¿QUÉ PASA EN LA JUSTICIA DE COLOMBIA?

Por José Gregorio Hernández Galindo



Es justificada la polémica que se ha ocasionado en el país por causa de decisiones judiciales en cuya virtud han quedado en libertad personas señaladas como autoras de graves delitos. Entre otros, están los casos recientes de siete capturados en un campamento guerrillero, libres al parecer por vencimiento de términos; de alias "Pedro Orejas", en la zona esmeraldera, libre por la misma razón; de algunos militares sindicados de "falsos positivos"; del empresario barranquillero que mató a su ex esposa, a quien había amenazado, anunciándole que "no pagaría un solo día de cárcel"; y -claro- los reiterados eventos de atracadores, asaltantes y raponeros sorprendidos en flagrancia y de regreso a sus actividades pocas horas después. Inclusive, en televisión se presentó el caso de los familiares de un hombre asesinado, a quienes el homicida -libre y vecino de ellos- amenaza constantemente.

Es verdad que la libertad debe ser la regla y que la privación de la misma debe ser extraordinaria, pero lo que no está claro en la práctica es cuándo se justifica y cuándo no. Así, por ejemplo, al mismo tiempo que se decretaba la libertad en los casos mencionados, un joven estudiante que utilizó la red social en internet para amenazar de muerte, en forma virtual, al hijo del Presidente de la República, sin ningún acto real orientado a cumplir ese propósito, fue inmediatamente capturado y está preso, como lo están también políticos -entre ellos, ex presidentes del Congreso-, cuya peligrosidad es muy discutible, sin que se les haya probado su vínculo con organizaciones criminales.

Expertos penalistas han manifestado que estas contradicciones e inconsistencias provienen del nuevo sistema penal acusatorio, y del Código de Procedimiento Penal, mientras otros opinan que no es culpa de las normas sino de su mala interpretación por parte de los fiscales y de los jueces de control de garantías. Y, a la vez, esta última tendría que ver según otros- con una pésima preparación de los funcionarios para aplicar el nuevo sistema.

Con independencia de la discusión que pueda adelantarse -y es urgente hacerlo- sobre la legislación, la verdad es que, en todas las ramas del Derecho hay decisiones judiciales completamente inexplicables, que generan una terrible inseguridad jurídica. Muchas son las providencias mal fundamentadas, que no resisten la mínima comparación con las normas aplicables; que revelan deficiencias enormes en la estructura jurídica del juez; que muestran su pereza para cumplir términos, y no olvidemos los muchos casos de corrupción.