HABRÁ REFERENDO SOBRE REELECCIÓN PRESIDENCIAL

Por José Gregorio Hernández Galindo
Debemos repetir que una cosa es el mensaje político del Presidente Uribe al Congreso, que indicaría un mayor interés suyo en el trámite de las reformas constitucionales sobre Congreso y justicia –aunque algunos piensan que se trata de una estrategia para, de todas maneras ir a la segunda reelección-, y la obligación que surge para el Congreso de tramitar un proyecto de iniciativa popular. La iniciativa popular –volvemos a decirlo- tiene unas consecuencias constitucionales, incluso por encima de la voluntad presidencial, si ya el proyecto ha sido presentado.
En efecto, debemos distinguir: una cosa sucede si todavía el proyecto no se ha presentado al Congreso, pues en ese momento los ciudadanos que llevan la iniciativa popular pueden aplazar e inclusive, si no quisieran, abstenerse de presentarla, aspecto en el cual la sugerencia presidencial habría tenido efecto, pero un efecto en ellos, para que no presentaran. Y otra cosa muy distinta ocurre si ya –como ha ocurrido- la iniciativa se ha presentado oficialmente, pues en tal caso el curso del proceso de aprobación legislativa es irreversible: el proyecto debe seguir su trámite, dentro de las reglas constitucionales y según el reglamento del Congreso, que además le da prioridad en los órdenes del día, dado precisamente su origen popular.
En efecto, aunque el Presidente aduce no tener mucho interés en ese referendo, habrá referendo según todo lo indica, pues la única opción de evitarlo sería que las bancadas que apoyan la reelección se abstuvieran de tramitar el proyecto presentado –cosa que no van a hacer los congresistas- . En tal evento, no se modificaría la Constitución y se cerraría toda posibilidad de ser reelecto el Dr. Uribe, dado que el texto aprobado en 2004 sólo permite la reelección por una sola vez.
Pero eso no es lo que ocurrirá. El artículo 378 de la Carta Política es bastante claro en el sentido de que un referendo para reformar la Constitución –como en este caso- puede tener origen en la iniciativa del Gobierno –cosa que aquí no ocurre, por lo menos formalmente- o de los ciudadanos en los términos del artículo 155 de la misma Constitución, es decir, la iniciativa popular, que es otro mecanismo de participación contemplados en 1991. Cuando el proyecto es del Gobierno, lo puede retirar, si quiere, o puede pedir a las cámaras que aplacen su discusión. No así cuando la iniciativa es de los ciudadanos, quienes tienen derecho, amparado por las normas fundamentales, a que el proyecto se estudie y a que se le dé el correspondiente trámite legislativo. Si así no fuera, y el gobierno pudiera atravesársele a la iniciativa popular, resultaría apoderándose de ella y obstruyendo la voluntad popular.
Tal vez el Presidente ha recordado esto, y lo que ha querido con sus palabras de estos días es, además de insistir en las reformas constitucionales a las que otorga gran importancia y urgencia, dejar en claro ante el país y el mundo que, si comienza un nuevo trámite de reforma constitucional sobre reelección inmediata, y si se promueve la reelección de él mismo una vez más, ello ocurre por impulso y decisión del mismo pueblo, que ha firmado y presentado el proyecto, a lo cual el Presidente como tal resulta completamente ajeno.
Los partidarios del Presidente han sido los primeros en rechazar su propuesta de aplazamiento del referendo, y a decir verdad, tienen razón desde el punto de vista jurídico. Las normas son claras, y deben ser cumplidas. El tema de la reelección tendrá prioridad en esta legislatura –durante los dos períodos ordinarios-, y será difícil que salgan aprobados los otros proyectos, si bien el Congreso puede lograrlo si trabaja intensamente.