JUEGOS, CHINA Y DERECHOS HUMANOS

Por José Gregorio Hernández Galindo
Faltan pocos días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. Unos juegos que, desde cuando se trasladó la antorcha olímpica por distintos países hasta la capital china, han estado unidos indisolublemente a la búsqueda de una reacción mundial respecto a las violaciones de los derechos humanos que allí tienen lugar.
En Londres y en París se desataron con fuerza las protestas contra la represión China en el Tíbet, que quería hacerse oír de manera segura en el exterior, aprovechando el recorrido del fuego olímpico.
Ahora, ya en las proximidades del evento deportivo internacional, y ante la reunión del republicano McCain con el Dalai Lama el 25 de julio, el Gobierno chino ha pedido que “las personas relevantes” de los Estados Unidos respeten los principios de autodeterminación y libertad, del Derecho Internacional, pero nada hace en cuanto al cese, en su interior, de las variadas y permanentes formas de violación de los Derechos Humanos.

McCain expresó con razón que los Juegos Olímpicos de Pekín ofrecen una buena oportunidad a China para demostrar que respeta, en ese sentido, unos principios mínimos universales.Por su parte, Aministía Internacional ha presentado el estudio denominado "Cuenta atrás para la Olimpiada - Promesas rotas", que denuncia con datos el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en China desde abril de 2008, cuando hubo un compromiso de Pekín al respecto.

Amnistía Internacional señala a China y a su Gobierno, y declara que a pesar del compromiso, han aumentado la censura a los medios, las detenciones arbitrarias, la persecución de activistas de derechos humanos, y en menor medida las ejecuciones sin juicio previo. No se olvide que China está clasificada entre los países más renuentes a abolir la pena capital, y en donde su aplicación es frecuente y sumaria.
Estamos de acuerdo con Amnistía Internacional y con McCain, aunque éste debería mirar también hacia su país: los gobernantes chinos deben reconocer que violan los derechos humanos; que practican la represión; que torturan y matan.
Y es hora también, como lo dice Amnistía, de que los líderes mundiales pidan cuentas a China y muestren su preocupación por las violaciones de derechos humanos, que son allí corrientes, inclusive en esta etapa previa a la Olimpiada, ya que, el silencio del mundo podría ser entendido en Pekín como la aceptación de su barbarie.

SENTENCIA FAVORABLE AL TLC CON ESTADOS UNIDOS

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Por siete votos contra uno, la Corte Constitucional ha declarado exequibles el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2006 entre Colombia y los Estados Unidos, y su ley aprobatoria, así como el correspondiente protocolo modificatorio y la Ley que lo aprobó.Como se sabe, esta es una revisión oficiosa y automática que, desde la Constitución de 1991, tiene lugar en la Corte Constitucional sin necesidad de que se formule demanda ciudadana, aunque desde luego los ciudadanos pueden participar, atacando o defendiendo la normatividad objeto de examen.

El artículo 241 de la Carta Política supedita al fallo de la Corte la atribución presidencial de ratificar el Tratado, lo cual significa que, si esa Corporación declara que en todo o en parte el Tratado revisado es inconstitucional, el Presidente no puede tramitar el canje de ratificaciones o el depósito de instrumentos indispensable para el perfeccionamiento del Tratado, y en los tratados multlilaterales expresamente prevé la norma constitucional que si alguna cláusula es declarada inexequible, Colombia no podrá ratificar el instrumento internacional sino formulando la correspondiente reserva.

En otras palabras, Colombia no se puede comprometer internacionalmente sino en aquellas cláusulas de los tratados que la Corte Constitucional haya encontrado acordes con la preceptiva fundamental.Pues bien, declarado exequible el TLC, ya de parte de Colombia todo se ha hecho, pero queda faltando la aprobación del Congreso norteamericano, esto es, el sí de la otra parte, para el perfeccionamiento del Tratado.

Y hay muchas dificultades con los demócratas, que hoy son mayoría en la Cámara y en el Senado de los Estados Unidos, y que han venido postergando la aprobación del TLC con Colombia, entre otras razones por la prelación que, dicen, debe darse a la situación económica norteamericana, y por cuanto, en su sentir, Colombia no ha logrado detener los asesinatos de dirigentes sindicales, además de que consideran que el TLC perjudica a los trabajadores de los Estados Unidos.

Todo esto, aparte de los escándalos de la "parapolítica", las relaciones de congresistas con organizaciones paramilitares, y la "Yidispolítica", que perjudican la imagen de Colombia y que sirven a los demócratas para resistirse a la aprobación del Tratado.Ahora bien, la Corte Constitucional no declaró la exequibilidad del TLC pura y simple, sino que introdujo algunos condicionamientos y advertencias.

Así, expresó el Presidente de la Corte que los desarrollos y aplicaciones del TLC podrán ser objeto de decisiones judiciales, es decir, que como el Gobierno deberá dictar decretos y resoluciones por medio de las cuales se dé cumplimiento a los diferentes compromisos internacionales que Colombia contrae en virtud del Tratado, todas esas reglas están sujetas a control judicial, y pueden ser acusadas ante la jurisdicción contencioso administrativa, o puede darse el caso de que decisiones concretas lesionen derechos fundamentales, y cabrá por tanto el ejercicio de acciones de tutela con miras a protegerlos.

Aunque no era necesario que lo dijera la Corte, por cuanto se supone, y el artículo 4 de la Carta Política es perentorio en el sentido de que la Constitución es norma de normas y en todo caso de incompatibilidad entre ella y normas inferiores prevalecen las normas constitucionales, la Sentencia advertirá que todo cuanto se haga en desarrollo o como aplicación del TLC deberá respetar la Constitución colombiana, así por ejemplo en temas como derechos de autor y derechos colectivos.Tampoco era necesario que lo advirtiera, pero la Corte advierte que "la vigencia del TLC y su Protocolo Modificatorio no pueden suponer una mengua o eliminación de las competencias y facultades constitucionales de los distintos órganos y autoridades colombianas".

Salvó su voto el Magistrado Jaime Araújo Rentería, quien consideró que el Tratado viola más de 100 artículos de la Constitución y que con él "se acabó la seguridad alimentaria en Colombia, se violó el derecho a la salud y al ambiente sano".

Añadió que, por ser un terma económico, la constitucionalidad ha debido fundamentarse también en cifras, para verificar el equilibrio exigido por la Carta, pero nunca se adujeron o analizaron dentro en el curso del debate en la Corte.Ahora, pues, el balón queda íntegramente en el campo de los Estados Unidos, y más concretamente en la mayoría demócrata de su Congreso.

GUANTÁNAMO

Informe de Ludovico Ariosto

Gran expectativa ha causado, en particular en las organizaciones que defienden los derechos humanos, la divulgación -apenas ahora- del video que muestra el interrogatorio de un joven de 16 años, de origen canadiense -Omar Khadr-, capturado en 2002 y trasladado a la base norteamericana de Guantánamo, tras haber sido encontrado entre los escombros de un edificio bombardeado, gravemente herido, sindicado de haber arrojado una granada que mató a un soldado de los Estados Unidos durante un combate en Afganistán.

Según la información de las agencias internacionales, el video muestra al joven herido, llorando y pidiendo ayuda. El detenido dice haber sido torturado cuando estaba en la base aérea de Bagram, en Afganistán, que fue el primer lugar al que lo condujeron después de su arresto, si bien es claro que, al menos el video no muestra la práctica de tortura alguna, de golpes ni de abusos físicos, aunque sí refleja la angustia de una persona a la que los interrogadores preguntan reiteradamente acerca de su fe musulmana y sobre el conocimiento que pueda tener respecto a la organización terrorista Al Qaeda. Khadr se queja de no poder mover sus brazos y dice haber solicitado en vano los mínimos cuidados médicos.

El interrogatorio parcialmente exhibido en el video es adelantado por agentes del Servicio de Inteligencia de Canadá en Guantánamo, y de acuerdo con las agencias informativas, fueron mucho más extensos de lo que aparece en el registro visual, pues las grabaciones -inicialmente reservadas- no se muestran en su totalidad sino apenas en una parte, en la cual, a los reclamos del interrogado responden los interrogadores, procurando dejar en claro que está recibiendo buen tratamiento médico, y que no ha perdido sus ojos ni sus pies, a pesar de repetir el joven, sumido en llanto, que ya no los tiene.

Creemos que en este asunto hay varios puntos de Derecho Humanitario por resolver, el primero de todos el relacionado con la edad de la persona capturada. No es aceptable que un menor sea privado de su libertad en las condiciones en que Omar Khadr parece haberlo sido, menos todavía si se lo conduce a Guantánamo, cuando el mundo entero sabe las condiciones ominosas en que se mantienen sus prisioneros, y lo sabe inclusive por boca del propio Presidente norteamericano -quien explícitamente ha defendido la tortura como medio para obtener confesiones, precisamente de quienes se encuentran recluidos en esa base militar-.

También se generan inquietudes sobre el por qué de la reserva absoluta de estos interrogatorios y de las pruebas sobre los mismos, no menos que la divulgación apenas parcial de este en concreto, que ha causado la natural reacción de muchos sectores que piden explicación acerca de lo acontecido, tanto a las autoridades estadounidenses como a las canadienses. Este es apenas un caso, de los muchos que se han venido ocultando a la humanidad en torno a lo que sucede en el interior de las prisiones norteamericanas en Guantánamo.

LO DISCUTIBLE Y LO INDISCUTIBLE

No romper el principio de independencia de los jueces

José Gregorio Hernández Galindo

¿Cuáles serían los temas tratados a lo largo de seis horas entre el Presidente de la República y la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia?
Entre el Gobierno y los magistrados puede haber diálogo, acercamiento, buena disposición, relaciones cordiales, y ello encaja en el postulado del artículo 113 de la Constitución, que a todos les ordena, sin perjuicio de la separación de funciones, prestarse mutua colaboración para, cada uno en lo suyo, alcanzar los fines del Estado.
Pero entre el Gobierno y las Cortes hay temas dialogables y temas no dialogables. Hay cosas que se pueden acordar dentro de esa colaboración armónica. Otras no.
Así, se debe haber hablado el lunes acerca de proyectos de reforma que el Ejecutivo quiera presentar a consideración del Congreso. Él tiene iniciativa al respecto y si, en la materia propia de la justicia se busca introducir enmiendas a la Carta, lo natural es que las iniciativas se consulten con ella y con las otras corporaciones.
También es posible discutir y dialogar sobre temas administrativos de la justicia. O acerca de la ilustración que puedan dar los magistrados al Gobierno, a manera de pedagogía, alrededor de las líneas jurisprudenciales establecidas en los distintos temas.
En cambio, no es discutible ni transigible el contenido de futuros fallos, ni el fondo de las providencias por dictar, porque la función judicial de la Corte es autónoma. No se puede compartir. El Gobierno no puede entrar en el ámbito específico de la jurisdicción, ni los jueces negociar con él sobre cómo conducen los procesos a su conocimiento, y menos acerca de la materia de las decisiones por adoptar. Todo eso se debe seguir única y exclusivamente dentro de los carriles trazados previamente y por vía general por las normas vigentes de la Constitución y de la ley.

Que nadie piense que a los magistrados de la Corte se les pasaría siquiera por la mente someter la esfera propia de su jurisdicción al Gobierno, ni que entrarían en diálogo con el Presidente sobre si deben "suavizar" posiciones en materia de "parapolítica" o de "yidispolítica", ni acerca de otros procesos, ni en torno a conceptos sobre extradición. Ni que se comprometan a fallar o a conceptuar en determinado sentido. Ellos tienen vedado ese tipo de acuerdos, porque no pueden prevaricar. Y el Presidente lo sabe.

DE LA EMOCIÓN DIRIGIDA

Octavio Quintero

Ningún aporte hacen a la democracia los medios de comunicación que han dado en tomar pulsos de opinión popular en caliente.
Una opinión así pulsada es una opinión con poco sentido y mucha emoción. Esos medios, obviamente manipulados por intereses políticos superiores, y esas firmas encuestadoras, a las que solo importa el negocio, están contribuyendo, ellos y ellas sí, con conocimiento de causa, a descerebrar a la opinión popular que considera en estos momentos a Uribe como el mejor presidente colombiano de todos los tiempos y a Ingrid Betancourt como la presidenciable más óptima para sucederlo cuando a él le de la gana de retirarse.
Ni la seguridad democrática de la que tanto alarde se hace en este gobierno, ni la política económica y menos la social, resisten un papirotazo de gente medianamente informada. Para el caso de la seguridad democrática me remito a juristas y sociólogos que basados en normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos tienen tan estrechamente cuestionado al Presidente que muchos afirman que una vez huérfano de su inmunidad presidencial será muy difícil que sus “carnitas y sus huesitos”, como él mismo cariñosamente las define, no vayan a dar a predios de la Corte Penal Internacional, CPI.
Sobre la política económica me remito a cualquiera de las columnas que escribe el prestigioso analista Eduardo Sarmiento en el Espectador los domingos, nunca rectificadas por el equipo económico del gobierno o los economistas cercanos al gobierno, sencillamente porque los deja sin argumentos.
Y sobre la política social, pues, ni se diga: miren la salud en crisis; la política laboral destruida; la educación de vuelta a la represión; la vivienda paralizada, la generación de empleo estancada; la informalidad creciente y etc. etc.Sobre Ingrid, no creo que salvo la brutal experiencia que saca de sus largos y dolorosos años de cautiverio que todos repudiamos, haya mejorado las demás materias de estadista que para gobernar bien a un país se necesitan.Encuestar gente en caliente, muchas veces calentadas a punta de falsos positivos, es simple y llanamente manipulación mediática.
Si el procedimiento fuera correcto sería válido también medir la popularidad del Presidente o de su ministro de Protección Social entre los pacientes y trabajadores hospitalarios en momentos en que en horas de la madruga llega la Policía y el Ejército a tomarse las instalaciones de los centros asistenciales con el fin de cerrarlos y posteriormente privatizarlos a precios de gallina vieja, por citar un ejemplo entre muchos otros que los lectores pueden conocer de primera mano.A punta de estas encuestas, hoy tenemos a Uribe como insustituible; y a Ingrid, por encima en la intención de voto de políticos y estadistas que antes que ella, mejor que ella y más capacitados que ella, están haciendo cola.
Vamos mal, si los medios de comunicación nos siguen fabricando presidentes y ministros en Colombia basados en sensiblerías que, por justificadas que parezcan, no son suficientes para supeditar la razón del análisis político, económico y social, a la hora de elegir a los mejores gobernantes.

UN PROCEDIMIENTO TECNOCRÁTICO INCONSTITUCIONAL

José Gregorio Hernández Galindo
Un grupo de tecnócratas, que ignoran los problemas de la gente y que pretenden que hasta los trabajadores más humildes tengan computador -sin poder tenerlo con sus exiguos ingresos- y entiendan de internet, de tecnología y de complicados formularios que parecen creados solamente para mortificar a los ciudadanos, ideó un sistema para el pago de los aportes a la salud, y su aplicación ha causado un verdadero caos que, además, tiene a muchos trabajadores, en especial independientes, por fuera de toda protección a su salud y la de su familia.
Todo, paradójicamente, por una decisión del Ministerio denominado "de protección social".Se trata del famoso sistema PILA -PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES-, que el Ministerio ha impuesto a las empresas y a los trabajadores, obligando a hacer todo al tiempo, a pagar todo al tiempo, y por Internet, en un complicado entramado de preguntas, casillas, informes que ni las personas con conocimientos técnicos pueden llenar acertadamente.
El Ministro Palacio tiene aquí un verdadero problema entre las manos, que debe resolver con prontitud, aunque sabemos que insiste en mantener el absurdo procedimiento.Ayer, desesperados y enfurecidos, usuarios del Seguro Social bloquearon la Avenida Eldorado y otras vías, y en el resto del país hubo protesta generalizada.
Como el Ministerio ideó además una ficha para que sus funcionarios ayudaran a las personas a diligenciar el complejo formulario, muchos llevan tres y cuatro días de fila, sin obtener ese instrumento. Otros, como informa el diario EL TIEMPO, habían llegado a las tres de la madrugada y -en una demostración de que estos sistemas, en contra de los derechos, generan corrupción- se encontraron con inescrupulosos que vendían los cupos en la cola.
Eso sin contar con los muchos "asesores" que ya han aparecido y que cobran altas sumas a los usuarios más humildes, por "colaborarles" en el diligenciamiento del formulario.La ficha -dice EL TIEMPO- no era garantía de nada: "quienes alcanzaron a recibirla tuvieron que esperar varias horas sin que los atendieran en el punto dispuesto para ello...".
Y lo increíble es que la gente quiere pagar; quiere hacer sus aportes, y no la dejan, con la consecuencia de que, no pudiendo demostrar el pago, no la atienden en las instituciones de salud. Uno de esos ciudadanos dice: "Queremos que el Ministerio autorice que paguemos en bancos mientras soluciona este problema. Que nos habiliten los bancos para seguir pagando como vaníamos haciendo todos los meses".
No hay duda de que las cosas venían bien en cuanto a estos recaudos, y más o menos bien en la atención a los usuarios, y este invento de brillantes tecnócratas ha provocado que todo se enrede, creando problemas que no existían.Desde el punto de vista constitucional, el Ministerio ha olvidado el artículo 83 de la Constitución, según el cual en las relaciones entre el Estado y los particulares debe prevalecer el principio de la buena fe, que se presumirá "en todas las actuaciones" que aquellos adelanten ante las autoridades.E ignora el 84, a cuyo tenor, "cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general (como la seguridad social), las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio".
Como en la práctica, por contera, se está bloqueando el acceso de las personas a los servicios de salud, se violan normas como el artículo 48 de la Constitución, que señala la seguridad social como un servicio público que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a principios que en este caso son totalmente contradichos por el sistema de PILA, como son los de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Se vulnera el mismo precepto constitucional, en cuanto él declara que "se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social". Y el 49, según el cual la atención de la salud es servicio público a cargo del Estado, y que afirma: "Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud".
Hay, en síntesis, gran confusión. Y la planilla ha fracasado. El Ministerio tiene la palabra.

LOS DIECISIETE AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA DE 1.991

José Gregorio Hernández Galindo

El 7 de julio de 2.008 se cumplen diecisiete años de la promulgación y la entrada en vigencia de la Constitución de 1.991.En efecto, si bien la Asamblea Nacional Constituyente, según lo previsto por el Decreto 1926 de 1990 y lo aprobado por el pueblo en las urnas el 9 de diciembre del mismo año, terminó sus trabajos el 4 de julio, y ese día se hizo la presentación de la Carta Política en el Capitolio Nacional con el Presidente César Gaviria y todos los delegatarios, en realidad en tal ocasión –como lo expresó inmediatamente el Secretario Jacobo Pérez Escobar- se firmaron papeles en blanco, a raíz de problemas técnicos con el contenido de los computadores del Cuerpo Constituyente.Únicamente el día 7 de julio fue publicada la Gaceta Constitucional -órgano oficial de la Asamblea- en que apareció incorporado por primera vez el texto completo del Preámbulo y el articulado de la Constitución, y no se puede olvidar que, según su artículo 380, ella entraba a regir solamente a partir de su promulgación. Entonces no rigió los días 4, 5 y 6, como lo reconoció más tarde -ya en ejercicio de su función de guarda de la integridad de la nueva Carta- la Corte Constitucional.Se hicieron después otras publicaciones del texto constitucional, con correcciones certificadas por el Secretario de la Asamblea, de artículos no transcritos inicialmente, o mal transcritos, o transcritos sin haber sido aprobados según el Reglamento de la Corporación.Se trata de una constitución que modificó sustancialmente el Derecho Público colombiano, y que se caracteriza por la consagración expresa de numerosos valores, como la justicia, la equidad, la libertad, la seguridad jurídica, la paz, la convivencia, el trabajo, que define al Estado colombiano como Estado Social y Democrático de Derecho, unitario, con descentralización y autonomía de las entidades territoriales, participativo, pluralista, fundado en el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general.El conjunto axiológico de la Constitución es muy rico, e introduce varios conceptos no acogidos en su época por la Constitución de 1.886.En búsqueda de esos valores, la Constitución contempla principios tan importantes como el de prevalencia del Derecho sustancial en la administración de justicia; el de razonabilidad; el de proporcionalidad; el de presunción de la buena fe; el de efectividad de los derechos; el de primacía de la realidad sobre los aspectos formales en las relaciones de trabajo; el de igualdad; el de protección especial a grupos humanos tradicionalmente discriminados y marginados; los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en las relaciones entre entidades territoriales; el de solidaridad,….para mencionar apenas algunos.Una Constitución que establece de manera detallada e integrada los derechos fundamentales, el bloque de constitucionalidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos y con el Derecho Internacional Humanitario; los derechos sociales, económicos y culturales; los derechos colectivos, y las acciones judiciales orientadas a su efectiva protección.Una Constitución que conserva sus líneas filosóficas básicas, aunque otras han sido afectadas y hasta sustituidas por veinticuatro reformas introducidas hasta ahora, con la permanente posibilidad de nuevas modificaciones anunciadas y en trámite. Estamos precisamente a la espera de nuevos proyectos de enmienda, que serán presentados por los comisionados del Gobierno el 20 de julio. Ello sin contar con el proyecto de referendo que ha anunciado el Presidente de la República para contrarrestar los efectos del fallo de la Corte Suprema en el caso de Yidis Medina.Celebremos estos diecisiete años de la Constitucón con algo de lo que Karl Lowoenstein llamara "sentimiento constitucional" , pensando en lo valioso de su contenido, todavía no completamente desarrollado, y en la inconveniencia de seguirla despedazando mediante reformas coyunturales, parciales, incompletas y no integradas al sistema, ni cotejadas con él.

EL TRIUNFO Y EL FRACASO

José Gregorio Hernández Galindo

Sin duda, el excelente operativo denominado “Jaque” -planeado cuidadosamente, al milímetro y al segundo por el ejercito desde hace varios meses, y ejecutado el 2 de julio con éxito-, que culminó con la liberación de Ingrid Betancourt, los tres norteamericanos cautivos y 11 miembros de la fuerza pública, además de merecer el reconocimiento y felicitación que hoy están en boca de todos los colombianos, representa un golpe certero, y diríase que definitivo, a la estructura militar y a la organización de las FARC.

En este caso, las Farc han perdido valiosos elementos -los más valiosos, dentro de su ilícita concepción- de los que gozaba para presionar al gobierno y a la sociedad con miras a lograr sus oscuros fines. Entonces, el reconocido éxito del Ejército -que es el éxito del Gobierno, y también de la colectividad- constituye por contrapartida un fracaso monumental de la guerrilla; un golpe contundente a su nefasta actividad.

En efecto, el hecho de que, tras los contundentes triunfos de los últimos meses y la desaparición de varios de los jefes determinantes de la guerrilla, el secretariado de las FARC haya podido ser infiltrado por el Ejercito, para despojarlo de la ilícita posesión de personas con cuya vida y libertad negociaban, en un descarado chantaje al Estado colombiano, muestra a las claras que en el interior de esa organización subversiva impera el caos, y está, cuando menos, perpleja y desmoralizada.

En ese orden de ideas, en el transcurso de los próximos días estamos a la espera de alguna decisión, que los jefes de las FARC adopten sobre su propio futuro: lo razonable, lo lógico, lo acertado de su parte sería, a nuestro juicio, en primer lugar la liberación inmediata y sin condiciones de todos los demás secuestrados.

Y en segundo lugar, entregarse a las autoridades o buscar, previo reconocimiento de su derrota militar, un punto final negociado, pues de lo contrario sus integrantes serán abatidos, tarde o temprano, por la Fuerza Pública.

OBAMA ACLARA SU POSICIÓN ACERCA DE LA TERMINACIÓN DE LA GUERRA EN IRAK

SAN LUIS, EEUU (Reuters) - El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, reiteró el sábado su plan de poner fin a la guerra en Irak y se mostró sorprendido por la dura reacción a un comentario de que podría "refinar" su cronograma para el retiro de los soldados estadounidenses."Para mí, decir que voy a refinar mis políticas, no es de ninguna manera inconsistente con mis declaraciones previas y no cambia mi postura estratégica de que hay que terminar esta guerra y que le voy a poner fin como presidente," afirmó Obama a periodistas en su avión de campaña.Obama, quien basó su carrera a la nominación demócrata en su inicial y feroz oposición a la guerra, dijo esta semana que podría modificar su plan de retirar a los soldados en los 16 meses siguientes a su asunción si cambiaban las condiciones en terreno.El comentario generó una fuerte cobertura mediática y duras críticas tanto de la izquierda como de la derecha, mientras que los republicanos dijeron que demostraba que era vacilante en lo concerniente a Irak."Me sorprendió un poco la locura que desaté con la que creí que era una declaración bastante inocua," agregó en un vuelo de Montana a San Luis. "Estoy absolutamente comprometido con poner fin a la guerra. Voy a llamar a mis jefes de campaña y les daré una nueva tarea, y esa será la de terminar con la guerra," afirmó.Obama enfrentará al republicano John McCain, un feroz defensor de la guerra, en la elección presidencial de noviembre, que seguramente se centrará en el futuro de los soldados estadounidenses apostados en Irak."Los realmente sorprendente es que Barack Obama aún no entiende que sus palabras importan," dijo el portavoz de McCain, Tucker Bounds.En tanto, el candidato demócrata señaló que no se había equivocado al escoger las palabras para describir su posición frente a Irak, pese a que pocas horas después convocó a una segunda conferencia de prensa para aclarar sus declaraciones previas.

ÚLTIMA HORA: RESCATE MILITAR DE INGRID Y CATORCE SECUESTRADOS MÁS

Informe de Ludovico Ariosto

En desarrolló de un operativo militar denominado "JAQUE", el Ejército colombiano logró este medio día el rescate, sanos y salvos, de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, de los tres norteamericanos rehenes, y de once efectivos de la Fuerza Pública.

Las personas rescatadas se encontraban en poder de las FARC a 72 kilómetros del municipio San José del Guaviare. Dos helicópteros acudieron al rescate y según el General Freddy Padilla de León, Comandante de las Fuerzas Militares, en el curso de la operación de rescate fueron capturados dos guerrilleros.De acuerdo con el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, los liberados están en "un razonable estado de salud".

Fueron rescatados: Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial; Kid Stancel; Thomas Hawel; Marc Gonsalves ; Teniente Juan Carlos Bermeo, del Ejército; Subteniente Raimundo Malagón, del Ejército; Sargento José Ricardo Marulanda, del Ejército; Cabo Primero William Pérez, del Ejército; Sargento segundo Erasmo Romero, del Ejército; Cabo primero José Miguel Arteaga, del Ejército; Cabo primero Armando Florez, del Ejército; Cabo primero Julio Buitrago, de la Policía Nacional; Subintendente Armando Castellanos, de la Policía; Teniente Vainey Rodríguez, de la Policía; Cabo primero John Jairo Durán, de la Policía. Estos nombres fueron suministrados oficialmente por el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.