LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL FISCAL GENERAL

Por JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Es claro que al Presidente de la República, otra vez en trance de reelección, no le conviene en este momento que se le caiga otro ministro. Por eso, aunque le parezca que Valencia Cossio debe responder políticamente por cuanto es precisamente el Ministro "de Justicia" -un ámbito en que la situación judicial de su hermano les creará, tanto al Ministro como al Gobierno, no pocas inhabilidades, sinsabores e incomodidades-, lo respaldará. Claro, hasta donde pueda, y ello depende de la mayor o menor fortaleza y de la constancia de la oposición, de la prensa y de la opinión pública.
Valencia, por su parte, experto en lidiar toros bravos en la arena política, se defenderá hasta lo último, y si Uribe no le pide la renuncia, no renunciará aunque el mundo entero se le venga encima, y las cosas seguirán como están, sin que la responsabilidad política se cristelice, como debería ocurrir en cualquier democracia, y ocurre hasta en las monarquías.
Pero, aun creyendo que esa responsabilidad debería poderse deducir en este y en otros casos en cabeza de ministros -como el de Protección Social por el problema no resuelto de la planilla única-, lo cierto es que en este caso la opinión pública y las expresiones de quienes han pedido la renuncia de Valencia, orientaron sus ataques contra alguien que no es precisamente quien mayor responsabilidad política debiera asumir -al fin y al cabo, Valencia no ha actuado mal, aunque su hermano pueda ser un corrupto-, y nada han dicho de quien sí, directa y personalmente, ha cometido errores fundamentales, que solamente el Presidente Uribe se ha atrevido a denunciar, ante el extraño silencio de todo el mundo: el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, quien -como lo dijo Uribe- estaba enterado, ya sea personal o institucionalmente, sobre lo que ocurría, desde hace año y medio. Y no tomó medida alguna. Más aun, ante las recientes denuncias, decidió pasar por inocente o ignorante, y premió a Guillermo León Valencia Cossio con traslado, ciertamente extraño, a Tunja -estaba en Medellín-, para que en Boyacá cumpliera las mismas tareas y desempeñara la misma autoridad que ejercía en Antioquia, en donde todo parece indicar que entabló contactos, amistad y confianza con tenebrosos delincuentes.
Como surge de la oportuna intervención presidencial del sábado, las medidas únicamente se adoptaron por el Fiscal General después de la divulgación de algunas de las 120 grabaciones comprometedoras en la revista CAMBIO del jueves 21 de agosto, lo que indica que el Fiscal prefería que Valencia se defendiera de las acusaciones desde su cargo y con su poder, y quizá pensaba que todo podía quedar en el olvido. En otros términos, si no hubiera sido por CAMBIO, Guillermo León Valencia seguiría, pese a la gravedad de los cargos, ejerciendo las funciones de comando regional de la Fiscalía General, y probablemente haciendo buenos amigos.
El Fiscal debe pensar en su propia responsabilidad política. Y el país también.