LAS RELACIONES EXTERIORES

El muy difícil momento que se vive en cuanto a las relaciones entre Colombia y Venezuela, por cuenta de la sorpresiva terminación unilateral de la mediación que se había confiado al Presidente venezolano Hugo Chávez con miras a la liberación de las personas secuestradas, es atribuible, entre otros motivos (como, por ejemplo, los palos de ciego del Gobierno colombiano en relación con el tema; la falta de unas reglas y de una delimitación de atribuciones para la tarea encomendada, que han debido quedar claras desde el comienzo; la inexistencia de un término y de un calendario, la presencia de elementos inamovibles de parte del Ejecutivo y de parte de las FARC; el excesivo protagonismo del mediador, .....), al inocultable descuido que ha venido acusando el manejo de nuestras relaciones exteriores.

Lo decimos con todo respeto hacia el Presidente -quien las tiene a su cargo, como Jefe del Estado, según la Constitución-, y también hacia el actual Canciller, pero creemos que toda la estructura del aparato que maneja esas relaciones se encuentra mal organizado en su misma base y presenta defectos ostensibles, además de la improvisación que le es ya característica.

Comenzando por el criterio que se aplica para la designación del Ministro de Relaciones Exteriores, que ya no es, como era, el de la preparación especializada del titular en la actividad diplomática y su formación en temas como el Derecho Internacional y la geopolítica, sino el del impacto coyuntural que pueda tener el nombramiento en la política doméstica, como aconteció con los dos últimos cancilleres. Baste recordar que, pese a su indudable preparación en otras áreas, la hoja de vida del doctor Araujo no es la de un diplomático, y el título tenido en cuenta para nombrarlo consistió en haber sido víctima del secuestro y en haber escapado del mismo, además de coincidir su apellido con el de la Canciller saliente, todo lo cual -aunque humanamente pueda ser comprensible- no es suficiente para asumir una responsabilidad tan grande, que exige conocimientos propios para el cargo y una mínima experiencia.

De otro lado, el gobierno ha dado en abstenerse de convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de lo cual se quejaba con frecuencia el expresidente Alfonso López Michelsen, cuando lo cierto es que medidas tan drásticas como la que se acaba de tomar respecto a la terminación de la mediación de Hugo Chávez en el caso de los secuestros, así como, en su momento, la decisión presidencial de apoyar a los Estados Unidos en la guerra contra Irak, corresponden a determinaciones de Estado que, por su magnitud y repercusiones, tendrían que ser objeto de cuidadoso análisis previo, con la participación y el consejo de estadistas e internacionalistas.

El artículo 225 de la Constitución lo ha entendido así, y por ello ha contemplado la Comisión Asesora como cuerpo consultivo del Presidente de la República, en el entendido de que la participación en ella de miembros tan destacados como los expresidentes de la República y los excancilleres evita la toma de decisiones apresuradas que luego conduzcan a arrepentimientos y disculpas, o a que el Estado colombiano, como suele ocurrir, quede mal en el plano internacional.

Pero, además, como lo vimos durante el proceso de aprobación del Acto Legislativo que hizo posible la primera reelección del Presidente Uribe, las plazas en el servicio diplomático no se llenan con personas de carrera, conocedoras de los asuntos inherentes a su gestión, sino dentro de la idea de pagar favores políticos o votos congresionales de apoyo a proyectos del Gobierno, o de solucionar problemas de ubicación profesional de familiares de dignatarios.

De otra parte, la política internacional parece no existir. Se improvisa demasiado, pues el Gobierno actúa normalmente por reacción, o por conveniencia momentánea, de lo cual resultan gestiones de renovado fracaso como ha acontecido con la negociación y la aprobación del TLC. Añádase a ello la mala imagen de Colombia en el exterior, primero por el narcotráfico y ahora por la parapolítica, y las frecuentes condenas de tribunales internacionales por causa de la inobservancia de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.

Súmese a todo el hecho de que los funcionarios prefieren el uso de los medios de comunicación para manejar las relaciones internacionales, con gran desprecio por la vías diplomáticas, y se tendrá un panorama grave de desgreño en ese campo, que es tan importante para cualquier Estado.