LA ANTICONSTITUCIÓN

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Un sencillo repaso de lo ocurrido en Colombia durante los últimos años en el plano constitucional, casi todo inspirado en la coyuntura, nos permite afirmar que, imperceptiblemente para la mayoría, hemos ido desfigurando la Constitución de 1991. Ya no es la misma Constitución, mirado su contenido y examinadas sus proyecciones, no solamente merced a las reformas introducidas -bastantes, o demasiadas, para un ordenamiento tan joven, comparado con otros-, sino por causa de la interpretación que de ella hacen los operadores jurídicos, incluída la Corte Constitucional, y por la menera como es aplicada (o en muchos casos inaplicada).

Nos parece que, aunque identificado el pueblo con la mayoría de los valores y principios constitucionales, los enemigos de la Constitución han logrado manipular la conciencia colectiva, para que los valores que se buscan y los principios que se practican sean totalmente alejados del modelo institucional plasmado por el Constituyente, en medio de una gran confusión ideológica y política. Ello puede apreciarse en el concepto del Estado Social de Derecho, que se ha convertido con el paso del tiempo en una declaración romantica y -para los usufructuarios del gran poder económico- "ridícula y vacía".

"Estado Social de Derecho" en una sociedad en la cual los pobres son despojados de sus más ínfimos ahorros y de sus viviendas, adquiridas durante años de esfuerzos, por familias que pagaron y pagaron, pero que al final fueron derrotadas por el aumento inclemente de las cuotas de amortización, de los intereses y de la corrección monetaria, sin el menor apoyo de las autoridades, sino, por el contrario, teniéndolas como sus peores enemigas, integrantes de la parte contraria en todo pleito.

"Estado Social de Derecho", bajo cuyo amparo mueren niños de hambre en el Chocó y en otras zonas del país, a ciencia y paciencia del Ministerio curiosa y paradójicamente llamado "de protección social". Y en donde las madres cabeza de familia, expresamente señaladas por el artículo 43 de la Constitución como merecedoras de una especial protección, son despedidas de las empresas estatales con el mentiroso amparo del "retén social", y completamente abandonadas a su suerte, so pretexto de reestructuración.

"Estado Social de Derecho", en el que los niños de corta edad y los enfermos, aunque estén en peligro de muerte, son despachados de los centros asistenciales por decisiones inapelables de los porteros, y deben padecer el adecuadamente denominado por la prensa "paseo de la muerte".

"Estado Social de Derecho", en el que una mujer se ve obligada a dar a luz bajo un árbol y en medio de la lluvia, frente a un centro asistencial que no la recibe por falta de quince mil pesos.

"Estado Social de Derecho", en el que se prefiere a ricos empresarios amigos del Gobierno, sobre los desplazados por la violencia, en un terreno extenso llamado "Carimagua".

"Estado Social de Derecho", en que los medios y las empresas patrocinan sin límites una marcha ciudadana contra las FARC, pero que no vacilan en obstruir la marcha de un mes después, contra los crímenes de los paramilitares, y en que cuatro de los organizadores de la segunda marcha son muertos en circunstancias no aclaradas.

Ya llevamos veinticuatro reformas constitucionales en dieciséis años, lo que muestra que la hemos ido convirtiendo en una constitución flexible, como de plastilina, manipulable y "manoseable".

El solo Acto Legislativo 2 de 2004, por el cual se plasmó la reelección presidencial para el período inmediato -y al que la Corte Constitucional, en fallo político, no encontró reparo alguno- implicó cambios sustanciales en la filosofía de la Carta Política, y dio lugar a numerosas contradicciones sobre el espíritu y las reglas aplicables al servicio público. Por ejemplo, resulta incomprensible que el ejercicio de autoridad política, administrativa, militar o civil, dentro del año anterior constituya causa de inhabilidad para ser congresista, pero que el titular de la mayor suma de poder y autoridad -el Presidente de la República- sí pueda aspirar a ser elegido e inclusive hacer campaña a la vez que ejerce ese poder y esa autoridad.

En el terreno de la descentralización y autonomía de las entidades territoriales, y en el campo de la inversión social, se han plasmado en los actos legislativos 1 de 2001 y 4 de 2007, y en las leyes 617 de 2.000 y 715 de 2.001, sin contar los decretos que desarrollan la última reforma, normas filosóficamente opuestas a las del 91, dando lugar a un Estado unitario rígidamente centralizado.

No se ha expedido el Estatuto del Trabajo que ordenó el artículo 53 de la Constitución, pero sí se han dictado leyes por cuyo ministerio se quita a los trabajadores garantías y derechos, y que la misma Corte Constitucional califica de "regresivas" , aunque eso no ha sido suficiente para que el Tribunal defensor de la Constitución las declare inexequibles.

Con el famoso pago de una recompensa cuantiosísima a un guerrillero por haber matado a dos personas, y por haber mutilado el cadáver de una de ellas, a diferencia de millones de ciudadanos honestos que no se han enredado con la delincuencia pero que reciben -para mantener a sus familias- salarios de hambre, en realidad se consagró la pena de muerte "por la puerta de atrás", como ya lo hemos dicho en estas columnas.

Fue expedida una ley, denominada de "Justicia y Paz", que en sí misma es de injusticia e impunidad, y el Estado no ha sido eficiente al cumplirla, pese a los cuantiosos recursos externos enviados como apoyo a las autoridades competentes. Ahora está anunciando la Fiscalía que, ante el gran número de paramilitares acogidos a ella, les formulará imputaciones apenas parciales por los crimenes que confiesan, a la vez que informa haber hallado hasta ahora más de 4.000 tumbas o fosas a lo largo y ancho del territorio, en donde los paramilitares depositaron más de 6.000 cadáveres de sus víctimas, sin contar los miles de muertos, previamente torturados, que ya antes han sido denunciados, sin que haya la más mínima reparación a las víctimas.... Pero el Estado perdió el tiempo; ve próximo el vencimiento de los términos, y a estos individuos no es apto ni eficaz en la función de procesarlos, dejando el campo libre a los tribunales internacionales de Derechos Humanos.

Toda decisión parece provenir del Ejecutivo, con la honrosa salvedad de las emnadas de una independiente Corte Suprema de Justicia, y todo el mundo parece esperar siempre, en cada cosa y para cada decisión, el "guiño" del Presidente, a la vez que se prepara el escenario y los instrumentos políticos para una segunda reelección, con un texto tan exclusivo como el presentado en estos días a las autoridades electorales, que nos imaginamos sulfura al mismo Dr. Uribe, en cuya virtud únicamente el ciudadano que haya desempeñado dos veces contínuas la presidencia de la República podrá aspirar a ser reelegido. Nadie protesta, y nadie -ni siquiera los ex presidentyes afectados- dice palabra alguna.

El Gobierno, con miras a obtener una liberación de secuestrados que ha debido conseguir hace años por la vía del diálogo, dicta un decreto reglamentario que permitirá la liberación de guerrilleros condenados inclusive por crímenes de lesa humanidad, y los secuestrados siguen padeciendo su calvario, y permanecerán en cautiverio mientras no sea políticamente útiles para alguien.

Y así, podríamos seguir enunciando cómo es la "Anti- Constitución", sobre lo cual seguramente volveremos en estas páginas, suministrando a ustedes "Elementos de Juicio".