UNA DEMOCRACIA "PARTICIPATIVA" EN QUE LA POCA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO HA SIDO MANIPULADA

José Gregorio Hernández Galindo

Ahora que, con renovados bríos, se vuelve a impulsar la idea de un referendo para reformar la Constitución y permitir una vez más la reelección presidencial -cambiando las reglas de juego, otra vez a mitad de camino-, conviene insistir en la importancia que para la Constitución de 1991 tienen los mecanismos de participación ciudadana y su genuina concepción, que no es precisamente la que hasta ahora ha predominado.
En primer lugar, debe recordarse que una característica primordial del ordenamiento superior que nos rige es precisamente el subrayado en el preámbulo y en el artículo primero de la Carta: Colombia es una democracia participativa.
Ello no tiene una relevancia apenas declarativa o semántica, sino que implica un profundo cambio en los criterios políticos y jurídicos referentes a la soberanía y su ejercicio en la democracia colombiana: no es lo mismo un ordenamiento rígidamente representativo, como el que rigió a la luz de la Constitución de 1886 -en donde los elegidos en el Ejecutivo y en los cuerpos colegiados gozaban de la totalidad del poder, transferido por los ciudadanos en las elecciones- que un sistema a cuyo tenor, aun conservando los elementos básicos de la representación, se proclama el derecho del pueblo a tomar decisiones en forma directa respecto de los más variados asuntos propios del interés colectivo.

Transcurridos casi 18 años de la vigencia de la Constitución, llama la atención el hecho de que justamente el propósito del Constituyente en la materia, entendido como uno de los más importantes rasgos de su obra, haya sido materia de frustración y desencanto; el de menor utilización, o si se quiere, el de más mala suerte en la práctica. La verdad es que buena parte de los mecanismos contemplados en el artículo 103 de la Constitución -plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa, revocatoria del mandato- están en la letra del precepto superior y en la Ley Estatutaria correspondiente (134 de 1994), pero han sido usados tan poco, o con tan poca fortuna, que pudiéramos afirmar, están sin estrenar.

En gran medida podemos atribuir esta circunstancia a la desproporcionada y desconfiada reglamentación de la misma ley, pero también se debe reconocer que quienes se encuentran en capacidad de liderar procesos de esta naturaleza -los gobiernos nacional, departamentales, distritales, municipales; las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, las universidades- han puesto muy poco de su parte para canalizar las energías populares hacia una adecuada utilización de estos mecanismos, y cuando lo han hecho, los resultados no han sido los mejores, por uso inapropiado de la respectiva figura o por dificultades institucionales o políticas, como ocurrió con el referendo de 2003.
Vale la pena, además, insistir en que no ha habido una pedagogía constitucional, y por tanto no existe entre los ciudadanos una conciencia colectiva sobre la importancia de la participación.
Muchos no entienden, por ejemplo, lo que es el referendo, ni sus repercusiones, y piensan siempre que tiene que ver forzosamente con decisiones políticas coyunturales, como la reelección, perdiendo de vista muchos otros aspectos en que sería vital oír directamente la voz del pueblo.
En fin, en una democracia supuestamente participativa, ha habido una muy escasa participación, y los pocos instrumentos participativos que se han usado no han sido en beneficio de los derechos del pueblo sino a favor de propósitos no propiamente populares, y más bien -en una notoria distorsión- el pueblo ha sido manipulado, llevado, dirigido o utilizado. No ha sido el pueblo el soberano.

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(1) Tomado de www.elementosdejuicio.com

EL PATRONO NO ES EL AMO. EL TRABAJADOR NO ES EL ESCLAVO

Exposición del ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia José Gregorio Hernández Galindo acerca del sentido protector de las normas laborales de orden constitucional y legal, y en torno al genuino concepto del salario mínimo.

SALARIO MÍNIMO Y DISCUSIONES BIZANTINAS

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO


La noticia más reciente en materia de salario mínimo nos dice que los asesores jurídicos del Gobierno, que ya sabemos no son los mejores, concluyeron que “no hay una vía jurídica” para que el Ejecutivo añada a los $496.900,oo ya establecidos para este año la cantidad de $100,oo, con el objeto de llegar a la “monumental” cifra de $497.000,oo –una especie de “panacea”, dentro de la mentalidad del Gobierno, que más parece una burla que otra cosa-.
Se trata de una polémica bizantina que a nada conduce. Aunque se equivocan los asesores, y el Presidente de la República sí tiene –sin ninguna duda- atribuciones para modificar, adicionar o aclarar su propio decreto, lo cierto es que el ajuste de los $100,oo , cuyo valor es insignificante, vendría a ser ofensivo, en cuanto ridículo. Semejante “logro” no podría de ninguna manera beneficiar a quienes reciben el injusto salario puesto en vigencia por el régimen de modo autoritario.
La fijación del salario mínimo por decreto, a falta de acuerdo en la Comisión de concertación que la Carta Política prevé, ha dado lugar a justificada polémica, ya que, en efecto, al no haber sido consideradas todas las variables que inciden en el salario –como el aumento en la productividad, por ejemplo-, se desconocieron los parámetros trazados por la Corte Constitucional con carácter obligatorio en la Sentencia C-815 del 20 de octubre de 1999, además de que, con el mentiroso “reajuste” ha sido violado el principio constitucional de la igualdad (Art. 13 C.P.), y el Gobierno ha transgredido el postulado de la remuneración mínima, vital y móvil contemplado como fundamental en el artículo 53 de la Constitución. Y ha golpeado a quienes debía proteger en forma prioritaria: a las clases menos favorecidas.
Pero, no debemos hacernos ilusiones. Aunque las centrales obreras han anunciado demandas contra el decreto que estableció el monto del salario mínimo, no se ve una posibilidad real de éxito en la batalla jurídica que emprendan.
Antes que todo, debo decir que las eventuales demandas no pueden ser instauradas ante la Corte Constitucional, que no es competente, sino ante el Consejo de Estado, ya que lo acusado sería una acto administrativo del Presidente de la República que no se encuentra en la lista de los asuntos enunciados en el artículo 241 de la Constitución, y no sería una acción contra las normas legales que en abstracto consagran las reglas sobre la materia. Ellas ya fueron estudiadas por la Corte mediante el fallo en mención.
Ahora bien, el trámite en el Consejo de Estado, para una acción de nulidad por inconstitucionalidad, no es propiamente expedito ni corto. Si no se ordena la suspensión provisional –como es muy probable que no se ordene, por no haber un choque prima faciae con normas superiores- , lo que viene es un examen de fondo que sólo tendrá lugar al dictar sentencia, y entonces pasarán muchos meses, y hasta años, antes de que se conozca la decisión definitiva del Consejo de Estado. Ésta –dicho sea de paso- , aun si fuere favorable a la demanda, no significará de suyo un aumento del salario.
Por otro lado, una suspensión o una nulidad que recayeran sobre el decreto harían tan solo que nos retrotrajéramos al salario anterior, en un efecto perverso que haría necesario –a mi juicio- recomenzar el proceso de concertación. ¿Qué pasaría mientras tanto con los salarios?

LA MASACRE DE GAZA: ¿DÓNDE ESTÁN LA ONU Y LOS LÍDERES MUNDIALES?

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO


Resulta inconcebible que a estas alturas, cuando hay una masacre en curso frente a los ojos del mundo entero, no se haya producido una acción contundente de las Naciones Unidas –justamente creadas para evitar esta clase de sucesos- , en busca de lograr que cesen las hostilidades en la Franja de Gaza.

Es más, ni siquiera se ha podido obtener una declaración del Consejo de Seguridad pidiendo el cese al fuego, por cuanto lo impidieron los Estados Unidos.

En efecto, el borrador que habían elaborado algunos miembros del Consejo expresaba la seria preocupación de ese organismo por el recrudecimiento de la situación en Gaza, y pedía a Israel y Hamás que detuvieran de inmediato todas las actividades militares. Bien poco habría sido eso frente a la magnitud de lo que acontece, pero habría sido algo: lo máximo que, en su mediocridad, habría podido producir el Consejo de Seguridad de la ONU, que también fracasó en el caso de Irak. Y ni siquiera eso se logró.

Entre tanto, la destrucción y la muerte, a manos del Ejército de Israel, se apoderaron el 4 de enero de la ciudad de Gaza, después de que, en la noche del 3, Israel cumpliera su amenaza de invadir la Franja por vía terrestre, pese a la oposición existente a su acción por parte de ciudadanos de todo el mundo, y sin inmutarse por las advertencias provenientes del mundo árabe, que anuncian todavía más violencia dentro de la retaliación que con seguridad vendrá y que podría ser una nueva intifada.

Los hospitales y centros de urgencias están colapsados, y los israelitas no dejan ingresar a la Cruz Roja. Han disminuido ostensiblemente los alimentos. Se ha cortado la energía eléctrica y se han interrumpido las comunicaciones. Los tanques israelíes y sus vehículos e infantería siguen ingresando a los lugares de habitación y disparando a diestra y siniestra, indiscriminadamente, después de los varios días de bombas y del fuego de artillería que precedió a la invasión terrestre.

En fin, una situación gravísima desde el punto de vista humanitario, que aumenta su crudeza y su crueldad minuto a minuto, y a ciencia y paciencia de los líderes mundiales, entre ellos –claro está- Bush, y también Barack Obama. La actitud de éste resulta incomprensible. Y ya nos anuncia un “cambio”, pero en sus posiciones de campaña.

URIBE: GOBIERNO DE CHOQUE

Por Octavio Quintero

Este gobierno no razona. Ningún régimen dictatorial sabe razonar, discutir y negociar hasta alcanzar consensos.

Este gobierno es de choque. A la manera como él enfrenta todo problema así habrá que enfrentarlo a él.

Cuánto llevamos diciendo que la última reforma laboral, justificada sobre la base de generar nuevo empleo, fue un despojo (uno de tantos) que el gobierno cometió contra los trabajadores en beneficio de los empresarios que, por tal disposición, vieron incrementar más allá del cien por ciento las utilidades de sus negocios en estos últimos cuatro años.

Esa ley, votada por un Congreso que el gobierno arrastra de la ternilla a punta de zanahoria y garrote, y también por medios no lícitos como el cohecho, contempla una posibilidad de revisión en caso de que sus objetivos no fueran cumplidos, tal como lo propuso en su momento la senadora Piedad Córdoba, esa que tanto detestan los uribistas y muchos doctos ignorantes que se orientan por la corriente de los medios de comunicación de propiedad, y por supuesto, al servicio de los grandes intereses económicos del país.

Y no ha sido posible hacer tal revisión como, por ejemplo, devolver el día laboral a las seis de tarde que esta ley profundizó hasta las 10 de la noche para no pagarle extras a los trabajadores que al menos en un 30 por ciento de toda la fuerza laboral se ocupan en la jornada de 2 pm a 10 pm.

Y, si la clase trabajadora no va al choque este año como tendría que ser, porque es lo que le gusta a un gobierno de choque como el de Uribe, van a ver que otras dos reformas andan buscando entrada en el régimen laboral: la eliminación del salario mínimo y de los llamados “puentes”, o Ley Emiliani, que trasladó a los lunes todos los festivos que en antes se presentaban entre semana. Y dese por seguro que esa reforma se propondrá dejando como laborales los días festivos pasados a comienzos de semana.

Si la clase trabajadora se mantiene pasiva, si las centrales obreras siguen divididas (como parece ser), ahí seguirán produciendo saludos a la bandera, mientras el régimen hunde hasta el cacho las últimas puñaladas a la política laboral de antes de las reformas neoliberales emprendidas en el gobierno de Gaviria, el que nos saludó en el 90 con el más grande sarcasmo que la historia colombiana está en mora de recoger: “Bienvenidos al futuro”.

¿Qué hacen, por ejemplo, las centrales obreras asistiendo todavía a una comisión tripartita que cada año se reúne a hacer el oso, mientras el gobierno espera para dictar un decreto de incremento en el salario mínimo que casi siempre es del orden de lo que proponen los empresarios?

Si las centrales tuvieron dignidad, debieran haberse retirado de ese circo hace años.

Sobre el salario mínimo, qué injusticia que ahora el gobierno sólo reconozca como incremento la inflación causada sin tener en cuenta la productividad que también hace parte de lo justo que debiera reconocerse a los trabajadores en el componente salarial.

¿O es que, alguien podrá explicarnos con razón que el año pasado las empresas colombianas no elevaron en nada su productividad?

Eso, nada más, sería una buena razón para que los dirigentes laborales de este país se pararan en la plaza de Bolívar a reclamar ese derecho, que no gracia como gobierno y empresarios creen, de los trabajadores.

Pero no, tal vez, a nuestros dirigentes laborales no les queda mayor tiempo de ocuparse de estas nimiedades porque los deja el avión con destino a Ginebra, Washington o Nueva York, o qué se yo, en donde mullidas butacas y deliciosos cocteles los esperan a las puertas de la consiguiente reunión.

Sin dirigentes comprometidos hasta los tuétanos con la clase trabajadora, en medio de un gobierno que como el de Colombia juega, y sin disimulo, en el equipo del gran capital, la clase laboral no tiene futuro y, quizás, ni sentido tenga esta nota.

FELIZ AÑO 2009

CERTIDUMBRES E INQUIETUDES desea a todos sus lectores en Colombia y el mundo un año de prosperidad y paz.
En este año proseguirá nuestra función crítica, bajo una perspectiva de objetividad y verticalidad, acerca de los grandes temas que suscitan polémica, investigación y análisis.
! Felicidades !