UN CASO DE GRAVE LIGEREZA

Sindicar públicamente, sin nombres y sin pruebas, es, cuando menos, irresponsable

El Vicepresidente le debe explicación a la Administración de Justicia

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Este es un caso de grave ligereza ante los micrófonos de la radio, que son embrujadores, pero que a algunos funcionarios hacen, además, perder el sentido de las proporciones, y de la responsabilidad.

No se le presta buen servicio al país con el ir y venir de chismes, rumores, consejas y patrañas dirigidos todos a deslegitimar la actividad de la Corte Suprema de Justicia, tribunales y jueces, y a generar desconfianza entre la opinión pública sobre la rama judicial y otras instancias, toda vez que corremos el peligro de ocasionar la más aparatosa conflagración institucional, que daría al traste con el sistema democrático establecido.Los medios de comunicación tienen, claro está, la función importantísima de denunciar, para la investigación de los órganos competentes, todo cuanto pueda ser irregular, o configurar conducta delictiva o indigna de los servidores públicos, entre ellos los jueces y magistrados, pero deben tener gran cuidado en no aventurar cargos infundados contra ellos, y en no dar el trato de conductas ilícitas a las que no tienen tal carácter.El país atraviesa por una época difícil, en razón del desprestigio del Congreso, de la “parapolítica”, de las denuncias contra funcionarios del gobierno por parte de la ex congresista Yidis Medina, de la efectiva inutilidad de la Ley de Justicia y Paz, de las enormes dificultades surgidas para indemnizar a las víctimas de los peores crímenes y para llegar a la verdad, pero esa situación no puede atribuirse a los magistrados de la Corte Suprema, ni puede generar contra ellos ataques irresponsables para distraerlos del ejercicio de su función, para trasladarlos de su papel de jueces al de incriminados, o para buscar ingenuamente que al verse afectados por infundios -el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el infundio como “mentira, patraña o noticia falsa, generalmente tendenciosa”-, resuelvan cesar los procesos, o fallarlos por fuera de la ley, cosas que sabemos -conociendo a los magistrados- no van a ocurrir. Nadie puede hacerse ilusiones al respecto.Pero las instituciones se ven afectadas, y la imagen del país en el exterior resulta enormemente resquebrajada, cuando no ya los medios, sino un funcionario de tan alta categoría como el Vicepresidente de la República decide usar esos medios para formular sindicaciones en abstracto contra la rama judicial, sin pruebas, y diciendo en general que magistrados y jueces han recibido dineros ilícitos, o que han sido permeados por el influjo de las organizaciones delictivas o narcotraficantes.Esas son afirmaciones muy graves, que el señor Vicepresidente tendría que explicar a fondo, y sobre todo, tendría que acreditar con pruebas fehacientes y aludiendo a nombres propios y específicos, para no cobijar con un injustificado e injusto manto de duda a todos aquellos que administran o administraron justicia en la época actual o en épocas recientes.Vale la pena que, de lo contrario -es decir, si, como muy probablemente ocurre, no tiene el Vicepresidente nombre alguno, ni material probatorio, proceda a la rectificación, y a ofrecer disculpas a la administración de justicia.De otro lado, lo recomendable en relación con la “parapolítica”, y con las declaraciones que los paramilitares en sus versiones libres han dirigido contra muchos funcionarios, entre ellos el propio Vicepresidente, es que precisamente la rama judicial, en desarrollo de sus atribuciones, siga adelante los procesos, sin presión alguna, y llegue a las definiciones que le corresponden, y que no puede evadir en modo alguno.Por supuesto, si hay cargos, con pruebas y elementos serios, contra megistrados, jueces o fiscales, deben ellos también someterse a las investigaciones y procesos correspondientes, pero formular cargos sin nombres y sin pruebas, es, cuando menos, irresponsable.

PARA EL COHECHO SE NECESITAN AL MENOS DOS

Ludovico Ariosto

Vistas las varias versiones de Yidis Medina acerca de lo acaecido en el momento de aprobación del Acto Legislativo 2 de 2004, mucho será lo que tendrán que investigar la Corte Suprema -en cuanto a miembros del Congreso de la época- y la Fiscalía en cuanto a otros funcionarios, si tenemos en cuenta que el cohecho no es un delito que pueda cometer una sola persona, por sí y ante sí, sino que se requiere de otra, al menos.

En efecto, no sólo responde quien recibe sino quien ofrece. Y no únicamente quien recibe sino quien da, a cambio de algo que el funcionario hace en relación o en desarrollo de sus funciones públicas.

Deben caer todos.

LA REFORMA POLÍTICA ESTÁ VACÍA

Paños de agua tibia

José Gregorio Hernández Galindo

No se ve un panorama claro en relación con la llamada reforma política, aunque el proyecto de acto legislativo ya ha surtido cinco de los ocho debates previstos en la Constitución para las modificaciones a su texto.

De una parte, han surgido muchas y justificadas inquietudes en torno a su efectividad para los fines de responder adecuadamente a la enorme crisis generada por la "parapolítica", y de recuperar legitimidad para un Congreso que hoy por hoy se encuentra en el más absoluto desprestigio. Así, por ejemplo, cabe preguntar si aumentar el umbral, del 2% al 5% del total de la votación, será un elemento útil para evitar que los congresistas puedan ser elegidos con el apoyo de grupos al margen de la ley, como ha venido ocurriendo, o si, por el contrario, al crearse la necesidad de más votos se estimulará en muchos la tendencia a buscar esas ayudas ilícitas. Por nuestra parte creemos que ese aumento será inócuo para el efecto perseguido, por considerar que la falta de ética de las personas no se corrige con normas: sean éstas cualesquiera, el inmoral siempre encontrará medios para lograr sus perniciosos objetivos, y para aparecer como legalmente elegido. Y, además, con un umbral muy alto se cierran las posibilidades de que nuevos movimientos o partidos, o nuevas opciones ideológicas o políticas lleguen al Congreso.

En cuanto a la famosa "silla vacía", las preocupaciones son todavía mayores: ¿por qué esperar hasta la sentencia condenatoria ejecutoriada para aplicarla? No nos parece convincente el argumento de la presunción de inocencia, ya que no estamos hablando de un efecto en el proceso penal que implique desconocer tal postulado, sino de la consecuencia que para la intitución y para el partido debe tener la detención del congresista titular. Sería mucho más comprensible y también más sencillo de aplicar que la silla quedara vacía al producirse la detención; suspendida; y sin reemplazo, de tal modo que si en correspondiente proceso el titular es absuelto, regresa a su curul. Si es condenado, el partido la pierde definitivamente. Se disminuye el número de los miembros de ese partido, que no tuvo cuidado en la escogencia de sus candidatos, en el Congreso.

Desde el punto de vista práctico, la verdad es que faltan votos, y además el Gobierno deberá contar con la oposición para sacar adelante el proyecto, que en su conjunto solamente suministrará "paños de agua tibia" para una fenomenal crisis institucional.

HILLARY LE GANÓ A OBAMA EN PENSILVANIA

FILADELFIA.- La precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton obtuvo ayer un muy necesitado triunfo en las primarias de Pensilvania, lo que le permite seguir en carrera contra Barack Obama y, al mismo tiempo, alarga las internas más reñidas de los últimos tiempos. Según las proyecciones divulgadas al cierre de esta edición, Clinton obtuvo entre 6 y 8 puntos porcentuales más que Obama, una diferencia inferior a los 20 puntos que pronosticaban los sondeos hace un mes y a los 10 puntos que eran considerados necesarios para reducir la distancia entre ambos. Aun así, constituye un claro triunfo de la senadora por Nueva York, que no se da por vencida en estas primarias. "Gracias a ustedes, la marea está cambiando", dijo anoche Hillary, y prometió seguir en carrera. "Los norteamericanos no se rinden. Y merecen un presidente que tampoco se rinda". Clinton logró la victoria principalmente gracias al voto de la clase trabajadora, las mujeres y los adultos blancos, en una votación en la que la economía fue considerada el tema dominante. Más del 80% de los votantes afirmó que Estados Unidos ya está en recesión. Funcionarios del estado dijeron anoche que la participación alcanzó un récord histórico, en una nueva muestra del interés que ha provocado esta campaña electoral. Alrededor de cuatro millones de votantes demócratas estaban habilitados para votar en Pensilvania, donde había 158 delegados en juego. A pesar de su derrota de ayer, Obama supera a Clinton en cantidad de votos obtenidos durante los primeros tres meses de primarias y en los delegados que elegirán al candidato en la convención partidaria de agosto. El precandidato negro cuenta actualmente con 1415 delegados contra 1251 que respaldan a Clinton. No obstante, para alcanzar los 2025 delegados necesarios para ser designado candidato en la convención demócrata, será determinante el voto de los "superdelegados" (unos 800 miembros del partido que son libres de apoyar a cualquier aspirante). Pero esta reñida puja entre Obama y Clinton les cuesta cada vez más tiempo y dinero a los demócratas y no son pocos los que temen que además pueda darle ventaja al candidato republicano, John McCain, que desde hace meses prepara su campaña presidencial. En un intento de dejar fuera de carrera a Hillary, Obama invirtió una verdadera fortuna en Pensilvania: 11 millones de dólares sólo en anuncios de televisión. "Obama gastó tres veces más que nosotros aquí y aun así no nos pudo derrotar. Hillary demostró que si la gente pelea por ella, ella peleará duro por la gente desde la Casa Blanca. No hay que darla por vencida", dijo ayer el jefe de campaña de la ex primera dama, Terry McCauliffe. Ayer, preocupada por las marcas que podría dejar la dura competencia entre ambos precandidatos demócratas, Clinton afirmó, en plena jornada electoral: "Sería una locura que quien apoya a Barack o a mí vote por McCain en noviembre". Y, para no dejar dudas, agregó: "Cualquiera que sean las diferencias entre Obama y yo no son nada en comparación con las diferencias que tenemos con el senador McCain". Sin tiempo y sin plata Pese a su triunfo de anoche, Hillary tendrá poco tiempo para festejar, ya que se está quedando sin tiempo y sin fondos. El senador por Illinois, quien recaudó casi 235 millones de dólares desde que lanzó su campaña, disponía al 1° de abril de alrededor de 43 millones de dólares para financiar su campaña. En cambio, Clinton, que recaudó 175 millones de dólares desde el comienzo de la campaña, tiene los números en rojo. Su deuda se eleva a 10,3 millones de dólares y al 1° de abril disponía de unos 9,5 millones de dólares. En el nivel nacional, los últimos sondeos son más que inquietantes para los deseos de la ex primera dama de convertirse en la primera mujer presidente de Estados Unidos. El 54% de los votantes demócratas prefiere a Obama, mientras que el 35% se inclina por Clinton, según un sondeo de Princeton Survey Research Associates International, realizado para Newsweek entre 1209 personas. Después de Pensilvania, la cita número 48, quedan nueve primarias más. Las próximas se celebrarán el 3 de mayo, en el territorio de Guam, y el 6 de mayo, en Indiana y Carolina del Norte. Un sondeo publicado ayer por el diario Los Angeles Times da como ganador a Obama en Indiana. El senador por Illinois es, además, el amplio favorito para las primarias de Carolina del Norte, previstas también para el 6 de mayo. En medio de una campaña cada vez más agresiva, Clinton dijo ayer en una entrevista que Estados Unidos "eliminaría totalmente" a Irán en caso de un ataque nuclear de Teherán contra Israel. Las palabras de la precandidata fueron mucho más duras que las pronunciadas la semana pasada, cuando dijo que "un ataque a Israel provocaría una represalia generalizada de Estados Unidos". "En los próximos 10 años, durante los cuales sería tonto lanzar un ataque contra Israel, seríamos capaces de destruirlos totalmente", dijo Clinton en una entrevista en el programa Good Morning America, del canal ABC. Obama rechazó las palabras de la senadora, que calificó como "ruido de sables". Agencias AP, AFP, EFE y ANSA

REFORMA POLÍTICA: ¿MAQUILLAJE INTRASCENDENTE?

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Los acontecimientos recientes han venido desprestigiando y subvalorando el concepto genuino de “Reforma Política”, que por su naturaleza no corresponde a un maquillaje o acicalamiento de algunas normas constitucionales para dar la impresión de un gran cambio, sin serlo en realidad, sino que alude, en cualquier organización estatal, a una revisión pormenorizada y preparada de la estructura misma del Estado y de las instituciones políticas, dentro de un criterio que renueva el esquema existente, particularmente en las relaciones entre los partidos, los movimientos políticos, las ramas y órganos del poder público, bajo unos principios que difieren fundamentalmente del sistema en vigor.Una reforma política es ambiciosa por definición. Ella no se agota en el cambio formal de unas expresiones para solucionar problemas coyunturales, ni tampoco tiene el sentido de cambiar los nombres de las figuras constitucionales existentes para que sigan operando en igual forma, ni es posible concebirla en su integridad y repercusiones durante una maratónica sesión de 4 o 5 horas celebrada entre quienes dirigen las bancadas afines al Gobierno y el Presidente de la República.Una reforma política necesita ser objeto de análisis profundo y de amplia discusión pública, porque se trata de un gran asunto en el campo constitucional, y no de un pequeño trámite de aprobación legislativa rápidamente acordada, ya que la improvisación en estas materias ocasiona generalmente -diríase que siempre- la necesidad de sucesivas modificaciones en el cortísimo plazo, como podemos verlo los colombianos en el hecho de que se adelantó, con bombos y platillos, a los escasos 12 años de vigencia de una nueva Constitución, en el año 2003, para retornar ahora a plantear las mismas cosas que entonces se plantearon.Si vamos a considerar la reforma política propuesta anoche por el Presidente de la República, previo acuerdo con los presidentes de Cámara y Senado y con miembros de los partidos que integran la mayoría, concluimos que, no existiendo grandes temas por tratar, vamos a desgastar el instrumento de las reformas constitucionales para lograr bien poco, o prácticamente nada.De otro lado, no parece que, para los tres debates que restan con miras a la aprobación del Acto Legislativo, se cuente con los votos necesarios, y debemos recordar que, por mandato de la Constitución, en la segunda vuelta se exige una mayoría calificada de la mitad más uno de los miembros de las comisiones y cámaras, es decir, una mayoría absoluta.Lo que se anunció al presentar el proyecto original no coincide con el nuevo rumbo que se está dando a la reforma, y tal parece que, de carrera, se le han introducido los ajustes al proyecto, para acomodarlo al objetivo urgente de calmar la insatisfacción pública con el Congreso, y de amainar, al menos en parte, la tormenta política generada por los procesos que se llevan en la Corte Suprema de Justicia.A decir verdad, existen muchas reservas acerca de la eficacia de lo propuesto, en particular con la “silla vacía”, para superar la crisis de la parapolítica, a pesar de las buenas intenciones del Gobierno y de los proponentes: no han sido expuestas las razones para que se deba esperar a la condena, en sentencia ejecutoriada, y sólo entonces dejar la curul afectada sin proceder a su ocupación.La silla que queda vacía, por la forzada imposibilidad de su ocupante -privado de la libertad- debería quedar vacía mientras vuelve, si es exonerado, porque si es condenado, esa curul tendría que perderse para el partido correspondiente. Esto -claro está- si queremos en efecto introducir un cambio cualitativo y no solamente un maquillaje intrascendente.

LA EXITOSA VISITA DEL PAPA A LOS ESTADOS UNIDOS

IMPORTANTES DOCTRINAS SIENTA BENEDICTO XVI


La visita del Papa a los Estados Unidos ha sido, sin la menor duda, un éxito, no solamente para el propio Pontífice sino para la Iglesia Católica y para el mundo, ya que ha significado la cristalización de importantes avances en la conivivencia, la revisión interna de comportamientos , la Doctrina Social y el ecumenismo.

Durante el quinto día de su visita, el Pontífice, quien celebró el 19 de abril los primeros tres años desde su elección, habló una vez más de la pederastia y de las víctimas de abusos sexuales por sacerdotes -con cuyos familiares se reunió y les pidió perdón-, reprochando a la vez con energía el "daño" que causaron a los fieles dichos casos.

Señaló el Papa que quería expresar a los sacerdotes y religiosos su "cercanía espiritual y animo para afrontar los continuos desafíos surgidos por esta situación".Pidió entonces al clero estadounidense que llegue ahora "un tiempo de purificación para cada uno y para cada iglesia y comunidad religiosa, y también un periodo de sanación"."Los animo a colaborar con sus obispos que siguen trabajando eficazmente para resolver este problema", dijo el Papa en la homilía celebrada en la catedral gótica de San Patricio, de Nueva York, en donde celebró una concurrida y muy solemne Misa.

En la Gran Manzana, el Papa fue recibido por el alcalde Michael Bloomberg, que es de confesión judía. Tras la misa, fue aclamado por miles de fieles al remontar la Quinta Avenida, en el "papamovil" y en medio de los rascacielos.

El jueves pasado en Washington, el Papa se había reunido con un grupo reducido de víctimas de sacerdotes que abusaron de ellos durante su infancia, un gesto que ni él ni su predecesor Juan Pablo II habían tenido hasta entonces.

Ya el martes, a bordo del avión que lo condujo a Estados Unidos, el obispo de Roma había manifestado su "vergüenza" por el escándalo, asegurando que la Iglesia haría "todo lo posible" para intentar sanar el daño causado.

El Pontífice se reunió por la tarde con minusválidos y jóvenes seminaristas en el seminario San José, en Yonkers, al norte de Nueva York.Su primer viaje a E.U., que según su portavoz dejó "cansado" a Benedicto XVI, concluirá con una visita hoy a la "Zona Cero" en el sur de Manhattan, devastada por los atentados del 11 de setiembre de 2001, y con una misa en el estadio de béisbol de los Yankees.

Una magnífica descripción de esta visista del Santo Padre, tanto a los Estados Unidos como a la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la hace hoy el editorialista del diario La Patria de Manizales, en escrito que vale la pena transcribir, así sea parcialmente:

"Una verdadera cátedra de valor, de humanismo, de arrepentimiento, de fortaleza y de unidad, en procura del mejoramiento de la imagen de la Iglesia Católica en el mundo, de la conquista de nuevos fieles y del alcance de la paz, dio el Papa Benedicto XVI en su visita apostólica y política a Estados Unidos y a la Organización de Naciones Unidas (ONU), símbolos del poder mundial. El del Santo Padre no era un simple viaje para recibir proclamas y homenajes de los seguidores cristianos o para lograr las fotos de rigor diplomático con el presidente George W. Bush o con la jerarquía de la iglesia estadounidenses, como sucede tradicionalmente en muchos de sus distintos recorridos por el mundo".

Esta vez el Sumo Pontífice, consciente de la dificultad que encarnaba su viaje al país de mayores libertades, donde existe una enorme fuerza contraria al catolicismo que además lo cuestiona por los casos de pederastia cometidos por sacerdotes católicos, se preparó muy bien y antes de pisar suelo gringo dijo que tenía ofrecer perdón por los lamentables abusos de los pastores de su iglesia.

Y no fue esa su única referencia por los bochornosos acontecimientos de violación sexual que contra niños y jóvenes involucran a sacerdotes. Benedicto XVI también tuvo la gallardía de reunirse con varias de las víctimas de esos abusos a las que escuchó y dio alientos de esperanza y sosiego, no sin antes calificar de vergüenza esos casos y expresar su dolor y sufrimiento por los mismos.

En suelo norteamericano el Papa se mostró valiente y con una gran capacidad de manejo político con lo cual contrarrestó la furia de protestantes y enemigos de la iglesia que aunque salieron a las calles a rechazar su visita, se vieron desarmados por la actitud papal lo que hizo que las manifestaciones perdieran fuerza e interés, mientras el protagonismo se lo robó la cabeza visible de la Santa Sede. Pero su actividad no sólo se centró en los aspectos anteriores, Joseph Ratzinger también aprovechó el espacio que como nación católica que representa en el mundo le otorgó la Asamblea General de las Naciones Unidas y habló ante el pleno de 192 países miembros. Allí dijo que la ONU tiene el "deber" de intervenir para proteger a la población ante crisis humanitarias o violaciones de derechos cuando sus Estados no lo hacen.

Y Benedicto XVI fue más allá al señalar que si un Estado no es capaz de garantizar esa protección es la comunidad internacional la que está en la obligación de apoyarla y defenderla con los medios jurídicos previstos por la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales. No obstante su mensaje tuvo una profunda carga de reflexión al indicar que antes que todo se necesita una búsqueda de los medios para prevenir y controlar los conflictos, “explorando cualquier vía diplomática posible y prestando atención y estímulo también a las más tenues señales de diálogo o deseo de reconciliación". Otra gran sorpresa que dio el Papa fueron sus críticas a la ONU a la que recriminó porque el consenso multilateral sigue teniendo problemas a raíz de que la mayoría actúa de manera subordinada ante las decisiones de unos pocos, mientras insistió en la defensa de los derechos humanos, la necesidad de solidaridad con los países más necesitados e invitó al rechazo de una investigación científica y tecnológica que atente contra el carácter sagrado de la vida.

Lo hecho por Benedicto XVI en sus cuatro días de misión apostólica y diplomática en el más internacional de todos los países ha dejado ver la grandeza humanística del más importante pastor católico, transmisor de la palabra de verdad, justicia y amor de Jesucristo hijo de Dios. Ojalá su influencia como pacifista y como defensor de la libertad religiosa toque la voluntad de los poderosos mandatarios con ínfulas de tiranos que sólo persiguen poder para dominar en lugar de propender por el bienestar mundial".

El diario EL UNIVERSAL, de México, informa al respecto:

" Por cuarta ocasión en su viaje a Estados Unidos, el papa Benedicto XVI se refirió al escándalo de los abusos sexuales, en tanto hizo un llamado a la unidad de la Iglesia católica para superar las heridas provocadas por esos hechos.En una homilía de 20 minutos ante 3 mil obispos, seminaristas y diáconos de todo el país, el Pontífice dijo que los abusos sexuales han dañado a la comunidad de fieles católicos.“Quiero hacer patente ante ustedes, queridos religiosos y sacerdotes, mi cercanía espiritual en momentos en los que ustedes luchan por responder con esperanza cristiana a los desafíos que esta situación representa”, dijo Benedicto XVI en la misa que ofició ayer al conmemorarse el tercer aniversario de su pontificado.Dijo que espera que este sea un tiempo de purificación para cada iglesia y comunidad religiosa y también un tiempo para sanar las heridas que ha sufrido la Iglesia católica.

En ese sentido, hizo un enfático llamado a la unidad y, usando a San Patricio como metáfora, dijo que la unidad de una catedral gótica no es la unidad de un templo clásico, sino una unidad nacida de distintas fuerzas que empujan la arquitectura hacia arriba, hacia donde se encuentra el cielo.“Este es también un símbolo de la unidad de la Iglesia”, dijo Benedicto. Después señaló hacia los vitrales de la catedral y agregó que observados desde fuera parecen oscuros, recargados e incluso lúgubres, pero cuando uno entra al templo parecen tomar vida. “

Al reflejar la luz que los atraviesa, revelan su esplendor”, advirtió.Indicó también que los sacerdotes están llamados a atraer en ese misterio de luz a toda la gente, lo cual no es cosa fácil en un mundo acostumbrado a observar a la Iglesia desde el exterior.Al término de la ceremonia, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Tarciso Bertone, agradeció al papa Benedicto XVI con un mensaje en español sus tres años de pontificado. “Gracias por su ministerio generoso que ha dado inicio a un nuevo pontificado”, dijo Bertone,A la vez que el Papa aludía de nuevo en San Patricio a los abusos perpetrados por sacerdotes contra niños, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, precisó que no se prevén cambios en el Derecho Canónico sobre los sacerdotes que cometen abusos sexuales, como, según los medios estadounidenses había anunciado el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal William Levada.Lombardi explicó que el cardenal Levada le comentó que “los medios de comunicación no entendieron bien sus declaraciones”, pues los cambios en las normativas “ya se produjeron y no se prevén nuevos.

Al término de la misa oficiada en San Patricio, el Papa se trasladó a Yonkers, a unos 40 minutos al norte de Nueva York, donde se reunió con minusválidos y seminaristas en el Seminario de San José.

Justamente en el contexto de este encuentro con jóvenes católicos, Benedicto XVI recordó que el pasado 16 de abril cumplió 81 años y señaló que el tiempo vuela también para él. “Recen también por mí. Como saben, acabo de cumplir un año más. ¡El tiempo vuela!”, exclamó el Papa".

BIOGRAFÍA DEL CARDENAL LÓPEZ TRUJILLO

Nació en Villahermosa (Tolima), el 8 de noviembre de 1935; el 18 de noviembre de 1960, ordenado Sacerdote para la Arquidiócesis de Bogotá; el 25 de febrero de 1971 nombrado Obispo para la Iglesia Titular de Boseta y Auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá; recibió la consagración como Obispo el 25 de marzo de 1971 de manos del Cardenal Aníbal Muñoz Duque; el 22 de mayo de 1978 fue nombrado Arzobispo Coadjutor de Medellín y asumió como Arzobispo el 2 de junio de 1979; creado y publicado Cardenal en el Consistorio del 2 de febrero de 1983 donde recibió la birreta roja y el título de Santa Prisca.
Fue miembro de la Facultad del Seminario de Bogotá (1962 - 1966); Coordinador de la Pastoral para el XXXIX Congreso Eucarístico Internacional (Bogotá, agosto de 1968); participaciones: en la II Asamblea General del Episcopado Latinoamericano CELAM (Medellín 24 de agosto al 06 de septiembre de 1968); en la III Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos (Ciudad del Vaticano, 27 de septiembre al 26 de octubre de 1974); en la IV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos (Ciudad del Vaticano, 30 de septiembre al 29 de octubre de 1977), participó como secretario de la III Asamblea General del Episcopado Latinoamericano (Puebla-México, del 27 de enero al 13 de febrero de 1979); a la V Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos (Ciudad del Vaticano, del 26 de septiembre al 25 de octubre de 1980), a la VI Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos (Ciudad del Vaticano, 29 de septiembre al 28 de octubre de 1983); a la I Asamblea Especial para Europa del Sínodo de los Obispos (Ciudad del Vaticano, 28 de noviembre al 14 de diciembre de 1991); a la IV Asamblea General del Episcopado Latinoamericano (Santo Domingo, República Dominicana, del 12 al 28 de octubre de 1992); a la Asamblea Especial para África del Sínodo de los Obispos (Ciudad del Vaticano, 10 de abril al 8 de mayo de 1994); a la IX Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos (Ciudad del Vaticano, del 2 al 29 de octubre de 1994); a la Asamblea Especial para África del Sínodo de los Obispos (Ciudad del Vaticano, 16 de noviembre al 12 de diciembre de 1997); a la Asamblea Especial para Asia del Sínodo de los Obispos (Ciudad del Vaticano, 19 de abril al 18 de mayo de 1998); a la Asamblea Especial para Oceanía del Sínodo de los Obispos (Ciudad del Vaticano, 22 de noviembre al 12 de diciembre de 1998); II Asamblea Especial para Europa del Sínodo de los Obispos (Ciudad del Vaticano, 1 al 14 de octubre de 1999).
Fue Secretario General del Consejo Episcopal Latinoamericano - CELAM (1972 a 1979); Presidente del CELAM (1979 a 1983); Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (1987 a 1990); el 8 de noviembre de 1990 Su Santidad el Papa Juan Pablo II lo nombró Presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Fue muy cercano al actual Pontífice, Benedicto XVI, en cuya elección participó activamente.

SUSTITUCIÓN PENSIONAL PARA COMPAÑERAS PERMANENTES

José Gregorio Hernández Galindo

No podemos dejar de referirnos a la importante decisión adoptada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió acerca del pleito que mantenían dos mujeres, una que había estado casada y otra en relación extramatrimonial con la misma persona, un agente de policía de Palmira (Valle), quien falleció doce años atrás, siendo titular de una pensión.

Las dos damas se disputaban la sustitución pensional, alegando la primera el vínculo y la segunda la unión y convivencia permanentes.

La decisión del Alto Tribunal, que resultó salomónica en el estricto sentido del término, ordenó la repartición de las mensualidades correspondientes a las mesadas, y solucionó el conflicto, pero, más allá del caso, sentó una trascendental doctrina, que es armónica con el Estado Social de Derecho y con el principio de igualdad, proclamados por nuestra Constitución.

El artículo 1 de la Carta Política señala, como uno de los caracteres del Estado colombiano, su fundamento en el respeto a la dignidad humana, de la cual son titulares tanto las esposas como las compañeras permanentes.

El artículo 5º constitucional establece, como principio de ineludible acatamiento, la primacía de los derechos inalienables de la persona y el amparo de la familia como institución básica de la sociedad.

Por su parte, el artículo 42, que reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, acaba con todas las antiguas discriminaciones y contempla que esa familia, protegida constitucionalmente, se conforma por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla, y declara que el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.

El artículo 43 establece que la mujer no puede ser sometida a ninguna clase de discriminación, y, como regla general, el 13 señala que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades, a la vez que gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades.

No existiendo ya “mejores familias”, en razón de haber optado sus fundadores por el matrimonio, son igualmente respetables las familias surgidas de la unión libre. Y, así las cosas, tampoco cabe distinguir en detrimento de los integrantes de una pareja ligada por vínculos naturales, a favor o en beneficio de otra unida mediante el matrimonio. Como tampoco puede, hoy por hoy, establecerse distinción alguna entre los hijos, como sí se preveía en tiempos anteriores, afortunadamente superados.

En ese orden de ideas, el Consejo de Estado deduce con perfecta lógica que si el causante compartió su vida con dos grupos familiares en forma simultanea, “no existen razones que justifiquen un trato diferente, pues concurre el elemento material de convivencia y apoyo mutuo de manera simultánea”.

Reitera el Consejo, de otra parte que el derecho a la sustitución pensional es una protección a la familia, cualquiera que sea su origen, y dice con razón que “los derechos de seguridad social comprenden de la misma manera tanto al cónyuge como al compañero permanente”.
Esta decisión encuentra respaldo además en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los alcances del concepto de familia en el nuevo ordenamiento constitucional de 1991, que implica la derogatoria de toda norma orientada a establecer distinciones por razón de si hay o no matrimonio.

SUSPENDIDA EXTRADICIÓN DE ALIAS "MACACO"

El desmovilizado jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco" no podrá, al menos por ahora, ser extraditado a los Estados Unidos -como ya lo había autorizado el Presidente de la República-, sin haber respondido antes a las víctimas de sus crímenes.

Varios pronunciamientos de las últimas horas, mediante los cuales se ponía de presente el efecto perverso de esta extradición -en cuanto el jefe paramilitar saldría para los Estados Unidos con gran tranquilidad, dejando burlados los derechos de las víctimas, las cuales no obtendrían reparación-, llevaron finalmente a suspender el trámite de ejecución de la extradición:

Ya el Procurador General Edgardo Maya había solicitado que la extradición se suspendiera; lo propio sostuvo el Fiscal Mario Iguarán, y este jueves en la tarde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al emitir concepto sobre un caso similar, sostuvo que en semejantes situaciones, o se emitirá concepto negativo, o si es positivo sería condicionado ineludiblemente a que se cumplan las finalidades de la justicia transicional, en el sentido de exigir que previamente se responda ante las víctimas, que de otro modo quedarían desprotegidas en cuanto a la reparación por los crímenes confesados.

Los abogados de las víctimas acudieron al Fiscal de la Corte Penal Internacional, para buscar protección a la luz del Tratado de Roma.

Finalmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca admitió una tutela a familias afectadas, y ordenó la suspensión del trámite de extradición mientras se toman las decisiones, pese a que en la tarde del jueves el delincuente ya había sido trasladado a la cárcel Cómbita, antesala de la extradición, y a que el Comisionado de paz había informado que ésta seguiría adelante.

La justificación de la tutela quedaba perfectamente configurada , precisamente por palabras del Comisionado Restrepo a una de las mujeres familiares de personas asesinadas: "La extradición para que Macaco responda ante la justicia de los Estados Unidos no significa que no responda a las víctimas. Tenemos mecanismos para ello, SI EL COLABORA" (resaltamos), lo cual indica -creemos nosotros- que el gobierno dejaba librado a la voluntad del jefe paramilitar todo lo relacionado con la responsabilidad ante las víctimas.

LA CÁMARA INTRODUJO EN LA NEVERA EL TLC CON COLOMBIA

Reformadas las reglas del "Fast Track"

Derrota para Bush

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos decidió este jueves, por una mayoría de 224 votos a favor (218 demócratas y 6 republicanos) y 195 en contra (185 republicanos y 10 demócratas), modificar la regla del "Fast Track", que se venía aplicando desde 1975 y que obligaba al Congreso a votar el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos -presentado como lo había sido el martes por el Presidente Bush- en un término no superior a los noventa días.Esta determinación, que cambia las normas conforme a las cuales se habría tenido que resolver sobre el Tratado aun en esta época electoral, lo deja prácticamente congelado, "en el limbo" -como dicen algunos medios-, y todo dependerá en el futuro de negociaciones de carácter político entre el Gobierno de Bush y la mayoría demócrata en el Congreso.De acuerdo con lo explicado por la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, resulta prioritario para el Congreso aprobar ahora medidas económicas orientadas a la crisis que afecta al país, y para ayudar a la clase media y trabajadora.Según la legisladora, "..sólo cuando hayamos solucionado estas preocupaciones podemos votar por este Acuerdo".Agregó que, no obstante su aprecio por Colombia y por el Presidente Uribe, "...tenemos preocupaciones, que pueden ser trabajadas, por la violencia sindical".Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, argumentó, en defensa de la posición del Ejecutivo, que "...si los demócratas deciden aplazar el voto, a efectos prácticos estarán matando el TLC y eso tendrá muchas consecuencias...".

El Gobierno colombiano, mediante comunicado leído por el Secretario de Prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez, señaló:

"Comunicado
El Gobierno de Colombia se permite informar:
1. Colombia y Estados Unidos han sido países aliados y amigos desde hace muchos años. Vemos el Tratado de Libre Comercio como un paso natural en el fortalecimiento de esta relación.
2. Colombia ha contado siempre con una aproximación bipartidista de los Estados Unidos en sus relaciones con nuestro país. Más que relaciones coyunturales con un partido o con un gobierno, las nuestras han sido de Estado a Estado, históricas e intemporales.
3. Al aprobar el Tratado de Libre Comercio, los Estados Unidos podrán fortalecer el crecimiento económico de ambos países, apoyar la democracia, luchar contra las drogas y facilitar el camino hacia la paz y la prosperidad en Colombia y en la región.
4. Confiamos en que el Congreso y el Ejecutivo encuentren una salida bipartidista, de tal forma que se pueda avanzar en la aprobación del tratado. Cada día que pasa es una oportunidad perdida para los ciudadanos de ambos países.
Bogotá, abril 10 de 2008".

RAZONES QUE INVOCA EL GOBIERNO PARA VINCULAR A "JUSTICIA Y PAZ" A 750 PRESOS DE FARC

La Presidencia de la República, en su página web (http://www.presidencia.gov.co/), expone así las razones del Decreto 1059 del 4 de abril de 2008, que favorece con Ley de Justicia y Paz a más de 750 guerrilleros presos de las FARC:
"Razones para este Decreto
• En la actualidad se encuentran privados de la libertad un número cercano a 1.700 personas de los grupos guerrilleros.
• De acuerdo con los derechos de petición que han llegado al Ministerio del Interior y de Justicia, y a la información suministrada por el Movimiento Manos por la Paz que ha venido liderando Liduine Zumpolle, ciudadana holandesa, aproximadamente 600 de esas personas privadas de la libertad, han decidido renunciar a los grupos armados organizados al margen de la Ley (Farc y Eln), y cumplido el procedimiento estipulado por la ley regresar al seno de sus familias y la sociedad, para lo cual solicitan ser postulados a la ley de Justicia y Paz.
Contenido del Decreto
• Destinatarios: Este decreto es aplicable a los miembros de los grupos de guerrilla que se encuentren privados de la libertad, y que decidan desmovilizarse de manera individual.
• Requisitos:
1. Haber pertenecido a un grupo u organización de guerrilla antes de la privación de la libertad.
2. Expresar por escrito la voluntad de abandonar el grupo u organización de guerrilla, realizando actos expresos, públicos y objetivos de rechazo al mismo.
3. Colaborar de manera eficaz con las autoridades para el desmantelamiento del grupo de guerrilla.
• Procedimiento:
1. Solicitud dirigida al Ministerio del Interior y de Justicia.
2. El Ministerio del Interior y de Justicia acopiará, clasificará y agrupará la información suministrada por el solicitante para enviarla al Comité Operativo para la Dejación de las Armas (Coda).
3. El Coda emitirá un concepto técnico con destino al Ministerio del Interior y de Justicia sobre la pertenencia del solicitante a un grupo armado organizado al margen de la ley.
4. El Coda "evaluará la manifestación y los actos positivos de voluntad del desmovilizado que indiquen su intención de renuncia al grupo de guerrilla, el concepto del Consejo Disciplinario respectivo sobre la conducta observada en el establecimiento de reclusión, así como cualquier otro documento o concepto que arroje luces sobre la verdadera intención de dejación de las armas."
5. El Ministerio de Defensa Nacional recaudará y evaluará la información entregada por el solicitante referente a la colaboración que ha suministrado o suministrará para contribuir al desmantelamiento del grupo de guerrilla.
6. El Ministerio de Defensa Nacional examinará la importancia de la información para judicializar y desmantelar sus estructuras de mando, localizar las personas secuestradas, detectar los apoyos financieros, la incautación de armamento o dineros, la ubicación geográfica y del área de operaciones del grupo la ubicación geográfica de fosas comunes, la identificación y localización de testaferros, redes de apoyo urbanas y/o rurales, rutas de tráfico de narcóticos, de armas, ubicación de material de intendencia y comunicaciones y planes de guerra, para desmovilizar otros miembros del grupo guerrillero.
7. Finalmente, el Ministerio de Defensa Nacional expedirá el concepto valorativo sobre la información recibida, sustentando las razones específicas por las cuales considera la misma importante, eficaz y oportuna.
8. Agotados los procesos de verificación y recibidas las constancias y documentos respectivos, el Coda certificará la pertenencia del desmovilizado a un grupo de guerrilla y su voluntad de abandonarla en un término no superior a veinte (20) días comunes contados desde la fecha en la cual reciba la documentación.
9. Una vez expedido este certificado de desmovilización por parte del Coda se remitirá a las autoridades judiciales para la concesión de los beneficios por delitos políticos (indulto, cesación, auto inhibitorio, preclusión).
10. Al igual que el Ministro de Defensa Nacional podrá remitir al Ministerio del Interior y de Justicia el nombre del desmovilizado para que a su turno lo postule ante la Fiscalía General de la Nación para que se inicie el trámite de la Ley 975 de 2005.
Beneficios Jurídicos
• Con fundamento en la Ley 418 de 1997 se podrán obtener los beneficios jurídicos de:
• Indulto
• Resolución inhibitoria
• Preclusión de la investigación
• Cesación de procedimiento
• Con fundamento en la ley 975 de 2005, se podrá:
• Obtener la pena alternativa una vez se haya agotado el procedimiento previsto por la Ley de Justicia y Paz.
Marco jurídico de la Ley de Orden Público
• La ley de Orden Público (418 de 1997) consagra "instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia".
• De acuerdo con el art. 50 de la ley 418 de 1997 (modificado por el art. 19 de la Ley 782 de 2002), el Gobierno Nacional puede conceder en cada caso particular el beneficio de indulto a los nacionales que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada "por hechos constitutivos de delito político cuando a su juicio, el grupo armado organizado al margen de la ley con el que se adelante un proceso de paz, del cual forme parte el solicitante, haya demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil."
• Igual beneficio se podrá conceder a quienes "individualmente y por decisión voluntaria, abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y así lo soliciten, y hayan además demostrado, a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de reincorporarse a la vida civil."
Marco jurídico de la Ley 975 de 2005
• La Ley de Justicia y Paz consagra "disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional".
• Esta ley tiene "por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación."
• La Ley 975 de 2005 "regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional."
• Pueden "acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación."
• Su desmovilización puede ser colectiva o individual. Para el caso de los desmovilizados colectivos se deben cumplir los requisitos de elegibilidad previstos en el art. 10 y para los desmovilizados individuales los requisitos previstos en el art. 11 de la misma ley.
• Básicamente estos requisitos tienen que ver con la colaboración a la justicia para desmantelar esos grupos, el cumplimiento de la obligación de reparar a las víctimas, que no sean grupos cuya actividad principal hubiere sido el narcotráfico, que entreguen bienes para la reparación, cesen sus actividades de interferencia en el ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas, que hayan entregado a los secuestrados y a los menores de edad y que cesen toda actividad ilícita.
• A estas personas, luego de agotarse el procedimiento penal especial previsto, se les puede otorgar la pena alternativa que consiste en el beneficio de "suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización."
• La pena alternativa tiene un período de duración entre 5 y 8 años de privación efectiva de la libertad".

JORGE ELIECER GAITÁN: 60 AÑOS DEL CRIMEN

OTRO MAGNICIO IMPUNE












Este 9 de abril de 2.008 se conmemoran los sesenta años del crimen cometido en la persona del caudillo liberal colombiano JORGE ELIECER GAITÁN.El 9 de abril de 1.948 al mediodía cayó frente al edificio en que estaba ubicada su oficina en el centro de Bogotá, víctima de las balas disparadas por Juan Roa Sierra, un sicario de la época, detrás del cual se ocultaron los autores intelectuales del magnicidio, quienes jamás fueron descubiertos.Durante las horas siguientes al crimen la ciudad capital fue sacudida por la más grave y prolongada ruptura del órden público, que implicó la muerte de muchos, el incendio, el pillaje, los saqueos, la confusión, el pánico,...el caos, en lo que se conoce como "el bogotazo".Gaitán era un hombre del pueblo, que luchaba y vivía por el pueblo; que profesaba y propiciaba respeto hacia los valores de la libertad, el Derecho, la solidaridad y la justicia, especialmente en su aspecto social; que se conmovía con la miseria y la angustia de los pobres; que se sublevaba contra las injustas diferencias de clase, contra los privilegios y los vicios de los poderosos, contra la discriminación y contra la violencia.

Un justo homenaje a su memoria es el que tributa el país, a través de diversos eventos y actos,particularmente acedémicos, no menos que en interesantes y bien elaborados escritos, columnas, crónicas y programas radiales y de televisión.


CERTIDUMBRES E INQUIETUDES, que comparte los conceptos libertarios e igualitarios del líder asesinado, se une respetuoso a ese homenaje, y hace votos una vez más por el ideal colectivo de que,en el más cercano futuro, los historiadores desentrañen la verdad de lo acontecido, y sus investigaciones señalen finalmente quiénes fueron los responsables de la execrable acción que culminó con su muerte el 9 de abril de 1.948.Ahora que tanto hablamos de VERDAD, respecto de los nuevos crímenes que afectan a Colombia, es precisamente la verdad lo que Colombia reclama -como lo viene haciendo inútilmente desde hace 60 años-, en cuanto asesinato, premeditado y cobarde, de uno de los más grandes colombianos del pasado siglo. Paz en su tumba.

LA BUENA FE

Un principio constitucional de primer orden

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Uno de los elementos de mayor importancia en la Carta Política de 1991 es el consagrado en el artículo 83, que establece dos factores necesarios en las relaciones entre el Estado y los particulares, que no son enemigos entre sí, como algunos entienden de un lado y del otro, sino que desempeñan roles diferentes dentro de la organización social, para lograr en últimas, integrados su esfuerzos y en un ámbito de recíproca confianza, una sana y pacífica convivencia.
Esos dos factores son:
-El principio, que en su medida es norma de conducta, según el cual las actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena fe;
-La presunción constitucional en el sentido de que todas las gestiones que los particulares adelantan ante las autoridades son de buena fe.
Desde el punto de vista general, la buena fe consiste en el desarrollo de las actividades de los asociados con arreglo a un principio ético que garantiza transparencia y fidelidad en las múltiples relaciones que surgen entre las personas, el cual no debe decaer, transformarse en doblez, ni desaparecer cuando de las relaciones entre el ciudadano y la autoridad pública se trata.
Para la Corte Constitucional (Sentencia T-460 de 1992), se trata de un principio que "(...) se erige en arco toral de las instituciones colombianas (...)”.
“Si este principio –señala la Corte- es fundamental en las relaciones entre particulares, con mayor razón tiene validez cuando ellos actúan ante las autoridades públicas, bien en demanda de sus derechos, ya en cumplimiento de sus deberes y obligaciones, toda vez que el Estado y quienes lo representan deben sujetar su actividad al objetivo de realizar el bien común, sobre la base de las previsiones trazadas por el legislador…”

Las relaciones entre el Estado y los particulares se deben mantener dentro de una línea de comportamiento franco y abierto, sin perjuicio de ser mutuamente respetuoso.

Unos y otros –particulares y autoridades- tienen la obligación, exigida por el ordenamiento jurídico, de obrar con lealtad y buena intención; con rectitud; dentro del marco de la libertad pero en el curso de una conducta sincera, exenta de reservas, recelos y sorpresas. Sin dobles propósitos, y sin pretender lograr las propias finalidades con base en la trampa, el engaño o la mentira.

Este no es un principio nuevo, y permanece en sus lineamientos básicos, si bien es necesario adaptarlo, en sus pormenores prácticos y en sus proyecciones, de conformidad con la evolución social y en relación con los hechos de la vida cotidiana.

Se trata de un principio general del Derecho y fuente del mismo, que se entendería obligatorio, presidiendo toda relación, aunque no estuviese positivamente consagrado.

-El segundo aspecto que aquí buscamos resaltar radica en que el ordenamiento jurídico presume, aunque esa presunción es desvirtuable, que por los particulares ante el Estado se actúa de buena fe, de lo cual se desprende que el Estado no puede partir del supuesto de que el ciudadano obra con intención perversa, torticera o engañosa, y en consecuencia no puede asumir respecto suyo una actitud hostil, desconfiada, ni convertir el ejercicio de la función pública en una modalidad ventajosa de persecución u obstaculización de la actividad particular.

En tal sentido, la Constitución traslada a los entes, organismos y funcionarios estatales la carga de la prueba sobre la mala fe, y por tanto lo que hay en el fondo es una prohibición, a las autoridades, de suponer siempre la mala fe y la intención malvada del particular, obligándolo a demostrar su buena fe mediante actos o pruebas que la ley no consagra.

Por ello, el artículo 83 de la Carta Política se encuentra complementado por el 84, a cuyo tenor, “cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”.

Nos parece oportuno e indispensable recordar estos criterios, a la vista de abusos muy grandes de algunas autoridades públicas en distintos niveles, que, mostrando al ciudadano como delincuente, le cercenan muchas veces sus más elementales derechos y libertades, en una actitud pendenciera y arrogante que causa daños irreparables a la convivencia, y que –muy al contrario de lo que invocan- propicia la corrupción y causa desánimo y entre los gobernados.frustración

DESPLAZADOS DISCAPACITADOS

Una audiencia en la Corte Constitucional

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

La Corte Constitucional se encuentra autorizada por el Decreto 2067 de 1991 y por su reglamento interno para convocar audiencias públicas, en el curso de las cuales los magistrados puedan ilustrarse acerca de los distintos aspectos, especialmente de orden fáctico, que presentan los asuntos sobre los cuales deben resolver.

No se trata de oportunidades de debate, o de confrontación de tesis, sino de ocasiones propicias para que quienes intervienen en los procesos constitucionales puedan señalar puntos dignos de examen en el curso de la tarea de control a cargo de la Corte.

Tales audiencias han sido de la mayor utilidad para una elaboración realista de las ponencias, en asuntos tan importantes como el referendo, los derechos de los niños, la eutanasia, el aborto, los derechos de los homosexuales, la acción de tutela en concursos de méritos, la conformación de las llamadas “Convivir”, las normas sobre planeación, las decisiones relativas al antiguo sistema UPAC y la actual UVR …, si mencionamos apenas algunos de los asuntos que en ellas han sido tratados.

La del 1º de abril fue una audiencia pública de especial importancia, en el curso de la cual los magistrados de la Corte tuvieron ocasión de escuchar de viva voz, de los mismos afectados, la clase y la magnitud de los problemas que afrontan los desplazados por la violencia, y muy particularmente los de quienes adicionalmente sufren distintos tipos de discapacidad, precisamente por causa del conflicto armado.

Es claro que al respecto hay una gran discrepancia entre la manera como la Corte aprecia el fenómeno, a la luz de los principios sentados por la Carta Política, y el enfoque del Gobierno, no solamente en lo relativo a la actividad oficial con miras a la solución de las muchas necesidades que en materia de salud, educación, vivienda, trabajo (entre otros asuntos) aquejan a los desplazados, y con mayor razón a los desplazados discapacitados, sino en lo referente a las dimensiones, sin duda crecientes, de ese grave problema social que ha sido ocasionado por la guerra interna en que nos desenvolvemos.

En efecto, mientras la comisión de seguimiento sobre la observancia de los fallos que la Corte ha dictado concluye que más de cuatrocientos mil desplazados presentan alguna discapacidad física o mental, el Ejecutivo reconoce algo así como quince mil personas afectadas en esas condiciones. Semejante diferencia en las cifras es de suyo muy preocupante, toda vez que el margen que separa una de la otra resulta ser demasiado alto.

Fueron muy importantes las declaraciones entregadas a los medios por el Magistrado Manuel José Cepeda, quien advirtió que ni el Estado ni la sociedad colombiana tienen conciencia sobre los derechos de los desplazados discapacitados ni sobre su delicado estado de vulnerabilidad, y dijo con claridad que el Estado se encuentra en mora de diseñar, de manera completa e integral, una respuesta efectiva a cada una de las situaciones diversas de discapacidad que afectan a los desplazados. Según se informó en la Audiencia, casi el 18% de la población desplazada padece alguna forma de discapacidad física o mental.que agrava su situación.

Cepeda manifestó algo que deja al descubierto, una vez más, la distancia existente entre la proclamación constitucional del Estado Social de Derecho y la actitud real de muchos organismos ante su cristalización: “Muchas entidades del Esstado son las discapacitadas. No tienen la capacidad para atender a esa población. Ni siquiera conocen a ciencia cierta el número de afectados por este fenómeno”.

La organización para el desplazamiento CODHES señaló que hay más personas discapacitadas entre los desplazados que entre la población normal.

El vocero de CODHES, Marco Romero, advirtió: “Al gobierno le hace falta conciencia sobre este problema, pues aunque tiene programas de atención a los desplazados, hasta el momento no le ha prestado atención a la población discapacitada, que por su condición es más vulnerable a la situación de violencia del país”.

Bien vale la pena reflexionar sobre estos asuntos, que corresponden a una realidad inevadible cuyas caracteristicas -esperamos- muevan la sensibilidad oficial. Se trata de situaciones que configuran imperceptibles pero graves ataques, que, a través de imperdonable omisión, son imputables al Estado; lesionan el interés colectivo, nada menos que en el campo de los Derechos Humanos: e implican desobediencia a decisiones judiciales de primer orden.

HACE TRES AÑOS MURIÓ JUAN PABLO II

El 2 de abril de 2005 el mundo entero lloró la muerte del Papa viajero, Karoll Wojtila, quien en 1978 había tomado el nombre pontificio de Juan Pablo II, tras la extraña muerte de su antecesor, el buen Papa Albino Luciani.

Fueron prácticamente veintisiete años de fructífero gobierno de la Iglesia y de extraordinario y bienechor liderazgo en el mundo, en una época de cambios y confrontaciones.

El dolor causado por la partida de Juan Pablo, al cabo de una penosa complicación de enfermedades fue muy grande y muy sincero. El reducido espacio territorial de la Ciudad del Vaticano no fue suficiente para acoger a los millares de peregrinos de todos los continentes que querían acompañarlo a su última morada.

Este martes, tres años más tarde, cuando se busca su pronta canonización -cuyo trámite ha agilizado el Papa Benedicto XVI- , el secretario particular de Juan Pablo II, el hoy Cardenal Stanislaw Dziwisz, ha expresado que jamás olvidará sus últimos momentos con él. "No puedo olvidar su último adiós, cuando tomó mi mano y yo besé la suya por última vez", señaló el prelado, quien duró cuarenta años al lado de Wojtilla, primero en Cracovia y después en Roma, en la Santa Sede.

"Este adiós permanecerá conmigo para siempre", agregó.

Son varias las ceremonias de conmemoración que se llevarán a cabo en distintos países, principiando por Ciudad del Vaticano, en donde el Sumo Pontífice Benedicto XVI encabezará una misa el miércoles, como acto de tributo y respeto, con ocasión del aniversario de la luctuosa fecha.

LA ANTICONSTITUCIÓN

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Un sencillo repaso de lo ocurrido en Colombia durante los últimos años en el plano constitucional, casi todo inspirado en la coyuntura, nos permite afirmar que, imperceptiblemente para la mayoría, hemos ido desfigurando la Constitución de 1991. Ya no es la misma Constitución, mirado su contenido y examinadas sus proyecciones, no solamente merced a las reformas introducidas -bastantes, o demasiadas, para un ordenamiento tan joven, comparado con otros-, sino por causa de la interpretación que de ella hacen los operadores jurídicos, incluída la Corte Constitucional, y por la menera como es aplicada (o en muchos casos inaplicada).

Nos parece que, aunque identificado el pueblo con la mayoría de los valores y principios constitucionales, los enemigos de la Constitución han logrado manipular la conciencia colectiva, para que los valores que se buscan y los principios que se practican sean totalmente alejados del modelo institucional plasmado por el Constituyente, en medio de una gran confusión ideológica y política. Ello puede apreciarse en el concepto del Estado Social de Derecho, que se ha convertido con el paso del tiempo en una declaración romantica y -para los usufructuarios del gran poder económico- "ridícula y vacía".

"Estado Social de Derecho" en una sociedad en la cual los pobres son despojados de sus más ínfimos ahorros y de sus viviendas, adquiridas durante años de esfuerzos, por familias que pagaron y pagaron, pero que al final fueron derrotadas por el aumento inclemente de las cuotas de amortización, de los intereses y de la corrección monetaria, sin el menor apoyo de las autoridades, sino, por el contrario, teniéndolas como sus peores enemigas, integrantes de la parte contraria en todo pleito.

"Estado Social de Derecho", bajo cuyo amparo mueren niños de hambre en el Chocó y en otras zonas del país, a ciencia y paciencia del Ministerio curiosa y paradójicamente llamado "de protección social". Y en donde las madres cabeza de familia, expresamente señaladas por el artículo 43 de la Constitución como merecedoras de una especial protección, son despedidas de las empresas estatales con el mentiroso amparo del "retén social", y completamente abandonadas a su suerte, so pretexto de reestructuración.

"Estado Social de Derecho", en el que los niños de corta edad y los enfermos, aunque estén en peligro de muerte, son despachados de los centros asistenciales por decisiones inapelables de los porteros, y deben padecer el adecuadamente denominado por la prensa "paseo de la muerte".

"Estado Social de Derecho", en el que una mujer se ve obligada a dar a luz bajo un árbol y en medio de la lluvia, frente a un centro asistencial que no la recibe por falta de quince mil pesos.

"Estado Social de Derecho", en el que se prefiere a ricos empresarios amigos del Gobierno, sobre los desplazados por la violencia, en un terreno extenso llamado "Carimagua".

"Estado Social de Derecho", en que los medios y las empresas patrocinan sin límites una marcha ciudadana contra las FARC, pero que no vacilan en obstruir la marcha de un mes después, contra los crímenes de los paramilitares, y en que cuatro de los organizadores de la segunda marcha son muertos en circunstancias no aclaradas.

Ya llevamos veinticuatro reformas constitucionales en dieciséis años, lo que muestra que la hemos ido convirtiendo en una constitución flexible, como de plastilina, manipulable y "manoseable".

El solo Acto Legislativo 2 de 2004, por el cual se plasmó la reelección presidencial para el período inmediato -y al que la Corte Constitucional, en fallo político, no encontró reparo alguno- implicó cambios sustanciales en la filosofía de la Carta Política, y dio lugar a numerosas contradicciones sobre el espíritu y las reglas aplicables al servicio público. Por ejemplo, resulta incomprensible que el ejercicio de autoridad política, administrativa, militar o civil, dentro del año anterior constituya causa de inhabilidad para ser congresista, pero que el titular de la mayor suma de poder y autoridad -el Presidente de la República- sí pueda aspirar a ser elegido e inclusive hacer campaña a la vez que ejerce ese poder y esa autoridad.

En el terreno de la descentralización y autonomía de las entidades territoriales, y en el campo de la inversión social, se han plasmado en los actos legislativos 1 de 2001 y 4 de 2007, y en las leyes 617 de 2.000 y 715 de 2.001, sin contar los decretos que desarrollan la última reforma, normas filosóficamente opuestas a las del 91, dando lugar a un Estado unitario rígidamente centralizado.

No se ha expedido el Estatuto del Trabajo que ordenó el artículo 53 de la Constitución, pero sí se han dictado leyes por cuyo ministerio se quita a los trabajadores garantías y derechos, y que la misma Corte Constitucional califica de "regresivas" , aunque eso no ha sido suficiente para que el Tribunal defensor de la Constitución las declare inexequibles.

Con el famoso pago de una recompensa cuantiosísima a un guerrillero por haber matado a dos personas, y por haber mutilado el cadáver de una de ellas, a diferencia de millones de ciudadanos honestos que no se han enredado con la delincuencia pero que reciben -para mantener a sus familias- salarios de hambre, en realidad se consagró la pena de muerte "por la puerta de atrás", como ya lo hemos dicho en estas columnas.

Fue expedida una ley, denominada de "Justicia y Paz", que en sí misma es de injusticia e impunidad, y el Estado no ha sido eficiente al cumplirla, pese a los cuantiosos recursos externos enviados como apoyo a las autoridades competentes. Ahora está anunciando la Fiscalía que, ante el gran número de paramilitares acogidos a ella, les formulará imputaciones apenas parciales por los crimenes que confiesan, a la vez que informa haber hallado hasta ahora más de 4.000 tumbas o fosas a lo largo y ancho del territorio, en donde los paramilitares depositaron más de 6.000 cadáveres de sus víctimas, sin contar los miles de muertos, previamente torturados, que ya antes han sido denunciados, sin que haya la más mínima reparación a las víctimas.... Pero el Estado perdió el tiempo; ve próximo el vencimiento de los términos, y a estos individuos no es apto ni eficaz en la función de procesarlos, dejando el campo libre a los tribunales internacionales de Derechos Humanos.

Toda decisión parece provenir del Ejecutivo, con la honrosa salvedad de las emnadas de una independiente Corte Suprema de Justicia, y todo el mundo parece esperar siempre, en cada cosa y para cada decisión, el "guiño" del Presidente, a la vez que se prepara el escenario y los instrumentos políticos para una segunda reelección, con un texto tan exclusivo como el presentado en estos días a las autoridades electorales, que nos imaginamos sulfura al mismo Dr. Uribe, en cuya virtud únicamente el ciudadano que haya desempeñado dos veces contínuas la presidencia de la República podrá aspirar a ser reelegido. Nadie protesta, y nadie -ni siquiera los ex presidentyes afectados- dice palabra alguna.

El Gobierno, con miras a obtener una liberación de secuestrados que ha debido conseguir hace años por la vía del diálogo, dicta un decreto reglamentario que permitirá la liberación de guerrilleros condenados inclusive por crímenes de lesa humanidad, y los secuestrados siguen padeciendo su calvario, y permanecerán en cautiverio mientras no sea políticamente útiles para alguien.

Y así, podríamos seguir enunciando cómo es la "Anti- Constitución", sobre lo cual seguramente volveremos en estas páginas, suministrando a ustedes "Elementos de Juicio".