PRINCIPIAN LOS AGUINALDOS

PASEN TODOS UNOS DÍAS DE AGUINALDOS Y NAVIDAD EN PAZ CON DIOS Y CON SUS SEMEJANTES. LA CONCORDIA SÓLO SE CONSIGUE CON BUENA VOLUNTAD.

AGUINALDOS DE PAZ

CERTIDUMBRES E INQUIETUDES, aprovechando estas fechas -que son de concordia y entendimiento entre los hombres de buena voluntad- convoca a los colombianos a buscar, cada uno en su propia actividad y dentro de sus posibilidades, la paz que tanto anhelamos; no como teoría -como en las marchas inútiles- sino como actitud real; como comportamiento material.
!ALEGRE NAVIDAD ! CON EL ALMA TRANQUILA, Y CON LA CONCIENCIA EN LIMPIO, BUSQUEMOS LA CONFIANZA Y HAGAMOS LA PAZ. LA GUERRA...A NADA BUENO CONDUCE. SÓLO A LA MATANZA Y A LA DESTRUCCIÓN.

EL CONTROL POLÍTICO SOBRE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN

Por José Gregorio Hernández Galindo


Es necesario destacar la diferencia que existe, en los casos de Estados de Excepción, entre el control político -a cargo del Congreso- y el control jurídico -confiado a la Corte Constitucional-.


En este momento, vigentes como están en forma simultánea dos tipos de estados excepcionales -la Conmoción Interior y el Estado de Emergencia Social-, y revestido el Presidente de la República de las atribuciones extraordinarias que las correspondientes declaraciones implican, conviene recordar algunas de las pautas constitucionales sobre el tema de los controles.


El control político, que corresponde al Congreso -aunque los congresistas no lo recuerdan y parecen haber renunciado a ejercerlo-, exige que haya una confrontación de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, y de la declaración misma, con elementos de tanta importancia como la oportunidad, la conveniencia, la bondad o maldad y la viabilidad de las disposiciones.


Esa modalidad de control debe tener lugar en los términos que la propia Constitución señala: en el caso de la Conmoción Interior, el Congreso, si no se encuentra reunido, debe hacerlo por derecho propio dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado excepcional, y goza entonces de la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. En el caso de la Emergencia, si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República lo debe convocar en el mismo Decreto declaratorio, para los diez días siguientes al vencimiento del término de la emergencia, y debe presentarle un informe sobre las causas que la determinaron y las medidas adoptadas, para que se pronuncie expresamente -hasta por un lapso de treinta días- sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.


En cuanto al control jurídico, la Constitución dispone que, al día siguiente de su expedición, el Gobierno envíe a la Corte Constitucional los Decretos legislativos que dicte en uso de las facultades, para que ella decida, ya no sobre sus aspectos políticos, sino acerca del cumplimiento de los requisitos que la misma Carta exige para la declaratoria del estado de excepción del que se trata, y sobre la constitucionalidad formal y material de tal declaratoria y de las medidas que se adopten. La Corte, en cuanto a los decretos legislativos, debe verificar además la adecuación o conexidad entre las disposiciones dictadas por el Gobierno al amparo de sus atribuciones extraordinarias y los motivos por los cuales se apeló al estado excepcional.


Es bueno que el Congreso tenga presente la existencia de estas normas superiores, y que ejerza su función de control político, toda vez que, en cuanto la Corte Constitucional únicamente se ocupa de los aspectos jurídicos de la asunción de mayores poderes presidenciales, la omisión de las cámaras significa una inaceptable ruptura del equilibrio que debe presidir las actividades estatales, el cual necesariamente exige -como lo dijera hace años el Barón de Montesquieu- la concepción y práctica de frenos y contrapesos entre las ramas del poder público.

TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS

Intervención del catedrático y ex magistrado de la Corte Constitucional, Dr. José Gregorio Hernández Galindo, respecto a la polémica de la acción de tutela contra providencias judiciales.

SE HICIERON..."LOS DE LAS GAFAS"

Por José Gregorio Hernández Galindo


Varias observaciones acerca del desbarajuste de las “pirámides”:

- Las autoridades administrativas, en especial las superintendencias gozaban de facultades suficientes, según la ley vigente, para impedir que personas no autorizadas se dedicaran a la captación masiva y habitual de recursos del público.


- Según el artículo 335 de la Constitución, las actividades financiera, bursátil, aseguradora “… y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación…”, son “…de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias…”.


- El Decreto Legislativo 2920 de 1982 dispuso que “…quien capte dineros del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente incurrirá en prisión de 2 a 6 años”, pena que mantuvo el Código Penal, acompañada de multa hasta de 50.000 salarios mínimos. La investigación debía iniciarse de oficio o por solicitud del Superintendente Bancario (hoy Financiero). Pero nada se hizo, ni se movió la Fiscalía, que tenía la “noticia criminis” de tiempo atrás.




- A medio camino entre la ingenuidad y la búsqueda de fácil ganancia, todos los días se registraban colas inmensas, a ojos vista, frente a las oficinas de las “pirámides”, para llevarles mansamente los ahorros familiares, o el producto de ventas o hipotecas de bienes de los depositantes, esperanzados en unos rendimientos inverosímiles. Hechos notorios que el Estado no veía. Con seguridad, si la crisis no hubiese estallado la semana pasada, las cosas habrían seguido exactamente iguales.


- El Ejecutivo, previa caída del Superintendente Financiero como chivo expiatorio, y con expreso reconocimiento presidencial de las enormes fallas en que incurrieron los entes encargados del control, decidió declarar el Estado de Emergencia Social, para incrementar las penas; prever el procedimiento de intervención; consagrar como falta disciplinaria de los servidores públicos la inversión en “pirámides”; tipificar el uso de tarjetas prepago como mecanismo ilícito de captación y buscar, hasta donde sea posible, la restitución a los ahorradores de los capitales invertidos.


- La Corte Constitucional nos dirá si las circunstancias en cuestión, con todo lo graves que eran, correspondían también al carácter de “sobrevinientes”, según exigencia reiterada de la jurisprudencia, cuando todo era previsible. Y se verá también en la práctica si las medidas adoptadas son efectivas o solamente efectistas.

MEDIDAS DE EMERGENCIA

DECLARADO EL ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL.

CERRADAS Y SELLADAS OFICINAS E INSTALACIONES DE D.M.G. EN TODO EL PAÍS.

EXPEDIDOS LOS PRIMEROS DECRETOS LEGISLATIVOS.

Informe de LUDOVICO ARIOSTO

El Presidente de la República Álvaro Uribe, con la firma de todos sus ministros, declaró el Estado de Emergencia Social en todo el territorio nacional, con el objeto de hacer frente a la crisis ocasionada por la quiebra de las denominadas "pirámides", que habían venido captando dineros del público sin autorización.
Los primeros decretos legislativos ya fueron expedidos, aumentando las penas aplicables y haciendo no excarcelable el delito de captación masiva e ilícita de recursos del ahorro privado, y otorgando nuevas facultades a las superintendencias.
Desde las primeras horas de la mañana de este lunes 17 de noviembre, la Policía Nacional, siguiendo la orden de intervención de la Superintendencia de Sociedades, procedió a cerrar y sellar las oficinas e instalaciones de la comercializadora DMG, que venía captando, y se tomó posesión de sus bienes, haberes y negocios, con el fin de proteger a los ahorradores y devolverles sus inversiones.
La Presidencia de la República ha expresado:
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto No. 4333 del 16 de noviembre de 2008, declaró el Estado de Emergencia en desarrollo del artículo 215 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 137 de 1994, por la grave alteración del orden social con ocasión de la proliferación de manera desbordada en todo el país, de distintas modalidades de captación o recaudo masivo ilegal de dineros del público.

En desarrollo de la declaratoria del Estado de Emergencia, el Gobierno Nacional expidió cuatro decretos.

El primer decreto (número 4334) define el proceso administrativo de intervención, los nuevos procedimientos que se adelantarán y la toma de posesión con fines de intervención en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollen o participen en la actividad financiera sin la debida autorización estatal.

Igualmente, se definen los procesos para efectuar los inventarios de activos y tramitar rápidamente las solicitudes de devolución presentadas por las personas vinculadas al caso.

Define también los criterios que tendrá en cuenta el Agente Interventor, para la devolución de los dineros entregados por el público a estas firmas captadoras.

Así mismo, este decreto se aplicará a los procesos de devolución de dineros que estaban en poder de ‘Proyecciones D.R.F.E.’.

El segundo (número 4335) decreto concede a los alcaldes obligaciones y facultades de policía para tomar las medidas cautelares, tales como sellamiento de establecimientos y custodia, para suspender de manera inmediata la actividad de captación o recaudo masivo de dineros del público o la realización de actividades no autorizadas. El gobernador, cuando tenga conocimiento, tendrá la obligación de avisarle al alcalde, para que tome las medidas correspondientes.

El tercer decreto (número 4336) redefine las conductas sancionables desde el punto de vista penal, retoma el objetivo de endurecimiento y aumento de las penas para quienes realicen o colaboren con la captación masiva no autorizada de recursos del público. Estas penas oscilarán entre 120 y 240 meses y multa de 50 mil salarios mínimos legales mensuales. Este delito también se convierte en excarcelable.

El mismo decreto establece un nuevo tipo de delito, que señala que quien haya captado recursos del público y no lo reintegre, por esa sola conducta, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, y multa de 133.33 a 15 mil salarios mínimos legales vigentes. Este delito tampoco será excarcelable.

En este último delito, por la falta de devolución de dineros antes de la vigencia de esta norma, los fiscales que conozcan de los procesos podrán aplicar de manera preferente el principio de oportunidad en la devolución de los recursos.

Bogotá, 17 de noviembre de 2008".
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Usted puede ver los textos de los decretos 4333, 4334, 4335 y 4336 de 17 de noviembre de 2008 en la página de la Presidencia de la República de Colombia, cuya dirección es www.presidencia.gov.co

LIBERTAD DE PRENSA

Intervención del ex magistrado José Gregorio Hernández Galindo en relación con el tema de la libertad de prensa y la independencia de los periodistas.

LAS "PIRÁMIDES"

INTERVENCIÓN DEL EX MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO EN TORNO AL DESBARAJUSTE OCASIONADO EN EL PAÍS POR EL DESPLOME DE LAS FAMOSAS "PIRÁMIDES", EN LAS CUALES MILES DE COLOMBIANOS HAN PERDIDO SUS AHORROS

GRAVES CARGOS CONTRA MILITARES FORMULA EL PRESIDENTE URIBE

Desde El Salvador, en donde asiste a la Reunión Cumbre Iberoamericana, el Presidente Álvaro Uribe la emprendió de nuevo contra integrantes de la Fuerza Pública, dos días después de la purga en virtud de la cual fueron llamados a calificar servicios 27 militares, entre oficiales y suboficiales del Ejército. Uribe dijo que las Fuerzas Militares están penetradas por terroristas y narcotraficantes; que protejen a bandidos; y que cuando se preparan y se van a ejecutar operaciones militares, los primeros en saberlo son los delincuentes, como ocurrió varias veces con las FARC.
En palabras del Presidente, "En este momento hay narcotraficantes que no hemos podido capturar, como 'Cuchillo' y el 'Loco' Barrera. Voy a preguntar: ¿vamos a ser capaces de capturarlos o no? –anunció Uribe-. Y voy a preguntar especialmente a la División del Ejército en Villavicencio si es capaz de capturar al 'Loco' Barrera o si es que lo está protegiendo".
“”Infortunadamente -añadió el Jefe del Estado- los terroristas, un día las Farc, otro día los paramilitares, otro día el narcotráfico, han tenido posibilidades de penetrar nuestras fuerzas armadas””, afirmó el presidente Uribe. Y señaló que este gobierno ha logrado muchas cosas pero apelando a una labor de contrainteligencia y con investigaciones administrativas serias para esclarecer la verdad.
Uribe respaldó al Ministro Juan Manuel Santos, cuya renuncia, por el escándalo de los desaparecidos, ha sido solicitada por dirigentes de la oposición, porque está depurando el Ejército.
Escuchando al Presidente ayer, nos preguntábamos si todo esto lo sabe ahora, o como se colige de sus mismas palabras sobre operaciones anteriores, lo ha sabido desde hace tiempo, y por supuesto, si esto último es lo que ocurre, la siguiente pregunta es: “¿Por qué no se habían tomado medidas al respecto? . Más todavía: si el Presidente tiene claro que los militares de Villavicencio no quieren capturar, o que protejen a los narcotraficantes, …¿no sería el caso de aplicar las facultades discrecionales para hacer lo que se hizo en el caso de los falsos positivos?
¿Y por qué los militares responsables de Villavicencio no han reaccionado, al menos que lo sepamos?
Las expresadas sindicaciones son muy graves, en especial por provenir del máximo comandante de las Fuerzas Armadas de la República. Si le creemos al Presidente –y no hay razón para no creerle, o para poner en duda sus palabras-, la delincuencia está incrustada en el Ejército, y en general en la Fuerza Pública. Es decir, nos encontramos en una situación muy similar a la que tiene lugar en México, en donde los narcotraficantes han logrado penetrar a la Policía, a los organismos de Investigación y hasta a la Embajada de los Estados Unidos.
Eso, para cualquier Estado, es desalentador, porque, como dijo la Biblia, “si la sal se corrompe, con qué se salará?. ¿En quién podrá tener confianza la ciudadanía? Adquiere actualidad la frase cómica, pero entre nosotros muy seria, de Roberto Gómez Bolaños en el Chapulín Colorado: “Y ahora, quién podrá defendernos?
Lo que se espera para la semana entrante en Colombia, al regreso del Presidente Uribe, es lógico esperarlo, un gigantesco revolcón en la cúpula y en el cuerpo íntegro de las Fuerzas Armadas. Es necesaria una alta cirugía, urgente. Y todo parece indicar que la practicará el Presidente Uribe.

REMEZÓN: 25 DESTITUÍDOS EN EL EJÉRCITO COLOMBIANO

RESQUEBRAJADA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.
PURGA HISTÓRICA POR DESAPARICIONES
Por José Gregorio Hernández Galindo

Como en otro lugar de esta página se informa, esta mañana bien temprano, en rueda de prensa presidida por el Jefe del Estado, Álvaro Uribe Vélez, con participación del Ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, y del Comandante de las Fuerzas Militares, General Freddy Padilla de León, se anunció que, previa investigación administrativa interna llevada a cabo por una Comisión Especial, fueron llamados a calificar servicios veinticinco miembros del Ejército, entre los cuales se cuentan diecinueve oficiales, tres de ellos generales de la República, por el caso de las desapariciones de jóvenes en Bogotá, Soacha y otros lugares, y que después aparecieron reportados como muertos en combate.
Las destituciones, en cuanto a los militares afectados, se pueden discriminar así: tres generales, once coroneles, tres mayores, un capitán y un teniente, así como a seis suboficiales.

El General Freddy Padilla De León, Comandante de las Fuerzas Militares, manifestó que los oficiales y suboficiales afectados por la decisión pasarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en el aspecto de la investigación penal, y de la Procuraduría General, en la cuestión disciplinaria, para que respondan si son hallados culpables por los hechos criminales que se les imputan.
Aunque todavía no hay condenas que permitan, en el caso de cada uno de los destituidos, desvirtuar la presunción de inocencia, lo cierto es que si el Gobierno se ha visto precisado a adoptar semejante decisión –desde luego, valerosa- es porque algo muy grave ha ocurrido; se han puesto al descubierto unos hechos criminales ligados entre sí –todo parece indicar- por un mismo designio siniestro. Un monumental escándalo en materia de Derechos Humanos, de imprevisibles consecuencias para el prestigio internacional de Colombia, que puede equipararla a los regímenes más salvajes, y que –por supuesto- tenía que ser desenmascarado por el propio Ejecutivo, para neutralizar siquiera en parte sus efectos demoledores.
Si ha ocurrido lo que todos tememos -es decir, que en distintas localidades pobres del país hayan sido reclutados jóvenes necesitados, algunos con problemas mentales, para ser llevados mediante promesas, o por secuestro, a zonas de actividad militar, cobardemente asesinados y posteriormente presentados como miembros de grupos subversivos caídos en combate-, toda la estructura de la política de seguridad democrática es hueca y falsa; con ella, el primer engañado ha sido el Presidente Uribe; y, con él, toda la sociedad, que ha venido confiando en su Ejército. Los positivos han sido falseados, no por cualquier procedimiento, sino mediante el crimen.
Se ha tratado, por si fuera poco, de verdaderos crímenes de lesa humanidad, cometidos en contra de muchachos indefensos, aprovechando sus difíciles condiciones económicas, a los cuales –además- se los ha señalado post mortem como delincuentes, y se los ha enterrado en fosas comunes. Habrían podido permanecer desaparecidos para siempre, sin importar la angustia de sus familias, de no haber sido por hallazgos milagrosos, por datos que, relacionados con las desapariciones, y por coincidencias, llamaron la atención del país, merced a la actividad de los medios.
¡Terrible asunto ¡. La Fiscalía, los jueces y la Procuraduría tienen la palabra.

PUERTA A LA PAZ Y AL ACUERDO HUMANITARIO

Las FARC responden a intelectuales
Por José Gregorio Hernández Galindo

Una buena noticia, en lo relativo a la interminable lucha de Colombia por llegar a un Acuerdo Humanitario y por lograr la paz, es la respuesta, muy optimista, de las FARC a la propuesta que mediante reciente carta habían enviado al Secretariado de esa organización guerrillera más de 150 intelectuales colombianos.

Se trata de una idea, fundada en el propósito genuino de alcanzar acuerdos mediante el diálogo, por considerar que la solución armada no es el camino, al menos si no se quiere sacrificar a muchos compatriotas.

Esta es una guerra cruel y exageradamente prolongada, cuando el país necesita soluciones efectivas y prontas, tanto para la liberación de quienes permanecen secuestrados como para la paz misma, empeño en el que no podemos claudicar.

Transcribo las dos comunicaciones:

La carta de los intelectuales dice:
"Bogotá DC., septiembre 11 de septiembre de 2008

Señores miembros del Secretariado:

La solución de la crisis múltiple que aqueja a la sociedad y al Estado colombianos demanda una juiciosa reflexión así como la participación de los distintos sectores expresados en la sociedad civil y de aquellos actores comprometidos en el conflicto interno armado, social y político que agobia al país, con el objeto de evitar daños a la institucionalidad y propiciar la construcción de una democracia plena con justicia social y paz en la que quepamos todos.

En tal virtud, nuestra aspiración es la de trabajar por desbloquear los caminos que conduzcan a la concreción de un Acuerdo Humanitario que permita la liberación de secuestrados y prisioneros en poder de la insurgencia armada de las FARC y, al propio tiempo, la libertad de los presos de esta guerrilla bajo la jurisdicción del Estado.

Comprendemos que una alternativa diferente al entendimiento político para celebrar un Acuerdo Humanitario y facilitar una salida negociada al conflicto entrañaría el padecimiento de importantes sectores de la población, el inminente peligro para la vida de los cautivos que están en la selva, la degradación de la guerra, y el estímulo a la militarización y al autoritarismo y debilitamiento institucional del proceso político nacional.

El escalamiento de la confrontación ha desbordado la geografía nacional e impacta territorios de países hermanos con diversos hechos de violencia institucional que han puesto en dificultades las relaciones diplomáticas de nuestro país.

No obstante, tenemos la certeza de que los presidentes y jefes de Estado de pueblos hermanos en el hemisferio y de los denominados países amigos europeos concurrirán de manera solidaria a apoyar los procesos de diálogo que estamos proponiendo.

Por las razones expuestas y con el ánimo de emprender desde ahora la búsqueda de soluciones a favor de la paz de Colombia y el sosiego de los seres humanos afectados por el conflicto, de manera cordial los invitamos a desarrollar un diálogo público a través de un intercambio epistolar mediante el cual ustedes, nosotros y en general la sociedad colombiana, podamos identificar los elementos que permitan definir una agenda que esclarezca las rutas en las que sería posible un entendimiento, en aras del anhelado acuerdo humanitario.

Consideramos que ya existe una apreciable corriente de opinión que favorece la promoción de factores contrarios a la solución armada y que está en condiciones de colocar los referentes apropiados para generar una controversia democrática sobre los temas de la paz y de la guerra en Colombia, con el fin de propiciar la convivencia pacífica dentro de una nueva ética social.

Piedad Córdoba Ruíz, Medófilo Medina, Fabio Morón Díaz, José Gregorio Hernández, Víctor Manuel Moncayo, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Angulo Bossa, Daniel Pecaut, Consuelo González de Perdomo, Luís Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuellar, Alfredo Molano B, Javier Darío Restrepo, Daniel Samper Pizano, Gustavo Álvarez Gardeazabal, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Iván Cepeda Castro, Raúl Alameda O, Florence Thomas, Alpher Rojas Carvajal, Rocio Londoño Botero, León Valencia A, Jorge Enrique Botero, Consuelo Ahumada, Marleny Orjuela, Fabiola Perdomo E, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Claudia Rujeles Flórez, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco P, Marc Chernick, Gabriel Izquierdo S.J., Gloria Cuartas, Fernán González S.J., José Gutiérrez, Juanita Barreto G, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Juan Sebastián Lozada P, Álvaro Camacho Guisado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Alberto Cienfuegos, Ricardo Bonilla G, Leopoldo Múnera Ruíz, Renán Vega Cantor, Ciro Quiroz, Carlos Lozano Guillen, Jairo Maya Betancur, Ricardo García Duarte, Jorge Gantiva S, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Gloria Polanco, Apecidez Álviz F, Carlos A. Rodríguez Díaz, Venus Albeiro Silva, Andrés Felipe Villamizar, Arlen B. Tickner, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Nuñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Oscar Mejía Quintana, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Carlos Medina Gallego, Diego Otero Prada, Rubén Darío Florez, Darío Villamizar H, Luís Fernando Medina, Santiago Araoz F, Fabian Acosta, Alonso Ojeda Awad, Jimmy Viera, Efraín Viveros, Mauricio Rojas Rodríguez, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada G, Moritz Akerman, Ricardo Montenegro V, Santiago Vásquez L, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Hollman Morris, Reinaldo Ramirez García, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros C, Jaime Caicedo T, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luís Alberto Ávila A, Olga Amparo Sánchez, Norma Enríquez R, Orsinia Polanco, Caterina Heyck, Guillermo Silva, Luís Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Pilar Rueda, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos C, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez M, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Darío Morón Díaz, Carlos Rosero T, Maria Eugencia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizabal, Edgar Martínez C, Esperanza Márquez M, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda R, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Fructuoso Arias, Gabriel García B, Gabriel Ruiz O, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo A, Gustavo García, Hernán Cortéz A, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán A, Luís Eduardo Salcedo, Luís Jairo Ramírez H, Mario Santana, René Antonio Florez C, Sara Leukos, Víctor José Pardo, Pepe Sánchez, Claudia Rujeles de Jara, Marta Arango de Lizcano, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto, siguen firmas... ".
La respuesta de las FARC, divulgada hoy por ANNCOL señala:
"Montañas de Colombia, octubre 16 de 2008

Respetados Compatriotas:

Con beneplácito hemos recibido su misiva de septiembre que invita a explorar colectivamente caminos hacia la paz alejados del actual rumbo gubernamental de guerra perpetua que significa persistir en el imposible de una solución militar a los problemas políticos, económicos y sociales que subyacen en el cruento conflicto que estremece al país.

Saludamos el florecimiento de una corriente de opinión que se aparta del falso triunfalismo y de los parámetros de la solución guerrerista a los grandes problemas nacionales. No dudamos del éxito de su gestión porque coincide con el sentimiento y el anhelo de paz de las mayorías.

Esta carta es ya el comienzo del Intercambio Epistolar que nos proponen para discutir en torno a la salida política del conflicto, el canje humanitario y la paz. Participaremos de cara al pueblo en un diálogo con amplitud y franqueza, sin dogmatismos, sin sectarismos y sin descalificaciones sobre los temas que sugieren. Es necesario esforzarnos en procurar la vinculación de la mayor cantidad posible de organizaciones políticas y sociales y de personas independientes.

Nuestra disposición a explorar posibilidades hacia el canje humanitario y la paz con justicia social que es hoy el clamor y la necesidad más urgente y sentida de toda la nación, continúa invariable. La liberación unilateral de seis ex congresistas en el pasado reciente, entregados al Presidente Hugo Chávez y a la senadora Piedad Córdoba, buscaba crear condiciones y ambientes propicios al canje de prisioneros en poder de las partes contendientes. Este hecho es testimonio fehaciente de voluntad política.

Muy respetuosamente sugerimos, paara reforzar este nuevo emprendimiento, tener en cuenta la man! ifiesta disposición de la gran mayoría de Presidentes latinoamericanos para contribuir con sus esfuerzos en el proceso de intercambio humanitario y paz.

La inmensa bandera de la paz con justicia social deberá ondear definitivamente, libre, bajo el cielo de Colombia. La guerra eterna contra el pueblo que nos quieren imponer para perpetuar la injusticia no puede ser el destino de la patria.

Reciban nuestro saludo cordial.
Compatriotas,

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, octubre 16 de 2008"

¿SEGUIMIENTO OFICIAL A POLÍTICOS DE OPOSICIÓN?

Las graves denuncias de Gustavo Petro
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO


La del Senador Gustavo Petro no es una simple denuncia -de esas que se formulan todos los días, sin pruebas-. Esta es una denuncia probada con documentos oficiales, en los cuales se demuestra que hay una orden impartida por un funcionario del DAS, existente y en ejercicio, para seguir y vigilar a dirigentes de un partido político y para informar sobre sus actos, contactos, reuniones y relaciones.
El documento, altamente comprometedor, es del 20 de agosto, está firmado por el Coordinador de Asuntos de Inteligencia Política del DAS, y ordena enviar la información disponible relacionada con las actividades de Gustavo Petro Urrego, Senador del Polo Democrático Alternativo. Pide informes sobre vínculos o nexos con organizaciones al margen de la ley; contactos con personas que se presenten como testigos para declarar contra el Gobierno, entre otras cosas.
Como puede verse, esto es más que un espionaje telefónico, pues cobija, además de interceptaciones de esa índole, la correspondencia y la vida diaria de la persona contra la cual se ordena el seguimiento.
Es algo que va mucho más allá de la ilícita intromisión de los republicanos en la campaña demócrata -caso Watergate-, que condujo a la estrepitosa caída del ex presidente de los Estados Unidos Richard Nixon.
No sabemos si, como dice Petro, esta es una orden del Presidente de la República. O si, como alega la Directora del DAS, ella no ha impartido orden alguna en el expresado sentido.
¿Pero, entonces, de dónde proviene? No lo explica en absoluto la funcionaria, ni hay -hasta el momento de escribir estas líneas, justificación alguna del Ejecutivo.
Estamos ante una grave violación de la libertad política, del debido proceso, del derecho a la intimidad, del derecho a no ser investigado sino por orden judicial, que es lo propio de un sistema democrático.
Un organismo de inteligencia carece en Colombia de facultades judiciales. No puede seguir, ni rastrear las actividades de las personas, menos aún las de directivos o miembros de los partidos políticos. Eso es propio de regímenes policiacos establecidos por las dictaduras. Hitler, Stalin, Pinochet, Videla,...! claro!.., pero resulta extraño y grotesco en un Estado Social y Democrático de Derecho.
La garantía constitucional reside, precisamente, en que únicamente los jueces y fiscales, de acuerdo con la ley, en el ámbito de sus competencias y en el curso de un proceso judicial, están autorizados por la Constitución para ordenar investigaciones, interceptaciones, seguimientos o privaciones de la libertad.
Lo otro -lo del caso que nos ocupa- es un abuso y un delito, que deben ser investigados y esclarecidos cuanto antes, para salvaguarda de nuestra democracia.
El Gobierno es el primer interesado en sancionar a los responsables y en aclarar las cosas, para que no lo confundan con una dictadura.

LAS LLAMADAS MALÉVOLAS DE McCAIN

Una reacción en contra, por parte del público norteamericano, ha provocado el sistema publicitario que, en forma desesperada -ante los resultados de los debates y las encuestas- ha decidido poner en práctica el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, John McCain, contra su oponente, el aspirante demócrata Barack Obama.
La reacción ha sido tal que voceros del partido del propio McCain, y por supuesto los del Demócrata, han solicitado con gran disgusto al senador republicano que retire de inmediato esa forma desleal de propaganda.
El sistema ha sido denominado "robollamadas": los llamados telefónicos automáticos que asocian a su rival demócrata Barack Obama con un elemento radical de la década de 1960.

En la página Chron.com, del 18 de octubre, puede leerse:
"Los llamados automáticos en Maine, Nevada y otros estados dicen que Obama "ha trabajado estrechamente con el terrorista nacional Bill Ayers, cuya organización bombardeó el Capitolio, el Pentágono, el hogar de un juez y mató estadounidenses". El cargo es engañoso: los ataques dinamiteros, que ocurrieron hace más de 35 años, no mataron a nadie, y el grupo no se atribuyó responsabilidad por el ataque a la casa del juez.

En Nevada, un volante de cuatro páginas distribuido esta semana por el Partido Republicano estatal también alude a la pasada relación de Obama con Ayers, ex líder del grupo Weather Underground.

Califica a Ayers _hoy profesor universitario_ de "terrorista, radical, amigo de Obama", y presenta varias imágenes de Obama y Ayers.

El líder de la mayoría en el Senado Harry Reid, demócrata por Nevada, y la senadora Susan Collins, republicana por Maine, hicieron el viernes sendas exhortaciones a McCain por las llamadas automáticas. Collins enfrenta una dura competencia por la reelección y es copresidenta de la campaña de McCain en Maine.

"Ese tipo de tácticas no tiene lugar en la política de Maine", afirmó el portavoz de Collins, Kevin Kelley. "La senadora Collins exhorta a la campaña de McCain a detener esos llamados inmediatamente".

Reid dijo a la prensa en una conferencia de prensa estar sorprendido de las tácticas empleadas por la campaña de McCain y comentó: "No puedo creer que John McCain sepa lo que sucede".

La campaña de McCain dice que los avisos están justificados debido a que la conexión de Obama con Ayers _los dos se conocieron muchos años después que concluyeron las actividades de Ayers contra la guerra de Vietnam_ plantea dudas sobre el buen juicio y antecedentes del candidato demócrata.

"Esta es una asociación altamente cuestionable", dijo el vocero de McCain, Rick Gorka.

Obama ha condenado las actividades radicales de Ayers, que ocurrieron a fines de la década de 1960 y en la de 1970, cuando Obama era un niño. En el debate del miércoles con McCain, Obama dijo que Ayers no tuvo nada que ver con su campaña presidencial.

Ayers, profesor de educación en la Universidad de Illinois en Chicago, vive en el vecindario de Obama en Chicago. En 1995, organizó una sesión en su hogar cuando el joven graduado de derecho en Harvard se preparaba para postularse al Senado de Illinois. Los dos trabajaron también con dos organizaciones caritativas sin fines de lucro en Chicago".

RETIRADO PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA

Tras una reunión de cuatro horas en la Casa de Nariño, entre el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, y los miembros de la Comisión Primera del Senado que pertenecen a la coalición uribista, se decidió retirar el proyecto de reforma a la administración de justicia que se venía discutiendo.
La razón: varias semanas de deliberación sin que los congresistas hubiesen llegado a soluciones sobre conflictos de interés e impedimentos, los cuales iban a cobijar a numerosos integrantes de la Comisión, por causa de los procesos judiciales que cursan en su contra, como ya lo habíamos apuntado en esta página.
Debe recordarse que conceptos recientemente emitidos por el Consejo de Estado habían manifestado que, ante los conflictos de interés, los congresistas estaban en la obligación de manifestar los impedimentos, so pena de pérdida de investidura.
De otro lado, el proyecto no contaba con el apoyo de las corporaciones judiciales. Recibió muchas críticas tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, por no resolver los problemas reales de la administración de justicia; por pretender sacar de la Corte la investigación de los congresistas, y por su marcada improvisación.
El anuncio sobre el retiro del proyecto lo hizo el propio Presidente de la República, quien manifestó que ahora todas las energías se dedicarán al proyecto que garantice la descongestión de la justicia para el año 2010, en una ley que deberá incluir las nortmas de los decretos de conmoción interior dictados en estos días y otras que eñl Ejecutivo prepara.

ENFOQUE CONSTITUCIONAL SOBRE ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR

Intervención del Director de CERTIDUMBRES E INQUIETUDES, y de la revista ELEMENTOS DE JUICIO, ex magistrado José Gregorio Hernández Galindo, acerca del recientemente declarado Estado de Conmoción Interior, como respuesta del Gobierno colombiano al paro judicial.

REOCUPACIONES DE LA SIP POR LIBERTAD DE PRENSA

Informe de Ludovico Ariosto

Desde Madrid se informa que la 64ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha consignado en un documento final su especial preocupación por las formas de obstaculización y cercenamiento de la libertad de prensa en los países iberoamericanos.
En las conclusiones de la Asamblea, cuya 64 reunión, con la presencia del Rey Juan Carlos de Borbón y del Presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, se llevó a cabo en Madrid, la SIP aludo a un preocupante aumento de la violencia física contra periodistas y atentados contra medios, como los asesinatos de ocho periodistas en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela. También menciona un deterioro en las relaciones de algunos gobiernos con los medios de prensa y del uso inapropiado de la publicidad oficial para presionar y discriminar a medios de difusión.

El informe hace referencia a casos como decisiones de la Justicia brasileña que dan lugar a condiciones de censura previa, actitudes agresivas del gobierno ecuatoriano contra periodistas y, en Venezuela, la expedición de un decreto de Hugo Chávez que faculta al gobierno para expropiar empresas privadas, incluyendo medios de difusión. En relación con Argentina, la SIP advierte que en 2008 han persistido las actitudes agresivas por parte del Gobierno contra medios y periodistas, especialmente durante el conflicto agrícola.
En fin, el documento deja constancia sobre un estado de cosas que afecta el ejercicio de derechos fundamentales, en particular la libertad, y que pone de relieve las actitudes autoritarias de gobiernos que se molestan por el libre flujo de las informaciones y del pensamiento, así como por las opiniones independientes.

FIDEL CASTRO SE REFIERE A LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS

Bajo el título "La ley de la selva", Fidel Castro ha dedicado su última reflexión en www.cubadebate.cu al proceso electoral norteamericano que habrá de culminar el próximo 4 de noviembre y que decidirá entre el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain.
El texto de Castro es el siguiente:
"El comercio dentro de la sociedad y entre los países es el intercambio de bienes y servicios que producen los seres humanos. Los dueños de los medios de producción se apropian de las ganancias. Ellos dirigen, como clase, el estado capitalista y se ufanan de ser los impulsores del desarrollo y el bienestar social a través del mercado, al cual se rinde culto como dios infalible.



Dentro de cada país es la competencia entre los más fuertes y los más débiles, los de más vigor físico, los que se alimentan mejor, los que aprendieron a leer y escribir, los que fueron a las escuelas, los que acumulan más experiencia, más relaciones sociales, más recursos, y los que carecen de esas ventajas dentro de la sociedad.



Entre países, los que tienen mejor clima, más tierra cultivable, más agua, más recursos naturales en el espacio en que les tocó vivir cuando no existen más territorios que conquistar, los que dominan las tecnologías, los que poseen más desarrollo y manejan infinitos recursos mediáticos, y los que, por el contrario, no disfrutan ninguna de estas prerrogativas. Son las diferencias a veces abismales entre las que se califican como naciones ricas o pobres.



Es la ley de la selva.



Las diferencias entre las etnias no existen en cuanto se refiere a las facultades mentales del ser humano. Es algo más que probado científicamente. La sociedad actual no fue la forma natural en que evolucionó la vida humana; ha sido una creación del hombre ya mentalmente desarrollado, sin la cual no se puede concebir su propia existencia. Lo que se plantea es, por tanto, si el ser humano podrá sobrevivir al privilegio de poseer una inteligencia creadora.



El sistema capitalista desarrollado, cuyo máximo exponente es el país de naturaleza privilegiada adonde el hombre blanco europeo llevó sus ideas, sus sueños y sus ambiciones, se encuentra hoy en plena crisis. No es la habitual cada cierto número de años, ni siquiera la traumática de los años treinta, sino la peor de todas desde que el mundo siguió ese modelo de crecimiento y desarrollo.



La actual crisis del sistema capitalista desarrollado se produce cuando el imperio está próximo a cambiar de jefatura en las elecciones que tendrán lugar dentro de veinticinco días; era lo único que faltaba por ver.



Los candidatos de los dos partidos que deciden en esas elecciones, tratan de persuadir a los desconcertados votantes ―muchos de los cuales no se han preocupado nunca por votar― de que ellos, como aspirantes a la Presidencia, son capaces de garantizar el bienestar y el consumismo de lo que califican como un pueblo de capas medias, sin el menor propósito de verdaderos cambios en lo que consideran el más perfecto sistema económico que ha conocido el mundo; un mundo que, por supuesto, en la mentalidad de cada uno de ellos, es menos importante que la felicidad de trescientos y tantos millones de habitantes de una población que no llega al cinco por ciento de los habitantes del planeta. La suerte del otro noventa y cinco por ciento de los seres humanos, la guerra y la paz, la atmósfera respirable o no, dependerá en gran parte de las decisiones del jefe institucional del imperio, si es que ese cargo constitucional tiene o no poder real en la época de las armas nucleares y los escudos espaciales manejados por computadoras en circunstancias tales que los segundos son decisivos y los principios éticos tienen cada vez menos vigencia. No puede, sin embargo, ignorarse el papel más o menos nefasto que corresponde a un presidente de ese país.



En Estados Unidos existe un profundo racismo, y la mente de millones de blancos no se reconcilia con la idea de que una persona negra con la esposa y los niños ocupen la Casa Blanca, que se llama así: Blanca.



De puro milagro el candidato demócrata no ha sufrido la suerte de Martin Luther King, Malcolm X y otros, que albergaron sueños de igualdad y justicia en década recientes. Tiene además el hábito de mirar al adversario con serenidad y reírse de los aprietos dialécticos de un oponente que mira hacia el vacío.



Por otro lado, el candidato republicano, que cultiva su fama de hombre belicoso, fue uno de los peores alumnos de su curso en West Point. No sabía nada de Matemáticas, según confiesa, y es de suponer que mucho menos de las complicadas ciencias económicas. Sin duda, su adversario lo supera en inteligencia y serenidad.



Lo que más abunda en McCain son los años, y su salud no es en lo absoluto segura.



Menciono estos datos para señalar la eventual posibilidad ―si algo ocurriera con la salud del candidato republicano, si lo eligen― de que la señora del rifle e inexperta ex gobernadora de Alaska fuese Presidenta de Estados Unidos. Se observa que no sabe nada de nada.



Meditando sobre la deuda pública actual de Estados Unidos que el presidente Bush descarga sobre las nuevas generaciones en ese país ―diez mil doscientos sesenta y seis millones de millones―, se me ocurrió calcular el tiempo que tardaría un hombre para contar la deuda que aquél prácticamente ha duplicado en ocho años.



Suponiendo ocho horas de trabajo neto diario sin perder un segundo, al ritmo rápido de cien billetes de un dólar por minuto, 300 días de trabajo al año, un hombre tardaría setecientos diez mil millones de años para contar esa suma.



No encontré otra forma gráfica de imaginarme el volumen de esa suma de dinero que se menciona casi diariamente en estos días.



El gobierno de Estados Unidos, para evitar un pánico generalizado, declara que garantizará depósitos de ahorristas que no rebasen los 250 mil dólares; administrará bancos y cifras de dinero que Lenin, con ábacos, no habría imaginado contabilizar.



Podemos preguntarnos ahora qué aporte hará la administración Bush al socialismo. Pero no nos hagamos ilusiones. Cuando el funcionamiento de los bancos se normalice, los imperialistas se las devolverán a las empresas privadas, como hizo algún que otro país en este hemisferio. El pueblo paga siempre las cuentas.



El capitalismo tiende a reproducirse en cualquier sistema social, porque parte del egoísmo y los instintos del hombre.



A la sociedad humana no le queda otra alternativa que superar esa contradicción, porque de otra forma no podría sobrevivir.



En este momento, el mar de dinero que les lanzan a las finanzas mundiales los bancos centrales de los países capitalistas desarrollados está golpeando fuertemente a las bolsas de los países que tratan de superar el subdesarrollo económico y acuden a esas instituciones. Cuba no posee bolsa de valores. Sin duda surgirán formas de financiamiento más racionales, más socialistas.



La crisis actual y las brutales medidas del gobierno de Estados Unidos para salvarse traerán más inflación, más devaluación de las monedas nacionales, más pérdidas dolorosas de los mercados, menores precios para las mercancías de exportación, más intercambio desigual. Pero traerán también a los pueblos más conocimiento de la verdad, más conciencia, más rebeldía y más revoluciones.



Veremos ahora cómo se desarrolla la crisis y qué ocurre en Estados Unidos dentro de veinticinco días".

LAS AUTORIZACIONES EXTRAORDINARIAS AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

El siguiente es el texto del Decreto Legislativo 3930 de 2008, que, contrariando lo dispuesto en el artículo 213 de la Constitución, modifica con carácter permanente y hasta deroga artículos de leyes preexistentes:
"REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DECRETO No 3930 DE 2008
( 9 de octubre de 2008 )
Por el cual se otorgan facultades a la Sala Administrativa y
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se
dictan otras disposiciones
El PRESIDENTE DE lA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial
las extraordinarias que le confiere el artículo 213 de la Constitución
Política y en desarrollo de lo previsto en el decreto 3929 del 9 de
octubre de 2008
DECRETA:
CAPíTULO I
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y DISCIPLINARIAS
ARTíCULO 1°. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, nominará y posesionará a los Magistrados, Jueces y
empleados de la Rama Judicial, sin sujeción a las normas de carrera,
con el fin de garantizar la efectiva prestación del servicio público
esencial de Administración de Justicia en el Territorio Nacional.
Parágrafo: Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de
la Judicatura del país, nominarán y posesionarán a los Magistrados,
Jueces y empleados de la Rama'·Judicial, sin sujeción a las normas
de carrera, de conformidad con la delegación que para el efecto
realice la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
ARTíCULO 2°. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, podrá crear, suprimir y trasladar cargos en la
Administración de Justicia, con concepto previo y favorable de la
Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
ARTíCULO 3°, La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura y las Salas Jurisdiccionales de los Consejos
Seccionales de la Judicatura, suspenderán provisionalmente a los
funcionarios y empleados judiciales y a los pertenecientes a la Fiscalía
General de la Nación, salvo las excepciones constitucionales ya
establecidas, una vez oído al servidor judicial que de manera
injustificada se abstengan de cumplir con sus funciones.
Capítulo II
MEDIDAS DE DESCONGESTiÓN JUDICIAL
ARTíCULO 4°, El artículo 334 del Código de Procedimiento Civil, se
adiciona así: "cuando la apelación haya sido concedida en el efecto
devolutivo, el interesado podrá impedir la ejecución de la providencia
impugnada si presta caución que garantice la indemnización de los
perjuicios en caso de no prosperar el recurso. Sólo podrá ofrecerse
caución hasta el momento de la notificación del auto que concede la
apelación y se prestará dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del auto que la fije".
ARTíCULO 5°, El inciso 2° del Artículo 354 del Código de
Procedimiento Civil, quedará así:
La apelación de las sentencias que modifiquen el estado civil de las
personas y las que han sido recurridas por ambas partes se otorgará
en el efecto suspensivo; la de los autos y de las demás sentencias se
otorgará en el efecto devolutivo, salvo disposición en contrario.
Cuando la apelación deba otorgarse en el efecto suspensivo, el
apelante puede pedir que se le otorgue en el diferido o en el
devolutivo; y cuando procede en el diferido, puede pedir que se le
otorgue en el devolutivo, prestando caución, conforme a los criterios
del artículo 40 de este Decreto.
ARTíCULO 6°, Adicionar el artículo 85 del Código de Procedimiento
Civil, modificado por el artículo 10 numeral 37 del Decreto 2282 de
1989, en el sentido de incluir un inciso, así:
"El Juez rechazará de plano la demanda cuando advierta que la
pretensión es manifiestamente infundada".

ARTíCULO 7° Derógase el artículo 39 de la Ley 794 de 2003, que
modificó el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y todas las
normas que establezcan la consulta, salvo lo consagrado para la
acción de tutela.
ARTíCULO 8°. Al artículo 372 del Código de Procedimiento Civil se le
adicionará como último inciso el que sigue:
Procederá el rechazo in límine del recurso de casación por parte del
magistrado sustanciador cuando exista carencia manifiesta de
fundamento de la pretensión casacional o defectos de forma o de
técnica que hagan imposible su examen de fondo.
ARTíCULO 9°. Confiérese a los Notarios competencia para conocer a
prevención, de acuerdo con su Circunscripción territorial, y conforme
con los trámites establecidos en el Código de Procedimiento Civil y las
normas que lo complementan, de los procesos de jurisdicción
voluntaria, y el de adopción que .se regirá en lo pertinente por la Ley
1098 de 2006.
ARTICULO 10a• La Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura establecerá los parámetros para descongestionar los
Despacho Judiciales y la plena implementación del presente decreto.
ARTICULO 11a. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación, suspende y deroga las· disposiciones que le sean
contrarias.
PÚBLlQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., a los 9 OCT 2008

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior de Justicia

(Siguen firmas de los demás ministros)"

TEXTO DEL DECRETO POR EL CUAL SE DECLARÓ LA CONMOCIÓN INTERIOR

El siguiente es el texto del Decreto 3929, del 9 de octubre, por medio del cual fue declarada la perturbación del orden público, como consecuencia del paro judicial:
"REPUBLICA DE COLOMBIA
• DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DECRETO NÚMERO 3929
(9 de octubre de 2008)
Por el cual se declara el estado de conmoción interior.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que en los términos del artículo 213 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente de la República, en caso de grave perturbación del orden público, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, y la convivencia ciudadana, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior en todo o en parte del territorio nacional y adoptar las medidas necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.
Que la administración de justicia no se encuentra funcionando de manera normal y adecuada, lo cual atenta contra la estabilidad institucional y el normal funcionamiento de la rama jurisdiccional, con grave detrimento del orden público y social,
Que esta situación no permite alcanzar los fines del Estado de servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución y asegurar la convivencia pacífica de los ciudadanos y la vigencia de un orden justo;
Que la Policía Nacional, Dirección de Seguridad Ciudadana, Área de Información Estratégica señala que en los últimos 35 días se han dejado en libertad más de 2.720 personas, capturadas por la sindicación de delitos de homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes entre otros, lo que conlleva a un grave detrimento del interés general, del orden público, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.
Que el Fiscal General de la Nación informó que es inminente la salida de las cárceles, por vencimiento de términos en la definición de procesos penales que se adelantan contra personas sindicadas de delitos relacionados con los trágicos hechos de la toma del palacio de justicia, secuestro y otros graves delitos, lo que constituye factor de perturbación y alteración del orden público, dando lugar a configurar situaciones de impunidad que propician la desprotección de derechos fundamentales, con una inminente desestabilización institucional, que afecta el Estado social de derecho consagrado en la carta política;
Que como consecuencia de la paralización de las actividades judiciales no es posible continuar la investigación de numerosos delitos ante la ausencia de funcionamiento del sistema penal acusatorio, incluyendo la libertad de los autores del secuestro y posterior homicidio del niño Santiago Lozano, ocurrido en la población de Chía.
Que en diferentes casos en los que se ha formulado imputación bajo el sistema establecido en ley 906, continúan corriendo los términos, sin que el Fiscal pueda, dentro de los treinta días señalados por la Ley, formular la respectiva acusación, abriendo la posibilidad para que los delitos tramitados bajo los parámetros de dicha normatividad queden en la impunidad.
Que el Ministerio Público en cabeza del señor Procurador General de la Nación, señaló que en vista de la situación de la administración de justicia en Colombia, la cual se encuentra en un cese de actividades desde hace 37 días y considerando que se trata de un servicio público fundamental cuyo funcionamiento tiene carácter de permanente por mandato constitucional, con el debido respeto solicita sean tomadas por el Gobierno Nacional las medidas de emergencias pertinentes acordes con las atribuciones que otorga nuestra Carta Política, la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y demás normas concordantes.
Que la gravedad de la situación descrita pone en evidente peligro la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana. Estos hechos son expresión inequivoca de desestabilización y atentan de manera inminente contra el normal funcionamiento de las instituciones legítimamente constituidas, el orden público, el acceso normal a la justicia por parte de los ciudadanos.
Que en la actividad judicial y la función de administrar justicia se presentan graves problemas de congestión, impidiendo el acceso a la justicia por parte de la ciudadana para reclamar y hacer efectivos sus derechos.
Que de acuerdo al documento suministrado por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, la administración de justicia presenta más de 120.751 procesos que se han dejado de fallar así como 36.986 decisiones de tutela, la no realización de 25.284
audiencias, incluidas 15.983 audiencias de Control de Garantías.
Que las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía no resultan suficientes para prevenir la salida de las cárceles de delincuentes y terroristas y para conjurar la situación de grave perturbación mencionada, frente a la parálisis judicial, por lo cual se hace indispensable adoptar medidas de excepción,
Que es esencial incorporar al Presupuesto General de la Nación nuevos gastos y adoptar los mecanismos presupuestales y legales adecuados para financiar las nuevas erogaciones que se requieren para afrontar la situación descrita que permita normalizar el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Que es necesario garantizar el normal y adecuado funcionamiento de la administración de justicia el cual se ha afectado y agravado por las consecuencias de la situación existente en el día de hoy.
DECRETA:
ARTíCULO 10. Declarar el Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional, por el término de noventa (90) días, contados a partir de la vigencia del presente Decreto.
ARTíCULO 20. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE,
Dado en Bogotá D.C. a 9 de octubre de 2008

ALVARO URIBE VÉLEZ

FABIO VAlENCIA COSSIO
Ministro del Interior y de Justicia

(Siguen firmas de todos los ministros)"

EL OSCURO CASO DE LOS JÓVENES DE SOACHA

José Gregorio Hernández Galindo (*)

Los colombianos miramos con preocupación lo que se viene publicando en varios medios acerca del caso, muy característico, de jóvenes desaparecidos en barrios de Bogotá y Soacha, quienes dos o tres días después han sido reportados como “muertos en combate” con el Ejército, en calidad de miembros de grupos delictivos, en Ocaña (Norte de Santander) y en Cimitarra (Santander).

No creemos que estos sean los únicos casos. Muy probablemente esto tiene sus precedentes, y la única diferencia entre situaciones estriba en que ahora hay medios de comunicación que están siguiendo la pista de lo acontecido, a raíz de las extrañas coincidencias.

Que estos casos obedecen a un plan criminal de proporciones mayores, sin que la sociedad colombiana haya tomado conciencia de ello, lo deja ver el descarnado escrito de Alfredo Rangel, aparecido en la Semana bajo el título “Macabros e infames“, en el cual menciona antecedentes muy similares, en Montería, Cimitarra, Sincelejo y Toluviejo. En este último municipio desaparecieron once jóvenes entre julio y agosto de 2007, “y todos fueron fusilados menos de 48 horas después de haber salido de Toluviejo: unos en Chinú, otros en Sincé y otros en El Roble“; agrega Rangel que “miembros del Ejército los presentaron como dados de baja en combate, aunque no hay pruebas atómicas que indiquen que los jóvenes hubieran disparado armas de fuego. Uno de los reclutadores fue capturado, el otro está libre. Dicen que a éstos alguien les pagaba 100.000 pesos por cada joven entregado para ser asesinado. Las amenazas han llovido sobre sus familiares para que retiren las denuncias. El mismo modelo de Soacha“.

La misma revista hace memoria: “El primer caso que encendió las alarmas ocurrió en Barranquilla hace dos años, cuando un hombre que se identificó como informante del Ejército convenció a cuatro muchachos humildes que vivían del rebusque, para que viajaran con él a Córdoba, donde les prometió un buen trabajo. Tres de ellos aparecieron muertos en combate uno o dos días después de que el informante se los entregó a un oficial del Ejército“.

Informa El Espectador del pasado 5 de octubre que, según el Personero de Soacha, sigue latente la estela de horror que sembró la banda de Los Gatilleros de Cazucá, dirigida por un temible delincuente, alias Tomasito, capturado hace un año y recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Dice el diario que en Soacha “el temor impera en la comunidad mientras la Fiscalía busca responsables en un proceso que apenas empieza“.

Si esto no le pone los pelos de punta al más insensible, en Colombia hemos perdido la capacidad de medir, o al menos de intuir la dimensión de las cosas. Aquí hay algo muy grave, que no puede permanecer en la indefinición a que nos tiene acostumbrados la Fiscalía.

De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, entre otros valores, y la Fiscalía está obligada, según el artículo 250 de la Carta, a “adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancia fácticas que indiquen la posible existencia del mismo“. Y dígame alguien si en este caso no hay más que suficientes motivos.

Ahora bien, en mi criterio, de conformidad con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, en cuanto a los militares que puedan estar comprometidos, no cabe el fuero militar, ya que, a todas luces, los terribles hechos objeto de investigación no encajan en dicha figura: sencillamente, no son, ni pueden ser “actos del servicio“, ni guardan relación con él, aunque los solicitantes de cuerpos a quienes se refirió la semana pasada el Ministro Santos estuvieran en servicio, y aunque los hayan pedido para sus falsos positivos. Inclusive sería gravísimo que se admitiera la más mínima relación con el servicio, por ejemplo, si los reclutadores dijeran haber recibido órdenes superiores. Estos son crímenes atroces, y deben ir a la justicia ordinaria.

Ello no obsta para que el Ejército, primer interesado en esclarecer este tenebroso asunto, adelante en su interior las investigaciones que lleven a la identificación de aquellos de sus oficiales, sub oficiales o soldados que puedan estar envueltos en los reclutamientos o en los crímenes.

La Procuraduría también tiene mucho que indagar en este caso. Al Procurador General corresponde, al tenor del artículo 277, numeral 2, de la Constitución, “proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo“. Y a éste le confía el artículo 282 de la Carta Política la función de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, cuya defensa le corresponde especialmente.

El Estado tiene la obligación de escudriñar hasta lo más profundo en esta materia. No se puede contentar con capturar a uno o dos autores materiales, ni con dejar las investigaciones a medio comenzar. Si lo hace, “La mano negra” y la “Triple A” serán cuentos pequeños al lado de lo que, nos tememos, está pasando entre nosotros.

Los ciudadanos no vamos a olvidar el tema, así haya muchas nuevas y arrasadoras noticias que traten de cubrir o de archivar los acontecimientos, dolorosos como pocos para esta democracia de mentiras que se aterra con los secuestros de la guerrilla -desde luego, detestables- pero parece aceptar o contemporizar con los crímenes de otro origen, muchas veces peores.
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(*) Columna publicada en www.razonpublica.org.co, Semana del 6 al 12 de octubre de 2008

EL GRAVE CASO DE LOS JÓVENES LLEVADOS A LA MUERTE

Informó CARACOL TELEVISIÓN: "Los jóvenes de Bogotá y Soacha presentados como muertos en combate pudieron ser víctimas de las propias FFMM, pues a Juan Manuel Santos le han dicho que aún “hay reductos dentro de nuestra fuerza pública que están exigiendo como resultado cuerpos”.

Primero fueron 11, luego 19 y ahora son 23 los cuerpos sin vida que se han hallado en zonas rurales del departamento de Norte de Santander y se teme que la cifra siga en aumento.

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación indicaron este viernes que la cifra aumentó tras el hallazgo de otros cuatro cadáveres, que también pertenecerían a personas desaparecidas a comienzos de año en barrios marginales de Bogotá o Soacha.

En un comienzo, las víctimas fueron presentadas por responsables militares como muertos en combates con el Ejército entre enero y agosto de este año.

Sin embargo, algunas autoridades, incluida la secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Clara López, sospechan que los jóvenes fueron víctimas de desaparición forzosa e, incluso, de ejecuciones extrajudiciales.

El Ministro tiene cada vez menos dudas

Al propio ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se le hizo extraño conocer que los muchachos hubieran perdido la vida pocos días después de haber desaparecido, tema que también inquietó al fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, quien inició una investigación.

Aunque el Ejército ha insistido en que eran miembros de grupos armados ilegales que cayeron en combates, designó dos investigadores para aclarar los hechos.

Este viernes, Santos fue más allá y dijo durante una ceremonia de ascensos que ha recibido información sobre “reductos dentro de nuestra fuerza pública que todavía están exigiendo como resultado cuerpos”.

“Yo me resisto a creer que eso sea cierto”, señaló Santos que no adjudicó las informaciones a una fuente específica. “Me lo han dicho por ahí”, indicó.

En ese sentido le recordó a los mandos militares que el Gobierno tiene cero tolerancia con la violación a los derechos humanos.

“Preferimos un desmovilizado a un capturado y un capturado a un muerto”, resaltó.

El mensaje debe quedar claro en todos los niveles de las Fuerzas Armadas y por ello le ordenó al comandante del Ejército, general Mario Montoya, que lo lleve personalmente a cada división y brigada militar".

La Revista SEMANA, con el título "¿FALSOS POSITIVOS MORTALES?". presenta la siguiente información:

"La preocupación y la vergüenza se reflejaban en los rostros de varios altos oficiales en los pasillos del Ministerio de Defensa la semana pasada. El martes, el ministro Juan Manuel Santos se había adelantado a ordenar una investigación exhaustiva cuando supo que 11 muchachos que habían desaparecido del sur de Bogotá durante este año habían sido reportados como muertos en combate y enterrados en un cementerio veredal en Ocaña, Norte de Santander.

A lo largo de la semana la situación se hizo más grave. Ya no fueron 11 sino 19 los muertos en combate en esta región cuestionados, y se conocieron dos nuevos casos de muchachos que habían sido reportados como desaparecidos y que luego aparecieron como combatientes de grupos irregulares dados de baja.

El temor de que estos extraños casos sean en realidad ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de la Fuerza Pública se sintió en varias instituciones. La secretaria de gobierno de Bogotá, Clara López, dijo que lo ocurrido con los jóvenes muertos fue una “desaparición con fines de homicidio y no un reclutamiento”. El fiscal general, Mario Iguarán, alarmado con la noticia, le pidió a la Unidad de Derechos Humanos que iniciara una investigación. Desde entonces, en el ambiente ha surgido el temor de que se trate de ejecuciones, más que de muertes en combates.

Quizá por eso el propio ministro Santos dijo el viernes ante un auditorio de suboficiales: “Me dicen por ahí que todavía hay reductos dentro de nuestra Fuerza Pública que están exigiendo como resultado, cuerpos. Yo me resisto a creer que esto sea cierto”. Le ordenó al comandante del Ejército, general Mario Montoya, que visite todas las guarniciones militares para llevar claro el mensaje de que la prioridad son las capturas y los desmovilizados.

Tanta preocupación no es gratuita. El tema de las ejecuciones extrajudiciales se ha convertido en el asunto más grave en materia de derechos humanos del gobierno, y aún no se ha encontrado ni la causa ni el remedio para la misma. Y aunque las investigaciones judiciales arrojarán resultados definitivos sobre los hechos más recientes, lo cierto es que en el caso de los muchachos desaparecidos en Bogotá, no se descarta la hipótesis de que hayan sido asesinados.

¿Desaparición con fines de homicidio?

Los jóvenes bogotanos tenían edades que oscilaban entre 17 y 32 años, casi todos eran desempleados o trabajaban en oficios como construcción y mecánica y, según la Defensoría del Pueblo, algunos tenían antecedentes como consumidores de drogas. Eran, en general, muchachos humildes que vivían en la marginalidad de Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá, y Bosa. Del grupo de los 11, el primero en desaparecer fue Faír Leonardo Porras, de 26 años, que trabajaba como ayudante de construcción, quien fue reportado por su familia como desaparecido el 8 de enero. Cuatro días después, el CTI y el Ejército estaban haciendo el levantamiento de su cuerpo, muerto supuestamente en combate. Los segundos en desaparecer, el 13 de enero, fueron Elkin Gustavo Verano, de 25 años, y Joaquín Castro, de 27 años, ambos empleados en un taller de campanas para carros, y amigos inseparables. Según reportes oficiales, habrían muerto en combate el 15 de enero, es decir, dos días después de su llegada.

En un tercer caso, Julio César Mesa, de 24 años, y Johnatan Orlando Soto, de 17 años, que habían sido reportados como desaparecidos el 26 de enero, aparecieron como dados de baja en combate dos días después. Lo mismo le ocurrió un mes después a Julián Oviedo, de 19 años, quien trabajaba en construcción. Más tarde, el 25 de agosto, fueron hallados muertos Diego Alberto Tamayo, de 25 años; Víctor Gómez, de 23, y Andrés Palacio, de 22 años. A estos tres últimos el Ejército los había reportado como miembros de bandas emergentes muertos en combate, y había dicho en su momento que se les había encontrado dos pistolas y una escopeta de repetición. Todos los jóvenes tienen en común que venían del sur de Bogotá y que fueron reportados como guerrilleros o bandoleros dados de baja por la Brigada Móvil XV, con sede en Ocaña. Otros dos de los muchachos, Daniel Pesca y Eduardo Garzón, murieron en jurisdicción de San Vicente de Chucurí.

¿Legalizaciones?

La primera explicación que salió a relucir es que los muchachos fueron reclutados en sus barrios con promesas de trabajo en Norte de Santander o simplemente para vincularse a grupos armados al servicio del narcotráfico. De hecho, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta sobre la presencia de grupos paramilitares y de guerrilla en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, que estaban reclutando, incluso, menores de edad. A favor de esta tesis está el hecho de que algunos de ellos les expresaron a sus familiares que habían recibido ofertas de trabajo.

Lo que deja sin piso esta hipótesis es que, aparentemente, los muchachos prácticamente acababan de bajarse del bus que los traía de Bogotá, cuando ya estaban muertos en combate. Lo normal es que los grupos armados entrenen por lo menos durante unas semanas a los nuevos reclutas, y en este caso eso no parece haber ocurrido.

Fuentes militares aseguran que en Ocaña opera una banda de delincuentes llamada los ‘Rolos’, que ha azotado la región con la extorsión y el boleteo, y que estos muchachos hacían parte de ella y que tenían tenebrosos antecedentes judiciales. Esto es algo que aunque fuera cierto, no explica cómo es que murieron en combate; ni por qué todos murieron y ninguno, por ejemplo, fue capturado. Ninguna fuente ni civil ni de Policía confirmó la existencia de esta banda en esta zona.

La segunda hipótesis sobre lo ocurrido es mucho más delicada. Se trataría de una especie de “limpieza social” en la que se mata a los muchachos –delincuentes, drogadictos o simplemente pobres– y se los presenta luego como combatientes de grupos al margen de la ley. En el lenguaje criminal esto se llama “legalizar al muerto” y es una práctica que infortunadamente algunos militares han usado para mostrar “falsos positivos” y así mejorar sus resultados operacionales, y por esta vía obtener beneficios para su carrera militar.

Curiosamente, a principios de este año el sargento Alexánder Rodríguez, adscrito a la Brigada Móvil XV que opera en Ocaña, había denunciado ante la Fiscalía, la Procuraduría y ante sus superiores del Ejército, que en su batallón les daban cinco días de descanso a los soldados que obtuvieran ‘bajas’ en combate, y denunció que fue testigo de cómo se cometieron homicidios de civiles para luego presentarlos como guerrilleros. El sargento fue expulsado de las Fuerzas Militares aunque sus denuncias están en proceso de investigación.

Pero éstas no son las únicas hipótesis. Los hechos son tan confusos, que la Fiscalía y el Ejército están estudiando caso por caso. Para el gobierno es importante establecer por qué pasó tan poco tiempo entre la denuncia por desaparición, y la muerte. Y por qué curiosamente todos salieron de Bogotá y encontraron la muerte en Ocaña. Un municipio donde en lo corrido del año han sido enterrados 45 N. N. cuyas muertes se atribuyen a los conflictos entre bandas criminales del narcotráfico. Sin embargo, la ubicación de los cadáveres se logró porque el año pasado entró en funcionamiento un sofisticado sistema de información para buscar personas desaparecidas, que cruza las denuncias que se registran en todo el país con los datos que maneja Medicina Legal en cada municipio.

No es el único caso

Lo más preocupante es que el caso de los muchachos de Ciudad Bolívar no es el primero ni el único. Naciones Unidas ya le había expresado al gobierno su preocupación por la desaparición y la muerte de jóvenes pobladores en Montería, Medellín, y en municipios como Toluviejo, Sucre, y Remedios, Antioquia. La entidad internacional dice que en todos los casos existe un patrón común: “las víctimas reciben promesas de trabajo, aparentemente legales o incluso ilegales, para trasladarse a municipios y departamentos distintos a sus lugares de residencia. En la mayoría de los casos, uno o dos días después de haber sido vistos con vida por última vez por sus familiares, resultan reportados como muertos dados de baja en combate”.

Eso exactamente fue lo que ocurrió en Toluviejo, donde desde el año pasado empezaron a desaparecer jóvenes que a los pocos días eran reportados como muertos en combate por tropas de la Fuerza Tarea Conjunta de Sucre. Poco después la Fiscalía pudo probar que un hombre llamado Eustaquio Barbosa les había ofrecido a todos ellos trabajo en una finca en Sampués, Córdoba. Pero nunca llegaron a su destino. Lo grave es que la justicia tiene pruebas de que la mayoría de estos muchachos no murió en enfrentamientos, y no sólo fue detenido Barbosa, sino que están siendo investigados una docena de militares por estos hechos.

En Sucre el problema no termina ahí. Este año el CTI ha exhumado en Sucre y Córdoba los cuerpos de 27 jóvenes que habían sido reportados por sus familiares como desaparecidos.

Como si fuera poco, en Risaralda también se registra un caso similar. En lo que va corrido del año se han denunciado 18 casos de jóvenes que murieron en combate, y que, sin embargo, sus familiares daban por desaparecidos. A esto se suman otros cuatro muchachos de Popayán, cuyos cadáveres aparecieron en Córdoba, en similares circunstancias.

El fondo del problema

El país parece estar enfrentado a dos problemas graves. Por un lado, el reclutamiento de jóvenes que, engañados o no, salen de sus casas hacia otras regiones, y allí encuentran la muerte. Posiblemente porque son usados como carne de cañón por las guerrillas y las bandas criminales que, sin darles entrenamiento, los exponen a enfrentamientos con las Fuerzas Militares.

Sin embargo, en muchos de estos casos se ha probado que no ha habido combates y que los muchachos han sido, simplemente, asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas.

Aunque entre muchos militares se suele calificar las denuncias por ejecuciones extrajudiciales como un arma política de la guerrilla contra las Fuerzas Armadas, el problema es real y mucho más grave de lo que se cree. El gobierno de Estados Unidos y varias ONG nacionales e internacionales le hacen un seguimiento permanente al tema y han encontrado que éstas siguen ocurriendo en muchas regiones del país. Lo que parece más preocupante es que si en el pasado a muchos militares se les acusaba de tener nexos con los paramilitares, desde cuando estos se desmovilizaron, crecieron las denuncias por homicidios cometidos directamente por los uniformados. Llama la atención, por ejemplo, que de los 558 casos que está investigando la Unidad de Derechos Humanos, más de la mitad ocurrieron en 2007. Las brigadas con el peor récord son las de Antioquia, que tienen 155 casos en investigación, y Meta, que tiene 107. Ello, no obstante, aclara Sandra Castro, directora de esta Unidad de la Fiscalía, se debe a que en estos departamentos han hecho un trabajo más exhaustivo los investigadores. Según Castro, en este momento hay vigentes 244 medidas de aseguramiento contra militares, de los cuales cuatro coroneles, dos tenientes coroneles, siete mayores y 23 capitanes, y la mayoría son casos del Ejército.

Pero sumando los casos que hay en todos los juzgados y las fiscalías del país, el número es aun mayor: son 750 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, en las que ya han sido acusados 180 militares, y condenados 50.

Al respecto, el general Freddy Padilla de León le dijo a SEMANA que “el ministro Santos y yo creemos que debe haber cero tolerancia con los actos impropios dentro de las Fuerzas Militares. Creemos en el principio constitucional de la presunción de inocencia de nuestros hombres y guardamos la esperanza de que no sean responsables. Pero si se comprueban conductas indebidas, seremos absolutamente severos”.

De hecho, el general Padilla envió recientemente una directiva a todas las guarniciones militares, en la que establece que las desmovilizaciones y las capturas son los primeros indicadores de éxito que medirán las Fuerzas Militares en adelante, y no las bajas, en un intento de frenar una tradición y una visión errónea que hay en un sector de los militares, que “mide los resultados en litros de sangre”. Un sector de los militares ha entendido que este tipo de “bajas fuera de combate” no sólo lesiona gravemente la legitimidad de la institución militar, sino que son obstáculo para ganar la guerra. En ese mismo sentido, el Ministerio de Defensa diseñó una política de derechos humanos que hace énfasis en el respeto a la población no combatiente. Sin embargo, o bien el mensaje no ha llegado hasta todos los batallones o brigadas, o las sanciones y los controles internos están fallando, y persiste, además de los errores, la falta de castigo a éstos. O porque hay mensajes encontrados y contradictorios en el propio seno de la cúpula militar.

En cualquiera de los escenarios antes descritos, el gobierno tiene razones para estar preocupado. El tema del reclutamiento de jóvenes está disparado y tiene ribetes de emergencia humanitaria. Y el tema de las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de los esfuerzos, persiste y en ocasiones parece que nadie puede controlarlo. Ambos problemas simultáneamente, son un cóctel explosivo".

LOS FALSOS POSITIVOS

"MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA ESTARÍAN EXIGIENDO CUERPOS": SANTOS

Informó CARACOL TELEVISIÓN: "Los jóvenes de Bogotá y Soacha presentados como muertos en combate pudieron ser víctimas de las propias FFMM, pues a Juan Manuel Santos le han dicho que aún “hay reductos dentro de nuestra fuerza pública que están exigiendo como resultado cuerpos”.

Primero fueron 11, luego 19 y ahora son 23 los cuerpos sin vida que se han hallado en zonas rurales del departamento de Norte de Santander y se teme que la cifra siga en aumento.

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación indicaron este viernes que la cifra aumentó tras el hallazgo de otros cuatro cadáveres, que también pertenecerían a personas desaparecidas a comienzos de año en barrios marginales de Bogotá o Soacha.

En un comienzo, las víctimas fueron presentadas por responsables militares como muertos en combates con el Ejército entre enero y agosto de este año.

Sin embargo, algunas autoridades, incluida la secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Clara López, sospechan que los jóvenes fueron víctimas de desaparición forzosa e, incluso, de ejecuciones extrajudiciales.

El Ministro tiene cada vez menos dudas

Al propio ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se le hizo extraño conocer que los muchachos hubieran perdido la vida pocos días después de haber desaparecido, tema que también inquietó al fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, quien inició una investigación.

Aunque el Ejército ha insistido en que eran miembros de grupos armados ilegales que cayeron en combates, designó dos investigadores para aclarar los hechos.

Este viernes, Santos fue más allá y dijo durante una ceremonia de ascensos que ha recibido información sobre “reductos dentro de nuestra fuerza pública que todavía están exigiendo como resultado cuerpos”.

“Yo me resisto a creer que eso sea cierto”, señaló Santos que no adjudicó las informaciones a una fuente específica. “Me lo han dicho por ahí”, indicó.

En ese sentido le recordó a los mandos militares que el Gobierno tiene cero tolerancia con la violación a los derechos humanos.

“Preferimos un desmovilizado a un capturado y un capturado a un muerto”, resaltó.

El mensaje debe quedar claro en todos los niveles de las Fuerzas Armadas y por ello le ordenó al comandante del Ejército, general Mario Montoya, que lo lleve personalmente a cada división y brigada militar".

El jueves último se conocían las primeras y muy fragmentarias informaciones, que se presentaban así en www.elementosdejuicio.com:

Mucha preocupación causa el hecho, poco a poco descubierto en los últimos días, consistente en la aparición, como muertos en combate con el Ejército, en Santander y Norte de Santander, de jóvenes que figuraban reportados como desaparecidos en Bogotá y Soacha.
Al respecto, la Fiscalía General de la Nación ha expedido el siguiente comunicado:
"Bogotá, 24 de septiembre. El fiscal general de la Nación, Mario Germán Iguarán, se refirió al caso de los jóvenes que fueron desaparecidos en Bogotá y Soacha (Cundinamarca), y que fueron reportados como muertos en combate en Ocaña (Norte de Santander) y Cimitarra (Santander).

“En principio es una investigación por desaparición de unos jóvenes en Bogotá. Ahora lo que se reporta es un homicidio en combate, por parte del Ejército, de estas personas”, explicó Iguarán Arana, quien informó que ya se realizan las labores de exhumación e identificación de los cadáveres para entregarlos a sus familias.

El Fiscal General indicó que este “es un caso muy singular y complejo”, debido a que los jóvenes fueron reportados como desaparecidos en enero y poco tiempo después, reiteró, aparecieron como muertas en combate.

A los cadáveres de los jóvenes se les practicó una inhumación estatal en la vereda Las Liscas, en cercanías de Ocaña, debido a que ningún familiar reclamó en su momento los cuerpos".
Hasta ahora son 19 los jóvenes desaparcidos en Bogotá y asesinados en Ocaña (Norte de Santander).
El diario EL NUEVO SIGLO informa en su edición de hoy lo siguiente:
"EN TOTAL son 19 los jóvenes que fueron reportados como desaparecidos y aparentemente murieron en combate con el Ejército, en jurisdicción de Ocaña (Norte de Santander).

La cifra es superior en ocho personas a lo informado en un principio y tras conocerse las denuncias de los familiares.
El jefe del ente acusador, Mario Iguarán, señaló que una comisión de fiscales especializados en derechos humanos viajó a la región donde fueron inhumados los cuerpos, para tomar los testimonios de los comandantes militares de la zona y corroborar si realmente los jóvenes fueron muertos en combate.
Así mismo, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, ordenó el envío de una comisión para que adelante las investigaciones de rigor y no regrese a Bogotá hasta que no se establezca las reales circunstancias en que murieron los jóvenes, muchos de ellos dos días después de ser reportados como desaparecidos.
La cifra de inhumaciones dada por Iguarán discrepa con la facilitada por Yebaril Hadad, alcalde de la ciudad de Ocaña, a donde los militares llevaron los cadáveres de esas personas presuntamente muertas en combates librados en los departamentos de Santander y Norte de Santander, desde enero a agosto de este año.
“En principio es una investigación por desaparición de unos jóvenes en Bogotá. Ahora lo que se reporta es un homicidio en combate, por parte del Ejército, de estas personas”, explicó Iguarán Arana, quien informó que ya se realizan las labores de exhumación e identificación de los cadáveres para entregarlos a sus familias.
El Fiscal General indicó que este “es un caso muy singular y complejo”, debido a que los jóvenes fueron reportados como desaparecidos en enero y poco tiempo después, reiteró, aparecieron como muertas en combate.
A los cadáveres de los jóvenes se les practicó una inhumación estatal en la vereda Las Liscas, en cercanías de Ocaña, debido a que ningún familiar reclamó en su momento los cuerpos.
Los jóvenes, cuyos cadáveres fueron hallados inicialmente, procedían de zonas deprimidas de la periferia sur de Bogotá y, según los familiares de algunos de ellos, se marcharon de allí en busca de oportunidades de trabajo. Al no tener noticias de ellos después de varios meses, las familias presentaron denuncias por desaparición.
Entre tanto, el Gobierno colombiano reconoció este martes que el Ejército había reportado como muertos en combate a once jóvenes desaparecidos cuyos restos fueron hallados en el nordeste del país.
Las víctimas fueron identificadas como Julio César Mesa Vargas, 24 años; Jhonatan Soto, 17 años; Daniel Pesca Olaya, 27 años; Eduardo Garzón Páez, 32 años; Diego Alberto Tamayo, 25 años; Víctor Gómez Romero, 23 años; Andrés Palacio, 22 años; Sair Leonardo Porras, 26 años; Elkin Verano, 25 años; Julián Oviedo, 19 años; Joaquín Castro Vásquez, 27 años, entre otros".
El caso es muy grave, ya que todo parece indicar que estamos ante una actividad de trata de seres humanos.

LA POLÉMICA POR LA INICIACIÓN DE PROCESOS PENALES CONTRA MÉDICOS POR ATENDER A GUERRILLEROS HERIDOS O ENFERMOS

Para las autoridades que investigan a varios profesionales por curar a guerrilleros, no se trató de un servicio inocente. Ellos se defienden.


El tema volvió a ser planteado tras la denuncia hecha esta semana por Jorge Merchán Price, que encabeza la organización Médicos Azules.

Merchán sostiene que el acto médico debe estar protegido por el secreto profesional. "Sin importar qué tipo de circunstancias sociales o políticas rodeen al médico y su paciente, esto no puede considerarse una conducta punible, bajo ninguna circunstancia", afirma.

También el ex magistrado José Gregorio Hernández sostiene que los profesionales cuya función y especialidad consiste en preservar la salud y la vida de los seres humanos, están protegidos por normas nacionales e internacionales.

Menciona, entre otras, la ley 171 de 1994, mediante la cual Colombia adoptó el Protocolo II de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional; la Ley de Ética Médica, que defiende el acto médico y el artículo 95 de la Constitución, que eleva al rango de deber la atención humanitaria de personas cuya vida o salud está en peligro.

Además, están los artículos 131, 152 y 153 del Código Penal, referentes a la omisión de socorro, a las condenas a que se exponen quienes incurran en ella y a las penas que caben cuando se obstaculizan tareas sanitarias y humanitarias, en el marco del derecho internacional humanitario.

Basado en esto, Hernández afirma que "si un guerrillero llega al hospital de un municipio y pide ser atendido, el médico no puede negarse a hacerlo. Estos profesionales tampoco están obligados a preguntarles a las personas qué filiación política tienen, o condicionar la asistencia a factores distintos al eminentemente médico".

No obstante, el ex magistrado es claro en señalar que si un médico presta su concurso para la comisión de delitos (cambiar fisonomías de delincuentes o borrar sus huellas dactilares, por ejemplo), tiene que responder ante la justicia. "Lo mismo aplica para los médicos que forman parte del grupo armado ilegal; en ese caso se les juzgaría por eso, no por ser médicos", puntualiza.

El hecho es que en Colombia no pocos profesionales de la salud están en líos con la justicia por haber atendido a miembros de grupos armados ilegales. Y si bien en algunos casos parece claro que se trató de una misión netamente humanitaria, en otros la situación ha dado pie para que la Fiscalía les formule cargos por concierto para delinquir.

Ana María de Brigard, experta en derecho médico, insiste en que es necesario que el Estado ampare el ejercicio de los profesionales en zonas alejadas y de conflicto, donde ellos pueden verse expuestos a coacciones o amenazas.

Considera, sin embargo, que debe hacerse un análisis especial de los casos de médicos que, en forma consciente e informada, celebran un contrato de prestación de servicios con personas al margen de la ley.

"En estas circunstancias deberán asumir las consecuencias, porque no será admisible el argumento de que lo hacen solo motivados por cuestiones humanitarias. Recibir dinero ilícito por un acto lícito no lo convierte en un acto aceptable desde el punto de vista ético", agrega De Brigard.

Denunciar o no denunciar

Quienes critican la defensa del secreto profesional opinan que los galenos deben denunciar a pacientes involucrados en actos criminales.

De hecho, Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, sostiene que el juramento hipocrático y la Ley de Ética Médica son imperativos morales que obligan a atender a cualquier persona, sin importar las circunstancias, pero aclara que " los médicos también tienen el deber de reportar a todo paciente que ha sido víctima de un acto violento".

Y más allá, Juan Mendoza Vega, presidente del Tribunal de Ética Médica, defiende el hecho de que se atienda a quien lo necesite, pero también destaca la obligación que asiste al galeno (como a cualquier ciudadano) de evitar que se cometan delitos.

"Así, que si el paciente es un guerrillero, y cree que avisando dónde está puede evitar un delito, debe avisar a las autoridades".

Por temor, muchos profesionales prefieren callar cuando atienden a un ilegal y en algunos casos esto ha terminado por traerles problemas. En otros, consideran las autoridades, hay claros indicios de encubrimiento.

EL TIEMPO recogió los testimonios de dos médicos hoy encartados judicialmente por haber atendido a guerrilleros. Ellos sostienen que fueron obligados a prestar sus servicios, pero la Fiscalía considera que hay elementos para pensar que actuaron en contra de la ley.

El ortopedista llamado a juicio

El ortopedista Luis Alfredo Moreno García, acusado de rebelión, está preso desde el pasado 19 de febrero. La Fiscalía dice que tiene evidencias de que recibió dinero del 'Mono Jojoy' por operar en campamentos de Meta y Caquetá a guerrilleros heridos en combate, y lo llamó a juicio (junto con el anestesiólogo Alejandro Rico) como presunto integrante de la red de apoyo logístico del frente primero de las Farc. Moreno asegura que viajó a los campamentos convencido de que iba para una brigada de salud. "La Fiscalía me acusa de rebelión, una palabra que no cabe en mi cabeza, porque solo soy un médico dedicado a su profesión y a sus pacientes y no un delincuente", dice.

Ginecólogo dice que prestó servicio obligado después de un secuestro

"El sexto frente de las Farc me secuestró, junto con mi esposa y mi hija, que cursaba último año de medicina. Al cabo de unos días, el comandante me dijo que mi hija se quedaba; me exigieron el pago de 1.500 millones de pesos. Cuando entendieron que no los tenía, me rebajaron la cifra.

Ella se quedó como rehén y nosotros nos fuimos. Reuní toda la plata que tenía, conseguí prestado y completé. Regresé unos días después con el dinero y entonces ellos me pidieron más. Logré que entendieran que había quedado en la quiebra.

Nos dejaron libres, pero yo quedé endeudado. A los dos meses mandaron a una señora, viuda de un guerrillero, para que empezara a cobrarme; yo no tenía, así que traté de llevar por las buenas a esta mujer, que era muy pobre.

Al poco tiempo empezó a pedirme favores, a llevarme familiares para que se los viera.

Yo no estaba en posición de negarme. El primero de diciembre del 2006 las autoridades allanaron mi consultorio y me acusaron de tener un trato demasiado cercano con una integrante de las Farc.

En ese instante sufrí un preinfarto. Me llevaron a Imbanaco, donde permanecí custodiado. Por fortuna los jueces se tomaron el trabajo de analizar el caso, de estudiar mis antecedentes y valorar mi arraigo. Mi proceso está en la etapa de juzgamiento y mientras tanto estoy en libertad condicional".

Marco Julio Velásquez
Ginecólogo con 28 años de ejercicicio".
(Tomado de "EL TIEMPO.com", 21 de septiembre de 2008)