¿SEGUIMIENTO OFICIAL A POLÍTICOS DE OPOSICIÓN?

Las graves denuncias de Gustavo Petro
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO


La del Senador Gustavo Petro no es una simple denuncia -de esas que se formulan todos los días, sin pruebas-. Esta es una denuncia probada con documentos oficiales, en los cuales se demuestra que hay una orden impartida por un funcionario del DAS, existente y en ejercicio, para seguir y vigilar a dirigentes de un partido político y para informar sobre sus actos, contactos, reuniones y relaciones.
El documento, altamente comprometedor, es del 20 de agosto, está firmado por el Coordinador de Asuntos de Inteligencia Política del DAS, y ordena enviar la información disponible relacionada con las actividades de Gustavo Petro Urrego, Senador del Polo Democrático Alternativo. Pide informes sobre vínculos o nexos con organizaciones al margen de la ley; contactos con personas que se presenten como testigos para declarar contra el Gobierno, entre otras cosas.
Como puede verse, esto es más que un espionaje telefónico, pues cobija, además de interceptaciones de esa índole, la correspondencia y la vida diaria de la persona contra la cual se ordena el seguimiento.
Es algo que va mucho más allá de la ilícita intromisión de los republicanos en la campaña demócrata -caso Watergate-, que condujo a la estrepitosa caída del ex presidente de los Estados Unidos Richard Nixon.
No sabemos si, como dice Petro, esta es una orden del Presidente de la República. O si, como alega la Directora del DAS, ella no ha impartido orden alguna en el expresado sentido.
¿Pero, entonces, de dónde proviene? No lo explica en absoluto la funcionaria, ni hay -hasta el momento de escribir estas líneas, justificación alguna del Ejecutivo.
Estamos ante una grave violación de la libertad política, del debido proceso, del derecho a la intimidad, del derecho a no ser investigado sino por orden judicial, que es lo propio de un sistema democrático.
Un organismo de inteligencia carece en Colombia de facultades judiciales. No puede seguir, ni rastrear las actividades de las personas, menos aún las de directivos o miembros de los partidos políticos. Eso es propio de regímenes policiacos establecidos por las dictaduras. Hitler, Stalin, Pinochet, Videla,...! claro!.., pero resulta extraño y grotesco en un Estado Social y Democrático de Derecho.
La garantía constitucional reside, precisamente, en que únicamente los jueces y fiscales, de acuerdo con la ley, en el ámbito de sus competencias y en el curso de un proceso judicial, están autorizados por la Constitución para ordenar investigaciones, interceptaciones, seguimientos o privaciones de la libertad.
Lo otro -lo del caso que nos ocupa- es un abuso y un delito, que deben ser investigados y esclarecidos cuanto antes, para salvaguarda de nuestra democracia.
El Gobierno es el primer interesado en sancionar a los responsables y en aclarar las cosas, para que no lo confundan con una dictadura.