EL OSCURO CASO DE LOS JÓVENES DE SOACHA

José Gregorio Hernández Galindo (*)

Los colombianos miramos con preocupación lo que se viene publicando en varios medios acerca del caso, muy característico, de jóvenes desaparecidos en barrios de Bogotá y Soacha, quienes dos o tres días después han sido reportados como “muertos en combate” con el Ejército, en calidad de miembros de grupos delictivos, en Ocaña (Norte de Santander) y en Cimitarra (Santander).

No creemos que estos sean los únicos casos. Muy probablemente esto tiene sus precedentes, y la única diferencia entre situaciones estriba en que ahora hay medios de comunicación que están siguiendo la pista de lo acontecido, a raíz de las extrañas coincidencias.

Que estos casos obedecen a un plan criminal de proporciones mayores, sin que la sociedad colombiana haya tomado conciencia de ello, lo deja ver el descarnado escrito de Alfredo Rangel, aparecido en la Semana bajo el título “Macabros e infames“, en el cual menciona antecedentes muy similares, en Montería, Cimitarra, Sincelejo y Toluviejo. En este último municipio desaparecieron once jóvenes entre julio y agosto de 2007, “y todos fueron fusilados menos de 48 horas después de haber salido de Toluviejo: unos en Chinú, otros en Sincé y otros en El Roble“; agrega Rangel que “miembros del Ejército los presentaron como dados de baja en combate, aunque no hay pruebas atómicas que indiquen que los jóvenes hubieran disparado armas de fuego. Uno de los reclutadores fue capturado, el otro está libre. Dicen que a éstos alguien les pagaba 100.000 pesos por cada joven entregado para ser asesinado. Las amenazas han llovido sobre sus familiares para que retiren las denuncias. El mismo modelo de Soacha“.

La misma revista hace memoria: “El primer caso que encendió las alarmas ocurrió en Barranquilla hace dos años, cuando un hombre que se identificó como informante del Ejército convenció a cuatro muchachos humildes que vivían del rebusque, para que viajaran con él a Córdoba, donde les prometió un buen trabajo. Tres de ellos aparecieron muertos en combate uno o dos días después de que el informante se los entregó a un oficial del Ejército“.

Informa El Espectador del pasado 5 de octubre que, según el Personero de Soacha, sigue latente la estela de horror que sembró la banda de Los Gatilleros de Cazucá, dirigida por un temible delincuente, alias Tomasito, capturado hace un año y recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Dice el diario que en Soacha “el temor impera en la comunidad mientras la Fiscalía busca responsables en un proceso que apenas empieza“.

Si esto no le pone los pelos de punta al más insensible, en Colombia hemos perdido la capacidad de medir, o al menos de intuir la dimensión de las cosas. Aquí hay algo muy grave, que no puede permanecer en la indefinición a que nos tiene acostumbrados la Fiscalía.

De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, entre otros valores, y la Fiscalía está obligada, según el artículo 250 de la Carta, a “adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancia fácticas que indiquen la posible existencia del mismo“. Y dígame alguien si en este caso no hay más que suficientes motivos.

Ahora bien, en mi criterio, de conformidad con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, en cuanto a los militares que puedan estar comprometidos, no cabe el fuero militar, ya que, a todas luces, los terribles hechos objeto de investigación no encajan en dicha figura: sencillamente, no son, ni pueden ser “actos del servicio“, ni guardan relación con él, aunque los solicitantes de cuerpos a quienes se refirió la semana pasada el Ministro Santos estuvieran en servicio, y aunque los hayan pedido para sus falsos positivos. Inclusive sería gravísimo que se admitiera la más mínima relación con el servicio, por ejemplo, si los reclutadores dijeran haber recibido órdenes superiores. Estos son crímenes atroces, y deben ir a la justicia ordinaria.

Ello no obsta para que el Ejército, primer interesado en esclarecer este tenebroso asunto, adelante en su interior las investigaciones que lleven a la identificación de aquellos de sus oficiales, sub oficiales o soldados que puedan estar envueltos en los reclutamientos o en los crímenes.

La Procuraduría también tiene mucho que indagar en este caso. Al Procurador General corresponde, al tenor del artículo 277, numeral 2, de la Constitución, “proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo“. Y a éste le confía el artículo 282 de la Carta Política la función de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, cuya defensa le corresponde especialmente.

El Estado tiene la obligación de escudriñar hasta lo más profundo en esta materia. No se puede contentar con capturar a uno o dos autores materiales, ni con dejar las investigaciones a medio comenzar. Si lo hace, “La mano negra” y la “Triple A” serán cuentos pequeños al lado de lo que, nos tememos, está pasando entre nosotros.

Los ciudadanos no vamos a olvidar el tema, así haya muchas nuevas y arrasadoras noticias que traten de cubrir o de archivar los acontecimientos, dolorosos como pocos para esta democracia de mentiras que se aterra con los secuestros de la guerrilla -desde luego, detestables- pero parece aceptar o contemporizar con los crímenes de otro origen, muchas veces peores.
-------------------------------------------------------------------------------------
(*) Columna publicada en www.razonpublica.org.co, Semana del 6 al 12 de octubre de 2008