LA POLÉMICA POR LA INICIACIÓN DE PROCESOS PENALES CONTRA MÉDICOS POR ATENDER A GUERRILLEROS HERIDOS O ENFERMOS

Para las autoridades que investigan a varios profesionales por curar a guerrilleros, no se trató de un servicio inocente. Ellos se defienden.


El tema volvió a ser planteado tras la denuncia hecha esta semana por Jorge Merchán Price, que encabeza la organización Médicos Azules.

Merchán sostiene que el acto médico debe estar protegido por el secreto profesional. "Sin importar qué tipo de circunstancias sociales o políticas rodeen al médico y su paciente, esto no puede considerarse una conducta punible, bajo ninguna circunstancia", afirma.

También el ex magistrado José Gregorio Hernández sostiene que los profesionales cuya función y especialidad consiste en preservar la salud y la vida de los seres humanos, están protegidos por normas nacionales e internacionales.

Menciona, entre otras, la ley 171 de 1994, mediante la cual Colombia adoptó el Protocolo II de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional; la Ley de Ética Médica, que defiende el acto médico y el artículo 95 de la Constitución, que eleva al rango de deber la atención humanitaria de personas cuya vida o salud está en peligro.

Además, están los artículos 131, 152 y 153 del Código Penal, referentes a la omisión de socorro, a las condenas a que se exponen quienes incurran en ella y a las penas que caben cuando se obstaculizan tareas sanitarias y humanitarias, en el marco del derecho internacional humanitario.

Basado en esto, Hernández afirma que "si un guerrillero llega al hospital de un municipio y pide ser atendido, el médico no puede negarse a hacerlo. Estos profesionales tampoco están obligados a preguntarles a las personas qué filiación política tienen, o condicionar la asistencia a factores distintos al eminentemente médico".

No obstante, el ex magistrado es claro en señalar que si un médico presta su concurso para la comisión de delitos (cambiar fisonomías de delincuentes o borrar sus huellas dactilares, por ejemplo), tiene que responder ante la justicia. "Lo mismo aplica para los médicos que forman parte del grupo armado ilegal; en ese caso se les juzgaría por eso, no por ser médicos", puntualiza.

El hecho es que en Colombia no pocos profesionales de la salud están en líos con la justicia por haber atendido a miembros de grupos armados ilegales. Y si bien en algunos casos parece claro que se trató de una misión netamente humanitaria, en otros la situación ha dado pie para que la Fiscalía les formule cargos por concierto para delinquir.

Ana María de Brigard, experta en derecho médico, insiste en que es necesario que el Estado ampare el ejercicio de los profesionales en zonas alejadas y de conflicto, donde ellos pueden verse expuestos a coacciones o amenazas.

Considera, sin embargo, que debe hacerse un análisis especial de los casos de médicos que, en forma consciente e informada, celebran un contrato de prestación de servicios con personas al margen de la ley.

"En estas circunstancias deberán asumir las consecuencias, porque no será admisible el argumento de que lo hacen solo motivados por cuestiones humanitarias. Recibir dinero ilícito por un acto lícito no lo convierte en un acto aceptable desde el punto de vista ético", agrega De Brigard.

Denunciar o no denunciar

Quienes critican la defensa del secreto profesional opinan que los galenos deben denunciar a pacientes involucrados en actos criminales.

De hecho, Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, sostiene que el juramento hipocrático y la Ley de Ética Médica son imperativos morales que obligan a atender a cualquier persona, sin importar las circunstancias, pero aclara que " los médicos también tienen el deber de reportar a todo paciente que ha sido víctima de un acto violento".

Y más allá, Juan Mendoza Vega, presidente del Tribunal de Ética Médica, defiende el hecho de que se atienda a quien lo necesite, pero también destaca la obligación que asiste al galeno (como a cualquier ciudadano) de evitar que se cometan delitos.

"Así, que si el paciente es un guerrillero, y cree que avisando dónde está puede evitar un delito, debe avisar a las autoridades".

Por temor, muchos profesionales prefieren callar cuando atienden a un ilegal y en algunos casos esto ha terminado por traerles problemas. En otros, consideran las autoridades, hay claros indicios de encubrimiento.

EL TIEMPO recogió los testimonios de dos médicos hoy encartados judicialmente por haber atendido a guerrilleros. Ellos sostienen que fueron obligados a prestar sus servicios, pero la Fiscalía considera que hay elementos para pensar que actuaron en contra de la ley.

El ortopedista llamado a juicio

El ortopedista Luis Alfredo Moreno García, acusado de rebelión, está preso desde el pasado 19 de febrero. La Fiscalía dice que tiene evidencias de que recibió dinero del 'Mono Jojoy' por operar en campamentos de Meta y Caquetá a guerrilleros heridos en combate, y lo llamó a juicio (junto con el anestesiólogo Alejandro Rico) como presunto integrante de la red de apoyo logístico del frente primero de las Farc. Moreno asegura que viajó a los campamentos convencido de que iba para una brigada de salud. "La Fiscalía me acusa de rebelión, una palabra que no cabe en mi cabeza, porque solo soy un médico dedicado a su profesión y a sus pacientes y no un delincuente", dice.

Ginecólogo dice que prestó servicio obligado después de un secuestro

"El sexto frente de las Farc me secuestró, junto con mi esposa y mi hija, que cursaba último año de medicina. Al cabo de unos días, el comandante me dijo que mi hija se quedaba; me exigieron el pago de 1.500 millones de pesos. Cuando entendieron que no los tenía, me rebajaron la cifra.

Ella se quedó como rehén y nosotros nos fuimos. Reuní toda la plata que tenía, conseguí prestado y completé. Regresé unos días después con el dinero y entonces ellos me pidieron más. Logré que entendieran que había quedado en la quiebra.

Nos dejaron libres, pero yo quedé endeudado. A los dos meses mandaron a una señora, viuda de un guerrillero, para que empezara a cobrarme; yo no tenía, así que traté de llevar por las buenas a esta mujer, que era muy pobre.

Al poco tiempo empezó a pedirme favores, a llevarme familiares para que se los viera.

Yo no estaba en posición de negarme. El primero de diciembre del 2006 las autoridades allanaron mi consultorio y me acusaron de tener un trato demasiado cercano con una integrante de las Farc.

En ese instante sufrí un preinfarto. Me llevaron a Imbanaco, donde permanecí custodiado. Por fortuna los jueces se tomaron el trabajo de analizar el caso, de estudiar mis antecedentes y valorar mi arraigo. Mi proceso está en la etapa de juzgamiento y mientras tanto estoy en libertad condicional".

Marco Julio Velásquez
Ginecólogo con 28 años de ejercicicio".
(Tomado de "EL TIEMPO.com", 21 de septiembre de 2008)