UN PROCEDIMIENTO TECNOCRÁTICO INCONSTITUCIONAL

José Gregorio Hernández Galindo
Un grupo de tecnócratas, que ignoran los problemas de la gente y que pretenden que hasta los trabajadores más humildes tengan computador -sin poder tenerlo con sus exiguos ingresos- y entiendan de internet, de tecnología y de complicados formularios que parecen creados solamente para mortificar a los ciudadanos, ideó un sistema para el pago de los aportes a la salud, y su aplicación ha causado un verdadero caos que, además, tiene a muchos trabajadores, en especial independientes, por fuera de toda protección a su salud y la de su familia.
Todo, paradójicamente, por una decisión del Ministerio denominado "de protección social".Se trata del famoso sistema PILA -PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES-, que el Ministerio ha impuesto a las empresas y a los trabajadores, obligando a hacer todo al tiempo, a pagar todo al tiempo, y por Internet, en un complicado entramado de preguntas, casillas, informes que ni las personas con conocimientos técnicos pueden llenar acertadamente.
El Ministro Palacio tiene aquí un verdadero problema entre las manos, que debe resolver con prontitud, aunque sabemos que insiste en mantener el absurdo procedimiento.Ayer, desesperados y enfurecidos, usuarios del Seguro Social bloquearon la Avenida Eldorado y otras vías, y en el resto del país hubo protesta generalizada.
Como el Ministerio ideó además una ficha para que sus funcionarios ayudaran a las personas a diligenciar el complejo formulario, muchos llevan tres y cuatro días de fila, sin obtener ese instrumento. Otros, como informa el diario EL TIEMPO, habían llegado a las tres de la madrugada y -en una demostración de que estos sistemas, en contra de los derechos, generan corrupción- se encontraron con inescrupulosos que vendían los cupos en la cola.
Eso sin contar con los muchos "asesores" que ya han aparecido y que cobran altas sumas a los usuarios más humildes, por "colaborarles" en el diligenciamiento del formulario.La ficha -dice EL TIEMPO- no era garantía de nada: "quienes alcanzaron a recibirla tuvieron que esperar varias horas sin que los atendieran en el punto dispuesto para ello...".
Y lo increíble es que la gente quiere pagar; quiere hacer sus aportes, y no la dejan, con la consecuencia de que, no pudiendo demostrar el pago, no la atienden en las instituciones de salud. Uno de esos ciudadanos dice: "Queremos que el Ministerio autorice que paguemos en bancos mientras soluciona este problema. Que nos habiliten los bancos para seguir pagando como vaníamos haciendo todos los meses".
No hay duda de que las cosas venían bien en cuanto a estos recaudos, y más o menos bien en la atención a los usuarios, y este invento de brillantes tecnócratas ha provocado que todo se enrede, creando problemas que no existían.Desde el punto de vista constitucional, el Ministerio ha olvidado el artículo 83 de la Constitución, según el cual en las relaciones entre el Estado y los particulares debe prevalecer el principio de la buena fe, que se presumirá "en todas las actuaciones" que aquellos adelanten ante las autoridades.E ignora el 84, a cuyo tenor, "cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general (como la seguridad social), las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio".
Como en la práctica, por contera, se está bloqueando el acceso de las personas a los servicios de salud, se violan normas como el artículo 48 de la Constitución, que señala la seguridad social como un servicio público que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a principios que en este caso son totalmente contradichos por el sistema de PILA, como son los de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Se vulnera el mismo precepto constitucional, en cuanto él declara que "se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social". Y el 49, según el cual la atención de la salud es servicio público a cargo del Estado, y que afirma: "Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud".
Hay, en síntesis, gran confusión. Y la planilla ha fracasado. El Ministerio tiene la palabra.