, incluido el agente.

Y en los estadios, la violencia desatada ferozmente por las barras bravas de los equipos, encuentra en la droga, consumida a título de dosis personal, su mejor incentivo, sin que las autoridades puedan hacer nada para controlar a sus portadores, quienes siempre tendrán la disculpa de que lo que portan es solamente eso: su dosis personal.

El Estado tiene a su cargo la protección de todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, y tiene que asumir en efecto la función que le atañe; con instrumentos aptos para ello.

No puede seguir imperando el criterio erróneo según el cual todo se puede, aun lo más ofensivo para la sociedad, so pretexto del libre desarrollo de la personalidad, y de una concepción equivocada del ejercicio de las libertades públicas.

Con razón, el Presidente de la República insiste en el proyecto -este sí urgente y necesario-, para modificar la Constitución, devolviendo valiosos instrumentos a las autoridades, en guarda de la comunidad entera. En esto, lo acompañamos sinceramente.

GUERRA EN OSETIA DEL SUR: RUSIA SE ENFRENTA A GEORGIA

2008-08-08T18:55:00.000-07:00

Informe de Ludovico Ariosto

Ha estallado un fuerte y sangriento conflicto en Osetia del sur, región separatista ubicada en Georgia pero claramente pro- rusa.
Cada vez más duros combates se llevan a cabo entre Rusia y Georgia, y las últimas noticias indican que el número de muertos pasa ya de 1.400 muertos; que han sido derribados cuando menos 4 aviones rusos,y que Tsjinvali, la capital de Osetia del sur -la piedra de la discordia- está prácticamente destruída.
EL TIEMPO.COM informa:
"La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, hizo un llamado a Rusia a "respetar la integridad territorial de Georgia y a retirar sus tropas de combate de suelo georgiano".

"Han muerto unas 1.400 personas. Este es el tercer genocidio del pueblo oseta cometido por Georgia", aseguró Eduard Kokoiti, líder separatista, a la agencia rusa Interfax. Ninguna agencia de noticias ha podido aún corroborar la cifra.

Entre los muertos se encuentran 12 soldados de paz rusos, además de 150 heridos. Rusia tiene efectivos desplegados en la zona desde hace más de 15 años para mediar en el conflicto.

Osetia del Sur proclamó su independencia en 1992 tras la caída de la URSS y quiere adherirse a la Federación de Rusia junto a los osetios del Norte.

El presidente georgiano Mijail Saakachvili nunca ha disimulado su intención de reintegrarla en Georgia, y desea hacer lo propio con Abjasia,otra región separatista que es escenario de gran tensión".

Señala EL PAIS.com:
"Osetia del Sur se ha convertido este viernes por la tarde en el escenario de cruentos combates entre las tropas de paz rusas y los soldados de Georgia, que aseguran haber tomado el control de gran parte del país, incluida la capital, Tsjinvali. Después de meses de tensiones, Georgia y Rusia han empezado a librar una batalla por la provincia separatista, convirtiendo a esa región del Cáucaso en un polvorín".
AFP informa:
"Esta escalada bélica, que ha causado al menos cientos de muertos, alarmó a Occidente, en particular a Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que se han movilizado para intentar evitar el caos en la región explosiva del Cáucaso.

Osetia del Sur proclamó su independencia en 1992 tras la caída de la URSS y quiere adherirse a la Federación de Rusia junto a los osetios del Norte.

El presidente georgiano Mijail Saakachvili nunca ha disimulado su intención de reintegrarla en Georgia, y desea hacer lo propio con Abjasia, otra región separatista que es escenario de gran tensión.

Por la noche Saakachvili declaró que sus tropas "controlaban todo el territorio de Osetia del Sur, con la excepción de Djava", una localidad al norte de la capital, y "completamente Tsjinvali".

"Los rusos bombardearon duramente Tsjinvali durante el día. Si no detenemos a Rusia (...) los tanques rusos entraran un día en cualquier otra ciudad europea", advirtió.

En las filas georgianas, "murieron 30 personas, en su mayoría militares", agregó el presidente.
Durante la jornada, los georgianos ya habían anunciado la toma de la capital y, al cabo de un rato, su pérdida.

Al anuncio presidencial, las fuerzas armadas osetias replicaron afirmando que "controlaban" la capital, según la portavoz del gobierno rebelde Irina Gagloyeva, citada por Interfax.
"Toda la ciudad de Tsjinvali está controlada en estos momentos" (a las 18H45 GMT) y "los combates continúan, aseguró.

El viernes Osetia del Sur estaba al rojo vivo.

Georgia decidió repatriar a la mitad de su contingente en Irak, o sea unos 1.000 hombres, para hacer frente a "una intervención militar rusa", declaró el secretario del Consejo de Seguridad, Alexandre Lomaia.

Según un funcionario militar estadounidense, Georgia pidió a Estados Unidos aviones para desplazar a sus tropas desde Irak.

El mando de las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz, citado por RIA-Novosti, señaló que las "unidades militares georgianas" estaban enzarzadas en "combates encarnizados" el viernes por la noche al sur de Tsjinvali.

Un responsable del ministerio de Defensa rusa anunció, por su parte, que los tanques y la artillería rusos habían "destruido" posiciones georgianas en los alrededores de la ciudad.

Y al mismo tiempo, el subsecretario del Consejo de Seguridad de Osetia del Sur, Ruslan Gagloyev, informaba de la entrada de blindados rusos en el norte de la capital.

El comandante de las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz, general Marat Kupajmetov, aseguró que Tsjinvali quedó "casi completamente destruida por numerosos bombardeos".

El presidente de Osetia del Sur, Eduard Kokoity, denunció que cientos de civiles perdieron la vida en la capital durante la ofensiva georgiana y dio parte de 1.400 víctimas mortales en todo el territorio.

Un total de doce soldados de las fuerzas de paz rusas murieron y otros 150 resultaron heridos por disparos georgianos el viernes en Tsjinvali, según un portavoz del mando de estas fuerzas citado por Interfax.

El primer ministro ruso, Vladimir Putin, dijo al presidente estadounidense, George W. Bush, que hay voluntarios rusos dispuestos a combatir contra las fuerzas georgianas y sería "difícil retenerlos", informaron fuentes rusas en Pekín, donde ambos dirigentes participaron en la inauguración de los Juegos Olímpicos.

La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, llamó a Rusia a "retirar sus tropas de combate de suelo georgiano".

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidió la apertura de un "corredor humanitario".

Estados Unidos y Francia, presidenta en ejercicio de la UE, enviarán una delegación conjunta para intentar obtener un cese el fuego.

El Consejo de seguridad de Naciones Unidas estaba reunido de nuevo el viernes para intentar encontrar una salida a la espiral de violencia".
El Presidente de Georgia, Mijail Saakashvili. ha anunciado que declarará la ley marcial, cuando a la vez se informa que la aviación rusa bombardeó el puerto de Poti y una base militar, ambos georgianos.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha reunido de urgencia dos veces, sin llegar a ningún acuerdo sobre lo que se debe hacer.
Muy seguramente Georgia -que no quiere la separación de Osetia del Sur- acuda a los Estados Unidos para pedirle apoyo y frustrar la independencia, o la unión de Osetia a la Federación rusa. Y no es descartable que Estados Unidos respalde a Georgia, pues un oleoducto atraviesa Osetia, y a norteamérica le interesa el acceso al mimso, que no sería viable si queda en manos de la Federación rusa.

Ludovico Ariosto

¿HICIERON MENTIR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA?

2008-08-06T05:37:00.000-07:00

Por José Gregorio Hernández Galindo

06 Agosto de 2008
Se ha vuelto a encender la polémica a nivel nacional e internacional acerca de la denominada "Operación Jaque", a raiz de la difusión exclusiva, por el canal de televisión RCN, de un video que, en casi dos horas, muestra detalles de los preparativos, ejecución, culminación y celebración del plan mediante el cual, finalmente, fueron liberados 15 secuestrados en poder de las FARC -12 militares y policías, 3 norteamericanos e Ingrid Betancourt-, en cuanto se pusieron al descubierto varias contradicciones entre las versiones oficiales y la verdad de lo acontecido.

El Gobierno ha dicho por boca del Ministro de Defensa Juan Manuel Santos que hubo traición a la Patria por parte de quienes filtraron el video, y en un comunicado de la presidencia de la Repúbliuca fue señalado como grave que integrantes de las Fuerzas Armadas filtren noticias de manera clandestina y sin coordinación con sus superiores, y que en las primeras investigaciones sobre la operación no haya salido a relucir toda la verdad.

Queda claro, entonces, que alguien, dentro del Gobierno o dentro de la Fuerza Pública empañó el éxito de la operación Jaque, que todo el mundo sigue reconociendo justamente como impecable y valerosa, engañando al Presidente de la República, quien preguntó varias veces en forma pública -durante la rueda de prensa del 2 de julio en la noche- si se habían utilizado signos o símbolos de organismos internacionales, y se le respondió enfáticamente que no, y después -cuando la cadena CNN divulgó una fotografía que mostraba a un capitán del Ejército vistiendo un peto con el logo del Comité Internacional de la Cruz Roja- el Presidente le habló al país, sostuvo que el capitán se había puesto el peto por su cuenta y en un momento de miedo, sin autorización de sus superiores, y presentó disculpas al organismo internacional.

Ahora se ve que todo eso era falso, y que la utilización del peto con la insignia del Comité de la Cruz Roja hacía parte del plan estratégico, y que además fueron usados los logos de las cadenas de televisión Telesur y Ecuavisa, sin su autorización -lo cual, dígase lo que se diga, es un abuso con tales empresas-, es decir que, de manera increíble, se llevó al Jefe del Estado a formular públicamente afirmaciones y hechos reñidos con la verdad, engañando a la vez a la Cruz Roja y a la opinión publica de Colombia y el mundo.Miradas las cosas desde otro punto de vista, es grave que se hayan mostrado en televisión aspectos propios de las operaciones internas de inteligencia; su preparación; la forma de actuar en su interior el Ejército, y las identidades de algunos de los agentes encubiertos. Puede ser peligroso, y sin duda elimina las posibilidades de operaciones siquiera similares, poniendo sobre aviso a la guerrilla sobre esas modalidades de actuación militar.

Pero, desde luego, en esto el medio de televisión no es responsable. Tenía una primicia, y en ejercicio de la libertad de prensa e información, la divulgó.

Puede haber responsabilidad disciplinaria en el seno del comando que llevó a cabo el operativo, y deben efectuarse las investigaciones pertinentes. Pero sí resulta paradójico, y no deja de preocupar, que ocurran este tipo de cosas dentro de las mismas Fuerzas, en especial si vendieron el video, es decir, si la filmación y filtración clandestina de las imágenes tuvo para algunos de los militares una finalidad de lucro contraria a los intereses institucionales.

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL: ENCUENTRO EN CARTAGENA

2008-08-04T11:01:00.000-07:00

Diecisiete años de jurisprudencia constitucional

Informe de Ludovico Ariosto

04 Agosto de 2008
Se reúne en la ciudad de Cartagena, organizado por la Corte Constitucional, el IV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, los días 4, 5 y 6 de agosto de 2008, convocado con el fin de hacer un balance, y de evaluar en perspectiva los diecisiete años de Jurisprudencia de esa Corporación.

Desde luego, se espera un análisis objetivo y científico de lo que ha hecho la Corte en estos años, tanto en el campo del control de constitucionalidad abstracto como en la revisión de los fallos de tutela, con un sentido de integración de todo el conjunto de sus líneas doctrinales, de estudio global de sus criterios en materia de derechos, estructura del Estado y fundamentos del sistema establecido en 1.991, y por supuesto, la labor de los jueces constitucionales también será mirada con un sentido crítico.

Además de los magistrados de la Corte Constitucional colombiana, habrá ponencias del Presidente del Tribunal Constitucional del Perú, Dr. César Rodrigo Landa Arroyo, y del Presidente del Tribunal Constitucional del Ecuador, Dr. Patricio Pazmiño Freire, quienes disertarán respectivamente sobre "Los precedentes vinculantes en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú" y "Proceso Constituyente y Justicia Constitucional".

Asisten al Encuentro, aparte de los actuales miembros de la Corte, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, los ex magistrados de la Corporación Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Eduardo Montealegre y Fabio Morón Díaz.

SI SE REFORMA LA JUSTICIA EN LA CONSTITUCIÓN, LA REFORMA DEBE SER INTEGRAL

2008-08-01T06:12:00.000-07:00

Por José Gregorio Hernández Galindo
Toda modificación de una norma, en especial si esa norma es la Constitución, debe obedecer a unas razones, debe ser oportuna; y debe dirigirse en forma directa y con precisión a introducir los ajustes, correcciones o enmiendas que son indispensables para responder a la necesidad que la justifican. Con lo cual se quiere decir que reformar no es una tarea fácil, e implica además que quien propone una reforma, más todavía si es el Gobierno, asume una responsabilidad, en cuanto no le basta con lanzar algunas ideas sin fundamento, a manera de globos, buscando reacciones y moldeándola sobre la marcha, sino que está obligado a estructurar jurídicamente el proyecto, preparando su contenido, cotejándolo con el contexto y explicando su razón de ser, su utilidad, su oportunidad y las repercusiones que tendrá en el caso de adoptarse.
En el campo constitucional, siendo la Constitución el ordenamiento básico del Estado, su misma vocación de permanencia y estabilidad exige que, para reformarla, se requiera la reforma -como una necesidad sentida de la sociedad- y que se fundamente el contenido de las normas proyectadas, armonizándolas con el conjunto.
Nada de eso se ha hecho en el caso de la anunciada -que no proyectada, porque no hay proyecto- reforma constitucional a la administración de justicia, y ello ha llevado a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, al Consejo Superior de la Judicatura -toda la rama judicial- y al Procurador General de la Nación- a expresar que no hay un proyecto integral sino apenas un borrador -agregamos, incompleto y desordenado- , y a reclamar -para poder estudiarlo y opinar sobre él- que se presente el texto definitivo y que ese texto contemple una reforma integral.
Con mucha razón ha dicho, además, el Procurador Edgardo Maya -aquí lo habíamos advertido- que la reforma a la cúpula de la justicia -al menos como se ha presentado- no es en este momento necesaria, ni soluciona los verdaderos y graves problemas que ella padece.En efecto, la congestión de los juzgados y tribunales; las dificultades de orden formal y práctico que presentan los juicios ordinarios en las distintas ramas -que obligan a las personas a buscar respuesta en acciones de tutela improcedentes; la prolongación indefinida en el tiempo de los procesos; las disminuciones del presupuesto de la Rama Judicial; las enormes deficiencias del sistema carcelario; la pésima remuneración de jueces y fiscales, y la peor remuneración de los empleados,....son temas verdaderamente prioritarios que no han sido tratados, ni siquiera mencionados por el Ejecutivo al hablar de la reforma.
Si se quiere modificar la base constitucional de la administración de justicia, la reforma que se tramite debe ser integral, y para ello lo mínimo que se necesita es un proyecto, organizado y elaborado, definitivo y completo, que hasta ahora brilla por su ausencia.En ese orden de ideas, una propuesta tan improvisada e incompleta como la que se ha venido exponiendo, con adiciones sobre la marcha , sin una filosofía; sin un hilo conductor y sin unos criterios esenciales, está llamada a fracasar. E inclusive, aunque dentro de ella haya propuestas e ideas buenas, como la de garantizar la independencia total de la rama judicial -que aquí ya comentamos como positiva-, se pierden irremediablemente.
Ahora bien, modificar el esquema normativo de la Corte Suprema de Justicia, el sistema de única instancia, las reglas sobre el fuero de los congresistas y las bases constitucionales de los procesos penales, hallándose en trámite los muy importantes procesos que hoy se siguen contra miembros del Congreso, causando confusión, es algo que, como hemos dicho varias veces, resulta inoportuno e inconveniente. Por el contrario, creemos que la Corte Suprema de Justicia debe ser respaldada y se la debe dejar tranquila para que cumpla la tarea en curso, hasta su culminación. Y sin interferencias amañadas, como la de alias "Tasmania", que ayer quedó claro -en palabras del Fiscal Iguarán- que no era otra cosa que una patraña contra la Corte Suprema de Justicia.

JUEGOS, CHINA Y DERECHOS HUMANOS

2008-07-31T20:45:00.000-07:00

Por José Gregorio Hernández Galindo
Faltan pocos días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. Unos juegos que, desde cuando se trasladó la antorcha olímpica por distintos países hasta la capital china, han estado unidos indisolublemente a la búsqueda de una reacción mundial respecto a las violaciones de los derechos humanos que allí tienen lugar.
En Londres y en París se desataron con fuerza las protestas contra la represión China en el Tíbet, que quería hacerse oír de manera segura en el exterior, aprovechando el recorrido del fuego olímpico.
Ahora, ya en las proximidades del evento deportivo internacional, y ante la reunión del republicano McCain con el Dalai Lama el 25 de julio, el Gobierno chino ha pedido que las personas relevantes de los Estados Unidos respeten los principios de autodeterminación y libertad, del Derecho Internacional, pero nada hace en cuanto al cese, en su interior, de las variadas y permanentes formas de violación de los Derechos Humanos.

McCain expresó con razón que los Juegos Olímpicos de Pekín ofrecen una buena oportunidad a China para demostrar que respeta, en ese sentido, unos principios mínimos universales.Por su parte, Aministía Internacional ha presentado el estudio denominado "Cuenta atrás para la Olimpiada - Promesas rotas", que denuncia con datos el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en China desde abril de 2008, cuando hubo un compromiso de Pekín al respecto.

Amnistía Internacional señala a China y a su Gobierno, y declara que a pesar del compromiso, han aumentado la censura a los medios, las detenciones arbitrarias, la persecución de activistas de derechos humanos, y en menor medida las ejecuciones sin juicio previo. No se olvide que China está clasificada entre los países más renuentes a abolir la pena capital, y en donde su aplicación es frecuente y sumaria.
Estamos de acuerdo con Amnistía Internacional y con McCain, aunque éste debería mirar también hacia su país: los gobernantes chinos deben reconocer que violan los derechos humanos; que practican la represión; que torturan y matan.
Y es hora también, como lo dice Amnistía, de que los líderes mundiales pidan cuentas a China y muestren su preocupación por las violaciones de derechos humanos, que son allí corrientes, inclusive en esta etapa previa a la Olimpiada, ya que, el silencio del mundo podría ser entendido en Pekín como la aceptación de su barbarie.

SENTENCIA FAVORABLE AL TLC CON ESTADOS UNIDOS

2008-07-27T18:29:00.000-07:00

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Por siete votos contra uno, la Corte Constitucional ha declarado exequibles el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2006 entre Colombia y los Estados Unidos, y su ley aprobatoria, así como el correspondiente protocolo modificatorio y la Ley que lo aprobó.Como se sabe, esta es una revisión oficiosa y automática que, desde la Constitución de 1991, tiene lugar en la Corte Constitucional sin necesidad de que se formule demanda ciudadana, aunque desde luego los ciudadanos pueden participar, atacando o defendiendo la normatividad objeto de examen.

El artículo 241 de la Carta Política supedita al fallo de la Corte la atribución presidencial de ratificar el Tratado, lo cual significa que, si esa Corporación declara que en todo o en parte el Tratado revisado es inconstitucional, el Presidente no puede tramitar el canje de ratificaciones o el depósito de instrumentos indispensable para el perfeccionamiento del Tratado, y en los tratados multlilaterales expresamente prevé la norma constitucional que si alguna cláusula es declarada inexequible, Colombia no podrá ratificar el instrumento internacional sino formulando la correspondiente reserva.

En otras palabras, Colombia no se puede comprometer internacionalmente sino en aquellas cláusulas de los tratados que la Corte Constitucional haya encontrado acordes con la preceptiva fundamental.Pues bien, declarado exequible el TLC, ya de parte de Colombia todo se ha hecho, pero queda faltando la aprobación del Congreso norteamericano, esto es, el sí de la otra parte, para el perfeccionamiento del Tratado.

Y hay muchas dificultades con los demócratas, que hoy son mayoría en la Cámara y en el Senado de los Estados Unidos, y que han venido postergando la aprobación del TLC con Colombia, entre otras razones por la prelación que, dicen, debe darse a la situación económica norteamericana, y por cuanto, en su sentir, Colombia no ha logrado detener los asesinatos de dirigentes sindicales, además de que consideran que el TLC perjudica a los trabajadores de los Estados Unidos.

Todo esto, aparte de los escándalos de la "parapolítica", las relaciones de congresistas con organizaciones paramilitares, y la "Yidispolítica", que perjudican la imagen de Colombia y que sirven a los demócratas para resistirse a la aprobación del Tratado.Ahora bien, la Corte Constitucional no declaró la exequibilidad del TLC pura y simple, sino que introdujo algunos condicionamientos y advertencias.

Así, expresó el Presidente de la Corte que los desarrollos y aplicaciones del TLC podrán ser objeto de decisiones judiciales, es decir, que como el Gobierno deberá dictar decretos y resoluciones por medio de las cuales se dé cumplimiento a los diferentes compromisos internacionales que Colombia contrae en virtud del Tratado, todas esas reglas están sujetas a control judicial, y pueden ser acusadas ante la jurisdicción contencioso administrativa, o puede darse el caso de que decisiones concretas lesionen derechos fundamentales, y cabrá por tanto el ejercicio de acciones de tutela con miras a protegerlos.

Aunque no era necesario que lo dijera la Corte, por cuanto se supone, y el artículo 4 de la Carta Política es perentorio en el sentido de que la Constitución es norma de normas y en todo caso de incompatibilidad entre ella y normas inferiores prevalecen las normas constitucionales, la Sentencia advertirá que todo cuanto se haga en desarrollo o como aplicación del TLC deberá respetar la Constitución colombiana, así por ejemplo en temas como derechos de autor y derechos colectivos.Tampoco era necesario que lo advirtiera, pero la Corte advierte que "la vigencia del TLC y su Protocolo Modificatorio no pueden suponer una mengua o eliminación de las competencias y facultades constitucionales de los distintos órganos y autoridades colombianas".

Salvó su voto el Magistrado Jaime Araújo Rentería, quien consideró que el Tratado viola más de 100 artículos de la Constitución y que con él "se acabó la seguridad alimentaria en Colombia, se violó el derecho a la salud y al ambiente sano".

Añadió que, por ser un terma económico, la constitucionalidad ha debido fundamentarse también en cifras, para verificar el equilibrio exigido por la Carta, pero nunca se adujeron o analizaron dentro en el curso del debate en la Corte.Ahora, pues, el balón queda íntegramente en el campo de los Estados Unidos, y más concretamente en la mayoría demócrata de su Congreso.

GUANTÁNAMO

2008-07-18T18:13:00.000-07:00

Informe de Ludovico Ariosto

Gran expectativa ha causado, en particular en las organizaciones que defienden los derechos humanos, la divulgación -apenas ahora- del video que muestra el interrogatorio de un joven de 16 años, de origen canadiense -Omar Khadr-, capturado en 2002 y trasladado a la base norteamericana de Guantánamo, tras haber sido encontrado entre los escombros de un edificio bombardeado, gravemente herido, sindicado de haber arrojado una granada que mató a un soldado de los Estados Unidos durante un combate en Afganistán.

Según la información de las agencias internacionales, el video muestra al joven herido, llorando y pidiendo ayuda. El detenido dice haber sido torturado cuando estaba en la base aérea de Bagram, en Afganistán, que fue el primer lugar al que lo condujeron después de su arresto, si bien es claro que, al menos el video no muestra la práctica de tortura alguna, de golpes ni de abusos físicos, aunque sí refleja la angustia de una persona a la que los interrogadores preguntan reiteradamente acerca de su fe musulmana y sobre el conocimiento que pueda tener respecto a la organización terrorista Al Qaeda. Khadr se queja de no poder mover sus brazos y dice haber solicitado en vano los mínimos cuidados médicos.

El interrogatorio parcialmente exhibido en el video es adelantado por agentes del Servicio de Inteligencia de Canadá en Guantánamo, y de acuerdo con las agencias informativas, fueron mucho más extensos de lo que aparece en el registro visual, pues las grabaciones -inicialmente reservadas- no se muestran en su totalidad sino apenas en una parte, en la cual, a los reclamos del interrogado responden los interrogadores, procurando dejar en claro que está recibiendo buen tratamiento médico, y que no ha perdido sus ojos ni sus pies, a pesar de repetir el joven, sumido en llanto, que ya no los tiene.

Creemos que en este asunto hay varios puntos de Derecho Humanitario por resolver, el primero de todos el relacionado con la edad de la persona capturada. No es aceptable que un menor sea privado de su libertad en las condiciones en que Omar Khadr parece haberlo sido, menos todavía si se lo conduce a Guantánamo, cuando el mundo entero sabe las condiciones ominosas en que se mantienen sus prisioneros, y lo sabe inclusive por boca del propio Presidente norteamericano -quien explícitamente ha defendido la tortura como medio para obtener confesiones, precisamente de quienes se encuentran recluidos en esa base militar-.

También se generan inquietudes sobre el por qué de la reserva absoluta de estos interrogatorios y de las pruebas sobre los mismos, no menos que la divulgación apenas parcial de este en concreto, que ha causado la natural reacción de muchos sectores que piden explicación acerca de lo acontecido, tanto a las autoridades estadounidenses como a las canadienses. Este es apenas un caso, de los muchos que se han venido ocultando a la humanidad en torno a lo que sucede en el interior de las prisiones norteamericanas en Guantánamo.

LO DISCUTIBLE Y LO INDISCUTIBLE

2008-07-15T20:07:00.000-07:00

No romper el principio de independencia de los jueces

José Gregorio Hernández Galindo

¿Cuáles serían los temas tratados a lo largo de seis horas entre el Presidente de la República y la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia?
Entre el Gobierno y los magistrados puede haber diálogo, acercamiento, buena disposición, relaciones cordiales, y ello encaja en el postulado del artículo 113 de la Constitución, que a todos les ordena, sin perjuicio de la separación de funciones, prestarse mutua colaboración para, cada uno en lo suyo, alcanzar los fines del Estado.
Pero entre el Gobierno y las Cortes hay temas dialogables y temas no dialogables. Hay cosas que se pueden acordar dentro de esa colaboración armónica. Otras no.
Así, se debe haber hablado el lunes acerca de proyectos de reforma que el Ejecutivo quiera presentar a consideración del Congreso. Él tiene iniciativa al respecto y si, en la materia propia de la justicia se busca introducir enmiendas a la Carta, lo natural es que las iniciativas se consulten con ella y con las otras corporaciones.
También es posible discutir y dialogar sobre temas administrativos de la justicia. O acerca de la ilustración que puedan dar los magistrados al Gobierno, a manera de pedagogía, alrededor de las líneas jurisprudenciales establecidas en los distintos temas.
En cambio, no es discutible ni transigible el contenido de futuros fallos, ni el fondo de las providencias por dictar, porque la función judicial de la Corte es autónoma. No se puede compartir. El Gobierno no puede entrar en el ámbito específico de la jurisdicción, ni los jueces negociar con él sobre cómo conducen los procesos a su conocimiento, y menos acerca de la materia de las decisiones por adoptar. Todo eso se debe seguir única y exclusivamente dentro de los carriles trazados previamente y por vía general por las normas vigentes de la Constitución y de la ley.

Que nadie piense que a los magistrados de la Corte se les pasaría siquiera por la mente someter la esfera propia de su jurisdicción al Gobierno, ni que entrarían en diálogo con el Presidente sobre si deben "suavizar" posiciones en materia de "parapolítica" o de "yidispolítica", ni acerca de otros procesos, ni en torno a conceptos sobre extradición. Ni que se comprometan a fallar o a conceptuar en determinado sentido. Ellos tienen vedado ese tipo de acuerdos, porque no pueden prevaricar. Y el Presidente lo sabe.

DE LA EMOCIÓN DIRIGIDA

2008-07-13T11:13:00.000-07:00

Octavio Quintero

Ningún aporte hacen a la democracia los medios de comunicación que han dado en tomar pulsos de opinión popular en caliente.
Una opinión así pulsada es una opinión con poco sentido y mucha emoción. Esos medios, obviamente manipulados por intereses políticos superiores, y esas firmas encuestadoras, a las que solo importa el negocio, están contribuyendo, ellos y ellas sí, con conocimiento de causa, a descerebrar a la opinión popular que considera en estos momentos a Uribe como el mejor presidente colombiano de todos los tiempos y a Ingrid Betancourt como la presidenciable más óptima para sucederlo cuando a él le de la gana de retirarse.
Ni la seguridad democrática de la que tanto alarde se hace en este gobierno, ni la política económica y menos la social, resisten un papirotazo de gente medianamente informada. Para el caso de la seguridad democrática me remito a juristas y sociólogos que basados en normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos tienen tan estrechamente cuestionado al Presidente que muchos afirman que una vez huérfano de su inmunidad presidencial será muy difícil que sus carnitas y sus huesitos, como él mismo cariñosamente las define, no vayan a dar a predios de la Corte Penal Internacional, CPI.
Sobre la política económica me remito a cualquiera de las columnas que escribe el prestigioso analista Eduardo Sarmiento en el Espectador los domingos, nunca rectificadas por el equipo económico del gobierno o los economistas cercanos al gobierno, sencillamente porque los deja sin argumentos.
Y sobre la política social, pues, ni se diga: miren la salud en crisis; la política laboral destruida; la educación de vuelta a la represión; la vivienda paralizada, la generación de empleo estancada; la informalidad creciente y etc. etc.Sobre Ingrid, no creo que salvo la brutal experiencia que saca de sus largos y dolorosos años de cautiverio que todos repudiamos, haya mejorado las demás materias de estadista que para gobernar bien a un país se necesitan.Encuestar gente en caliente, muchas veces calentadas a punta de falsos positivos, es simple y llanamente manipulación mediática.
Si el procedimiento fuera correcto sería válido también medir la popularidad del Presidente o de su ministro de Protección Social entre los pacientes y trabajadores hospitalarios en momentos en que en horas de la madruga llega la Policía y el Ejército a tomarse las instalaciones de los centros asistenciales con el fin de cerrarlos y posteriormente privatizarlos a precios de gallina vieja, por citar un ejemplo entre muchos otros que los lectores pueden conocer de primera mano.A punta de estas encuestas, hoy tenemos a Uribe como insustituible; y a Ingrid, por encima en la intención de voto de políticos y estadistas que antes que ella, mejor que ella y más capacitados que ella, están haciendo cola.
Vamos mal, si los medios de comunicación nos siguen fabricando presidentes y ministros en Colombia basados en sensiblerías que, por justificadas que parezcan, no son suficientes para supeditar la razón del análisis político, económico y social, a la hora de elegir a los mejores gobernantes.

UN PROCEDIMIENTO TECNOCRÁTICO INCONSTITUCIONAL

2008-07-09T16:30:00.000-07:00

José Gregorio Hernández Galindo
Un grupo de tecnócratas, que ignoran los problemas de la gente y que pretenden que hasta los trabajadores más humildes tengan computador -sin poder tenerlo con sus exiguos ingresos- y entiendan de internet, de tecnología y de complicados formularios que parecen creados solamente para mortificar a los ciudadanos, ideó un sistema para el pago de los aportes a la salud, y su aplicación ha causado un verdadero caos que, además, tiene a muchos trabajadores, en especial independientes, por fuera de toda protección a su salud y la de su familia.
Todo, paradójicamente, por una decisión del Ministerio denominado "de protección social".Se trata del famoso sistema PILA -PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES-, que el Ministerio ha impuesto a las empresas y a los trabajadores, obligando a hacer todo al tiempo, a pagar todo al tiempo, y por Internet, en un complicado entramado de preguntas, casillas, informes que ni las personas con conocimientos técnicos pueden llenar acertadamente.
El Ministro Palacio tiene aquí un verdadero problema entre las manos, que debe resolver con prontitud, aunque sabemos que insiste en mantener el absurdo procedimiento.Ayer, desesperados y enfurecidos, usuarios del Seguro Social bloquearon la Avenida Eldorado y otras vías, y en el resto del país hubo protesta generalizada.
Como el Ministerio ideó además una ficha para que sus funcionarios ayudaran a las personas a diligenciar el complejo formulario, muchos llevan tres y cuatro días de fila, sin obtener ese instrumento. Otros, como informa el diario EL TIEMPO, habían llegado a las tres de la madrugada y -en una demostración de que estos sistemas, en contra de los derechos, generan corrupción- se encontraron con inescrupulosos que vendían los cupos en la cola.
Eso sin contar con los muchos "asesores" que ya han aparecido y que cobran altas sumas a los usuarios más humildes, por "colaborarles" en el diligenciamiento del formulario.La ficha -dice EL TIEMPO- no era garantía de nada: "quienes alcanzaron a recibirla tuvieron que esperar varias horas sin que los atendieran en el punto dispuesto para ello...".
Y lo increíble es que la gente quiere pagar; quiere hacer sus aportes, y no la dejan, con la consecuencia de que, no pudiendo demostrar el pago, no la atienden en las instituciones de salud. Uno de esos ciudadanos dice: "Queremos que el Ministerio autorice que paguemos en bancos mientras soluciona este problema. Que nos habiliten los bancos para seguir pagando como vaníamos haciendo todos los meses".
No hay duda de que las cosas venían bien en cuanto a estos recaudos, y más o menos bien en la atención a los usuarios, y este invento de brillantes tecnócratas ha provocado que todo se enrede, creando problemas que no existían.Desde el punto de vista constitucional, el Ministerio ha olvidado el artículo 83 de la Constitución, según el cual en las relaciones entre el Estado y los particulares debe prevalecer el principio de la buena fe, que se presumirá "en todas las actuaciones" que aquellos adelanten ante las autoridades.E ignora el 84, a cuyo tenor, "cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general (como la seguridad social), las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio".
Como en la práctica, por contera, se está bloqueando el acceso de las personas a los servicios de salud, se violan normas como el artículo 48 de la Constitución, que señala la seguridad social como un servicio público que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a principios que en este caso son totalmente contradichos por el sistema de PILA, como son los de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Se vulnera el mismo precepto constitucional, en cuanto él declara que "se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social". Y el 49, según el cual la atención de la salud es servicio público a cargo del Estado, y que afirma: "Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud".
Hay, en síntesis, gran confusión. Y la planilla ha fracasado. El Ministerio tiene la palabra.

LOS DIECISIETE AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA DE 1.991

2008-07-07T06:37:00.000-07:00

José Gregorio Hernández Galindo

El 7 de julio de 2.008 se cumplen diecisiete años de la promulgación y la entrada en vigencia de la Constitución de 1.991.En efecto, si bien la Asamblea Nacional Constituyente, según lo previsto por el Decreto 1926 de 1990 y lo aprobado por el pueblo en las urnas el 9 de diciembre del mismo año, terminó sus trabajos el 4 de julio, y ese día se hizo la presentación de la Carta Política en el Capitolio Nacional con el Presidente César Gaviria y todos los delegatarios, en realidad en tal ocasión como lo expresó inmediatamente el Secretario Jacobo Pérez Escobar- se firmaron papeles en blanco, a raíz de problemas técnicos con el contenido de los computadores del Cuerpo Constituyente.Únicamente el día 7 de julio fue publicada la Gaceta Constitucional -órgano oficial de la Asamblea- en que apareció incorporado por primera vez el texto completo del Preámbulo y el articulado de la Constitución, y no se puede olvidar que, según su artículo 380, ella entraba a regir solamente a partir de su promulgación. Entonces no rigió los días 4, 5 y 6, como lo reconoció más tarde -ya en ejercicio de su función de guarda de la integridad de la nueva Carta- la Corte Constitucional.Se hicieron después otras publicaciones del texto constitucional, con correcciones certificadas por el Secretario de la Asamblea, de artículos no transcritos inicialmente, o mal transcritos, o transcritos sin haber sido aprobados según el Reglamento de la Corporación.Se trata de una constitución que modificó sustancialmente el Derecho Público colombiano, y que se caracteriza por la consagración expresa de numerosos valores, como la justicia, la equidad, la libertad, la seguridad jurídica, la paz, la convivencia, el trabajo, que define al Estado colombiano como Estado Social y Democrático de Derecho, unitario, con descentralización y autonomía de las entidades territoriales, participativo, pluralista, fundado en el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general.El conjunto axiológico de la Constitución es muy rico, e introduce varios conceptos no acogidos en su época por la Constitución de 1.886.En búsqueda de esos valores, la Constitución contempla principios tan importantes como el de prevalencia del Derecho sustancial en la administración de justicia; el de razonabilidad; el de proporcionalidad; el de presunción de la buena fe; el de efectividad de los derechos; el de primacía de la realidad sobre los aspectos formales en las relaciones de trabajo; el de igualdad; el de protección especial a grupos humanos tradicionalmente discriminados y marginados; los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en las relaciones entre entidades territoriales; el de solidaridad,.para mencionar apenas algunos.Una Constitución que establece de manera detallada e integrada los derechos fundamentales, el bloque de constitucionalidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos y con el Derecho Internacional Humanitario; los derechos sociales, económicos y culturales; los derechos colectivos, y las acciones judiciales orientadas a su efectiva protección.Una Constitución que conserva sus líneas filosóficas básicas, aunque otras han sido afectadas y hasta sustituidas por veinticuatro reformas introducidas hasta ahora, con la permanente posibilidad de nuevas modificaciones anunciadas y en trámite. Estamos precisamente a la espera de nuevos proyectos de enmienda, que serán presentados por los comisionados del Gobierno el 20 de julio. Ello sin contar con el proyecto de referendo que ha anunciado el Presidente de la República para contrarrestar los efectos del fallo de la Corte Suprema en el caso de Yidis Medina.Celebremos estos diecisiete años de la Constitucón con algo de lo que Karl Lowoenstein llamara "sentimiento constitucional" , pensando en lo valioso de su contenido, todavía no completamente desarrollado, y en la inconveniencia de seguirla despedazando mediante reformas coyunturales, parciales, incompletas y no integradas al sistema, ni cotejadas con él.

EL TRIUNFO Y EL FRACASO

2008-07-06T15:25:00.000-07:00

José Gregorio Hernández Galindo

Sin duda, el excelente operativo denominado Jaque -planeado cuidadosamente, al milímetro y al segundo por el ejercito desde hace varios meses, y ejecutado el 2 de julio con éxito-, que culminó con la liberación de Ingrid Betancourt, los tres norteamericanos cautivos y 11 miembros de la fuerza pública, además de merecer el reconocimiento y felicitación que hoy están en boca de todos los colombianos, representa un golpe certero, y diríase que definitivo, a la estructura militar y a la organización de las FARC.

En este caso, las Farc han perdido valiosos elementos -los más valiosos, dentro de su ilícita concepción- de los que gozaba para presionar al gobierno y a la sociedad con miras a lograr sus oscuros fines. Entonces, el reconocido éxito del Ejército -que es el éxito del Gobierno, y también de la colectividad- constituye por contrapartida un fracaso monumental de la guerrilla; un golpe contundente a su nefasta actividad.

En efecto, el hecho de que, tras los contundentes triunfos de los últimos meses y la desaparición de varios de los jefes determinantes de la guerrilla, el secretariado de las FARC haya podido ser infiltrado por el Ejercito, para despojarlo de la ilícita posesión de personas con cuya vida y libertad negociaban, en un descarado chantaje al Estado colombiano, muestra a las claras que en el interior de esa organización subversiva impera el caos, y está, cuando menos, perpleja y desmoralizada.

En ese orden de ideas, en el transcurso de los próximos días estamos a la espera de alguna decisión, que los jefes de las FARC adopten sobre su propio futuro: lo razonable, lo lógico, lo acertado de su parte sería, a nuestro juicio, en primer lugar la liberación inmediata y sin condiciones de todos los demás secuestrados.

Y en segundo lugar, entregarse a las autoridades o buscar, previo reconocimiento de su derrota militar, un punto final negociado, pues de lo contrario sus integrantes serán abatidos, tarde o temprano, por la Fuerza Pública.

OBAMA ACLARA SU POSICIÓN ACERCA DE LA TERMINACIÓN DE LA GUERRA EN IRAK

2008-07-06T15:07:00.000-07:00

SAN LUIS, EEUU (Reuters) - El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, reiteró el sábado su plan de poner fin a la guerra en Irak y se mostró sorprendido por la dura reacción a un comentario de que podría "refinar" su cronograma para el retiro de los soldados estadounidenses."Para mí, decir que voy a refinar mis políticas, no es de ninguna manera inconsistente con mis declaraciones previas y no cambia mi postura estratégica de que hay que terminar esta guerra y que le voy a poner fin como presidente," afirmó Obama a periodistas en su avión de campaña.Obama, quien basó su carrera a la nominación demócrata en su inicial y feroz oposición a la guerra, dijo esta semana que podría modificar su plan de retirar a los soldados en los 16 meses siguientes a su asunción si cambiaban las condiciones en terreno.El comentario generó una fuerte cobertura mediática y duras críticas tanto de la izquierda como de la derecha, mientras que los republicanos dijeron que demostraba que era vacilante en lo concerniente a Irak."Me sorprendió un poco la locura que desaté con la que creí que era una declaración bastante inocua," agregó en un vuelo de Montana a San Luis. "Estoy absolutamente comprometido con poner fin a la guerra. Voy a llamar a mis jefes de campaña y les daré una nueva tarea, y esa será la de terminar con la guerra," afirmó.Obama enfrentará al republicano John McCain, un feroz defensor de la guerra, en la elección presidencial de noviembre, que seguramente se centrará en el futuro de los soldados estadounidenses apostados en Irak."Los realmente sorprendente es que Barack Obama aún no entiende que sus palabras importan," dijo el portavoz de McCain, Tucker Bounds.En tanto, el candidato demócrata señaló que no se había equivocado al escoger las palabras para describir su posición frente a Irak, pese a que pocas horas después convocó a una segunda conferencia de prensa para aclarar sus declaraciones previas.

ÚLTIMA HORA: RESCATE MILITAR DE INGRID Y CATORCE SECUESTRADOS MÁS

2008-07-02T14:02:00.000-07:00

Informe de Ludovico Ariosto

En desarrolló de un operativo militar denominado "JAQUE", el Ejército colombiano logró este medio día el rescate, sanos y salvos, de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, de los tres norteamericanos rehenes, y de once efectivos de la Fuerza Pública.

Las personas rescatadas se encontraban en poder de las FARC a 72 kilómetros del municipio San José del Guaviare. Dos helicópteros acudieron al rescate y según el General Freddy Padilla de León, Comandante de las Fuerzas Militares, en el curso de la operación de rescate fueron capturados dos guerrilleros.De acuerdo con el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, los liberados están en "un razonable estado de salud".

Fueron rescatados: Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial; Kid Stancel; Thomas Hawel; Marc Gonsalves ; Teniente Juan Carlos Bermeo, del Ejército; Subteniente Raimundo Malagón, del Ejército; Sargento José Ricardo Marulanda, del Ejército; Cabo Primero William Pérez, del Ejército; Sargento segundo Erasmo Romero, del Ejército; Cabo primero José Miguel Arteaga, del Ejército; Cabo primero Armando Florez, del Ejército; Cabo primero Julio Buitrago, de la Policía Nacional; Subintendente Armando Castellanos, de la Policía; Teniente Vainey Rodríguez, de la Policía; Cabo primero John Jairo Durán, de la Policía. Estos nombres fueron suministrados oficialmente por el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

URIBE DESCNOCE AUTORIDAD DE LA CORTE SUPREMA

2008-06-30T05:50:00.000-07:00

Crisis institucional sin precedentes

Informe de Ludovico Ariosto

La Corte Suprema de Justicia, al proferir la sentencia contra Yidis Medina, puso en tela de juicio la legitimidad de la reelección del Presidente Álvaro Uribe, y dejó en manos de la Corte Constitucional y del Procurador la decisión de si se debe revisar lo actuado, ante una desviación de poder acaecida en 2.004.

Dijo la Corte: "La aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder (...) El delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal, razón que lleva a la Corte a ordenar la remisión de copia de esta sentencia al Tribunal Constitucional y a la Procuraduría General para los fines que estimen convenientes".

Por su parte, el Presidente de la República, en alocución nocturna, propuso la expedición de una ley que convoque a un referendo en que, a la vez, se ordene repetir las elecciones de 2006.

El comunicado leído por el Presidente señala:"Las decisiones anunciadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia me obligan a expresar al país lo siguiente:1. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se basa en la autoincriminación por el delito de cohecho de una persona de claros antecedentes delictivos, para presionar indebidamente, mediante abuso de poder y usurpación de competencias, a otros órganos de administración de justicia, a fin de acusar a funcionarios honestos como parte del supuesto cohecho. También con el propósito de desvirtuar la transparencia democrática en la aprobación del Acto Legislativo de reelección presidencial, al acusar esta decisión de desviación de poder.2. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha desestimado elementos probatorios que le han sido presentados, conocidos por la opinión pública, para demostrar que el delito de cohecho no se dio y que la persona autoincriminada cometió otros delitos, como la periódica extorsión a funcionarios públicos, tal cual lo concluiría cualquier observador objetivo.3. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha llegado al extremo de presionar al Presidente de la República, a través de carta carente de rigor jurídico, en extraña protesta por la reciente decisión gubernamental que hizo efectiva la extradición de varias personas. Esa carta fue ampliamente difundida por los medios de comunicación.4. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aplica justicia selectiva. Proceder que atemoriza a su juez constitucional, que es el Congreso de la República.5. He ejercido la Presidencia de la República con amor a Colombia, con el único propósito de servir bien al interés general. He querido luchar por un país seguro, próspero y equitativo. La trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no parece tener solución judicial.6. En consecuencia, el camino correcto debe ser la regla democrática. Convocaré al Congreso de la República para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de la elección presidencial de 2006, con idénticas o mayores restricciones para el Presidente, que aquellas que en su momento impuso la Ley de Garantías".

RENUNCIA PRESIDENTE DE CONSTITUYENTE ECUATORIANA

2008-06-24T03:36:00.000-07:00

A escasos treinta días de cristalizar el proyecto de reforma constitucional que ha acariciado Rafael Correa como marco jurídico para asegurar su continuidad en el poder, ha surgido una crisis en el interior mismo de "Alianza País", la organización política de izquierda que respalda al gobernante.En efecto, ha renunciado intempestivamente Alberto Acosta, Presidente de la Asamblea Constituyente que prepara la nueva Carta, faltando apenas cinco semanas para que venza el plazo otorgado a ese organismo para cumplir su tarea.Han surgido varias diferencias entre Correa y Acosta, en particular en lo que concierne a la extensión del término: Correa tiene afán, pues quiere culminar todo este año, pero el Presidente de la Asamblea dice requerir más tiempo, con el objeto de producir un resultado constitucional bien diseñado y examinado, en lo que podríamos llamar la posición prudente de quien tiene la altísima responsabilidad de presidir la Constituyente, frente a la actitud puramente coyuntural y política del Jefe del Estado ecuatoriano.El nuevo texto debería estar listo el 26 de julio, pero el presidente de la Constituyente había rechazado los apremios. "Si queremos una democracia participativa, tenemos que tomarnos el tiempo suficiente para esos debates", insistía Acosta. Días atrás, Rafael Correa criticó las demoras de la cada vez más impopular Asamblea, de la que muchos ecuatorianos creen que trabaja poco.Las discrepancias también tocan con el contenido de la Constitución, en particular aquellos artículos que modificarán las leyes de las industrias petrolera y minera. Acosta, economista de izquierda vinculado al movimiento indigenista, está inclinado a consagrar mayores restricciones a la inversión extranjera que Correa. El presidente de la Asamblea, que fue el representante más votado en las elecciones de septiembre de 2007, declaró a la agencia Reuters que renunciaba "de forma irreversible" porque no tenía el apoyo de su partido para lograr una prórroga del termino de actividad colegiada. "Tenemos diferencias muy claras con Alberto Acosta", admitía César Rodríguez, delegatario del partido de Gobierno, que domina la Constituyente.El ministro Ricardo Patiño, Coordinador de asuntos políticos, aseguró ayer que Acosta continuará como miembro de la Asamblea, pero dijo también que es impostergable la fecha del 26 de julio para la terminación de los trabajos de la Asamblea y para la entrega del texto constituyente proyectado, que será después sometido a referendo.

EUROPA, A LA DERECHA

2008-06-22T15:36:00.000-07:00

Por estimarlo de interés, transcribimos el siguiente informe de EL PAIS.com, publicado bajo el título "EUROPA SE ANCLA A LA DERECHA" , que resulta bien diciente y harto preocupante desde la perspectiva de los derechos humanos y las reivindicaciones sociales:

"La semana laboral se extenderá en ocasiones hasta las 78 horas semanales y se podrá encerrar a los inmigrantes sin papeles durante 18 meses antes de expulsarlos. En algunas zonas, la policía ya tiene derecho a detener a cualquier persona 42 días sin cargos. En otras, los servicios secretos cuentan con autorización para husmear en los correos electrónicos sin mandato judicial. No piense en China; tampoco en Estados Unidos. Todo esto sucede en la Unión Europea, abanderada durante décadas del modelo social que más protegía al ciudadano. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el alcance del giro, pero coinciden en que el avance de la derecha en casi toda Europa ha dejado su impronta en la UE.

En muy pocos días han coincidido dos proyectos que amenazan con hacer añicos el sueño europeo: la directiva para que la jornada laboral máxima pase de 48 a 60 horas -y excepcionalmente, incluso a 78- y la que combate la inmigración ilegal con una dureza que hasta hace poco se asociaba a la extrema derecha. El contraste con el pasado reciente es sangrante: hace 10 años, el debate sobre la jornada laboral lo lideraba Francia con su propuesta de 35 horas. Y toda la Unión aislaba a Austria por abrir la puerta del Gobierno a un partido que se ensañaba con los inmigrantes.
La derecha dirige ahora las locomotoras europeas (Francia, Alemania, Italia...) y los Gobiernos de izquierda van camino de convertirse en una rareza, incluso en los países nórdicos. Pero la ola afecta a todos: los socialistas ni siquiera se han atrevido a oponerse en primera lectura a la directiva de la jornada laboral. Y 16 de los 19 socialistas españoles votaron a favor de la norma de inmigración.
"Estamos ante un retroceso clarísimo en los derechos sociales y ciudadanos", opina Nicolás Sartorius, vicepresidente de la Fundación Alternativas, de inspiración progresista. "Hay un ataque brutal a muchas conquistas logradas en las últimas décadas".
"Nunca la correlación de fuerzas ha sido tan desfavorable y esto nos lo pone muy difícil si queremos influir", explica Alejandro Cercas, ponente socialista en la directiva de la jornada laboral, que explica así la abstención socialista en este asunto: "Si se quiere frenar la iniciativa hay que tratar de unir al mayor número de países y esto es más fácil con la abstención que con la negativa". "El momento es tremendamente delicado: con tantas barbaridades se están fabricando millones de euroescépticos", subraya.
En opinión de Cercas, la clave es que las decisiones importantes se toman en los consejos intergubernamentales, donde la mayoría de derechas es abrumadora. Cree que muchos Ejecutivos utilizan estos consejos para impulsar normas que temen llevar a sus Parlamentos nacionales por la erosión que podrían implicar. "La UE se está utilizando como mecanismo para dar legitimidad a las políticas nacionales", recalca Sergio Carrera, del Centro de Estudios Políticos Europeos, con sede en Bruselas.
"La tendencia es clara: los británicos, por ejemplo, imponen a Europa cuestiones en la lucha contra el terrorismo que ni siquiera se atreverían a plantear en la Cámara de los Comunes", le secunda Ignasi Guardans, eurodiputado de Convergència i Unió (CiU) adscrito al grupo liberal de la Eurocámara. Guardans votó a favor de la directiva de inmigración ("al menos es un primer paso hacia la regulación", opina), pero juzga innegable la derechización de la UE. "Europa se ha vuelto de derechas porque la izquierda está en crisis y no sabe dar seguridad ni garantías. Además, los pocos Gobiernos de izquierda que quedan son muy poco de izquierdas, incluyendo el de España", añade Guardans, quien niega en cambio que el "modelo social europeo" esté en peligro. En su opinión, el riesgo está en el retroceso en las libertades como consecuencia de la "guerra contra el terrorismo".
Esta guerra la lidera en Europa el Reino Unido bajo la dirección de los laboristas. En teoría, pues, la izquierda. Pero en el país que aplicaba el hábeas corpus ya en la Edad Media, será ahora posible detener sin cargos durante 42 días (antes, 28) a cualquier sospechoso de terrorismo. "La medida viola claramente los derechos humanos. La lucha contra el terrorismo se está haciendo a costa de las libertades, también en Europa", lamenta Judith Sunderland, de Human Rights Watch. Suecia, hasta ahora otro referente mundial en el respeto a los derechos de los ciudadanos frente a posibles atropellos por parte del Estado, acaba de aprobar una ley que parece sacada del mundo orwelliano de 1984: el Estado podrá escrutar el contenido de todos los correos electrónicos.
La ampliación hacia el este, emprendida a partir de 2004, no ha hecho sino reforzar esta derechización hasta el punto de hacerla casi irreversible. El antiguo bloque del Este -la nueva Europa, como la llamó George W. Bush- salió tan escaldada del totalitarismo que la agenda liberal y la complicidad con Washington forman parte del acervo de todos los partidos, ya sean de derechas o de izquierdas.
"El peso de la historia explica que todos los nuevos países defiendan la misma agenda liberal y que todos hagan siempre causa común con los postulados tradicionales anglosajones", subraya Jan Techau, analista del Centro para los Estudios Europeos Alfred von Oppenheim, con sede en Berlín. En su opinión, sin embargo, el modelo social de la Europa occidental no está en riesgo porque "la gran mayoría de competencias en protección social sigue en manos de los Estados". "La agenda neoliberal de la UE es más simbólica que real; no hay que temer a Bruselas porque en este aspecto no es más que un tigre de papel", concluye Techau.
Krysztof Bobinski, del centro de estudios Unia & Polska, de Varsovia, reconoce que la ampliación ha cambiado las reglas del juego: "Tras años de dictaduras, nuestros estándares de derechos pueden ser inferiores a los de los países europeos, pero no conviene exagerar. Es toda Europa la que ha girado a la derecha; no es una cuestión simplemente del Este", insiste Bobinski.
"Las reglas son casi siempre liberales y ahora mismo no hay ningún proyecto político que aspire a gobernarlas", lamenta el sindicalista José María Zufiaur, consejero del Comité Económico y Social (CES) europeo. Zufiaur también juzga la ampliación como un factor clave en el giro, pero desde otra perspectiva, menos determinista y más política: "Cuando España se incorporó a la UE le garantizó mucho dinero a cambio de que se fuera acercando a los estándares sociales del grupo para evitar el dumping [abaratamiento anormal de los precios]. Ahora se ha hecho lo contrario. A los nuevos miembros se les ha dicho: 'Les vamos a dar mucho menos dinero y compitan como puedan".
Nadie niega el creciente predominio de la derecha en la UE. Pero no todo el mundo comparte la idea de que el giro socave la tradición de décadas de construcción europea tejida con el consenso entre la izquierda posibilista y una derecha de tradición democristiana. "No hay ninguna evidencia de que Europa se esté convirtiendo en ultraliberal. Nadie está desmantelando el Estado del bienestar", recalca Simon Tilford, del Centro para la Reforma Europea, en Londres. Tilford ni siquiera considera que la directiva de tiempo de trabajo vaya a tener demasiado impacto. Guardans coincide: "No se está acabando con ningún modelo social, pero deben romperse tabúes si queremos ser competitivos".
Tampoco la directiva de inmigración choca con la tradición europea, según Carmen González, investigadora del Real Instituto Elcano: "No hay que interpretarla como una reducción de libertades, al menos en el caso español [donde el Gobierno establecerá en dos meses el límite de retención de inmigrantes sin papeles], sino como una medida de eficacia y disuasoria. Hay que tener en cuenta además que algunos países no tenían ningún límite y ahora lo van a tener". Bjarte Vandvik, secretario general del Consejo Europeo para los Refugiados (ECRE, en sus siglas en inglés), la ve en cambio como un ejemplo de "la visión que tiene hoy Europa": "inhumana e injustificada"."

UNA ALIANZA PREMATURA

2008-06-18T15:56:00.000-07:00

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Como es bien sabido, quien esto escribe no es partidario de la reelección presidencial; no lo fue en el año 2004, cuando se aprobó el Acto Legislativo de Yidis y Teodolindo, ni lo es ahora, cuando se busca por la vía del referendo una nueva modificación constitucional que permita reelegir al actual Presidente.El motivo de esa discrepancia no guarda relación con el nombre, ni con la persona del Presidente, ya que se trata de una posición intelectual respecto a la reelección en sí misma, que no debería ser parte de una institucionalidad genuinamente democrática, toda vez que cierra las posibilidades de renovar el gobierno y cercena la igualdad entre los aspirantes, favoreciendo con todas las ventajas a quien ejerce efectivamente el poder.Estas características perversas de la reelección se pueden apreciar hoy, a nivel institucional, en el fenómeno ostensible de la concentración del poder presidencial y en el control del Jefe del Estado -al participar decisivamente en su composición- sobre organismos como la Corte Constitucional, la Junta Directiva del Banco de la República, la Fiscalía General, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para mencionar apenas algunos, neutralizando de hecho los frenos y contrapesos que según Montesquieu deben caracterizar al Estado de Derecho.No obstante este criterio, nuestra concepción sobre el alto concepto de la política -que no identificamos con la acción electorera, ni con el clientelismo, ni con las prácticas ilícitas de manipulación del electorado- nos impide compartir la actitud que en las últimas horas han asumido dirigentes de los partidos Liberal y Polo Democrático, quienes se han unido y buscan hacia el futuro profundizar esa unión, alrededor de un solo propósito: bloquear la reelección de Uribe.La política, en el alto concepto que le corresponde -que implica el conocimiento y decisión, desde diferentes vertientes ideológicas, sobre los grandes asuntos que interesan a la sociedad y al Estado, con miras a cristalizar en la práctica, en el Gobierno, los valores y principios que se profesan- no puede circunscribirse al limitado objetivo de cerrar el paso a alguien, entre otras razones porque necesariamente ello ocasiona que ese alguien convoque la solidaridad de los votantes, al considerarlo perseguido y víctima de una conspiración.Unirse tan sólo para atajar a Uribe, cuando ni siquiera existe hoy por hoy una norma constitucional que autorice la segunda reelección y cuando el Presidente, por tanto, no ha expresado oficialmente sus intenciones de candidatizarse, significa empequeñecer la política, despojándola de sus finalidades esenciales, y asumir una posición obstruccionista, que en esa medida es negativa, sin programas de gobierno y sin postulación de ideas.Se habla de consultas entre los partidos proponentes, para unificarse desde ahora alrededor de un candidato que se enfrente a Uribe, lo que a nuestro juicio, fuera de ser prematuro, tendrá el efecto de precipitar a la vez la unión entre quienes simpatizan con la segunda reelección, logrando tal vez un propósito contrario al perseguido.

HABEMUS COCA

2008-06-15T18:50:00.000-07:00

Por Octavio Quintero
(Tomado de www.elementosdejuicio.com)

Nos pone los pelos de punta que una diva francesa venida a más por haberse casado con un presidente en ejercicio que se está viniendo a menos, cante canciones relativas a la producción y consumo de coca en Colombia. Y nuestro deslucido canciller, también venido a más por habérsele volado a las Farc pocos días después de que precluyera una investigación en su contra por haberle robado una tierrita a los más pobres de su natal Cartagena, protesta enérgicamente diciendo que "eso pasa por combinar la política con la farándula". Esperemos que ningún acucioso analista haga extensiva esa apreciación del canciller a los conciertos de Juanes, nuestra lumbre artística internacional (y esto es en serio), por haber armado el gigantesco concierto fronterizo colombo-venezolano en momentos en que las tensiones entre Uribe-Chávez y Correa, estaban en su climax.Viene a lugar mencionar también en este contexto de ardorosa defensa patriótica, la glosa bien lograda que nuestro general Naranjo, director de la Policía Nacional, hace a un guión televisivo que viene transmitiendo a modo de documental el canal Caracol TV denominado El Cartel que recoge la vida y obra de los más importantes capos de la droga en Colombia. Mi general dice que el guionista, un narcotraficante confeso y convicto, deja a la policía por el suelo y pone a los narcos por las nubes. Es lo que acaba de confirmar, mi general, el Sistema Nacional de Monitoreo (SIMCA) en su última medición: que el cultivo de coca en Colombia, a pesar de la muy eficiente labor policial y de los cuantiosos recursos del Plan Colombia se dispararon al cierre del 2007 en un 25 por ciento, retrotrayendo su nivel al de hace seis años.Es decir, y para revolverle farándula a esta política, los años dorados de Uribe en materia de lucha contra el narcotráfico han pasado sin pena ni gloria. Pero eso sí, los muchos millones de dólares que le ha insuflado Estados Unidos a través del Plan Colombia a cuenta de esa lucha, le han servido para prenderle candela al rancho de las Farc, y sobrado para hacer que algunas chispas de esta guerra interna flameen peligrosamente sobre las fronteras con Venezuela y Ecuador.Es el quid del asunto. Es lo que en palabras de Luigi Ferrajoli, padre del garantismo penal, llama intereses muy fuertes para mantener las drogas prohibidas. ¿A quién más que a Estados Unidos le conviene política y económicamente esta lucha? Mientras más lejos estemos de ganarla más injerencia del Imperio en nuestros asuntos internos y más utilidades devengarán las transnacionales que se dedican a la comercialización de químicos precursores del alcaloide y del tráfico de armas para la guerra contra el narcotráfico hoy; entre los países bolivarianos, mañana.Bajo la presión de Estados Unidos se ha desarrollado en el mundo una legislación antidroga totalmente irracional, dice Ferrajoli en declaraciones al periodista Carlos Rodríguez de Página 12, un portal argentino. ¿Pero, totalmente irracional para quién? No es, por supuesto, para el Imperio, porque eso es lo que busca: que irracionalmente nos matemos en estos países andinos en el altar de sus furibundos consumidores; en beneficio de las arcas de sus transnacionales y en camino de su expansión geopolítica.La guerra contra las drogas no está acabando con los cultivos ni con los narcotraficantes ni con los consumidores. Por el contrario, éstos: cultivos, narcotraficantes y consumidores siguen aumentando aquí y acullá. Esa guerra, lo que está acabando es con la dignidad de estos países Colombia y México-, por ejemplo.Pero de nada valen estos llamados a la reflexión, hechos hoy por Ferrajoli y ayer por premios Nobel de literatura y economía como García Márquez y Stiglitz. Mientras esta guerra siga siendo un gran negocio económico y una estrategia política que juega a favor del Imperio: habemus coca per secula seculorum con sus fuertes cargas de crímenes y corrupción

EN VIGOR LA CONSTITUCIÓN DE KOSOVO

2008-06-15T06:53:00.000-07:00

Con la firma del presidente Fatmir Sejdi de un paquete de leyes subordinados a ella, ha comenzado a regir este 15 de junio la Constitución de Kosovo, la antigua provincia serbia que recientemente declaró su independencia. La Constitución fue adoptada por unanimidad en el Parlamento de Pristina el pasado día 9. El texto define a la República de Kosovo como un Estado independiente, soberano, democrático, único e indivisible y destaca su condición de sociedad multi-étnica.Sejdi ha calificado el momento de histórico y ha afirmado que con la entrada en vigor de esta Carta Política concluye el ciclo de construcción del Estado kosovar. El presidente de la joven nación ha insistido en que Kosovo es un país democrático que ha aceptado los valores y parámetros europeos.

Boris Tadic, Presidente de Serbia, que nunca ha aceptado le independencia kosovar, ha declarado que la entrada en vigor de la Constitución no tiene para Serbia ningún valor legal y que es un acontecimiento político con consecuencias dañinas. Según las palabras del mandatario serbio, Serbia ve a Kosovo como su provincia meridional. Serbia seguirá defendiendo su integridad y la soberanía también en Kosovo, con medios pacíficos y la diplomacia, no con violencia.

La Constitución kosovar consta de 40 capítulos y 160 artículos, que regulan el funcionamiento de esta república con el albanés y el serbio como lenguas oficiales. Es muy probable que la entrada en vigor del texto ahonde la división entre la mayoría albano-kosovar y los serbios, establecidos sobre todo al norte de la región, que ya han comenzado a configurar sus propias estructuras políticas y abrirán un parlamento propio en Mitrovica el próximo 18 de junio. La tensión entre las dos comunidades ha sido especialmente dura en esta ciudad, escenario de duros enfrentamientos en el pasado entre ambas comunidades.

DECISIONES DIVERSAS POR LOS MISMOS HECHOS

2008-06-12T19:57:00.000-07:00

José Gregorio Hernández Galindo

Reconociendo que hay diferencia, desde el punto de vista de sus alcances, entre la jurisdicción penal y la disciplinaria, por cuanto los dos sistemas normativos miran hacia propósitos diversos, no hemos podido entender cómo, cuando se trata de los mismos hechos, de las mismas pruebas, de las mismas situaciones jurídicas y de idénticos cargos, las decisiones de la justicia penal resultan completamente distintas y hasta contrarias a las que adopta la autoridad disciplinaria.

Lo decimos porque hemos visto en los últimos años varios casos en los cuales un funcionario resulta exonerado de toda responsabilidad en el proceso penal, y por los mismos hechos, es sancionado, inclusive con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, desde el punto de vista disciplinario.

Esto ha acontecido, por ejemplo en el caso de militares de alta graduación, quienes ante la justicia penal han salido completamente eximidos de cualquier culpa, pero sin embargo han sido destituidos e inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación.

Por ese motivo, inclusive, un sector de la doctrina constitucional ha considerado, con razón, que el fuero militar, plasmado en el artículo 221 de la Constitución, no solamente debería cobijar los aspectos penales sino también los disciplinarios. No se concibe, por ejemplo, que oficiales de la Armada Nacional (un General y dos suboficiales) destituidos por el Procurador General sindicándolos de grave omisión, a título de dolo, en el caso de la masacre de Chengue, sin demostrarles la negligencia ni la mala fe, hayan sido exonerados penalmente por la justicia correspondiente.

Nos parece que el tema disciplinario debería seguir las directrices del penal, y así lo acaba de afirmar la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuando a través de una decisión de tutela, suspendió los efectos de la sanción que la Procuraduría General de la Nación impuso a tres concejales de Barranquilla al encontrarlos responsables de incurrir en una conducta punible.

Para el Consejo Superior de la Judicatura, en una providencia a la que no se ha dado toda la importancia que realmente tiene, la decisión proferida en el proceso disciplinario debe ser congruente con los resultados de la investigación penal, pues de lo contrario se vulnera el debido proceso. Y, lo peor, se aplica a una misma persona decisiones contradictorias respecto a una conducta única, que reclama necesariamente, por tanto, un trato equivalente. La unidad de la conducta, en nuestro criterio, no debería romperse, para dar lugar a que el mismo sujeto sea responsable disciplinariamente pero exonerado bajo la perspectiva penal.

Esto, en particular, cuando el motivo de la sanción disciplinaria invoca entre sus argumentos más importantes la comisión de conductas delictivas, que infortunadamente el Código Disciplinario Único trasladó de modo arbitrario al ámbito de competencias de la Procuraduría General de la Nación. Y entonces, se ve la misma conducta delictiva bajo el aspecto penal, y también -allí radica el error- bajo el lente disciplinario.

SIGNIFICADO DE UN FRACASO

2008-06-11T14:15:00.000-07:00

José Gregorio Hernández Galindo

El hundimiento de la llamada Reforma Política -una más, después de la que, con el mismo nombre, se introdujo en 2003- tiene varios significados que vale la pena examinar:

- Significa, ante todo, que la conocida parapolítica, con el alto número de congresistas detenidos o sometidos a proceso penal, sí ha afectado -y de manera grave- al Congreso como institución, pues en esta oportunidad, bien a través de los impedimentos aceptados, de las ausencias forzadas de los involucrados procesalmente, de las ausencias voluntarias (que son verdaderas faltas) de quienes sencillamente no quisieron acudir a las sesión de la Comisión Primera del Senado, ha sido la parapolítica la que, por paradoja, ha hundido la reforma constitucional contra la misma parapolítica.

- Significa también que los miembros del Congreso, por lo menos varios de ellos, no están interesados en sanear la política, y probablemente les parece muy bien que las cosas sigan como están y que los grupos delictivos sigan influyendo en la elección de los congresistas.

- Significa que el Gobierno Nacional, a pesar de lo que había dicho inicialmente en el sentido de apoyar la reforma, tampoco tenía intención alguna de hacer un corte claro y contundente que permitiera separar lo que viene pasando en la política colombiana de lo que en el futuro -y como ideal- quisieran los ciudadanos ver cristalizado en nuestras instituciones.

- De la misma forma, significa que el gobierno tenía temor de que, al aplicar la silla vacía a partir de las decisiones judiciales de privación de la libertad y no del fallo condenatorio definitivo, se viera ostensiblemente disminuida su mayoría en el Congreso, y probablemente diezmada, dado el alto número de congresistas afectados por la parapolítica pertenecientes a los partidos que conforman la coalición uribista.

- Significa, de otro lado, que las conveniencias políticas coyunturales prevalecen entre nosotros sobre los grandes propósitos nacionales, y aunque la reforma propuesta no era la panacea -e incluso, quien esto escribe estima que el nombre de reforma política era demasiado grande para titular el contenido del proyecto-, al menos estábamos dando un paso hacía adelante en la urgente tarea de responsabilizar a los partidos y movimientos políticos por la escogencia de sus candidatos, y -lo más importante-, de buscar una verdadera independencia del Congreso y una mayor transparencia de los procesos electorales.

- Significa que los procesos de reforma constitucional en Colombia se adelantan según las motivaciones propias de la coyuntura, sin la indispensable seriedad en los propósitos, y sin un criterio coherente, de Gobierno, Congreso y sociedad acerca de la trascendental función que cumplen las cámaras cuando actúan como Poder de Reforma, o -en el lenguaje de los tratadistas-, como Poder Constituyente Derivado o Secundario. A tal punto llega la displicencia con la cual se mira tal función, que toda una reforma constitucional se arma, se desarma o se vuelve a armar en un desayuno.

- Finalmente significa que el Congreso no se respeta a sí mismo como institución.

EXCESOS

2008-06-11T04:20:00.000-07:00

José Gregorio Hernández Galindo

Los servidores públicos, cuando hacen uso de los medios de comunicación deben tener el mayor cuidado -y por ello responden- si sus intervenciones implican afectación de la honra o el buen nombre de personas en concreto y con nombres propios, que puedan quedar expuestas ante la opinión pública como autoras o coparticipes de delitos.Ha de considerarse, por ejemplo, que la presentación de alguien como posible delincuente, en particular cuando se trata de vínculos con grupos extremos como los paramilitares o la guerrilla, la sindicación directa puede conducir inclusive a poner en riesgo la vida y la integridad de las personas mencionadas.Esta reflexión la formulamos de manera muy respetuosa, ante circunstancias recientes que implican el llamado público de altos funcionarios en contra de otros, con claras sindicaciones de orden penal.Un caso reciente -solamente lo cito a título de ilustración- es el de la vinculación pública que se hizo de unos congresistas con la guerrilla de las FARC, en virtud de la cual se abrió lo que en el terreno periodístico, precisamente a raíz del gran despliegue oficial, hemos denominado la Farcpolítica.A través de los medios de comunicación, y con gran alarma, el propio Fiscal General anunció que enviaba a la Corte Suprema de Justicia documentos comprometedores, para esos legisladores en concreto, con tales posibles relaciones.La Corte Suprema de Justicia había solicitado previamente, en ejercicio de su función y sin tanto ruido, que le remitieran el material encontrado en los computadores de Raúl Reyes. La solicitud se hizo hace más de un mes.En cuanto a las copias de algunos correos enviados por la Fiscalía, que podrían comprometer a los tres congresistas, la Corte Suprema las ha evaluado, y ha proferido una providencia mediante la cual llama la atención de la Fiscalía, en el sentido de que cuanto ese Tribunal considera necesario -y que no se le ha remitido- es la totalidad de la documentación encontrada en el lugar del operativo en que murió el mencionado guerrillero.Así lo expresó el Magistrado Sigifredo Espinosa, Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se resalta que lo enviado por el Fiscal 20 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo son documentos seleccionados por la Policía Nacional en los que simplemente se mencionan los nombres de los congresistas () sin tener en cuenta que fueran indicativos o no de la posible responsabilidad penal que de ellos se dedujeran.Pero la presentación, con gran despliegue, que hizo el Fiscal sobre tales documentos nos dio a todos la impresión de que en realidad allí existían motivos verdaderamente graves que comprometieran a los congresistas, a la vez que el Ministro de Defensa aseguraba que los alcances de la Farcpolítica podrían ser incluso peores que los de la parapolítica.Ante el reclamo de la Corte, el Fiscal Mario Iguarán ha explicado que tan pronto conoció las cartas iniciales de solicitud ordenó a la Unidad Nacional contra el Terrorismo enviar todos los archivos, pero que dicha Unidad sólo compulso copias de las partes que consideró pertinentes, lo que provocó a su vez un reclamo del Fiscal a sus subalternos.Pero, en el ambiente sí quedaron flotando las dudas sobre el comportamiento de los congresistas, en virtud del despliegue con que se hizo el envío de los documentos que, según la Corte, nada contenían en realidad. Son excesos inadmisibles que ponen en peligro y en ocasiones afectan derechos fundamentales. La justicia no es ni puede ser espectáculo.

VUELVE LA PROHIBICIÓN DEL VELO ISLÁMICO EN UNIVERSIDADES TURCAS

2008-06-10T19:55:00.000-07:00

Informe de Ludovico Ariosto
Una sentencia del Tribunal Constitucional de Turquía declaró contraria a la Carta Política la reforma constitucional en virtud de la cual se había levantado en febrero la prohibición a las mujeres de llevar el velo islámico en las universidades.El argumento central: la enmienda violaba el principio del Estado laico, instituído desde 1980.Recordemos que el 9 de febrero del presente año se impuso la mayoría islámica liderada por el partido de la Justicia y el Desarrollo AKP que tramitó y sacó adelante la modificación constitucional, con la colaboración de ls Formación Nacionalista de Oposición MHP, autorizando que las mujeres pudieran libremente portar el velo propio de su religión en las aulas. La decisión se adoptó entonces por 404 votos contra 92, sobre la base de garantizar la libertad de conciencia.En 1.980 se había introducido el postulado por cuya virtud se debía garantizar por distintas vías y mecanismos, uno de los cuales era la prohibición, la separación absoluta entre la religión y el Estado.Inmediatamente la reforma constitucional fue promulgada, más de 120.000 manifestantes se agolparon en las calles de Ankara y ante el Mausoleo de Mustafá Kemal Ataturk, fundador de la Turquía moderna, y los dirigentes enemigos de la reforma acudieron al Tribunal Constitucional, que acaba de fallar privándola de todo efecto. Ahora las ,manifestaciones y la polémica corren por cuenta de los partidarios de la libertad de conciencia y de las mujeres que la reclaman.Este es un duro revés para el islamismo, que podría terminar políticamente vetado, pero las discrepancias políticas y religiosas se agudizan.

Arrancó...OBAMA

2008-06-08T18:52:00.000-07:00

Son 538 los votos que conforman el Colegio Electoral de Estados Unidos, repartidos entre los 50 Estados. Kerry consiguió 251, frente a los 286 de George W. Bush. Obama deberá conseguir 18 votos electorales más que su antecesor. Si lograra asegurarse el voto de los hispanos, jubilados y judíos de Florida, conseguiría 27, más de lo necesario. Colorado ofrece nueve y Carolina del Norte, 15. Una victoria demócrata en ellos se ha considerado, hasta ahora, algo difícil, pero no imposible. Por eso Obama viaja hoy a Carolina del Norte, que ha votado mayoritariamente al candidato republicano en las últimas ocho elecciones presidenciales.
El senador espera atraer a la población afroamericana, que supone un 25% de los habitantes de este Estado y que le concedió una clara victoria de 13 puntos sobre Hillary Clinton en las primarias del 6 de mayo. Su equipo deberá trabajar duro en Florida, un Estado en el que prácticamente no se ha hecho campaña y donde Hillary Clinton arrasó en unas primarias que violaron las normas de la Convención Nacional Demócrata y cuyos votos sólo contarán la mitad en el encuentro en el que se le ratificará como candidato en agosto.
Pero Obama no sólo se juega su victoria en Estados conservadores, sino en los llamados Estados oscilantes, en los que no está segura la victoria de ningún candidato y que acaban siendo decisivos en la cita de noviembre.
El candidato demócrata se trasladará esta noche a Misuri, cuyos 11 votos electorales fueron para Bush en las últimas dos elecciones. En 1992 y 1996 votó a Bill Clinton. Obama pasará allí también el martes. En sus discursos recalcará "sus importantes diferencias con McCain", según informa su campaña. Obama deberá conseguir una gran participación en Saint Louis y en las zonas rurales de su periferia para conseguir arrebatarle este Estado a los republicanos.
Ahora que cuenta con el respaldo de Clinton, Obama ha decidido centrarse en los problemas económicos y el desempleo, cortejando a los votantes incondicionales de la senadora de Nueva York: trabajadores de clase media y media-baja, sindicalistas y personas sin estudios universitarios. Obama ha contratado a Aaron Pickrell, estratega jefe de las campañas del gobernador de Ohio, Ted Strickland, uno de los grandes apoyos de la campaña de Clinton y que le puso en bandeja a la senadora su victoria en este Estado el 4 de marzo.
Strickland, un político muy popular en las zonas industriales, es uno de los firmes candidatos a ocupar el puesto de candidato vicepresidencial, algo que muchos votantes verían como un gesto conciliatorio hacia Clinton y un gran esfuerzo por atraer a los votantes de las clases trabajadoras. La coyuntura económica puede ser favorable. El desempleo en EE UU alcanzó en mayo uno de sus máximos históricos, situándose en un 5,5%, registrando la mayor subida mensual desde 1986.
McCain ha tenido tiempo de centrarse en los mismos objetivos, pero con una estrategia distinta. El senador de Arizona se aseguró la nominación en marzo. Desde entonces ha aprovechado la guerra cainita entre Clinton y Obama para atraerse a votantes descontentos del bando de la ex primera dama. "No hubiera dicho jamás que acabaríamos centrándonos en votantes demócratas a esta escala", decía ayer el jefe de campaña de McCain, Rick David, en el diario The Washington Post.
Precisamente McCain planea visitar en numerosas ocasiones Ohio, un Estado que ofrece 20 votos electorales y que, como Misuri, ha elegido al candidato ganador en las últimas cuatro elecciones presidenciales.

CÁRCELES FLOTANTES, EN LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

2008-06-02T08:08:00.000-07:00

Informe de LUDOVICO ARIOSTO

Una institución internacional dedicada a la defensa de los Derechos Humanos -Reprieve- acaba de formular contra los Estados Unidos una denuncia que debemos registrar: ese país, so pretexto de la lucha contra el terrorismo -que, según el criterio de George W. Bush, otorga "patente de corso" para todo, ha instalado y usa “cárceles flotantes” en las que recluye a los detenidos"; centros de detención en barcos, con el fin de escapar a cualquier clase de vigilancia incómoda, como la prensa o los abogados, o las organizaciones de Derechos Humanos.

Según el periódico inglés "The Guardian", un informe que publicará este año la organización de Derechos Humanos en referencia, cuyo director jurídico es Clive Staffor Smith, denunciará más de 200 nuevos casos de entregas extraordinarias desde el 2006, cuando el presidente George W. Bush aseguró que su país había puesto fin a ese tipo de prácticas. Las entregas extraordinarias son aquellas en las que se produce el traslado de sospechosos de terrorismo en condiciones secretas y al margen de la legalidad internacional.
EL PAIS.com señala: "EE UU puede haber utilizado hasta un total de 17 barcos como “cárceles flotantes” desde el 2001. Los presos son interrogados a bordo de esos buques y luego enviados a centros de detención en terceros países, afirman los autores del informe. Entre los buques empleados para esos fines están el USS Bataan y Uss Peleliu, pero los encargados del estudio sospechan que otros 15 buques han operado en torno a la isla británica de Diego García, en el océano Indico, utilizada como base por británicos y estadounidenses".

El director de la organización pro derechos humanos asegura además que el “Gobierno estadounidense admite que tiene actualmente detenidas sin cargos en prisiones secretas al menos a 26.000 personas, y las informaciones reunidas indican que desde el 2001 un total de 80.000 pueden haber pasado por ese sistema”.
Los defensores de los Derechos Humanos creen que la CIA ha operado con cárceles secretas en países como Tailandia, Afganistán, Polonia, Rumanía, Yibuti y posiblemente también en Diego García. Los individuos capturados por Estados Unidos en Afganistán y otros países han sido enviados a cárceles de Siria, Jordania, Marruecos y Egipto.

Es evidente que este sistema impide la adecuada y técnica defensa de las personas privadas de su libertad, y facilita que en esos reclusorios circulantes se puedan cometer toda clase de atropellos, violaciones de los Derechos Humanos, torturas, o cuanto sirva a las finalidades estatales, dentro de la filosofía dominante según la cual "el fin justifica los medios".

Según "The Guardian" , la organización "Reprieve" expresará su preocupación por las actividades de otro buque estadounidense, el "USS Ashland" , a comienzos del 2007, cuando llevó a cabo operaciones de seguridad marítima frente a las costas de Somalia.
Fuerzas militares de Somalia, Kenia y Etiopía secuestraron por aquel entonces a numerosos individuos, que fueron luego sometidos a interrogatorios por supuestos miembros del FBI y de la CIA.
Más de un centenar de personas fueron hechas "desaparecer" luego en cárceles de Kenia, Somalia, Etiopía, Yibuti y en la que Estados Unidos mantiene en Guantánamo (Cuba) .
"Reprieve" cree que algunos de esos reclusos fueron sometidos también a interrogatorios en el USS Ashland y otros barcos que estaban entonces en aguas del golfo de Adén.
"El Gobierno estadounidense admite que tiene actualmente detenidas sin cargos en prisiones secretas al menos a 26.000 personas, y las informaciones reunidas indican que desde el 2001 un total de 80.000 pueden haber pasado por ese sistema" , afirma el director de "Reprieve" .
Andrew Tyrie, diputado conservador que preside el grupo parlamentario sobre entregas extraordinarias, ha pedido a los Gobiernos de Londres y Washington que digan toda la verdad sobre esas detenciones.
"Poco a poco se está sabiendo la verdad sobre las entregas extraordinarias. Y el resto se sabrá poco a poco. Sería mejor que los gobiernos se sinceren cuanto antes" , dijo Tyrie.
Según el portavoz para Asuntos Exteriores del Partido Liberal Demócrata, Edward Davey, "si el Gobierno Bush utiliza los territorios británicos para sus entregas extraordinarias, habrá defraudado la confianza en él depositada por los británicos" .
Un portavoz de la Armada estadounidense, el comandante Jeffrey Gordon, negó a "The Guardian" que haya "centros de detención a bordo de los buques estadounidenses" aunque reconoció que algunos individuos han sido detenidos durante breves períodos en esos barcos.
Los individuos capturados por Estados Unidos en Afganistán y otros países han sido enviados a cárceles de Siria, Jordania, Marruecos y Egipto.

LO QUE REALMENTE DISPUSO LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO A LOS CONGRESISTAS

2008-05-31T14:18:00.000-07:00

Por considerar que ha habido alguna desinformación sobre los alcances y el sentido de la Sentencia C-545 del pasado 28 de mayo, hablando de una segunda instancia de la que no habló la Corte para juzgar a los congresistas, juzgamos necesario transcribir -a falta del fallo, que no se ha firmado ni publicado- presentar a nuestros lectores el texto completo del Comunicado de Prensa número 25, de la Corte Constitucional, que dice:
"COMUNICADO DE PRENSA No. 25
La Corte Constitucional, en la sesión de la Sala Plena celebrada el día 28 de mayo de 2008, adoptó ente otras, la siguiente decisión:
EXPEDIENTE D-6960 - SENTENCIA C-545/08 Magistrado ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla 1. Norma acusadaLEY 906 DE 2006(agosto 31)Por el cual se expide el Código de Procedimiento PenalArtículo 533.- DEROGATORIA Y VIGENCIA. El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.Los artículos 531 y 532 del presente código, entrarán en vigencia a partir de su publicación.
2. Problema jurídico planteado

Según la demanda, en el presente caso le correspondía a la Corte establecer, si continuar aplicando el procedimiento penal contemplado en la Ley 600 de 2000 a los casos de investigación y juzgamiento por la Corte Suprema de Justicia de los miembros del Congreso (art. 235, numeral 3 C.P.) y no el proceso penal acusatorio contenido en la Ley 906 de 2004, desconoce o no el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.

3. Decisión
Declarar EXEQUIBLE la expresión "Los casos de que trata el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000", contenida en el inciso primero del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que el legislador debe separar, dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, las funciones de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, para las conductas punibles cometidas a partir del 29 de mayo de 2008.
4. Razones de la decisión
La Corte reafirmó el fundamento constitucional de la competencia de la Corte Suprema de Justicia para investigar y juzgar a los miembros del Congreso.
En este sentido reiteró que el fuero penal especial establecido para el juzgamiento de los congresistas por la Corte Suprema de Justicia, corresponde a uno de los elementos característicos de un Estado democrático, que protege a ciertos funcionarios del Estado, con el propósito de garantizar la dignidad del cargo y de sus instituciones, al igual que su independencia y autonomía, para cumplir a cabalidad con las funciones que les han sido encomendadas.
A su vez recabó que dicho fuero constitucional no se instituye como un privilegio de carácter personal, sino en razón de la investidura de congresista y con una finalidad protectora de la integridad y la autonomía del Congreso de la República, cuyos miembros son investigados y juzgados por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
De otro lado, advirtió, que al mismo tiempo que se establece esa competencia en cabeza de la Corte Suprema de Justicia (art. 235-3 C.P.), el Constituyente varió el modelo procesal penal en el que la investigación y el juzgamiento se asigna por regla general a órganos distintos (Acto Legislativo N° 3 de 2002), que procura reafirmar la imparcialidad, independencia y autonomía del juez y las garantías procesales consagradas en la Constitución, acorde con los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha ratificado y la creciente tendencia universal a separar investigación y juzgamiento, como uno de los elementos esenciales de un juicio justo.
Para la Corte, el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución no puede interpretarse de manera aislada, sino en concordancia con los postulados, valores, principios, derechos y garantías consagradas en el ordenamiento superior, en consonancia con los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, tal y como lo dispone el artículo 93 de la Carta. En el caso particular, han de observarse el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8º), que consagran el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, concepto este último que ha venido evolucionando en la doctrina internacional reciente, para que se evite ya no sólo la parcialización intencional sino el apego a preconceptos. Por ello, si bien es cierto que el Legislador cuenta con un amplio margen de configuración de los procedimientos, también lo es que el desarrollo de esta potestad está sometido a dichos postulados y garantías superiores, como también debe obedecer a un ejercicio razonable y proporcionado de dicha facultad.
Desde esa perspectiva, la concentración en un solo órgano de la investigación y juzgamiento de los congresistas, por el fuero constitucional, configura una excepción a la regla general propia del sistema procesal penal de tendencia acusatoria adoptado mediante el Acto Legislativo N° 3 de 2002, sin que esto pueda significar que los funcionarios aforados no gocen de las mismas garantías procesales que tiene toda persona vinculada a una investigación penal, de conformidad con los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos de los que es parte Colombia.
En consecuencia, la Corte concluyó que si bien es cierto que la competencia integral de la Corte Suprema de Justicia para adelantar tanto la investigación como el juzgamiento de los miembros del Congreso tiene pleno respaldo constitucional, también lo es que el Legislador al establecer el procedimiento a seguir en esos juicios, debe respetar los límites constitucionales, en particular, los postulados y garantías fundamentales de que goza todo procesado, incluida la investigación y el juzgamiento imparcial, en el sentido más amplio que se viene adoptando.
Para la Corte, aunque la norma acusada es exequible, la dinámica del derecho impone que a partir de la expedición de esta sentencia y para el procesamiento de las conductas punibles cometidas de ahora en adelante, se separe dentro del propio ámbito del juez natural de los miembros del Congreso, que es la Corte Suprema de Justicia, la función de investigación de la de juzgamiento, de manera que en ésta no participe ningún magistrado que haya adelantado aquélla, la cual será encomendada a una sala, cuerpo, sección o funcionario diferente vinculado a la propia corporación, según se determine en ejercicio de las facultades estatuidas en el artículo 234 superior.Con esta decisión, se avanza en el desarrollo de los principios del juicio justo, preservando las competencias consagradas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en el artículo 75.7 de la Ley 600 de 2000 (equivalente al 32.7 de la Ley 906 de 2004).
El Legislador establecerá el respectivo régimen de transición, si lo estima pertinente, acatando los efectos erga omnes y no retroactivos de esta sentencia, inclusive frente a delitos cometidos con anterioridad a su expedición que aún no estén siendo investigados. No habrá lugar a excepción de inconstitucionalidad.5. El Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, salvó el voto a la decisión por varias consideraciones dentro de los cuales se destacan: (i) Se trata de un cambio de jurisprudencia, de muchas decisiones en materia de tutela y constitucionalidad en las cuales se ha decidido la adecuación constitucional de los procesos penales de la Corte Suprema y su sujeción al debido proceso, no en abstracto, sino de acuerdo a la configuración prevista en la Constitución (art. 235-3) y en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. El fallo desconoce lo decidido en la sentencia C-591 de 2005 y C-928 de 2007 en las cuales se sostuvo que el Acto Legislativo 2 de 2002 (que separaba las funciones de investigación y juzgamiento) no introdujo cambio alguno en los juicios adelantados ante la Corte Suprema de Justicia. Los mismos argumentos se modifican sin que existan elementos de discusión nuevos; (ii) La decisión genera importantes márgenes de incertidumbre en tanto no se pronuncie expresamente sobre la distribución de las funciones al interior de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente se puede generar un limbo jurídico a los Congresistas que incurran en conductas delictivas a partir del 29 de mayo, pues su juzgamiento se supedita a una ley que en el futuro determine como serán juzgados; (iii) Se trata de una sentencia formalmente interpretativa pero que materialmente se puede asimilar a una sentencia con efectos diferidos, en la que se distingue, por una parte, los efectos para los Congresistas que realicen conductas punibles a partir del 29 de mayo, pues éstos sólo sabrán en el futuro quien los juzgará y quien los investigará al interior de la Corte Suprema de Justicia. Y por otra, los Congresistas que han sido juzgados y quienes están siendo objeto de investigación y juzgamiento en la actualidad.
Una vez declarada una inconstitucionalidad sobre esta materia, en virtud del principio de favorabilidad penal, no es posible fundamentar constitucionalmente que una misma ley inconstitucional es válida para unos casos y no para otros. De igual forma la Corte no puede disponer del alcance de la figura de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4) ni enervar las eventuales nulidades procesales por aplicación de la ley inconstitucional. Las declaraciones sobre el alcance temporal expresadas en la sentencia de la cual se aparta son de carácter formal, pues materialmente las consecuencias podrían ser incluso contrarias.
El fallo desconoce abiertamente lo decido en sentencia C- 591 de 2005 y C- 928 de 2007 en las cuales se sostuvo que el Acto Legislativo 03 de 2002 no introdujo cambio alguno en los juicios adelantados ante la Corte Suprema de Justicia.
De igual manera, el problema de la conformidad de la estructura y funcionamiento de los juicios adelantados por la Corte Suprema de Justicia con los tratados internacionales sobre derechos humanos ya había sido decidido por la Corte Constitucional en sentencia C- 934 de 2006, providencia en la cual se reitera lo fallado en sentencias C- 142 de 1993, C- 561 de 1996, C- 411 de 1997 , C- 040 de 2002, C- 873 de 2003.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente"

EGIPTO: 67 AÑOS EN ESTADO DE EMERGENCIA

2008-05-26T18:54:00.000-07:00

INFORMA LA CADENA SER DE ESPAÑA:

El Parlamento egipcio, controlado por el gobernante Partido Nacional Democrático, ha prorrogado hoy dos años más a petición del presidente Hosni Mubarak, la Ley de Emergencia, vigente en el país de forma continua desde 1981 y que, salvo 19 años, ha sido la norma desde 1914.Esta legislación excepcional, condenada sistemáticamente por las fuerzas políticas y civiles así como por las organizaciones de derechos humanos, se ha convertido en el instrumento del régimen para perpetuarse en el poder.

La perpetuación de esta situación anula de hecho un gran número de derechos personales, civiles y políticos como el derecho a la huelga, a ser asistido por un abogado en caso de ser detenido o a celebrar mítines políticos.

Hossam Buhgat, director de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales, ha afirmado sentir una "gran decepción porque Mubarak no ha cumplido ninguna de las promesas que realizó antes de su reelección de 2005, entre ellas la supresión de la Ley de Emergencia o de las penas de cárcel contra los delitos de prensa". "El gran problema es que la Ley de Emergencia es un sistema paralelo que da amplios poderes a los cuerpos de seguridad y les permite la violación de los derechos humanos", asegura Bahgat.

Este sistema da manos libres a los aparatos de seguridad para irrumpir en cualquier vivienda y detener a cualquier persona durante periodos de 45 días y de manera indefinida sin necesidad de notificarlo a las autoridades judiciales, es una patente de corso que el régimen no duda en utilizar contra todo incómodo activista.La 'Maza de Vulcano'Sin embargo, el régimen insiste en que pronto sustituirá esta normativa que, más que una espada de Damocles sobre las libertades cívicas y los derechos humanos, es descrita por sus críticos como la "maza de Vulcano" con la que el régimen aplasta cualquier movimiento contestatario.

El ejecutivo lleva prometiendo desde hace dos años la implantación de esta criticada ley por una Ley Antiterrorista. Sin embargo, Dia Rashuan, analista político del Centro de Estudios Estratégicos Ahram, considera que esta prórroga de dos años es una decisión política y nada tiene que ver con su sustitución por otra ley, porque de lo contrario se hubiera ampliado su vigencia sólo un año.Para Rashuan, la presencia de esta ley no ha servido para mejorar la situación en el país y sólo sirve para coartar las actividades de los grupos opositores y dar más poderes a los cuerpos de seguridad.

La gran justificación por parte del régimen de Mubarak de la Ley de Emergencia ha sido precisamente el terrorismo de inspiración islámica, como el que sufrió Egipto en los años noventa y que resurgió en 2004 y 2005 en dos atentados en Sharm el Sheij y El Cairo.

La Ley de Emergencia fue impuesta por primera vez en la historia contemporánea egipcia en 1914 y desde entonces hasta hoy sólo ha estado 19 años sin aplicarse. Gamal Abdel Naser la impuso dos años después de erigirse como el primer presidente de la República en 1956 coincidiendo con la invasión anglo-franco-israelí del Canal de Suez y, aunque la derogó en 1964, la volvió a imponer en 1967 tras el estallido de la guerra árabe-israelí de 1967.

Su sucesor, Anwar al Sadat que ocupó la jefatura del Estado tras la muerte de Naser en 1970 heredó estas leyes excepcionales y no las suprimiría hasta mayo de 1980.

Diecisiete meses después de esta medida, el 6 de octubre de 1981, Sadat fue asesinado por un militar radical de tendencia islámica durante un desfile castrense, lo que desembocó en la nueva activación de la Ley de Emergencia en la misma forma en que se mantiene hasta nuestros días.

Desde entonces ha sido renovada periódicamente por el Parlamento en "sesiones exprés", con la intención, como denuncia la oposición, de evitar el surgimiento de movimientos críticos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y MINISTRA DE LA IGUALDAD DE ESPAÑA ESTÁN DE ACUERDO EN LA PENALIZACIÓN MÁS FUERTE AL VARÓN MALTRATADOR

2008-05-26T17:47:00.000-07:00

INFORME DE LUDOVICO ARIOSTO

Se ha pronunciado la Ministra española de la Igualdad, Bibiana Aído, acerca del fallo del Tribunal Constitucional que respalda penalizar más fuerte al hombre maltratador, en caso de violencia familiar, que a la mujer. Ha sostenido que ese trato diferente de la ley no vulnera el principio de igualdad, dada la mayor debilidad de la mujer.

Para la alta funcionaria, ese incremento en las sanciones penales de los maltratadores supone que "se tiene en cuenta legislativamente que las mujeres, sólo por su condición de tales, han sido históricamente vulnerables y situadas en una condición de inferioridad". Asegura en consecuencia que "es legítimo sancionar más duramente la violencia que cometen los agresores cuando la víctima es una mujer".

La Ministra celebró el fallo y estuvo de acuerdo con él en que en la agresión del varón hacia la mujer que es o fue su pareja se ve peculiarmente dañada la "libertad" y la "dignidad" de ésta y, además, su sometimiento a la voluntad del agresor "se ve intensificado", señala.

Estimó además como "tramposo" que se "pretenda atender al principio de igualdad entre mujeres y hombres si no se toma como punto de partida la situación de desigualdad existente, una desigualdad que, según sus palabras, "se traduce en la incompleta ciudadanía de las mujeres" y en un "déficit democrático de la sociedad".

Manifestó la Ministra Aído que las políticas públicas para corregir la discriminación femenina seguirán siendo imprescindibles. Las más frecuentes víctimas de violencia son las mujeres, y son las más débiles históricamente -señaló la Ministra-, por lo cual. en su criterio, leyes que no reconozcan esa desigualdad de orígen son obsoletas.

El Tribunal Constitucional en su sentencia estimó "razonable y proporcionada" la diferenciación penal recogida en el artículo 153 de la Ley Integral contra la Violencia de Género y que impone una sanción mayor a los hombres que ataquen, golpeen o maltraten a sus esposas o compañeras. La justificación se funda en la mayor debilidad de la mujer y tiene en cuenta las "altísimas" cifras correspondientes a casos de violencia intra familiar en que son precisamente las mujeres las agredidas, habiéndose llegado muchas veces a su muerte como consecuencia de los golpes. El Tribunal insiste en la mayor desigualdad, y por tanto desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia.

Aun cuando hay votos particulares (salvamentos de voto), el Tribunal Constitucional considera como primer aval de "razonabilidad" de la norma respecto a la diferenciación del sujeto pasivo (víctima) las altísimas cifras en torno a "la frecuencia de una grave criminalidad que tienen por objeto a la mujer y por agente a la persona que es o fue su pareja".

Igualmente, no considera "irrazonable" entender que en la agresión del varón hacia la mujer que es o fue su pareja se ve "peculiarmente dañada la libertad de ésta, se ve intensificado su sometimiento a la voluntad del agresor y resulta peculiarmente dañada su dignidad, en cuanto persona agredida, al amparo de una arraigada estructura desigualitaria que la considera como inferior, como ser con menores competencias, capacidades y derechos a los que cualquier persona merece".

Además, entiende que la desigualdad es "proporcionada porque está "significativamente limitada" la diferenciación frente a la finalidad de protección: la libertad, integridad física, psíquica y moral de las mujeres respecto a un tipo de agresiones, de las de sus parejas o ex parejas masculinas, que tradicionalmente han sido a la vez causa y consecuencia de su posición de subordinación".

El artículo 153.1 de la norma establece una mayor sanción penal (tres meses más de privación mínima de libertad) "al que" por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en el Código Penal, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

¿UNA MUERTE QUE ALEGRA? ¿Y...EL PAÍS?

2008-05-26T08:21:00.000-07:00

Por José Gregorio Hernández Galindo

Tomado de http://www.elementosdejuicio.com/

Hemos escuchado en estos días muchas voces alegres y satisfechas por la muerte de Pedro Antonio Marin, alias Manuel Marulanda Vélez, "Tirofijo", y eso cabe dentro de la libertad de expresión, garantizada en nuestra Carta Política, si bien quien esto escribe no podría hacer lo propio, pues no entiende cómo puede hacerse compatible la alegría con la muerte. Pero eso es, al fin y al cabo, cosa de cada uno; de sus sentimientos y de su forma de percibir el mundo.

Desde una perspectiva de mayor objetividad, pensando con la mente y no con el sentimiento -el cual no permite razonar-, lo que corresponde ahora es mirar hacia el futuro del país, en medio de la crisis provocada no solamente por el conflicto armado con la organización que fundara Marulanda, sino por la presencia del paramilitarismo, que no se ha desarmado -como pretende el Ejecutivo- sino que que ha cambiado de titulares mientras sus antiguos jefes -extraditados- negocian sus penas en los Estados Unidos sin responder ante la justicia colombiana; por las dificultades, en aumento, surgidas para la legitimidad del actual gobierno a raiz de las muy graves denuncias sobre compra de votos de los congresistas durante el proceso de aprobación del Acto Legislativo que permitió la reelección del Presidente; por los no menos graves hechos que mantienen tras las rejas a numerosos congresistas y políticos debido a perniciosas relaciones con los criminales de las autodefensas; por las precarias condiciones en que se encuentra buena parte de la población en materias como la salud, el trabajo, la alimentación, la educación, el agua potable, frente a una ostensible insensibilidad estatal incrementada por las concepciones neoliberales que profesa el Gobierno; en fin, por una sociedad que se distrae, como si fuera con una película, con el desenvolvimiento de la guerra contra las FARC, mientras las causas reales que invocó la subversión en sus orígenes permanecen vigentes y son mucho más graves que hace cuarenta y cuatro años, cuando Marulanda fundó ese movimiento armado.

Claro que las FARC le han causado mucho daño a Colombia, y claro que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, se desvió de sus objetivos iniciales hacia el narcotráfico y el secuestro. Pero eso no significa que sea la única causa de nuestros males, aunque el Gobierno se empeñe en hacerlo ver así, a ciencia y paciencia de una sociedad adormecida y manipulada por los medios "light" de orientación derechista, que pretenden ahora el tercer período del doctor Uribe.

Murió Marulanda, pero, en medio de las actuales condiciones de Colombia, esa muerte no significa nada. No va a traer nada nuevo en la guerrilla, que ha renovado sus propósitos según el comunicado leído por alias "Timochenko", lo que no permite hecernos esperanzas sobre posibles acuerdos de paz. No va a traer la liberación de los secuestrados. No va a traer claridad sobre la crisis de legitimidad del gobierno. No va a solucionar el hambre y la miseria de tantos en nuestro territorio. No va a arreglar el pésimo sistema de salud que soportamos. No va a aumentar en realidad las fuentes de empleo. Ni acabará con el paramilitarismo. Ni mejorará la situación de las relaciones internacionales de Colombia.Entonces,..¿por qué la alegría causada por un deceso?

FARC CONFIRMAN MUERTE DE SU JEFE "TIROFIJO"

2008-05-25T10:35:00.000-07:00

"Alfonso Cano", nuevo jefe de la organización armada

Informe de Ludovico Ariosto

Las FARC han confirmado en las últimas horas la muerte de su comandante en jefe, alias "Tirofijo", y han anunciado que su reemplazo será Alfonso Cano.En un video transmitido por la cadena Telesur, hizo el anuncio el guerrillero Timoleón Jiménez. También se expidió, por parte de las FARC, un comunicado que dice textualmente, según Prensa Latina:
"Comandante Manuel Marulanda Vélez: Juramos Vencer!
Cuando hace 60 años, la oligarquía desató la guerra fratricida en nuestro país a través del terrorismo oficial y los odios partidistas buscando cambios en la tenencia de la tierra y la recomposición del poder político, desestimó la enorme capacidad de resistencia de nuestro pueblo y las colosales dimensiones de su dignidad.
Al igual que centenares de miles de campesinos, Pedro Antonio Marín fue perseguido desde entonces por el gobierno y los sicarios paramilitares de la época, obligado a abandonar su sosiego, trabajo y pertenencias y luego, a defenderse para sobrevivir a la barbarie oficial en aciago episodio de nuestra historia nacional que costó la vida a cerca de 300 mil compatriotas y propició el despojo impune de millones de hectáreas de tierras fértiles que pasaron a manos de poderosos jefes liberales y conservadores de todo el país.
Desde entonces, merced a su liderazgo y enormes capacidades político-militares, quien luego se llamaría Manuel Marulanda Vélez en homenaje a un líder sindical asesinado, fue asimilando su experiencia militar y desarrollando una visión del mundo revolucionaria y comunista que le permitió comprender cabalmente las profundas causas económicas, sociales y políticas no solo de su propia situación personal sino de los profundos desequilibrios, violencias e injusticias de nuestra sociedad.
Cuando en 1964, la oligarquía lanza en el sur del Tolima una nueva y criminal ofensiva militar contra el campesinado denominada Plan Laso, bajo la abierta dirección del Pentágono norteamericano, Manuel Marulanda Vélez junto a 47 campesinos, luego de innumerables gestiones políticas por la paz que no fueron atendidas, se levanta en armas para enfrentar la agresión e ir al fondo de la solución: luchar por el poder político y sentar las bases de una sociedad con justicia social en marcha al socialismo.
Si Washington y la oligarquía no permiten la lucha revolucionaria por las vías democráticas entonces optamos por esa única opción posible y ¡Nacen las FARC!
Inigualable estratega, conductor genial, guerrero invencible, líder invicto de mil batallas políticas y militares libradas durante 60 años de brega reivindicando los derechos de los pobres y enfrentando las violencias de los poderosos, revolucionario integral que asimiló la teoría de los grandes pensadores fundiéndola con las verdades que extrajo a la vida en su práctica diaria, forjándose como uno de los más destacados dirigentes revolucionarios de todos tiempos.
La humanidad no tiene antecedentes de un líder de las condiciones de Manuel Marulanda Vélez que haya luchado ininterrumpidamente 60 años, desde la oposición armada, y salido indemne y fortalecido luego de inmensos operativos militares de arrasamiento como el Plan Laso en Marquetalia, la Operación Sonora en la cordillera Central, la operación Casa Verde, operación Destructor 1 y Destructor 2, Plan Patriota, Plan Colombia.
E indemne y fortalecido también, luego de confrontaciones políticas de carácter estratégico como las desarrolladas en los procesos de conversaciones con el Estado colombiano en Casa Verde, Caracas, México y en el Yarí que pretendieron el sometimiento de la voluntad política y de lucha de las FARC sin ningún cambio en las estructuras de la sociedad ni en las correlaciones del poder político.
En unas y en otras confrontaciones nuestro comandante evidenció su sabiduría y su capacidad para salir siempre airoso por muy adversas y difíciles que fuesen las tormentas y los peligros y nos señalizó la ruta.
Con inmenso pesar informamos que nuestro comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez, murió el pasado 26 de marzo como consecuencia de un infarto cardíaco, en brazos de su compañera y rodeado de su guardia personal y de todas las unidades que conformaban su seguridad, luego de una breve enfermedad.
Le hemos rendido los honores que merece un conductor de su dimensión y dado honrosa sepultura. Lo despedimos físicamente en nombre de los miles y miles de guerrilleros farianos y milicianos bolivarianos y de los millones de colombianos y ciudadanos del mundo que lo valoran, admiran y aman por encima de la asquerosa campaña mediática contra las FARC.
A todos ellos y a sus familiares les hacemos llegar nuestra solidaridad y nuestra voz de condolencia.
Se ha marchado el gran líder y de sus inagotables enseñanzas que nos maduraron en todos estos años a su lado, hoy, en medio de nuestro dolor, queremos resaltar por su vigencia y gran valor su profunda confianza en nuestros principios revolucionarios planes, propuestas y en la victoria de la causa popular; la templanza para enfrentar las dificultades; y la esencial importancia que significa la sólida unidad interna que nos ha permitido desarrollarnos con vigor en todos los momentos de nuestra existencia.
En medio de la más grande ofensiva reaccionaria contra organización revolucionaria alguna en la historia de Latinoamérica, continuaremos nuestras tareas acorde con los planes aprobados, sólidamente unidos y profundamente optimistas de salir avantes pese a la adversidad.
Con las banderas de Bolívar, de Jacobo y de Manuel muy en alto, proseguiremos sin descanso nuestra lucha hasta lograr el objetivo de la nueva Colombia, la Patria Grande Latinoamericana y el Socialismo. ¡Lo juramos ante la tumba de nuestro comandante!
La confrontación ni da respiro y la lucha prosigue. Acordamos unánimemente que a la cabeza del secretariado y como nuevo comandante del EMC esté el camarada Alfonso Cano. Como integrante pleno del secretariado ingrese el camarada Pablo Catatumbo y suplentes los camaradas Bertulfo Álvarez y Pastor Alape.
Continuaremos alentando la lucha popular, la conformación del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia y del Partido Comunista Clandestino, así como la convergencia con todos aquellos que luchen por la justicia social, la soberanía nacional y la democracia verdadera.
Toda la fuerza fariana continuará profundamente comprometida en cada área y en todo el país a sacar adelante los planes, estrechamente vinculada a la población civil como garantía del éxito.Nuestras propuestas alrededor de los acuerdos humanitarios y las salidas políticas continúan vigentes tal cual lo hemos reiterado en múltiples ocasiones así como aquellas expuestas tanto en el Manifiesto como en la Plataforma Bolivariana lanzadas desde estas cordilleras serán confluencia y generaran esfuerzo mancomunado por lograr la paz democrática y el sosiego que nos robó la oligarquía desde hace 60 años.Al conmemorar el 44 aniversario de las FARC, le rendimos sentido homenaje a nuestro comandante Manuel Marulanda Vélez, a Jacobo, a Raúl, a Iván Ríos, a Efraín Guzmán y a todos aquellos que generosamente dedicaron y ofrendaron su vida a la causa de los pobres, sin pedir nada a cambio, tan solo por su intima convicción de buscar el bien común como característica de su compromiso revolucionario.Comandante Manuel Marulanda Vélez: Morir por el pueblo ¡es vivir para siempre!Ante el altar de la patria: Juramos vencer!Secretariado del Estado Mayor Central.
FARC E.P., mayo de 2008".

MURIÓ ALIAS "TIROFIJO"

2008-05-24T15:34:00.000-07:00

En entrevista concedida a la revista SEMANA, el Ministro de Defensa Nacional, Juan Manuel Santos, informó que Pedro Antonio Marín, verdadero nombre del conocido fundador y jefe de las FARC Manuel Marulanda Vélez, alias "Tirofijo", murió hace varios meses, no se sabe si en el curso de combates con la Fuerza Pública o por una situación de choque en su salud.

El siguiente es el aparte central en esta materia, de la mencionada publicación, que circulará a partir de mañana:

"M.I.R.: ¿'Tirofijo' está muerto?J.M.S.: Esa es la última información que tenemos y que estamos corroborando.M.I.R.: ¿Puedo titular esta entrevista, ''Tirofijo' está muerto'?J.M.S.: El riesgo es suyo.M.I.R.: ¿Y cuándo murió?J.M.S.: La inteligencia nos dice que el 26 de marzo de este año.M.I.R.: ¿Y cómo murió?J.M.S.: No sabemos. En esas fechas hubo tres bombardeos fuertes en donde se pensaba que estaba 'Tirofijo'. La guerrilla dice que de paro cardíaco. No tenemos pruebas ni de lo uno ni de lo otro. M.I.R.: ¿Y qué más información tiene sobre su muerte?J.M.S.: Hasta ahora sólo tengo esos datos.M.I.R.: ¿Y sabe quién va a reemplazarlo?J.M.S.: Todo nos indica que Alfonso Cano ".

Hace pocos minutos, hoy sábado, el Ministerio de Defensa, por comunicado oficial, ha confirmado el deceso de "Tirofijo".

La siguiente es la información entregada al mundo popr AFP y EFE:"Pedro Antonio Marín (Génova, Colombia, 1930), nombre real de 'Manuel Marulanda Vélez', alias 'Tirofijo', es el fundador histórico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más activa de América. Pero antes de eso fue campesino, carnicero, leñador, tendero y panadero en su pueblo natal, del que salió "expulsado por la violencia".'Tirofijo', que pasará a la historia como "el guerrillero más viejo del mundo" y el creador del ejército insurgente que ha puesto en jaque a sucesivos gobiernos de Colombia, pudo haber fallecido el pasado 26 de marzo, según reveló en la revista colombiana 'Semana' el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, quien, para avalar esa información, se refirió a "una fuente que nunca ha fallado".

'Marulanda' ,un apodo adoptado en honor al antiguo líder sindicalista asesinado, nació en Génova, localidad del departamento del Quindío (centro-oeste de Colombia), en mayo de 1930, y su vida quedó profundamente marcada por el asesinato, el 9 de abril de 1948, del líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán.La muerte de Gaitán marcó el inicio de una época sangrienta que se extendió durante varias décadas en Colombia, conocida genéricamente como "la violencia".

Según algunos de sus biógrafos, Marulanda se ganó el apelativo de 'Tirofijo' por su buena puntería, pues "donde ponía el ojo, ponía la bala".

Pedro Antonio Marín era, según una ficha de su biografía que consta en los archivos de la Biblioteca Luis Angel Arango de Bogotá, "un leñador de filiación liberal" y, tras el asesinato de Gaitán, "aprende desde ese momento a cargar un arma y vivir huyendo de la policía tras ver cómo perseguían a su familia".

A los 20 años, 'Tirofijo' se levantó contra el terror desatado por las milicias del partido conservador de la época. Vio cómo varios de sus familiares caían bajo las balas de aquellos soldados.Su 'bautismo de fuego' como guerrillero tuvo lugar en septiembre de 1949, cuando, en compañía de varios de sus hermanos y primos, asaltó su pueblo natal, Génova, en un ataque frustrado por la Policía.

Tras organizar a las autodefensas campesinas en su región, con tendencias comunistas, organiza en 1966 las FARC, junto al dirigente Luis Alberto Morantes, alias 'Jacobo Arenas', ya fallecido y que fue uno de los ideólogos de esa guerrilla.Algunos de sus compañeros de armas describieron a 'Tirofijo' en varias ocasiones como un "hombre desconfiado" pese a su apariencia de "campesino bonachón".

Con Jacobo Prías Álape, alias 'Charronegro', Jesús María Oviedo, 'Mariachi', e Isauro Yosa, alias 'Lister', a los que hay que sumar a 'Jacobo Arenas', empezó a escribir desde la década de los años 50 un capítulo especial de la política y la violencia de las últimas décadas en Colombia, y desde entonces fue un mito viviente y popular.

"Surgían relatos de combates inverosímiles del hombre solo contra batallones enteros, se componían canciones sobre su vida y se especulaba de pactos con el diablo. Incluso la prensa llegó a dar cuenta de su entierro, con fotos y todo, en 1951", señaló el historiador Orlando Villanueva, en su libro 'Guerrilleros y bandidos'.Antes de fundar las FARC, el 27 de mayo de 1964, comenzó la 'Operación Marquetalia' del presidente Guillermo León Valencia, una gigantesca acción militar para derrotar los movimientos de autodefensa del centro-oeste y sur de Colombia. Allí, 'Tirofijo' y menos de medio centenar de hombres resistieron la embestida de bombardeos y un impresionante cerco militar.El 27 de mayo de 1966 es considerado 'el día del nacimiento' de las FARC que, desde entonces, se extendió a buena parte del país.

Sin embargo, señalan algunos estudios, "entre 1974 y 1982, el grupo tuvo un crecimiento lento que se centró en zonas campesinas distantes de los grandes centros urbanos".La expansión de la guerrillaDurante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), los colombianos "volvieron a ver la cara" de 'Tirofijo', a quien muchos creían muerto.Betancur intentó, sin éxito, un proceso de paz con las FARC y se hicieron famosas las visitas de distintas personalidades a "Casa Verde", el emblemático cuartel general del mando central de esa guerrilla en un sitio recóndito de las montañas de La Uribe, vecinas a los Llanos Orientales.

Después de ese proceso fallido, las FARC se extendieron a otras zonas de selva y llanos y, en las décadas de 1980 y 1990, arreciaron sus ataques, intensificaron los secuestros y se involucraron en el narcotráfico.También empezaron los secuestros masivos de soldados y policías tras ataques a guarniciones y pueblos, así como de políticos. 'Manuel Marulanda' sugirió el "canje" de esos secuestrados o "prisioneros de guerra" por sus guerrilleros presos.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), la figura del viejo guerrillero se hizo más familiar. Pese a demostrar cierta timidez, se hacía fotografiar con cuanta personalidad visitó la zona neutral definida como sede de los diálogos en el sur del paísPastrana se entrevistó durante ese proceso en varias ocasiones con 'Tirofijo' pero la ausencia del líder guerrillero (dejó la silla vacía) en el inicio de las conversaciones formales, y ante centenares de invitados, sugirió el fracaso de las negociaciones.

Según las FARC "no había condiciones de seguridad" para su máximo comandante.Su presencia, sin embargo, fue notoria en muchas ocasiones durante el mismo proceso, hasta poco antes de su ruptura, en febrero de 2002.Marulanda, sobre el que pesan más de un centenar de órdenes de captura, ha tenido varias mujeres y tiene, al menos, siete hijos reconocidos, entre ellos, Olga Marín, una de las portavoces de las FARC, y compañera sentimental del 'número dos' de esa guerrilla, 'Raúl Reyes' o Luis Edgar Devia, fallecido el 1 de marzo pasado en territorio ecuatoriano en un ataque de las tropas colombianas".

Llama la atención la manera extraña como se ha presentado esta noticia por parte del gobierno colombiano. Tratándose de la cabeza de las FARC, con la cual mantiene encarnizada lucha y teniendo en cuenta que ha sido precisamente esa lucha la que permitió a Uribe llegar al poder, sotenerse en un alto nivel de popularidad, y que sueña dormido y despierto con destruir a la guerrilla comandada por alias "Tirofijo", lo lógico habría sido que fuera el propio Presidente quien comunicara al país la información de manera oficial. No fue así sin embargo, y la noticia se le escapó al Ministro Santos en entrevista con alguna periodista, "como sin querer queriendo" -según la conocida frase del Chapulín Colorado-, lo que ha provocado al parecer la ira del Presidente. Uribe, en efecto, en el Consejo Comunal de Gobierno que se llevaba a cabo en Pradera -precisamente en la zona que las FARC querían que se despejara, como condición indispensable para pactar un acuerdo humanitario, con miras a la liberación de los secuestrados-, tomó enojado en sus manos el comunicado de Mindefensa, y dijo con énfasis que este tipo de noticias no se debe entregar a un solo medio sino a todos por igual y a la vez. Santos, por su parte, después de la declaración a SEMANA, no ha vuelto a aparecer en público, ya que inclusive el comunicado que confirmó la muerte de "Tirofijo" fue leído por un Almirante, ni siquiera por el Comandante de las Fuerzas Armadas, ni por el Comandante del Ejército.

APLAZAN EJECUCIÓN EN GEORGIA

2008-05-24T05:21:00.000-07:00

22 Mayo de 2008
El Estado de Georgia conmutó ayer jueves (madrugada del viernes en España) una pena de muerte dos horas antes de la hora prevista para la ejecución. La inyección letal que iba a recibir David Crowe, enviado al corredor de la muerte tras declararse culpable de robar y asesinar a un ex compañero de trabajo, será sustituida por la cadena perpetua.Los abogados del condenado habían apelado a la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Georgia alegando que la noche del crimen Crowe se encontraba bajo los efectos del síndrome de abstiencia por su adicción a la cocaína.Es la tercera vez desde 1995 que esta Junta, formada por cinco miembros, conmuta la pena de un condenado a muerte. Crowe estaba destinado a ser el tercer hombre ajusticiado después de que en abril terminara una moratoria de siete meses de la pena capital en Estados Unidos.En septiembre del año pasado el Supremo había suspendido la aplicación de la inyección letal después de que dos condenados a muerte alegasen que dicho castigo era cruel e inhumano y, por lo tanto, inconstitucional. Las ejecuciones se reanudaron el 6 de mayo de este año en Georgia con la muerte de William Earl Lynd, de 53 años, que recibió una inyección letal después de que la Junta le negara clemencia.Hace 30 años que EE UU aplica el método de la inyección trifásica como una alternativa en apariencia menos dolorosa a la electrocución. Primero se administra un anestesiante, luego un paralizante y, por último, una solución de cloruro de potasio que hace que el corazón deje de latir y que, si se administra sin la correcta dosis previa de anestésicos, provoca una insoportable quemazón.El Estado de Georgia ha ejecutado a 41 personas desde que la Corte Suprema reinstaurase la pena capital en 1973. En este Estado son 119 los presos que se encuentran actualmente en el corredor de la muerte .

LA LIBERTAD DE LOS MEDIOS

2008-05-22T15:05:00.001-07:00

José Gregorio Hernández Galindo

El debate que se adelanta hoy en el país sobre la actividad de los medios de comunicación en casos críticos como el ocurrido el miércoles, en el curso del cual un antiguo oficial del Ejercito, con granada en mano, mantuvo retenidas a numerosas personas a título de rehenes, solicitando que fuera leído un documento en el que formuló gravísimas denuncias contra quienes fueron sus superiores, debe darse con toda profundidad, ya que estamos hablando ni más ni menos de la libertad de prensa y de la prohibición constitucional de la censura. Ello tiene que hacerse con sindéresis, razonabilidad, proporcionalidad, y sin caer en extremos.

La Comisión Nacional de Televisión anuncia una investigación interna por el corte abrupto e inconsulto de la transmisión que en directo hacía el Canal CITY TV acerca de los acontecimientos que se desarrollaban en las instalaciones de una entidad financiera en el centro de la capital.

La prensa, sin perjuicio de la responsabilidad social de la que hablábamos hace unos días, tiene la garantía de ejercer su actividad en términos de independencia y libertad que la propia Constitución asegura, como lo ha indicado en numerosos fallos la Corte Constitucional.

El artículo 20 de la Constitución consagra el derecho a la información, que lo tienen por supuesto los medios y periodistas, y que en esta oportunidad queremos resaltar desde la perspectiva del público, es decir, desde el lado de los receptores o sujetos pasivos de la información.

La Constitución califica la información que todos tenemos derecho a recibir, indicando que debe ser veraz e imparcial, y la jurisprudencia ha reiterado que la prohibición de la censura implica que las responsabilidades de quienes transmiten informaciones deben deducirse siempre a posteriori, esto es, que no puede establecerse esa responsabilidad con antelación prohibiendo que un contenido noticioso salga a la luz o sea publicado.

Toda manifestación de una entidad oficial orientada a que una información quede inédita, o en otras palabras, que impida o obstaculice su divulgación, es inconstitucional, toda vez que implica la censura.

También se puede presentar la auto censura, es decir, puede ocurrir que el medio o el periodista, voluntariamente y sin presión externa, decida no divulgar lo que sabe o conoce, o no transmitir un acontecimiento como el de ayer, pero en ambos casos siempre el perjudicado es el público, cuyo derecho a informarse resulta cercenado.

Ahora bien, esto no impide que se tomen las medidas necesarias, en épocas de anormalidad -por ejemplo, en el Estado de conmoción interior- para regular el ejercicio de la libertad sobre transmisiones en directo cuando hay problemas gravísimos de orden público. Lo autoriza la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, 137 de 1994, y lo respaldó la Corte Constitucional en la sentencia correspondiente.

Lo que resulta inadmisible es el acto de censura, que corta abruptamente una transmisión, pues aún en esos estados excepcionales -y con mayor razón en épocas de normalidad-, eso implica causar grave daño al ejercicio de la libertad de prensa.

¿RODARÁN CABEZAS POR LOS COMPUTADORES Y CELULARES PERDIDOS, DE LOS PARAMILITARES EXTRADITADOS?

2008-05-19T18:22:00.000-07:00

José Gregorio Hernández Galindo
El penoso episodio de la pérdida, que no parece ser casual, de los computadores, discos duros, unidades USB, celulares y "sim card" de los paramilitares que fueron sorpresivamente extraditados a los Estados Unidos, cuando precisamente el proceso de paz en que estaban buscaba -entre otros propósitos- establecer la verdad sobre sus crímenes, no puede pasar desapercibido en esta Colombia desmemoriada y manipulable. Son muchas las cosas que habríamos podido saber y no sabemos por esta causa inexplicable.

No se entiende cómo el mismo Estado que tuvo tanto cuidado en dejar intactos los famosos computadores y archivos de Raúl Reyes, conservados milagrosamente después de un bombardeo de las dimensiones del ejecutado el 1 de marzo, no tomó las mismas precauciones con los computadores y celulares de los paramilitares a quienes tenía presos en las cárceles; a quienes se supone que la extradición los tomó por sorpresa; y quienes, según el Gobierno, estaban delinquiendo desde esas cárceles, siendo casi una conclusión de "Perogrullo" que los delitos los cometían usando precisamente tales instrumentos para comunicarse con sus cómplices, ubicados en el exterior de las cómodas prisiones que ocupaban.

Tampoco se entiende cómo ni por qué, si el Gobierno sabía o sospechaba de los delitos, les permitía mantener semejantes instrumentos, violando de paso el derecho a la igualdad de los demás internos.

Ha dicho el Vicepresidente de la República que debe responder el Director del Inpec, y estamos de acuerdo, pero allí no paran las responsabilidades. Los funcionarios del Gobierno que dirigieron toda la operación de la extradición en horas de la madrugada también deben responder, y quienes los trasladaron hasta el aeropuerto para el envío. Y debe haber una responsabilidad política, que culmine con la caída de altos funcionarios estatales que permitieron o facilitaron, así sea por negligencia -imperdonable tratándose del caso del que se trataba- que estas increíbles cosas hubieran ocurrido.

Llama la atención lo dicho a EL TIEMPO por el Director del INPEC, General (r) Eduardo Morales:

"EL TIEMPO: ¿Las llamadas y el Internet les dieron la posibilidad de seguir delinquiendo?General (r) Eduardo Morales: Seguramente. Si algo queda claro con las extradiciones de 'paras' es que la seguridad en las cárceles no funcionó.

¿Qué pasó?

Un delincuente que quiere continuar delinquiendo desde la cárcel seguramente lo puede hacer con mucha facilidad. No necesita ni de teléfonos, de Internet, ni de señales de humo. Simplemente en las visitas puede mandar sus mensajes y dar a conocer sus planes.

¿El Director del Inpec puede garantizar que los jefes 'paras' que se quedaron en Colombia no están haciendo lo mismo desde las cárceles?

No. No puedo asegurar que no estén delinquiendo por la misma razón de que es difícil controlar la mente humana; difícil controlar una visita de un familiar o un amigo. Si tiene la intención de delinquir pueden hacerlo a través de ellos.

Como encargado de evitar precisamente que eso pase, ¿por qué no sugiere cambiar esos beneficios, si usted cree que iban contra la seguridad?

Imposible, porque es un reglamento que se hace con base en Justicia y Paz. Será una decisión del Gobierno si se reforman los reglamentos del personal que quedó.

¿Qué fallas cometió el Inpec?

Fallas que puede tener la institución. Hay seres humanos, seguramente se han presentado fallas a nivel individual, pero creo que no se presentaron fallas institucionales. Pudieron haber fallado uno o dos hombres en determinada requisa.Las polémicas y las extradiciones.

¿Qué pasó con la investigación por el dinero y las armas halladas en Itagüí?

Estamos esperando el resultado de la investigación penal. La disciplinaria ya acabó: algunos hombres de la institución fueron demasiado permisivos con los internos.

¿Hubo sanciones?

Estamos en ese proceso

¿Dónde está el computador de Mancuso?

Difícil saberlo; él pidió autorización de sacar un computador porque tenía virus. Nosotros no entramos a revisar los computadores y mucho menos los teléfonos. Eso lo hará una autoridad judicial, no tenemos esa facultad El reglamento dice que pueden tener celulares, computadores. Controlar los celulares, tiene que ser con orden judicial. Hay que presumir la buena fe.

¿Qué respuesta da el Inpec sobre la pérdida de un disco duro y de las tres sim card?Seguramente con base en la experiencia de hace unos meses, cuando el Grupo de Operaciones Especiales del Inpec llegó a realizar esa revista sorpresiva (en Itagüí), entonces notarían la presencia ese 13 de mayo de la guardia y la primera reacción fue sacar las sim card. Son conclusiones que saco yo.

¿Qué piensa de todo lo que ha pasado con los ex 'paras'?

La conclusión es sencilla y elemental: es difícil controlar que no se delinca en los establecimientos. Esperamos tener antes de que se termine este año bloqueadores de señal, para impedir que usen el celular con esos fines. Pero seguirá en la mente de cada uno de los internos y de los visitantes seguir en el crimen.

¿Ha recibido algún llamado de atención del Gobierno?

No y espero no recibirlo".

Esas solas y vergonzosas declaraciones, que demuestran la total ineptitud o la ilícita connivencia del Inpec con los delincuentes, ya han debido producir una consecuencia que aquí en Colombia hace rato no se produce: que rodaran cabezas, y no una sino varias.

Creemos que, además de las investigaciones internas que ha anunciado el Ministerio del Interior, debe iniciarse una urgente de la Procuraduría General, y otra de la Fiscalía General de la Nación, por si hubo allí delitos. Pero no como las investigaciones que el Director del Inpec, acerca de los hechos de hace unos meses, dice haber culminado, a la vez que afirma que están estudiando si habrá o no sancionados. Eso es sencillamente inaceptable.

EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE FAMILIARES DE PERSONAJES PÚBLICOS

2008-05-18T19:57:00.000-07:00

POR LUDOVICO ARIOSTO

El caso de Telma Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias Leticia Ortiz, pone en tela de juicio si los familiares de los personajes públicos, por el hecho de serlo, pierden o disminuyen su derecho fundamental a la intimidad.

La Juez de Instrucción número 3 de Toledo acaba de negar a Telma Ortiz la solicitud previa de medidas cautelares que la protegieran del acoso periodístico y le ha impuesto las costas del juicio, que pueden alcanzar una cuantía de más de 40.000 euros.

Telma había formulado demanda contra treinta y cuatro medios de comunicación por invadir su privacidad y había solicitado medidas cautelares para evitar que su imagen apareciera en la prensa.

La Juez resolvió en sentido negativo, por estimar la «inviabilidad jurídica» de la solicitud, en cuanto, a su juicio, la demandante sí tiene proyección pública.La providencia distingue los supuestos en los que debe protegerse la intimidad y el derecho a la propia imagen de particulares anónimos, amparados en la Constitución, y la de aquellos con proyección pública, cuya imagen es conocida, como el caso de Telma Ortiz. Para la Juez, en la exposición de la hermana de la Princesa y su esposo se presenta una contradicción de fondo: que la cuñada de don Felipe de Borbón y su pareja defiendan ser personas «sin proyección pública y a renglón seguido admitan y reconozcan que participan de hechos y actos que sí la tienen».

La demanda se encaminaba a conseguir que los esposos «sólo» fueran seguidos por los periodistas y aun fotografiados cuando participasen en actos de relevancia oficial.

En la resolución judicial se niega protección para los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que la Constitución española contempla genéricamente en su artículo 18.1. También descarta el argumento de la «posible existencia de un peligro físico» que pudiera sufrir Ortiz ante el acoso de los medios, al precisar que para ello están las leyes que condenan la «conducción temeraria» y otras conductas de relevancia penal.

En los próximos días veremos si la Juez mantiene o retira su posición, ante el recurso interpuesto, y al resolver de fondo.

Como antecedente, este caso es importante, en cuanto permitirá establecer acerca de cuál es el límite del derecho a la información y cuál el del derecho a la privacidad cuando se trata de familiares de personas públicas.

¿COMPLOT O JUSTICIA?

2008-05-18T05:58:00.000-07:00

LUDOVICO ARIOSTO

No podemos caer en admitir que el funcionamiento de las instituciones, y particularmente el de la administración de justicia, si llega a tocar al Gobierno, implica la existencia de un "complot", o de un "plan" preconcebido, con carácter político, contra el Presidente de la República.

Esto debe decirse sin rodeos, pues algunos voceros del Ejecutivo están intentando defenderse de las denuncias que contra ellos se han formulado en el curso de las últimas semanas -específicamente dentro del proceso que se adelanta contra los ex congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño-, no por la vía de responder con claridad ante los jueces, sino desacreditando a los jueces en los medios de comunicación, y ahora están hablando en los términos en que lo hace este domingo en el diario EL TIEMPO el Ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, quien según Yidis participó en la feria de ofertas oficiales que la condujeron a cambiar su voto sobre reelección en 2.004.

En efecto, en un sibilino y enmarañado reportaje, con frases que maliciosamente buscan entrelazar la actividad de la Corte Suprema con injustificados cargos genéricamente lanzados contra la izquierda, grupos políticos y hasta eventuales aspirantes a la presidencia de la República, pero sin aportar la más mínima prueba para respaldar sus afirmaciones, el Ministro -tratando un tema totalmente ajeno a lo propio de su cartera, como en días recientes lo hiciera el Comisionado de Paz-, señala que se ha creado "...un complot contra el Presidente, su política y su gobierno". Agrega que "...no les gusta la institucionalidad y añoran la época de los pactos con grupos al margen de la ley para tratar de atacar a otros grupos al margen de la ley", y sugiere que en la Corte Suprema no hay imparcialidad ni garantías para el Gobierno, por cuanto existe allí una "solidaridad de cuerpo" y no se reconoce la presunción de inocencia para los congresistas procesados por parapolítica.

Véase cómo responde a las preguntas formuladas por el periodista:

"¿Qué piensa de la Corte Suprema de Justicia?
Hay que reconocer, promover y respetar la autonomía de la Corte. Los magistrados no solo están en el derecho, sino en el deber de exigirlo. Pero, es igualmente cierto que los colombianos esperamos objetividad, celeridad y garantías. Como ciudadano, yo no entiendo, por ejemplo, la solidaridad de cuerpo que han expresado los distintos miembros de la Corte. ¿Qué tal que, en esta investigación de Yidis, los ministros hubiéramos expresado solidaridad de cuerpo?
¿No cree que lo que usted llama "solidaridad de cuerpo" está originada en que todo el sector judicial siente al Gobierno en pugna contra él?
No. El Presidente lo único que ha hecho frente a las cortes es pedirles garantías.
¿Y las reformas que ha propuesto inclusive para acabar con salas de Judicatura?
En un país democrático se puede proponer, discutir, debatir. Y las reformas se propusieron de cara a la opinión pública.
¿Acaso usted ve actuando a la Corte a espaldas de la opinión pública?
No. Pero sí veo una solidaridad de cuerpo que no entiendo.
¿Y por qué le pide a la Corte "objetividad y garantías"?
Tengo la convicción de que muchos de los congresistas del proceso de la llamada 'parapolítica' son inocentes. Creo, por supuesto, que hay otros que cometieron errores y serán declarados culpables. Pero, a algunos ni siquiera se les reconoce la presunción de inocencia. Recuerdo que un congresista, en el momento de ser detenido, dijo que no se sentía detenido sino secuestrado.
¿Cree que la investigación de la Corte está dirigida contra el Presidente?
No lo creo, pero es una situación que, unida a otras que evidentemente están pasando, pone en riesgo el tema de la institucionalidad. ¿Usted cree, por ejemplo, que es bueno que se trate de acabar con la legitimidad del congreso?
¿Acaso la 'parapolítica' es culpa de la Corte?
No. Hay que reconocer el trabajo que están haciendo. Ojalá sigan adelante. Pero recordemos que hace mucho tiempo los grupos al margen de la ley, y muy especialmente los narcos, han participado en las elecciones en Colombia. Lo que ha cambiado es en qué tipo de elección participan. Antes lo hacían en elecciones presidenciales. Cuando se les cerró ese espacio, se fueron a las elecciones regionales. Pero no se puede decir que, porque se colaron con algunos congresistas, todo el parlamento es ilegitimo. Lo que me pregunto es si todos los congresistas que están detenidos son culpables. Yo no lo creo.
Pero es que la Corte no ha fallado...
Los detuvieron antes de investigar.
¿Pero en qué consiste su crítica?
Parto de la base de que hay congresistas inocentes y los hay culpables. Pero la forma como se ha venido manejando el tema por parte de algunos medios y de algunos miembros del mismo Congreso, es como arrojando congresistas al circo romano, independientemente de que sean culpables o inocentes. Parecería que el objetivo es el circo romano: destrozarlos a ellos y a sus familias, sin presunción de inocencia; lanzando culpables a inocentes a la arena para calmar el hambre de los leones y satisfacer el morbo de los asistentes. ¿Sabe qué me ha dolido? Muchas de las personas del Congreso están actuando como si fueran espectadoras del circo romano. Otros, por el contrario, como si fueran leones. No entiendo la actitud de indiferencia del Congreso frente a sus compañeros. No pido solidaridad ni mucho menos complicidad, pero sí respeto por unos procesos que no han terminado".

Si a esto se une la sindicación -también genérica y sin pruebas- que en reportaje radial hizo el Vicepresidente de la República contra toda la rama judicial, y la "guerra sucia" que se ha iniciado contra la Corte Suprema, adicionalmente a los ya conocidos enfrentamientos entre el propio Presidente de la República y la Corte, podemos ver quizá que sí existe un complot, pero no contra el Gobierno, sino contra la justicia. Y para ello, se están utilizando y manipulando los medios de comunicación.

POLÉMICA EN ITALIA POR SEGURIDAD FRENTE A LIBERTADES PÚBLICAS

2008-05-16T09:34:00.000-07:00

Se presenta en Italia un enfrentamiento, o al menos una diferencia de enfoques sobre las facultades del Ejecutivo en materia de orden público e inmigración, entre el Jefe de Estado -el Presidente Giorgio Napolitano- y el recién posesionado Primer Ministro Silvio Berlusconi.
El presidente no parece estar de acuerdo con el proyecto de ley que auspicia el primer ministro, que consiste básicamente en acudir a normas extraordinarias y en plasmar un conjunto de drásticas medidas de emergencia para combatir el crimen y la inmigración ilegal. Napolitano manifestó al ministro del Interior, Roberto Maroni -con quien se reunió ayer para examinar el proyecto de normatividad que se considerará el próximo miércoles en el Consejo de Ministros convocado para sesionar en Nápoles- que, para poder entrar en vigor, las medidas deben tener un carácter de verdadera e innegable "necesidad y urgencia", con lo cual quiso significar que, en su criterio, no se pueden restringir los derechos civiles, las garantías y las libertades de las personas, a menos que sea estrictamente indispensable, a lo cual agregó que se debe respetar la normatividad de la Comunidad Europea.

El debate sobre normas extraordinarias se produce en momentos en que la Policía italiana adelanta una campaña a gran escala contra los ilegales y los traficantes de droga, y contra toda clase de delincuentes en las distintas ciudades, varias de ellas asoladas por conductas violentas que han generado alta inseguridad.

Ayer nada más se informó por las agencias internacionales de noticias la detención de 383 personas, 268 de ellas inmigrantes, en una operación llevada a cabo a lo largo de la última semana en nueve regiones y en quince provincias italianas. Discotecas, bares, centros de llamadas telefónicas, centros de diversión y juegos electrónicos, zonas de prostitución, estaciones y campamentos gitanos han sido los objetivos de numerosas redadas, coordinadas por la Dirección Central Anticrimen. Entre los arrestados hay 50 marroquíes, 32 rumanos, 25 tunecinos, 18 nigerianos, 16 egipcios y 14 albaneses. Un total de 53 ciudadanos nigerianos y albaneses han sido ya expulsados, informó la policía, de acuerdo con el último informe policial, que será tenido en cuenta por el Consejo de Ministros.

Otros 65 extranjeros permanecían ayer en centros de detención temporal. Las acusaciones principales contra los detenidos son hurto y robo (177 personas), ayuda a la inmigración ilegal (111) y tráfico de drogas (92). Las autoridades aprehendieron 7 kilos de cocaína, 360 gramos de heroína y 11 kilos de cannabis.
El Gobierno de Berlusconi tiene toda la intención de aplicar mano firme en las distintas ciudades y provincias, y se propone modificar de modo fundamental las disposiciones legales en vigor, no solamente en materia de delincuencia callejera, sino en general, en materia de seguridad ciudadana y en el campo de la inmigración clandestina.
Pero la Iglesia Católica ha entrado en la polémica, y ha sostenido ante el Ejecutivo que "hay que parar los extremismos" contra los inmigrantes, ya que se corre el peligro de caer en el racismo.
"No se puede reconocer la realidad total de un pueblo", señaló el presidente de la Conferencia Episcopal (CEI), el cardenal Angelo Bagnasco, en una entrevista que publica hoy el diario La Repubblica sobre la crisis desatada después de que varios asentamientos gitanos fueran quemados.
Por su parte, el cardenal de Turín, Severino Poletto, en declaraciones al diario Corriere della Sera, dice: "Si no vigilamos profundamente nuestro pensamiento, sin darnos cuenta podemos caer en algo de racismo". Según Poletto, los desalojos de los asentamientos gitanos no resuelven el problema.
"Hay que unir diálogo y seguridad, legalidad y educación, justicia y caridad. No creo en que la solución sea mandar las excavadoras y tirar todo. La libre circulación no está prohibida en Europa y se irán a otras partes", ha dicho.
Por su parte, el nuevo ministro italiano de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, se pronuncia a favor de una revisión del convenio de Schengen, ya que a su jucio el problema de Europa no está más en la libre circulación" de las personas sino en la seguridad.
"Es necesaria una revisión para verificar la adecuación (del tratado) sobre las fronteras internas y externas", ha dicho Frattini en una entrevista publicada hoy en el diario Messaggero.

El tema está en el primer lugar del orden del día en las preocupaciones de Berlusconi, y se ha generado polémica en los círculos acedámicos, con miras a establecer hasta dónde puede llegar la política de seguridad en un Estado de Derecho, y sobre dónde comienzan los límites al ejercicio del poder por razones de dignidad humana, libertades, igualdad y otros derechos fundamentales.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR EXTRADICIÓN MASIVA DE PARAMILITARES, FRENTE A LAS POSIBILIDADES DE REPARACIÓN

2008-05-14T19:16:00.000-07:00

El siguiente es el texto del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez conocida la extradición de los catorce más importantes jefes paramilitares:

"Washington, 14 de mayo de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.
El martes 13 de mayo, el Estado informó sobre la extradición a los Estados Unidos de 14 líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, "Jorge 40" y "Don Berna" para ser juzgados por delitos de narcotráfico. Las personas extraditadas se habían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, destinada al juzgamiento de los crímenes cometidos contra la población civil por miembros de grupos armados al margen de la ley en Colombia.
La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares.
La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación".

LA EXTRADICIÓN MASIVA: UN MAL SABOR

2008-05-13T19:29:00.000-07:00

José Gregorio Hernández Galindo

Si miramos las cosas poniéndonos en el lugar de las víctimas de los gravísimos crímenes cometidos por los paramilitares, no entusiasma –y, por el contrario, deja un mal sabor- la intempestiva extradición de catorce desmovilizados que se encontraban en el proceso transicional, y que ahora irán a negociar sus penas ante la justicia norteamericana, sin importar lo que hicieron en Colombia, ni sus responsabilidades al respecto.

Fracasó sin duda el Gobierno con su famosa Ley de Justicia y Paz, y se perdieron el tiempo y los recursos invertidos en unos trámites judiciales y administrativos jamás culminados; los delincuentes siguieron delinquiendo, y las víctimas quedaron defraudadas.

Es lamentable el sustento jurídico del Gobierno, invocado para proceder a la extradición de los jefes paramilitares, y contradice la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la materia.

Resulta cuando menos deprimente que en el documento oficial se busque dar “contentillo” a las víctimas diciendo que las autoridades norteamericanas “deberán procurar a través de los mecanismos que la cooperación judicial internacional consagra, que los bienes de los ciudadanos extraditados (…) sean destinados a la reparación de las víctimas en Colombia”. Los norteamericanos no están obligados a ello, y nada van a hacer.

Peor todavía que, con desparpajo, el Gobierno supedite la reparación a que exista “el deseo y la voluntad de parte de los extraditados de continuar colaborando con las autoridades judiciales colombianas confesando hechos delictivos y dando bienes…”.

La Constitución Política, por el contrario, aún para el caso de la amnistía y de indulto, estatuye sin rodeos –para delitos políticos; con mayor razón ello es aplicable a delitos comunes, y a crímenes de lesa humanidad- que “en ningún caso podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares”.
Aquí no hubo nada de lo que se prometía: ni verdad, ni justicia, ni reparación. Y habría que preguntar si no tendrían algo qué decir sobre este doloroso episodio de nuestra justicia –en el que gastamos años y energías, inútilmente- los Tribunales Internacionales sobre Derechos Humanos.