LO QUE REALMENTE DISPUSO LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO A LOS CONGRESISTAS

Por considerar que ha habido alguna desinformación sobre los alcances y el sentido de la Sentencia C-545 del pasado 28 de mayo, hablando de una segunda instancia de la que no habló la Corte para juzgar a los congresistas, juzgamos necesario transcribir -a falta del fallo, que no se ha firmado ni publicado- presentar a nuestros lectores el texto completo del Comunicado de Prensa número 25, de la Corte Constitucional, que dice:
"COMUNICADO DE PRENSA No. 25
La Corte Constitucional, en la sesión de la Sala Plena celebrada el día 28 de mayo de 2008, adoptó ente otras, la siguiente decisión:
EXPEDIENTE D-6960 - SENTENCIA C-545/08 Magistrado ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla 1. Norma acusadaLEY 906 DE 2006(agosto 31)“Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal”Artículo 533.- DEROGATORIA Y VIGENCIA. El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.Los artículos 531 y 532 del presente código, entrarán en vigencia a partir de su publicación.
2. Problema jurídico planteado

Según la demanda, en el presente caso le correspondía a la Corte establecer, si continuar aplicando el procedimiento penal contemplado en la Ley 600 de 2000 a los casos de investigación y juzgamiento por la Corte Suprema de Justicia de los miembros del Congreso (art. 235, numeral 3 C.P.) y no el proceso penal acusatorio contenido en la Ley 906 de 2004, desconoce o no el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.

3. Decisión
Declarar EXEQUIBLE la expresión "Los casos de que trata el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000"”, contenida en el inciso primero del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que el legislador debe separar, dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, las funciones de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, para las conductas punibles cometidas a partir del 29 de mayo de 2008.
4. Razones de la decisión
La Corte reafirmó el fundamento constitucional de la competencia de la Corte Suprema de Justicia para investigar y juzgar a los miembros del Congreso.
En este sentido reiteró que el fuero penal especial establecido para el juzgamiento de los congresistas por la Corte Suprema de Justicia, corresponde a uno de los elementos característicos de un Estado democrático, que protege a ciertos funcionarios del Estado, con el propósito de garantizar la dignidad del cargo y de sus instituciones, al igual que su independencia y autonomía, para cumplir a cabalidad con las funciones que les han sido encomendadas.
A su vez recabó que dicho fuero constitucional no se instituye como un privilegio de carácter personal, sino en razón de la investidura de congresista y con una finalidad protectora de la integridad y la autonomía del Congreso de la República, cuyos miembros son investigados y juzgados por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
De otro lado, advirtió, que al mismo tiempo que se establece esa competencia en cabeza de la Corte Suprema de Justicia (art. 235-3 C.P.), el Constituyente varió el modelo procesal penal en el que la investigación y el juzgamiento se asigna por regla general a órganos distintos (Acto Legislativo N° 3 de 2002), que procura reafirmar la imparcialidad, independencia y autonomía del juez y las garantías procesales consagradas en la Constitución, acorde con los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha ratificado y la creciente tendencia universal a separar investigación y juzgamiento, como uno de los elementos esenciales de un juicio justo.
Para la Corte, el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución no puede interpretarse de manera aislada, sino en concordancia con los postulados, valores, principios, derechos y garantías consagradas en el ordenamiento superior, en consonancia con los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, tal y como lo dispone el artículo 93 de la Carta. En el caso particular, han de observarse el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8º), que consagran el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, concepto este último que ha venido evolucionando en la doctrina internacional reciente, para que se evite ya no sólo la parcialización intencional sino el apego a preconceptos. Por ello, si bien es cierto que el Legislador cuenta con un amplio margen de configuración de los procedimientos, también lo es que el desarrollo de esta potestad está sometido a dichos postulados y garantías superiores, como también debe obedecer a un ejercicio razonable y proporcionado de dicha facultad.
Desde esa perspectiva, la concentración en un solo órgano de la investigación y juzgamiento de los congresistas, por el fuero constitucional, configura una excepción a la regla general propia del sistema procesal penal de tendencia acusatoria adoptado mediante el Acto Legislativo N° 3 de 2002, sin que esto pueda significar que los funcionarios aforados no gocen de las mismas garantías procesales que tiene toda persona vinculada a una investigación penal, de conformidad con los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos de los que es parte Colombia.
En consecuencia, la Corte concluyó que si bien es cierto que la competencia integral de la Corte Suprema de Justicia para adelantar tanto la investigación como el juzgamiento de los miembros del Congreso tiene pleno respaldo constitucional, también lo es que el Legislador al establecer el procedimiento a seguir en esos juicios, debe respetar los límites constitucionales, en particular, los postulados y garantías fundamentales de que goza todo procesado, incluida la investigación y el juzgamiento imparcial, en el sentido más amplio que se viene adoptando.
Para la Corte, aunque la norma acusada es exequible, la dinámica del derecho impone que a partir de la expedición de esta sentencia y para el procesamiento de las conductas punibles cometidas de ahora en adelante, se separe dentro del propio ámbito del juez natural de los miembros del Congreso, que es la Corte Suprema de Justicia, la función de investigación de la de juzgamiento, de manera que en ésta no participe ningún magistrado que haya adelantado aquélla, la cual será encomendada a una sala, cuerpo, sección o funcionario diferente vinculado a la propia corporación, según se determine en ejercicio de las facultades estatuidas en el artículo 234 superior.Con esta decisión, se avanza en el desarrollo de los principios del juicio justo, preservando las competencias consagradas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en el artículo 75.7 de la Ley 600 de 2000 (equivalente al 32.7 de la Ley 906 de 2004).
El Legislador establecerá el respectivo régimen de transición, si lo estima pertinente, acatando los efectos erga omnes y no retroactivos de esta sentencia, inclusive frente a delitos cometidos con anterioridad a su expedición que aún no estén siendo investigados. No habrá lugar a excepción de inconstitucionalidad.5. El Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, salvó el voto a la decisión por varias consideraciones dentro de los cuales se destacan: (i) Se trata de un cambio de jurisprudencia, de muchas decisiones en materia de tutela y constitucionalidad en las cuales se ha decidido la adecuación constitucional de los procesos penales de la Corte Suprema y su sujeción al debido proceso, no en abstracto, sino de acuerdo a la configuración prevista en la Constitución (art. 235-3) y en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. El fallo desconoce lo decidido en la sentencia C-591 de 2005 y C-928 de 2007 en las cuales se sostuvo que el Acto Legislativo 2 de 2002 (que separaba las funciones de investigación y juzgamiento) no introdujo cambio alguno en los juicios adelantados ante la Corte Suprema de Justicia. Los mismos argumentos se modifican sin que existan elementos de discusión nuevos; (ii) La decisión genera importantes márgenes de incertidumbre en tanto no se pronuncie expresamente sobre la distribución de las funciones al interior de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente se puede generar un limbo jurídico a los Congresistas que incurran en conductas delictivas a partir del 29 de mayo, pues su juzgamiento se supedita a una ley que en el futuro determine como serán juzgados; (iii) Se trata de una sentencia formalmente interpretativa pero que materialmente se puede asimilar a una sentencia con efectos diferidos, en la que se distingue, por una parte, los efectos para los Congresistas que realicen conductas punibles a partir del 29 de mayo, pues éstos sólo sabrán en el futuro quien los juzgará y quien los investigará al interior de la Corte Suprema de Justicia. Y por otra, los Congresistas que han sido juzgados y quienes están siendo objeto de investigación y juzgamiento en la actualidad.
Una vez declarada una inconstitucionalidad sobre esta materia, en virtud del principio de favorabilidad penal, no es posible fundamentar constitucionalmente que una misma ley inconstitucional es válida para unos casos y no para otros. De igual forma la Corte no puede disponer del alcance de la figura de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4) ni enervar las eventuales nulidades procesales por aplicación de la ley inconstitucional. Las declaraciones sobre el alcance temporal expresadas en la sentencia de la cual se aparta son de carácter formal, pues materialmente las consecuencias podrían ser incluso contrarias.
El fallo desconoce abiertamente lo decido en sentencia C- 591 de 2005 y C- 928 de 2007 en las cuales se sostuvo que el Acto Legislativo 03 de 2002 no introdujo cambio alguno en los juicios adelantados ante la Corte Suprema de Justicia.
De igual manera, el problema de la conformidad de la estructura y funcionamiento de los juicios adelantados por la Corte Suprema de Justicia con los tratados internacionales sobre derechos humanos ya había sido decidido por la Corte Constitucional en sentencia C- 934 de 2006, providencia en la cual se reitera lo fallado en sentencias C- 142 de 1993, C- 561 de 1996, C- 411 de 1997 , C- 040 de 2002, C- 873 de 2003.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente"

EGIPTO: 67 AÑOS EN ESTADO DE EMERGENCIA

INFORMA LA CADENA SER DE ESPAÑA:

El Parlamento egipcio, controlado por el gobernante Partido Nacional Democrático, ha prorrogado hoy dos años más a petición del presidente Hosni Mubarak, la Ley de Emergencia, vigente en el país de forma continua desde 1981 y que, salvo 19 años, ha sido la norma desde 1914.Esta legislación excepcional, condenada sistemáticamente por las fuerzas políticas y civiles así como por las organizaciones de derechos humanos, se ha convertido en el instrumento del régimen para perpetuarse en el poder.

La perpetuación de esta situación anula de hecho un gran número de derechos personales, civiles y políticos como el derecho a la huelga, a ser asistido por un abogado en caso de ser detenido o a celebrar mítines políticos.

Hossam Buhgat, director de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales, ha afirmado sentir una "gran decepción porque Mubarak no ha cumplido ninguna de las promesas que realizó antes de su reelección de 2005, entre ellas la supresión de la Ley de Emergencia o de las penas de cárcel contra los delitos de prensa". "El gran problema es que la Ley de Emergencia es un sistema paralelo que da amplios poderes a los cuerpos de seguridad y les permite la violación de los derechos humanos", asegura Bahgat.

Este sistema da manos libres a los aparatos de seguridad para irrumpir en cualquier vivienda y detener a cualquier persona durante periodos de 45 días y de manera indefinida sin necesidad de notificarlo a las autoridades judiciales, es una patente de corso que el régimen no duda en utilizar contra todo incómodo activista.La 'Maza de Vulcano'Sin embargo, el régimen insiste en que pronto sustituirá esta normativa que, más que una espada de Damocles sobre las libertades cívicas y los derechos humanos, es descrita por sus críticos como la "maza de Vulcano" con la que el régimen aplasta cualquier movimiento contestatario.

El ejecutivo lleva prometiendo desde hace dos años la implantación de esta criticada ley por una Ley Antiterrorista. Sin embargo, Dia Rashuan, analista político del Centro de Estudios Estratégicos Ahram, considera que esta prórroga de dos años es una decisión política y nada tiene que ver con su sustitución por otra ley, porque de lo contrario se hubiera ampliado su vigencia sólo un año.Para Rashuan, la presencia de esta ley no ha servido para mejorar la situación en el país y sólo sirve para coartar las actividades de los grupos opositores y dar más poderes a los cuerpos de seguridad.

La gran justificación por parte del régimen de Mubarak de la Ley de Emergencia ha sido precisamente el terrorismo de inspiración islámica, como el que sufrió Egipto en los años noventa y que resurgió en 2004 y 2005 en dos atentados en Sharm el Sheij y El Cairo.

La Ley de Emergencia fue impuesta por primera vez en la historia contemporánea egipcia en 1914 y desde entonces hasta hoy sólo ha estado 19 años sin aplicarse. Gamal Abdel Naser la impuso dos años después de erigirse como el primer presidente de la República en 1956 coincidiendo con la invasión anglo-franco-israelí del Canal de Suez y, aunque la derogó en 1964, la volvió a imponer en 1967 tras el estallido de la guerra árabe-israelí de 1967.

Su sucesor, Anwar al Sadat que ocupó la jefatura del Estado tras la muerte de Naser en 1970 heredó estas leyes excepcionales y no las suprimiría hasta mayo de 1980.

Diecisiete meses después de esta medida, el 6 de octubre de 1981, Sadat fue asesinado por un militar radical de tendencia islámica durante un desfile castrense, lo que desembocó en la nueva activación de la Ley de Emergencia en la misma forma en que se mantiene hasta nuestros días.

Desde entonces ha sido renovada periódicamente por el Parlamento en "sesiones exprés", con la intención, como denuncia la oposición, de evitar el surgimiento de movimientos críticos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y MINISTRA DE LA IGUALDAD DE ESPAÑA ESTÁN DE ACUERDO EN LA PENALIZACIÓN MÁS FUERTE AL VARÓN MALTRATADOR

INFORME DE LUDOVICO ARIOSTO

Se ha pronunciado la Ministra española de la Igualdad, Bibiana Aído, acerca del fallo del Tribunal Constitucional que respalda penalizar más fuerte al hombre maltratador, en caso de violencia familiar, que a la mujer. Ha sostenido que ese trato diferente de la ley no vulnera el principio de igualdad, dada la mayor debilidad de la mujer.

Para la alta funcionaria, ese incremento en las sanciones penales de los maltratadores supone que "se tiene en cuenta legislativamente que las mujeres, sólo por su condición de tales, han sido históricamente vulnerables y situadas en una condición de inferioridad". Asegura en consecuencia que "es legítimo sancionar más duramente la violencia que cometen los agresores cuando la víctima es una mujer".

La Ministra celebró el fallo y estuvo de acuerdo con él en que en la agresión del varón hacia la mujer que es o fue su pareja se ve peculiarmente dañada la "libertad" y la "dignidad" de ésta y, además, su sometimiento a la voluntad del agresor "se ve intensificado", señala.

Estimó además como "tramposo" que se "pretenda atender al principio de igualdad entre mujeres y hombres si no se toma como punto de partida la situación de desigualdad existente, una desigualdad que, según sus palabras, "se traduce en la incompleta ciudadanía de las mujeres" y en un "déficit democrático de la sociedad".

Manifestó la Ministra Aído que las políticas públicas para corregir la discriminación femenina seguirán siendo imprescindibles. Las más frecuentes víctimas de violencia son las mujeres, y son las más débiles históricamente -señaló la Ministra-, por lo cual. en su criterio, leyes que no reconozcan esa desigualdad de orígen son obsoletas.

El Tribunal Constitucional en su sentencia estimó "razonable y proporcionada" la diferenciación penal recogida en el artículo 153 de la Ley Integral contra la Violencia de Género y que impone una sanción mayor a los hombres que ataquen, golpeen o maltraten a sus esposas o compañeras. La justificación se funda en la mayor debilidad de la mujer y tiene en cuenta las "altísimas" cifras correspondientes a casos de violencia intra familiar en que son precisamente las mujeres las agredidas, habiéndose llegado muchas veces a su muerte como consecuencia de los golpes. El Tribunal insiste en la mayor desigualdad, y por tanto desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia.

Aun cuando hay votos particulares (salvamentos de voto), el Tribunal Constitucional considera como primer aval de "razonabilidad" de la norma respecto a la diferenciación del sujeto pasivo (víctima) las altísimas cifras en torno a "la frecuencia de una grave criminalidad que tienen por objeto a la mujer y por agente a la persona que es o fue su pareja".

Igualmente, no considera "irrazonable" entender que en la agresión del varón hacia la mujer que es o fue su pareja se ve "peculiarmente dañada la libertad de ésta, se ve intensificado su sometimiento a la voluntad del agresor y resulta peculiarmente dañada su dignidad, en cuanto persona agredida, al amparo de una arraigada estructura desigualitaria que la considera como inferior, como ser con menores competencias, capacidades y derechos a los que cualquier persona merece".

Además, entiende que la desigualdad es "proporcionada porque está "significativamente limitada" la diferenciación frente a la finalidad de protección: la libertad, integridad física, psíquica y moral de las mujeres respecto a un tipo de agresiones, de las de sus parejas o ex parejas masculinas, que tradicionalmente han sido a la vez causa y consecuencia de su posición de subordinación".

El artículo 153.1 de la norma establece una mayor sanción penal (tres meses más de privación mínima de libertad) "al que" por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en el Código Penal, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

¿UNA MUERTE QUE ALEGRA? ¿Y...EL PAÍS?

Por José Gregorio Hernández Galindo

Tomado de http://www.elementosdejuicio.com/

Hemos escuchado en estos días muchas voces alegres y satisfechas por la muerte de Pedro Antonio Marin, alias Manuel Marulanda Vélez, "Tirofijo", y eso cabe dentro de la libertad de expresión, garantizada en nuestra Carta Política, si bien quien esto escribe no podría hacer lo propio, pues no entiende cómo puede hacerse compatible la alegría con la muerte. Pero eso es, al fin y al cabo, cosa de cada uno; de sus sentimientos y de su forma de percibir el mundo.

Desde una perspectiva de mayor objetividad, pensando con la mente y no con el sentimiento -el cual no permite razonar-, lo que corresponde ahora es mirar hacia el futuro del país, en medio de la crisis provocada no solamente por el conflicto armado con la organización que fundara Marulanda, sino por la presencia del paramilitarismo, que no se ha desarmado -como pretende el Ejecutivo- sino que que ha cambiado de titulares mientras sus antiguos jefes -extraditados- negocian sus penas en los Estados Unidos sin responder ante la justicia colombiana; por las dificultades, en aumento, surgidas para la legitimidad del actual gobierno a raiz de las muy graves denuncias sobre compra de votos de los congresistas durante el proceso de aprobación del Acto Legislativo que permitió la reelección del Presidente; por los no menos graves hechos que mantienen tras las rejas a numerosos congresistas y políticos debido a perniciosas relaciones con los criminales de las autodefensas; por las precarias condiciones en que se encuentra buena parte de la población en materias como la salud, el trabajo, la alimentación, la educación, el agua potable, frente a una ostensible insensibilidad estatal incrementada por las concepciones neoliberales que profesa el Gobierno; en fin, por una sociedad que se distrae, como si fuera con una película, con el desenvolvimiento de la guerra contra las FARC, mientras las causas reales que invocó la subversión en sus orígenes permanecen vigentes y son mucho más graves que hace cuarenta y cuatro años, cuando Marulanda fundó ese movimiento armado.

Claro que las FARC le han causado mucho daño a Colombia, y claro que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, se desvió de sus objetivos iniciales hacia el narcotráfico y el secuestro. Pero eso no significa que sea la única causa de nuestros males, aunque el Gobierno se empeñe en hacerlo ver así, a ciencia y paciencia de una sociedad adormecida y manipulada por los medios "light" de orientación derechista, que pretenden ahora el tercer período del doctor Uribe.

Murió Marulanda, pero, en medio de las actuales condiciones de Colombia, esa muerte no significa nada. No va a traer nada nuevo en la guerrilla, que ha renovado sus propósitos según el comunicado leído por alias "Timochenko", lo que no permite hecernos esperanzas sobre posibles acuerdos de paz. No va a traer la liberación de los secuestrados. No va a traer claridad sobre la crisis de legitimidad del gobierno. No va a solucionar el hambre y la miseria de tantos en nuestro territorio. No va a arreglar el pésimo sistema de salud que soportamos. No va a aumentar en realidad las fuentes de empleo. Ni acabará con el paramilitarismo. Ni mejorará la situación de las relaciones internacionales de Colombia.Entonces,..¿por qué la alegría causada por un deceso?

FARC CONFIRMAN MUERTE DE SU JEFE "TIROFIJO"

"Alfonso Cano", nuevo jefe de la organización armada

Informe de Ludovico Ariosto

Las FARC han confirmado en las últimas horas la muerte de su comandante en jefe, alias "Tirofijo", y han anunciado que su reemplazo será Alfonso Cano.En un video transmitido por la cadena Telesur, hizo el anuncio el guerrillero Timoleón Jiménez. También se expidió, por parte de las FARC, un comunicado que dice textualmente, según Prensa Latina:
"Comandante Manuel Marulanda Vélez: Juramos Vencer!
Cuando hace 60 años, la oligarquía desató la guerra fratricida en nuestro país a través del terrorismo oficial y los odios partidistas buscando cambios en la tenencia de la tierra y la recomposición del poder político, desestimó la enorme capacidad de resistencia de nuestro pueblo y las colosales dimensiones de su dignidad.
Al igual que centenares de miles de campesinos, Pedro Antonio Marín fue perseguido desde entonces por el gobierno y los sicarios paramilitares de la época, obligado a abandonar su sosiego, trabajo y pertenencias y luego, a defenderse para sobrevivir a la barbarie oficial en aciago episodio de nuestra historia nacional que costó la vida a cerca de 300 mil compatriotas y propició el despojo impune de millones de hectáreas de tierras fértiles que pasaron a manos de poderosos jefes liberales y conservadores de todo el país.
Desde entonces, merced a su liderazgo y enormes capacidades político-militares, quien luego se llamaría Manuel Marulanda Vélez en homenaje a un líder sindical asesinado, fue asimilando su experiencia militar y desarrollando una visión del mundo revolucionaria y comunista que le permitió comprender cabalmente las profundas causas económicas, sociales y políticas no solo de su propia situación personal sino de los profundos desequilibrios, violencias e injusticias de nuestra sociedad.
Cuando en 1964, la oligarquía lanza en el sur del Tolima una nueva y criminal ofensiva militar contra el campesinado denominada Plan Laso, bajo la abierta dirección del Pentágono norteamericano, Manuel Marulanda Vélez junto a 47 campesinos, luego de innumerables gestiones políticas por la paz que no fueron atendidas, se levanta en armas para enfrentar la agresión e ir al fondo de la solución: luchar por el poder político y sentar las bases de una sociedad con justicia social en marcha al socialismo.
Si Washington y la oligarquía no permiten la lucha revolucionaria por las vías democráticas entonces optamos por esa única opción posible y ¡Nacen las FARC!
Inigualable estratega, conductor genial, guerrero invencible, líder invicto de mil batallas políticas y militares libradas durante 60 años de brega reivindicando los derechos de los pobres y enfrentando las violencias de los poderosos, revolucionario integral que asimiló la teoría de los grandes pensadores fundiéndola con las verdades que extrajo a la vida en su práctica diaria, forjándose como uno de los más destacados dirigentes revolucionarios de todos tiempos.
La humanidad no tiene antecedentes de un líder de las condiciones de Manuel Marulanda Vélez que haya luchado ininterrumpidamente 60 años, desde la oposición armada, y salido indemne y fortalecido luego de inmensos operativos militares de arrasamiento como el Plan Laso en Marquetalia, la Operación Sonora en la cordillera Central, la operación Casa Verde, operación Destructor 1 y Destructor 2, Plan Patriota, Plan Colombia.
E indemne y fortalecido también, luego de confrontaciones políticas de carácter estratégico como las desarrolladas en los procesos de conversaciones con el Estado colombiano en Casa Verde, Caracas, México y en el Yarí que pretendieron el sometimiento de la voluntad política y de lucha de las FARC sin ningún cambio en las estructuras de la sociedad ni en las correlaciones del poder político.
En unas y en otras confrontaciones nuestro comandante evidenció su sabiduría y su capacidad para salir siempre airoso por muy adversas y difíciles que fuesen las tormentas y los peligros y nos señalizó la ruta.
Con inmenso pesar informamos que nuestro comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez, murió el pasado 26 de marzo como consecuencia de un infarto cardíaco, en brazos de su compañera y rodeado de su guardia personal y de todas las unidades que conformaban su seguridad, luego de una breve enfermedad.
Le hemos rendido los honores que merece un conductor de su dimensión y dado honrosa sepultura. Lo despedimos físicamente en nombre de los miles y miles de guerrilleros farianos y milicianos bolivarianos y de los millones de colombianos y ciudadanos del mundo que lo valoran, admiran y aman por encima de la asquerosa campaña mediática contra las FARC.
A todos ellos y a sus familiares les hacemos llegar nuestra solidaridad y nuestra voz de condolencia.
Se ha marchado el gran líder y de sus inagotables enseñanzas que nos maduraron en todos estos años a su lado, hoy, en medio de nuestro dolor, queremos resaltar por su vigencia y gran valor su profunda confianza en nuestros principios revolucionarios planes, propuestas y en la victoria de la causa popular; la templanza para enfrentar las dificultades; y la esencial importancia que significa la sólida unidad interna que nos ha permitido desarrollarnos con vigor en todos los momentos de nuestra existencia.
En medio de la más grande ofensiva reaccionaria contra organización revolucionaria alguna en la historia de Latinoamérica, continuaremos nuestras tareas acorde con los planes aprobados, sólidamente unidos y profundamente optimistas de salir avantes pese a la adversidad.
Con las banderas de Bolívar, de Jacobo y de Manuel muy en alto, proseguiremos sin descanso nuestra lucha hasta lograr el objetivo de la nueva Colombia, la Patria Grande Latinoamericana y el Socialismo. ¡Lo juramos ante la tumba de nuestro comandante!
La confrontación ni da respiro y la lucha prosigue. Acordamos unánimemente que a la cabeza del secretariado y como nuevo comandante del EMC esté el camarada Alfonso Cano. Como integrante pleno del secretariado ingrese el camarada Pablo Catatumbo y suplentes los camaradas Bertulfo Álvarez y Pastor Alape.
Continuaremos alentando la lucha popular, la conformación del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia y del Partido Comunista Clandestino, así como la convergencia con todos aquellos que luchen por la justicia social, la soberanía nacional y la democracia verdadera.
Toda la fuerza fariana continuará profundamente comprometida en cada área y en todo el país a sacar adelante los planes, estrechamente vinculada a la población civil como garantía del éxito.Nuestras propuestas alrededor de los acuerdos humanitarios y las salidas políticas continúan vigentes tal cual lo hemos reiterado en múltiples ocasiones así como aquellas expuestas tanto en el Manifiesto como en la Plataforma Bolivariana lanzadas desde estas cordilleras serán confluencia y generaran esfuerzo mancomunado por lograr la paz democrática y el sosiego que nos robó la oligarquía desde hace 60 años.Al conmemorar el 44 aniversario de las FARC, le rendimos sentido homenaje a nuestro comandante Manuel Marulanda Vélez, a Jacobo, a Raúl, a Iván Ríos, a Efraín Guzmán y a todos aquellos que generosamente dedicaron y ofrendaron su vida a la causa de los pobres, sin pedir nada a cambio, tan solo por su intima convicción de buscar el bien común como característica de su compromiso revolucionario.Comandante Manuel Marulanda Vélez: Morir por el pueblo ¡es vivir para siempre!Ante el altar de la patria: Juramos vencer!Secretariado del Estado Mayor Central.
FARC E.P., mayo de 2008".

MURIÓ ALIAS "TIROFIJO"

En entrevista concedida a la revista SEMANA, el Ministro de Defensa Nacional, Juan Manuel Santos, informó que Pedro Antonio Marín, verdadero nombre del conocido fundador y jefe de las FARC Manuel Marulanda Vélez, alias "Tirofijo", murió hace varios meses, no se sabe si en el curso de combates con la Fuerza Pública o por una situación de choque en su salud.

El siguiente es el aparte central en esta materia, de la mencionada publicación, que circulará a partir de mañana:

"M.I.R.: ¿'Tirofijo' está muerto?J.M.S.: Esa es la última información que tenemos y que estamos corroborando.M.I.R.: ¿Puedo titular esta entrevista, ''Tirofijo' está muerto'?J.M.S.: El riesgo es suyo.M.I.R.: ¿Y cuándo murió?J.M.S.: La inteligencia nos dice que el 26 de marzo de este año.M.I.R.: ¿Y cómo murió?J.M.S.: No sabemos. En esas fechas hubo tres bombardeos fuertes en donde se pensaba que estaba 'Tirofijo'. La guerrilla dice que de paro cardíaco. No tenemos pruebas ni de lo uno ni de lo otro. M.I.R.: ¿Y qué más información tiene sobre su muerte?J.M.S.: Hasta ahora sólo tengo esos datos.M.I.R.: ¿Y sabe quién va a reemplazarlo?J.M.S.: Todo nos indica que Alfonso Cano ".

Hace pocos minutos, hoy sábado, el Ministerio de Defensa, por comunicado oficial, ha confirmado el deceso de "Tirofijo".

La siguiente es la información entregada al mundo popr AFP y EFE:"Pedro Antonio Marín (Génova, Colombia, 1930), nombre real de 'Manuel Marulanda Vélez', alias 'Tirofijo', es el fundador histórico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más activa de América. Pero antes de eso fue campesino, carnicero, leñador, tendero y panadero en su pueblo natal, del que salió "expulsado por la violencia".'Tirofijo', que pasará a la historia como "el guerrillero más viejo del mundo" y el creador del ejército insurgente que ha puesto en jaque a sucesivos gobiernos de Colombia, pudo haber fallecido el pasado 26 de marzo, según reveló en la revista colombiana 'Semana' el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, quien, para avalar esa información, se refirió a "una fuente que nunca ha fallado".

'Marulanda' ,—un apodo adoptado en honor al antiguo líder sindicalista asesinado,— nació en Génova, localidad del departamento del Quindío (centro-oeste de Colombia), en mayo de 1930, y su vida quedó profundamente marcada por el asesinato, el 9 de abril de 1948, del líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán.La muerte de Gaitán marcó el inicio de una época sangrienta que se extendió durante varias décadas en Colombia, conocida genéricamente como "la violencia".

Según algunos de sus biógrafos, Marulanda se ganó el apelativo de 'Tirofijo' por su buena puntería, pues "donde ponía el ojo, ponía la bala".

Pedro Antonio Marín era, según una ficha de su biografía que consta en los archivos de la Biblioteca Luis Angel Arango de Bogotá, "un leñador de filiación liberal" y, tras el asesinato de Gaitán, "aprende desde ese momento a cargar un arma y vivir huyendo de la policía tras ver cómo perseguían a su familia".

A los 20 años, 'Tirofijo' se levantó contra el terror desatado por las milicias del partido conservador de la época. Vio cómo varios de sus familiares caían bajo las balas de aquellos soldados.Su 'bautismo de fuego' como guerrillero tuvo lugar en septiembre de 1949, cuando, en compañía de varios de sus hermanos y primos, asaltó su pueblo natal, Génova, en un ataque frustrado por la Policía.

Tras organizar a las autodefensas campesinas en su región, con tendencias comunistas, organiza en 1966 las FARC, junto al dirigente Luis Alberto Morantes, alias 'Jacobo Arenas', ya fallecido y que fue uno de los ideólogos de esa guerrilla.Algunos de sus compañeros de armas describieron a 'Tirofijo' en varias ocasiones como un "hombre desconfiado" pese a su apariencia de "campesino bonachón".

Con Jacobo Prías Álape, alias 'Charronegro', Jesús María Oviedo, 'Mariachi', e Isauro Yosa, alias 'Lister', a los que hay que sumar a 'Jacobo Arenas', empezó a escribir desde la década de los años 50 un capítulo especial de la política y la violencia de las últimas décadas en Colombia, y desde entonces fue un mito viviente y popular.

"Surgían relatos de combates inverosímiles del hombre solo contra batallones enteros, se componían canciones sobre su vida y se especulaba de pactos con el diablo. Incluso la prensa llegó a dar cuenta de su entierro, con fotos y todo, en 1951", señaló el historiador Orlando Villanueva, en su libro 'Guerrilleros y bandidos'.Antes de fundar las FARC, el 27 de mayo de 1964, comenzó la 'Operación Marquetalia' del presidente Guillermo León Valencia, una gigantesca acción militar para derrotar los movimientos de autodefensa del centro-oeste y sur de Colombia. Allí, 'Tirofijo' y menos de medio centenar de hombres resistieron la embestida de bombardeos y un impresionante cerco militar.El 27 de mayo de 1966 es considerado 'el día del nacimiento' de las FARC que, desde entonces, se extendió a buena parte del país.

Sin embargo, señalan algunos estudios, "entre 1974 y 1982, el grupo tuvo un crecimiento lento que se centró en zonas campesinas distantes de los grandes centros urbanos".La expansión de la guerrillaDurante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), los colombianos "volvieron a ver la cara" de 'Tirofijo', a quien muchos creían muerto.Betancur intentó, sin éxito, un proceso de paz con las FARC y se hicieron famosas las visitas de distintas personalidades a "Casa Verde", el emblemático cuartel general del mando central de esa guerrilla en un sitio recóndito de las montañas de La Uribe, vecinas a los Llanos Orientales.

Después de ese proceso fallido, las FARC se extendieron a otras zonas de selva y llanos y, en las décadas de 1980 y 1990, arreciaron sus ataques, intensificaron los secuestros y se involucraron en el narcotráfico.También empezaron los secuestros masivos de soldados y policías tras ataques a guarniciones y pueblos, así como de políticos. 'Manuel Marulanda' sugirió el "canje" de esos secuestrados o "prisioneros de guerra" por sus guerrilleros presos.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), la figura del viejo guerrillero se hizo más familiar. Pese a demostrar cierta timidez, se hacía fotografiar con cuanta personalidad visitó la zona neutral definida como sede de los diálogos en el sur del paísPastrana se entrevistó durante ese proceso en varias ocasiones con 'Tirofijo' pero la ausencia del líder guerrillero (dejó la silla vacía) en el inicio de las conversaciones formales, y ante centenares de invitados, sugirió el fracaso de las negociaciones.

Según las FARC "no había condiciones de seguridad" para su máximo comandante.Su presencia, sin embargo, fue notoria en muchas ocasiones durante el mismo proceso, hasta poco antes de su ruptura, en febrero de 2002.Marulanda, sobre el que pesan más de un centenar de órdenes de captura, ha tenido varias mujeres y tiene, al menos, siete hijos reconocidos, entre ellos, Olga Marín, una de las portavoces de las FARC, y compañera sentimental del 'número dos' de esa guerrilla, 'Raúl Reyes' o Luis Edgar Devia, fallecido el 1 de marzo pasado en territorio ecuatoriano en un ataque de las tropas colombianas".

Llama la atención la manera extraña como se ha presentado esta noticia por parte del gobierno colombiano. Tratándose de la cabeza de las FARC, con la cual mantiene encarnizada lucha y teniendo en cuenta que ha sido precisamente esa lucha la que permitió a Uribe llegar al poder, sotenerse en un alto nivel de popularidad, y que sueña dormido y despierto con destruir a la guerrilla comandada por alias "Tirofijo", lo lógico habría sido que fuera el propio Presidente quien comunicara al país la información de manera oficial. No fue así sin embargo, y la noticia se le escapó al Ministro Santos en entrevista con alguna periodista, "como sin querer queriendo" -según la conocida frase del Chapulín Colorado-, lo que ha provocado al parecer la ira del Presidente. Uribe, en efecto, en el Consejo Comunal de Gobierno que se llevaba a cabo en Pradera -precisamente en la zona que las FARC querían que se despejara, como condición indispensable para pactar un acuerdo humanitario, con miras a la liberación de los secuestrados-, tomó enojado en sus manos el comunicado de Mindefensa, y dijo con énfasis que este tipo de noticias no se debe entregar a un solo medio sino a todos por igual y a la vez. Santos, por su parte, después de la declaración a SEMANA, no ha vuelto a aparecer en público, ya que inclusive el comunicado que confirmó la muerte de "Tirofijo" fue leído por un Almirante, ni siquiera por el Comandante de las Fuerzas Armadas, ni por el Comandante del Ejército.

APLAZAN EJECUCIÓN EN GEORGIA

22 Mayo de 2008
El Estado de Georgia conmutó ayer jueves (madrugada del viernes en España) una pena de muerte dos horas antes de la hora prevista para la ejecución. La inyección letal que iba a recibir David Crowe, enviado al corredor de la muerte tras declararse culpable de robar y asesinar a un ex compañero de trabajo, será sustituida por la cadena perpetua.Los abogados del condenado habían apelado a la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Georgia alegando que la noche del crimen Crowe se encontraba bajo los efectos del síndrome de abstiencia por su adicción a la cocaína.Es la tercera vez desde 1995 que esta Junta, formada por cinco miembros, conmuta la pena de un condenado a muerte. Crowe estaba destinado a ser el tercer hombre ajusticiado después de que en abril terminara una moratoria de siete meses de la pena capital en Estados Unidos.En septiembre del año pasado el Supremo había suspendido la aplicación de la inyección letal después de que dos condenados a muerte alegasen que dicho castigo era cruel e inhumano y, por lo tanto, inconstitucional. Las ejecuciones se reanudaron el 6 de mayo de este año en Georgia con la muerte de William Earl Lynd, de 53 años, que recibió una inyección letal después de que la Junta le negara clemencia.Hace 30 años que EE UU aplica el método de la inyección trifásica como una alternativa en apariencia menos dolorosa a la electrocución. Primero se administra un anestesiante, luego un paralizante y, por último, una solución de cloruro de potasio que hace que el corazón deje de latir y que, si se administra sin la correcta dosis previa de anestésicos, provoca una insoportable quemazón.El Estado de Georgia ha ejecutado a 41 personas desde que la Corte Suprema reinstaurase la pena capital en 1973. En este Estado son 119 los presos que se encuentran actualmente en el corredor de la muerte .

LA LIBERTAD DE LOS MEDIOS

José Gregorio Hernández Galindo

El debate que se adelanta hoy en el país sobre la actividad de los medios de comunicación en casos críticos como el ocurrido el miércoles, en el curso del cual un antiguo oficial del Ejercito, con granada en mano, mantuvo retenidas a numerosas personas a título de rehenes, solicitando que fuera leído un documento en el que formuló gravísimas denuncias contra quienes fueron sus superiores, debe darse con toda profundidad, ya que estamos hablando ni más ni menos de la libertad de prensa y de la prohibición constitucional de la censura. Ello tiene que hacerse con sindéresis, razonabilidad, proporcionalidad, y sin caer en extremos.

La Comisión Nacional de Televisión anuncia una investigación interna por el corte abrupto e inconsulto de la transmisión que en directo hacía el Canal CITY TV acerca de los acontecimientos que se desarrollaban en las instalaciones de una entidad financiera en el centro de la capital.

La prensa, sin perjuicio de la responsabilidad social de la que hablábamos hace unos días, tiene la garantía de ejercer su actividad en términos de independencia y libertad que la propia Constitución asegura, como lo ha indicado en numerosos fallos la Corte Constitucional.

El artículo 20 de la Constitución consagra el derecho a la información, que lo tienen por supuesto los medios y periodistas, y que en esta oportunidad queremos resaltar desde la perspectiva del público, es decir, desde el lado de los receptores o sujetos pasivos de la información.

La Constitución califica la información que todos tenemos derecho a recibir, indicando que debe ser veraz e imparcial, y la jurisprudencia ha reiterado que la prohibición de la censura implica que las responsabilidades de quienes transmiten informaciones deben deducirse siempre a posteriori, esto es, que no puede establecerse esa responsabilidad con antelación prohibiendo que un contenido noticioso salga a la luz o sea publicado.

Toda manifestación de una entidad oficial orientada a que una información quede inédita, o en otras palabras, que impida o obstaculice su divulgación, es inconstitucional, toda vez que implica la censura.

También se puede presentar la auto censura, es decir, puede ocurrir que el medio o el periodista, voluntariamente y sin presión externa, decida no divulgar lo que sabe o conoce, o no transmitir un acontecimiento como el de ayer, pero en ambos casos siempre el perjudicado es el público, cuyo derecho a informarse resulta cercenado.

Ahora bien, esto no impide que se tomen las medidas necesarias, en épocas de anormalidad -por ejemplo, en el Estado de conmoción interior- para regular el ejercicio de la libertad sobre transmisiones en directo cuando hay problemas gravísimos de orden público. Lo autoriza la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, 137 de 1994, y lo respaldó la Corte Constitucional en la sentencia correspondiente.

Lo que resulta inadmisible es el acto de censura, que corta abruptamente una transmisión, pues aún en esos estados excepcionales -y con mayor razón en épocas de normalidad-, eso implica causar grave daño al ejercicio de la libertad de prensa.

¿RODARÁN CABEZAS POR LOS COMPUTADORES Y CELULARES PERDIDOS, DE LOS PARAMILITARES EXTRADITADOS?

José Gregorio Hernández Galindo
El penoso episodio de la pérdida, que no parece ser casual, de los computadores, discos duros, unidades USB, celulares y "sim card" de los paramilitares que fueron sorpresivamente extraditados a los Estados Unidos, cuando precisamente el proceso de paz en que estaban buscaba -entre otros propósitos- establecer la verdad sobre sus crímenes, no puede pasar desapercibido en esta Colombia desmemoriada y manipulable. Son muchas las cosas que habríamos podido saber y no sabemos por esta causa inexplicable.

No se entiende cómo el mismo Estado que tuvo tanto cuidado en dejar intactos los famosos computadores y archivos de Raúl Reyes, conservados milagrosamente después de un bombardeo de las dimensiones del ejecutado el 1 de marzo, no tomó las mismas precauciones con los computadores y celulares de los paramilitares a quienes tenía presos en las cárceles; a quienes se supone que la extradición los tomó por sorpresa; y quienes, según el Gobierno, estaban delinquiendo desde esas cárceles, siendo casi una conclusión de "Perogrullo" que los delitos los cometían usando precisamente tales instrumentos para comunicarse con sus cómplices, ubicados en el exterior de las cómodas prisiones que ocupaban.

Tampoco se entiende cómo ni por qué, si el Gobierno sabía o sospechaba de los delitos, les permitía mantener semejantes instrumentos, violando de paso el derecho a la igualdad de los demás internos.

Ha dicho el Vicepresidente de la República que debe responder el Director del Inpec, y estamos de acuerdo, pero allí no paran las responsabilidades. Los funcionarios del Gobierno que dirigieron toda la operación de la extradición en horas de la madrugada también deben responder, y quienes los trasladaron hasta el aeropuerto para el envío. Y debe haber una responsabilidad política, que culmine con la caída de altos funcionarios estatales que permitieron o facilitaron, así sea por negligencia -imperdonable tratándose del caso del que se trataba- que estas increíbles cosas hubieran ocurrido.

Llama la atención lo dicho a EL TIEMPO por el Director del INPEC, General (r) Eduardo Morales:

"EL TIEMPO: ¿Las llamadas y el Internet les dieron la posibilidad de seguir delinquiendo?General (r) Eduardo Morales: Seguramente. Si algo queda claro con las extradiciones de 'paras' es que la seguridad en las cárceles no funcionó.

¿Qué pasó?

Un delincuente que quiere continuar delinquiendo desde la cárcel seguramente lo puede hacer con mucha facilidad. No necesita ni de teléfonos, de Internet, ni de señales de humo. Simplemente en las visitas puede mandar sus mensajes y dar a conocer sus planes.

¿El Director del Inpec puede garantizar que los jefes 'paras' que se quedaron en Colombia no están haciendo lo mismo desde las cárceles?

No. No puedo asegurar que no estén delinquiendo por la misma razón de que es difícil controlar la mente humana; difícil controlar una visita de un familiar o un amigo. Si tiene la intención de delinquir pueden hacerlo a través de ellos.

Como encargado de evitar precisamente que eso pase, ¿por qué no sugiere cambiar esos beneficios, si usted cree que iban contra la seguridad?

Imposible, porque es un reglamento que se hace con base en Justicia y Paz. Será una decisión del Gobierno si se reforman los reglamentos del personal que quedó.

¿Qué fallas cometió el Inpec?

Fallas que puede tener la institución. Hay seres humanos, seguramente se han presentado fallas a nivel individual, pero creo que no se presentaron fallas institucionales. Pudieron haber fallado uno o dos hombres en determinada requisa.Las polémicas y las extradiciones.

¿Qué pasó con la investigación por el dinero y las armas halladas en Itagüí?

Estamos esperando el resultado de la investigación penal. La disciplinaria ya acabó: algunos hombres de la institución fueron demasiado permisivos con los internos.

¿Hubo sanciones?

Estamos en ese proceso

¿Dónde está el computador de Mancuso?

Difícil saberlo; él pidió autorización de sacar un computador porque tenía virus. Nosotros no entramos a revisar los computadores y mucho menos los teléfonos. Eso lo hará una autoridad judicial, no tenemos esa facultad El reglamento dice que pueden tener celulares, computadores. Controlar los celulares, tiene que ser con orden judicial. Hay que presumir la buena fe.

¿Qué respuesta da el Inpec sobre la pérdida de un disco duro y de las tres sim card?Seguramente con base en la experiencia de hace unos meses, cuando el Grupo de Operaciones Especiales del Inpec llegó a realizar esa revista sorpresiva (en Itagüí), entonces notarían la presencia ese 13 de mayo de la guardia y la primera reacción fue sacar las sim card. Son conclusiones que saco yo.

¿Qué piensa de todo lo que ha pasado con los ex 'paras'?

La conclusión es sencilla y elemental: es difícil controlar que no se delinca en los establecimientos. Esperamos tener antes de que se termine este año bloqueadores de señal, para impedir que usen el celular con esos fines. Pero seguirá en la mente de cada uno de los internos y de los visitantes seguir en el crimen.

¿Ha recibido algún llamado de atención del Gobierno?

No y espero no recibirlo".

Esas solas y vergonzosas declaraciones, que demuestran la total ineptitud o la ilícita connivencia del Inpec con los delincuentes, ya han debido producir una consecuencia que aquí en Colombia hace rato no se produce: que rodaran cabezas, y no una sino varias.

Creemos que, además de las investigaciones internas que ha anunciado el Ministerio del Interior, debe iniciarse una urgente de la Procuraduría General, y otra de la Fiscalía General de la Nación, por si hubo allí delitos. Pero no como las investigaciones que el Director del Inpec, acerca de los hechos de hace unos meses, dice haber culminado, a la vez que afirma que están estudiando si habrá o no sancionados. Eso es sencillamente inaceptable.

EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE FAMILIARES DE PERSONAJES PÚBLICOS

POR LUDOVICO ARIOSTO

El caso de Telma Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias Leticia Ortiz, pone en tela de juicio si los familiares de los personajes públicos, por el hecho de serlo, pierden o disminuyen su derecho fundamental a la intimidad.

La Juez de Instrucción número 3 de Toledo acaba de negar a Telma Ortiz la solicitud previa de medidas cautelares que la protegieran del acoso periodístico y le ha impuesto las costas del juicio, que pueden alcanzar una cuantía de más de 40.000 euros.

Telma había formulado demanda contra treinta y cuatro medios de comunicación por invadir su privacidad y había solicitado medidas cautelares para evitar que su imagen apareciera en la prensa.

La Juez resolvió en sentido negativo, por estimar la «inviabilidad jurídica» de la solicitud, en cuanto, a su juicio, la demandante sí tiene proyección pública.La providencia distingue los supuestos en los que debe protegerse la intimidad y el derecho a la propia imagen de particulares anónimos, amparados en la Constitución, y la de aquellos con proyección pública, cuya imagen es conocida, como el caso de Telma Ortiz. Para la Juez, en la exposición de la hermana de la Princesa y su esposo se presenta una contradicción de fondo: que la cuñada de don Felipe de Borbón y su pareja defiendan ser personas «sin proyección pública y a renglón seguido admitan y reconozcan que participan de hechos y actos que sí la tienen».

La demanda se encaminaba a conseguir que los esposos «sólo» fueran seguidos por los periodistas y aun fotografiados cuando participasen en actos de relevancia oficial.

En la resolución judicial se niega protección para los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que la Constitución española contempla genéricamente en su artículo 18.1. También descarta el argumento de la «posible existencia de un peligro físico» que pudiera sufrir Ortiz ante el acoso de los medios, al precisar que para ello están las leyes que condenan la «conducción temeraria» y otras conductas de relevancia penal.

En los próximos días veremos si la Juez mantiene o retira su posición, ante el recurso interpuesto, y al resolver de fondo.

Como antecedente, este caso es importante, en cuanto permitirá establecer acerca de cuál es el límite del derecho a la información y cuál el del derecho a la privacidad cuando se trata de familiares de personas públicas.

¿COMPLOT O JUSTICIA?

LUDOVICO ARIOSTO

No podemos caer en admitir que el funcionamiento de las instituciones, y particularmente el de la administración de justicia, si llega a tocar al Gobierno, implica la existencia de un "complot", o de un "plan" preconcebido, con carácter político, contra el Presidente de la República.

Esto debe decirse sin rodeos, pues algunos voceros del Ejecutivo están intentando defenderse de las denuncias que contra ellos se han formulado en el curso de las últimas semanas -específicamente dentro del proceso que se adelanta contra los ex congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño-, no por la vía de responder con claridad ante los jueces, sino desacreditando a los jueces en los medios de comunicación, y ahora están hablando en los términos en que lo hace este domingo en el diario EL TIEMPO el Ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, quien según Yidis participó en la feria de ofertas oficiales que la condujeron a cambiar su voto sobre reelección en 2.004.

En efecto, en un sibilino y enmarañado reportaje, con frases que maliciosamente buscan entrelazar la actividad de la Corte Suprema con injustificados cargos genéricamente lanzados contra la izquierda, grupos políticos y hasta eventuales aspirantes a la presidencia de la República, pero sin aportar la más mínima prueba para respaldar sus afirmaciones, el Ministro -tratando un tema totalmente ajeno a lo propio de su cartera, como en días recientes lo hiciera el Comisionado de Paz-, señala que se ha creado "...un complot contra el Presidente, su política y su gobierno". Agrega que "...no les gusta la institucionalidad y añoran la época de los pactos con grupos al margen de la ley para tratar de atacar a otros grupos al margen de la ley", y sugiere que en la Corte Suprema no hay imparcialidad ni garantías para el Gobierno, por cuanto existe allí una "solidaridad de cuerpo" y no se reconoce la presunción de inocencia para los congresistas procesados por parapolítica.

Véase cómo responde a las preguntas formuladas por el periodista:

"¿Qué piensa de la Corte Suprema de Justicia?
Hay que reconocer, promover y respetar la autonomía de la Corte. Los magistrados no solo están en el derecho, sino en el deber de exigirlo. Pero, es igualmente cierto que los colombianos esperamos objetividad, celeridad y garantías. Como ciudadano, yo no entiendo, por ejemplo, la solidaridad de cuerpo que han expresado los distintos miembros de la Corte. ¿Qué tal que, en esta investigación de Yidis, los ministros hubiéramos expresado solidaridad de cuerpo?
¿No cree que lo que usted llama "solidaridad de cuerpo" está originada en que todo el sector judicial siente al Gobierno en pugna contra él?
No. El Presidente lo único que ha hecho frente a las cortes es pedirles garantías.
¿Y las reformas que ha propuesto inclusive para acabar con salas de Judicatura?
En un país democrático se puede proponer, discutir, debatir. Y las reformas se propusieron de cara a la opinión pública.
¿Acaso usted ve actuando a la Corte a espaldas de la opinión pública?
No. Pero sí veo una solidaridad de cuerpo que no entiendo.
¿Y por qué le pide a la Corte "objetividad y garantías"?
Tengo la convicción de que muchos de los congresistas del proceso de la llamada 'parapolítica' son inocentes. Creo, por supuesto, que hay otros que cometieron errores y serán declarados culpables. Pero, a algunos ni siquiera se les reconoce la presunción de inocencia. Recuerdo que un congresista, en el momento de ser detenido, dijo que no se sentía detenido sino secuestrado.
¿Cree que la investigación de la Corte está dirigida contra el Presidente?
No lo creo, pero es una situación que, unida a otras que evidentemente están pasando, pone en riesgo el tema de la institucionalidad. ¿Usted cree, por ejemplo, que es bueno que se trate de acabar con la legitimidad del congreso?
¿Acaso la 'parapolítica' es culpa de la Corte?
No. Hay que reconocer el trabajo que están haciendo. Ojalá sigan adelante. Pero recordemos que hace mucho tiempo los grupos al margen de la ley, y muy especialmente los narcos, han participado en las elecciones en Colombia. Lo que ha cambiado es en qué tipo de elección participan. Antes lo hacían en elecciones presidenciales. Cuando se les cerró ese espacio, se fueron a las elecciones regionales. Pero no se puede decir que, porque se colaron con algunos congresistas, todo el parlamento es ilegitimo. Lo que me pregunto es si todos los congresistas que están detenidos son culpables. Yo no lo creo.
Pero es que la Corte no ha fallado...
Los detuvieron antes de investigar.
¿Pero en qué consiste su crítica?
Parto de la base de que hay congresistas inocentes y los hay culpables. Pero la forma como se ha venido manejando el tema por parte de algunos medios y de algunos miembros del mismo Congreso, es como arrojando congresistas al circo romano, independientemente de que sean culpables o inocentes. Parecería que el objetivo es el circo romano: destrozarlos a ellos y a sus familias, sin presunción de inocencia; lanzando culpables a inocentes a la arena para calmar el hambre de los leones y satisfacer el morbo de los asistentes. ¿Sabe qué me ha dolido? Muchas de las personas del Congreso están actuando como si fueran espectadoras del circo romano. Otros, por el contrario, como si fueran leones. No entiendo la actitud de indiferencia del Congreso frente a sus compañeros. No pido solidaridad ni mucho menos complicidad, pero sí respeto por unos procesos que no han terminado".

Si a esto se une la sindicación -también genérica y sin pruebas- que en reportaje radial hizo el Vicepresidente de la República contra toda la rama judicial, y la "guerra sucia" que se ha iniciado contra la Corte Suprema, adicionalmente a los ya conocidos enfrentamientos entre el propio Presidente de la República y la Corte, podemos ver quizá que sí existe un complot, pero no contra el Gobierno, sino contra la justicia. Y para ello, se están utilizando y manipulando los medios de comunicación.

POLÉMICA EN ITALIA POR SEGURIDAD FRENTE A LIBERTADES PÚBLICAS

Se presenta en Italia un enfrentamiento, o al menos una diferencia de enfoques sobre las facultades del Ejecutivo en materia de orden público e inmigración, entre el Jefe de Estado -el Presidente Giorgio Napolitano- y el recién posesionado Primer Ministro Silvio Berlusconi.
El presidente no parece estar de acuerdo con el proyecto de ley que auspicia el primer ministro, que consiste básicamente en acudir a normas extraordinarias y en plasmar un conjunto de drásticas medidas de emergencia para combatir el crimen y la inmigración ilegal. Napolitano manifestó al ministro del Interior, Roberto Maroni -con quien se reunió ayer para examinar el proyecto de normatividad que se considerará el próximo miércoles en el Consejo de Ministros convocado para sesionar en Nápoles- que, para poder entrar en vigor, las medidas deben tener un carácter de verdadera e innegable "necesidad y urgencia", con lo cual quiso significar que, en su criterio, no se pueden restringir los derechos civiles, las garantías y las libertades de las personas, a menos que sea estrictamente indispensable, a lo cual agregó que se debe respetar la normatividad de la Comunidad Europea.

El debate sobre normas extraordinarias se produce en momentos en que la Policía italiana adelanta una campaña a gran escala contra los ilegales y los traficantes de droga, y contra toda clase de delincuentes en las distintas ciudades, varias de ellas asoladas por conductas violentas que han generado alta inseguridad.

Ayer nada más se informó por las agencias internacionales de noticias la detención de 383 personas, 268 de ellas inmigrantes, en una operación llevada a cabo a lo largo de la última semana en nueve regiones y en quince provincias italianas. Discotecas, bares, centros de llamadas telefónicas, centros de diversión y juegos electrónicos, zonas de prostitución, estaciones y campamentos gitanos han sido los objetivos de numerosas redadas, coordinadas por la Dirección Central Anticrimen. Entre los arrestados hay 50 marroquíes, 32 rumanos, 25 tunecinos, 18 nigerianos, 16 egipcios y 14 albaneses. Un total de 53 ciudadanos nigerianos y albaneses han sido ya expulsados, informó la policía, de acuerdo con el último informe policial, que será tenido en cuenta por el Consejo de Ministros.

Otros 65 extranjeros permanecían ayer en centros de detención temporal. Las acusaciones principales contra los detenidos son hurto y robo (177 personas), ayuda a la inmigración ilegal (111) y tráfico de drogas (92). Las autoridades aprehendieron 7 kilos de cocaína, 360 gramos de heroína y 11 kilos de cannabis.
El Gobierno de Berlusconi tiene toda la intención de aplicar mano firme en las distintas ciudades y provincias, y se propone modificar de modo fundamental las disposiciones legales en vigor, no solamente en materia de delincuencia callejera, sino en general, en materia de seguridad ciudadana y en el campo de la inmigración clandestina.
Pero la Iglesia Católica ha entrado en la polémica, y ha sostenido ante el Ejecutivo que "hay que parar los extremismos" contra los inmigrantes, ya que se corre el peligro de caer en el racismo.
"No se puede reconocer la realidad total de un pueblo", señaló el presidente de la Conferencia Episcopal (CEI), el cardenal Angelo Bagnasco, en una entrevista que publica hoy el diario La Repubblica sobre la crisis desatada después de que varios asentamientos gitanos fueran quemados.
Por su parte, el cardenal de Turín, Severino Poletto, en declaraciones al diario Corriere della Sera, dice: "Si no vigilamos profundamente nuestro pensamiento, sin darnos cuenta podemos caer en algo de racismo". Según Poletto, los desalojos de los asentamientos gitanos no resuelven el problema.
"Hay que unir diálogo y seguridad, legalidad y educación, justicia y caridad. No creo en que la solución sea mandar las excavadoras y tirar todo. La libre circulación no está prohibida en Europa y se irán a otras partes", ha dicho.
Por su parte, el nuevo ministro italiano de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, se pronuncia a favor de una revisión del convenio de Schengen, ya que a su jucio el problema de Europa no está más en la libre circulación" de las personas sino en la seguridad.
"Es necesaria una revisión para verificar la adecuación (del tratado) sobre las fronteras internas y externas", ha dicho Frattini en una entrevista publicada hoy en el diario Messaggero.

El tema está en el primer lugar del orden del día en las preocupaciones de Berlusconi, y se ha generado polémica en los círculos acedámicos, con miras a establecer hasta dónde puede llegar la política de seguridad en un Estado de Derecho, y sobre dónde comienzan los límites al ejercicio del poder por razones de dignidad humana, libertades, igualdad y otros derechos fundamentales.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR EXTRADICIÓN MASIVA DE PARAMILITARES, FRENTE A LAS POSIBILIDADES DE REPARACIÓN

El siguiente es el texto del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez conocida la extradición de los catorce más importantes jefes paramilitares:

"Washington, 14 de mayo de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.
El martes 13 de mayo, el Estado informó sobre la extradición a los Estados Unidos de 14 líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, "Jorge 40" y "Don Berna" para ser juzgados por delitos de narcotráfico. Las personas extraditadas se habían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, destinada al juzgamiento de los crímenes cometidos contra la población civil por miembros de grupos armados al margen de la ley en Colombia.
La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares.
La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación".

LA EXTRADICIÓN MASIVA: UN MAL SABOR

José Gregorio Hernández Galindo

Si miramos las cosas poniéndonos en el lugar de las víctimas de los gravísimos crímenes cometidos por los paramilitares, no entusiasma –y, por el contrario, deja un mal sabor- la intempestiva extradición de catorce desmovilizados que se encontraban en el proceso transicional, y que ahora irán a negociar sus penas ante la justicia norteamericana, sin importar lo que hicieron en Colombia, ni sus responsabilidades al respecto.

Fracasó sin duda el Gobierno con su famosa Ley de Justicia y Paz, y se perdieron el tiempo y los recursos invertidos en unos trámites judiciales y administrativos jamás culminados; los delincuentes siguieron delinquiendo, y las víctimas quedaron defraudadas.

Es lamentable el sustento jurídico del Gobierno, invocado para proceder a la extradición de los jefes paramilitares, y contradice la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la materia.

Resulta cuando menos deprimente que en el documento oficial se busque dar “contentillo” a las víctimas diciendo que las autoridades norteamericanas “deberán procurar a través de los mecanismos que la cooperación judicial internacional consagra, que los bienes de los ciudadanos extraditados (…) sean destinados a la reparación de las víctimas en Colombia”. Los norteamericanos no están obligados a ello, y nada van a hacer.

Peor todavía que, con desparpajo, el Gobierno supedite la reparación a que exista “el deseo y la voluntad de parte de los extraditados de continuar colaborando con las autoridades judiciales colombianas confesando hechos delictivos y dando bienes…”.

La Constitución Política, por el contrario, aún para el caso de la amnistía y de indulto, estatuye sin rodeos –para delitos políticos; con mayor razón ello es aplicable a delitos comunes, y a crímenes de lesa humanidad- que “en ningún caso podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares”.
Aquí no hubo nada de lo que se prometía: ni verdad, ni justicia, ni reparación. Y habría que preguntar si no tendrían algo qué decir sobre este doloroso episodio de nuestra justicia –en el que gastamos años y energías, inútilmente- los Tribunales Internacionales sobre Derechos Humanos.

ÚLTIMA HORA: EXTRADICIÓN MASIVA DE JEFES PARAMILITARES

Al menos catorce de los principales jefes paramilitares que se habían acogido a la Ley de Justicia y Paz -Salvtore Mancuso, "Gordolindo", "Cuco Vanoy", "Don Berna", "Jorge 40" y otros-, cuya extradición estaba suspendida pero había sido materia de concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, han sido intempestivamente trasladados en horas de la madrugada desde sus lugares de reclusión -en Cómbita, en Itagüí y en Barranquilla- a la Base Militar de Catam, para ser extraditados a los Estados Unidos. Al parecer, no estaban cumpliendo con las reglas propias de la Ley de Justicia y Paz.

MUERTOS DE IRAK INCINERADOS EN CREMATORIOS PARA PERROS

Informa EL PAIS de Madrid:

"Desde el año 2001, los militares de EE UU han estado incinerando cuerpos de soldados caídos en Irak y Afganistán en una instalación del Estado de Delaware que también quemaba perros y otros animales de compañía, según confirmó el viernes por la noche el Pentágono. El secretario de Defensa, Robert Gates, ordenó el final de esta práctica -que ha afectado a más de 200 hombres- y abrió una investigación para saber cómo se han gestionado esas cremaciones.

A pesar de que el portavoz del Pentágono, Geoff Morrell, insistiese en rueda de prensa en que en ningún momento los cadáveres de los uniformados habían sido quemados en los mismos hornos en los que se reducía a cenizas a los animales de compañía, también quiso puntualizar que el Departamento de Defensa consideraba que el uso de ese lugar era "totalmente inapropiado para dar un trato digno a nuestros caídos". "Las familias de los militares fallecidos en acción tienen las más sinceras disculpas del secretario de Defensa", finalizó Morrell.
Oficial indignado
Todo ha salido a la luz -y amenaza con convertirse en un escándalo- después de que un oficial de la Armada que trabaja para el Pentágono viajase el pasado jueves hasta la base aérea de Dover, en Delaware, para atender a la incineración de un colega militar que carecía de familia. Cuando el oficial descubrió que el lugar en cuestión era un crematorio de animales de compañía, ajeno a la base militar, se sintió ofendido y envió un correo electrónico a sus superiores.
La Fuerza Aérea no tiene un crematorio en la base de Dover, puerto de entrada de gran parte de los muertos que llegan de las guerras que Estados Unidos libra en el extranjero. Como consecuencia, en 2001 el Departamento de Defensa se vio obligado a firmar un contrato con dos funerarias que pudiesen hacerse cargo de las cremaciones, la mayoría de ellas de soldados sin familias o amigos cercanos.
Tanto el responsable del crematorio de perros y gatos -un negocio privado- como el militar al frente de la base de Dover aseguran que los cadáveres de los caídos se trataron con todo respeto, que en ningún momento fueron mezclados con los restos de animales y que siempre fueron incinerados en hornos separados".

¿SERÁ LEGÍTIMA UNA CONSTITUCIÓN VOTADA EN LAS CIRCUNSTANCIAS DE MYANMAR?

José Gregorio Hernández Galindo

Bien se sabe que la antigua Birmania -hoy Myanmar-, país del sudeste asiático, está gobernado por una junta de dictadores (*), tan ajenos al compromiso y a la función normales de cualquier gobierno que se negaban a recibir y a facilitar la llegada de la ayuda internacional -indispensable ante las dimensiones de la tragedia causada por el ciclón tropical Nargis, que, según lo encontrado hasta ahora, causó más de 24.000 muertos y cerca de 42.000 desaparecidos-.

Pues ese grupo de tiranos solamente el miércoles -es decir, cuatro días después de la tragedia- otorgó su autorización para que ingresaran a territorio birmano las ayudas. Ahora, cuando han comenzado a llegar, se informa lo siguiente (Agencia EFE): " Conseguida la financiación, ahora hay que superar el escrutinio escrupuloso que las autoridades birmanas obligan a pasar a toda persona que requiere un visado de entrada al país, para evitar que ingresen activistas democráticos o periodistas "incómodos". El diario estatal La Nueva Luz de Myanmar, portavoz de la Junta Militar birmana, informó este miércoles de la expulsión del país de Andrew Harding, quien llegó el lunes pasado a Rangún con un visado de turista y que resultó un periodista de la BBC".

Pues bien, ese mismo poder arbitrario, que no se conmueve ante la catástrofe de su pueblo, lo ha obligado a participar en el referendo aprobatorio de la nueva constitución de Myanmar. La información al respecto no puede ser más elocuente: bajo el título "Myanmar antepone los votos a las víctimas del ciclón.La Junta Militar impone un referéndum para legalizar su poder", EL PAIS. com sintetiza lo acontecido:

"Millones de birmanos se rindieron ayer a las presiones de la Junta Militar y acudieron a cumplir con su obligación de votar en el referéndum para dotar al país de una Constitución. El máximo dirigente, Than Shwe, de 75 años, apareció depositando su papeleta. Es la primera vez que este general desconfiado y secretista se deja ver desde que hace una semana el ciclón Nargis sembró el sur del país de cadáveres. Ni tan siquiera envió un mensaje de condolencia a las víctimas.
"No hay duda de que la Junta ganará el referéndum por goleada. La manipulación y el fraude aprobarán la Constitución", sostiene Aung Zaw, director de Irrawaddy, la principal publicación del exilio birmano en Tailandia. Zaw, de 40 años, dejó su país en 1988 después de que terminara en un baño de sangre la revuelta estudiantil en la que participó.
El plebiscito se celebró en los dos tercios del país que no resultaron dañados por el ciclón. En el devastado tercio sur, en el que vive casi la mitad de los 53 millones de birmanos, se ha pospuesto hasta el 24 de mayo. Desde la oposición interior a la ONU, pasando por el exilio, pidieron a la Junta que retrasara la consulta y se concentrara en apoyar al millón de damnificados por la catástrofe. Hizo oídos sordos.
Miles de familias lloraban a sus muertos, mientras la televisión nacional emitía en la noche del viernes una gala de famosos en apoyo del referéndum. Furgonetas con altavoces recorrieron ayer las calles de pueblos y ciudades urgiendo a los ciudadanos a que acudieran a votar.
Than Shwe quiere entronizar el poder militar con una Carta Magna que reserva uno de cada cuatro escaños del Parlamento al Ejército, institución que mantiene el poder de destituir el Gobierno y nombrar a los ministros. Las Fuerzas Armadas birmanas cuentan con 500.000 soldados y se llevan el 40% del presupuesto.
La opositora Liga Nacional para la Democracia (LND), que lidera la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi pidió a sus seguidores que voten en contra de un proyecto constitucional que, entre otras aberraciones, impide a Suu Kyi ser diputada por haberse casado con un extranjero, pese a que su marido murió en 1999.
Los militares gobiernan Birmania desde el golpe de Estado de Ne Win, en 1962. El dictador dimitió en mitad de la revuelta estudiantil de 1988 y los generales accedieron a convocar elecciones libres dos años más tarde, pensando que las ganarían. Sin embargo, fue la LND la que obtuvo una sonora victoria, que la Junta nunca reconoció".

La noticia es presentada así por la agencia REUTERS, desde la capital Rangún:

"Pese a la devastación, la junta mantuvo su atención en una "hoja de ruta a la democracia" de siete pasos que debería terminar en una elección multipartidista en el 2010 y que pondría fin a casi cinco décadas de gobierno militar en la ex Birmania.
La Nueva Luz de Myanmar, el principal medio de la junta, puso en portada una foto del líder la junta militar, Than Shwe y su esposa emitiendo sus votos en el referéndum constitucional del sábado en Naypyidaw, la nueva capital que el gobernante construyó en el 2005.
El referendo, el primer ejercicio democrático en casi 20 años, ha sido aplazado dos semanas en las zonas más afectadas, incluida Rangún, la ex capital y donde viven 5 millones de personas.
Existen pocas dudas sobre cuál será el resultado final.
Los generales rechazaron ofertas de supervisión de parte de Naciones Unidas y en los días previos a la votación medios dirigidos por el Ejército lanzaron una fuerte propaganda, diciendo al país de 53 millones de habitantes que era su "deber patriótico" aprobar la constitución, que consagra el control que el Ejército tiene sobre el poder.
"Yo voté por el sí. Fue lo que me pidieron que hiciera", dijo a Reuters el residente U Kyaing en Hlegu, 50 kilómetros al noreste de Rangún, la ciudad más afectada por el ciclón.
La cifra oficial de víctimas que maneja el gobierno se mantiene en 23.350 muertos y 37.019 desaparecidos tras el desastre del 2 de mayo, aunque funcionarios de ayuda extranjeros dicen que la cantidad de muertos podría superar los 100.000".

Si la soberanía implica la autonomía de un pueblo para adoptar sin coacción las decisiones que le corresponden sobre su destino, y si, por lo tanto, el ejercicio del poder soberano únicamente es genuino y legítimo en la medida en que tenga lugar en un ambiente de libertad, nos preguntamos: ¿será legítima la constitución que resulte de esta votación forzada, que tiene lugar en las circunstancias descritas?

Nos atrevemos a responder que no. Y así hemos respondido también a la misma pregunta en el caso del Irak.

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(*) El gobierno en Myanmar -antes Birmania- lo ejerce la junta de oficiales que ha impuesto una despreciable dictadura militar desde 1962. Allí no se celebran elecciones parlamentarias desde 1990, cuando la junta militar del SPDC perdió de manera abrumadora ante la Liga Nacional para la Democracia. Los dictadores desconocieron los resultados y prosiguieron el ejercicio tiránico de su poder, arrestando a líderes opositores como la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Después de diecisiete años, en el 2007 la Junta Militar se vio afectada por masivas protestas dirigidas por monjes budistas , las cuales fueron brutalmente reprimidas.

VOTAN CONSTITUCIÓN BIRMANA EN MEDIO DE LA CATÁSTROFE

Destacamos esta noticia, de interés constitucional, publicada por EL PAIS.com:Pese a estar devastado por el paso del ciclón Nargis hace una semana, Myanmar ha celebrado hoy un referéndum convocado por la Junta sobre una nueva Constitución con la que busca institucionalizar el régimen. Salvo las zonas más afectadas por el azote de la tormenta, que ha causado más de 23.000 muertos y más de 40.000 desaparecidos, según cifras oficiales, el resto del país ha votado sin incidentes de importancia. Las regiones más devastadas están convocadas para el próximo día 24.La consulta ha sido la primera llamada a las urnas para los birmanos desde las legislativas de 1990, en las que se impuso la activista premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. La Junta nunca reconoció este triunfo y Suu Kyi se ha pasado la mayor parte del tiempo desde entonces en arresto domiciliario. Ahora, la Junta militar ha diseñado una hoja de ruta hacia la democracia cuyo primer paso es el referéndum de hoy y que debe acabar con elecciones libres en 2010. El diseño ha corrido a cargo de los militares y la oposición, con el partido de Suu Kyi a la cabeza, denuncia que sólo persigue perpetuar a la Junta en el poder, dado que el texto reserva a los militares una cuarta parte de los escaños del Parlamento y la llave de los ministerios.La jornada arrancó con la apertura de los colegios electorales a las 6.00 hora local (23.30 GMT del viernes) y ha terminado a las 9.30 GMT. El régimen aplazó hasta el próximo 24 de mayo la celebración del plebiscito en Yangon, la antigua capital, y el delta del río Irrawaddy, las regiones más afectadas por el ciclón que hasta ahora ha causado más de 23.000 muertos, unos 42.000 desaparecidos y millón y medio de personas sin hogar, según los datos oficiales. La ONU teme que el número de fallecidos alcance los 100.000.Pero los generales decidieron seguir adelante con la consulta popular y millones de birmanos obedecieron su orden de "cumplir con el deber de aprobar la Constitución del Estado". Largas hileras de funcionarios y civiles luciendo la vestimenta nacional, requerida para la ocasión por las autoridades, han esperado cola para participar en la votación en las regiones del centro, norte y del sureste de Birmania.Ayuda en acciónMientras, la situación sigue siendo dramática para cientos de miles de personas que lo han perdido todo tras el paso del ciclón. Según la ONU, un millón de damnificados no han recibido aún ayuda. Ayer, Naciones Unidas llegó a suspender el envío de ayuda humanitaria denunciando que la Junta militar se estaba apropiando del material enviado. El Gobierno birmano respondió que estaba repartiendo la ayuda en cuanto llegaba. La distribución de alimentos, tiendas de campaña y potabilizadoras de agua se ve dificultada por las trabas que la Junta pone a la entrada de cooperantes: les exige visado, por lo que muchos trabajadores de ONGs y grupos humanitarios esperan permiso para entrar al país para evaluar las necesidades y ponerse a trabajar.Según ha denunciado hoy Richard Horsey, sólo una parte del millón y medio o dos millones de afectados han recibido algún tipo de ayuda. Este portavoz ha vuelto a criticar las restricciones impuestas por la Junta a sus trabajadores. Las agencias de la ONU, ha dicho, "han podido tener acceso a cerca de 500.000 personas sobre un total de 1,5 ó 2 millones que han sido gravemente afectados [por el ciclón], según nuestras estimaciones". "Esto marcha demasiado lento", se ha quejado.La ayuda de emergencia llega a cuentagotas a Myanmar dadas las restricciones de la Junta, que, en particular, impide que las operaciones de distribución sean dirigidas por extranjeros. Myanmar, gobernado por los militares desde hace 46 años, es uno de los regímenes más cerrados del mundo. Según ha explicado Horsey, un avión cargado de barritas energéticas que podría alimentar a 95.000 personas, sigue bloqueado en el aeropuerto de Yangon. Este bloqueo desencadenó ayer la suspensión de los envíos de la ONU.A esto se añade el peligro de enfermedades debido a la descomposición de los cuerpos que flotan sobre las aguas. La malaria o el cólera pueden causar una "segunda catástrofe.

CRISIS POLÍTICA Y ESTADISTICA

EDUARDO SARMIENTO PALACIO

El debate sobre la crisis política ha tenido un elevado contenido emocional y de interés de grupo. Las propuestas se orientan a restaurar la imagen del Congreso; la reforma aprobada en primera instancia en la Cámara de Representantes establece la silla vacía para los congresistas que reciban orden de captura y eleva a 3% el umbral de los partidos. En esta columna intentare bajar el tono ahondando en los aspectos estadísticos y procedimentales de la selección.

Las cifras reveladas recientemente muestran que de 260 congresistas elegidos 68 son investigados por los vínculos con el paramilitarismo. La probabilidad de que un congresista sea cuestionado por la justicia es de 25%.En la teoria estadística se encuentra que una muestra pequeña es representativa del universo. Si de una bola con miles de fichas regulares y defectuosas se extrae una muestra de cien, esta muestra daría la probabilidad de cifras defectuosas. Pues bien, en la información de la muestra del Congreso resulta que la probabilidad de votar por alguien vinculado con los grupos fuera de la ley es de 25%.

Cualquier proceso productivo en que un porcentaje de esa magnitud aparece defectuoso, sería rechazado. No existe otro estamento de la vida nacional con tantas personas asociadas con la ilegitimidad. De ninguna manera la muestra del Congreso representa a la mayoría de la población. ¿Como es posible que la probabilidad de una muestra representativa sea menor que la del universo? Si la muestra se somete a criterios previos de selección, por ejemplo el de la observación visual, el número de fichas defectuosas disminuiría. Es precisamente lo que se hace en los procesos de admisión de las universidades, en los cuales se aplican exámenes y criterios para escoger los mejores estudiantes del universo. En el Congreso parece ocurrir al contrario. Los criterios de selección dan lugar a un grupo que revela condiciones morales y éticas inferiores al promedio de la sociedad colombiana. Estamos ante la típica selección adversa.

¿Cómo se puede detener el proceso? Cómo se pueden extirpar los elementos perversos del sistema? Uno mediante el fortalecimiento de los sistemas judiciales y el perfeccionamiento de la investigación y la identificación de los grupos fuera de la ley, como lo ha venido realizando en forma ejemplar la Corte Constitucional. Sin embargo, el procedimiento es incompleto. Como se dice en el argot popular, solo agarra a quienes se dejan coger. El resto tendría que ser inferido por procedimientos indirectos. Una forma consistiría en identificar los partidos de acuerdo con los implicados, y establecer aquellos cuyos porcentajes son significativamente iguales o mayores al promedio (totalmente comprometidos) y aquellos que no son significativamente diferentes de cero (íntegros). De acuerdo con técnicas bien conocidas, el primer grupo correspondería a los porcentajes superiores a 30%, el último a porcentajes inferiores a 5% y el resto quedaría en una zona de duda. ¿Cual sería una solución frente a este diagnostico? Lo menos que podría hacerse sería depurar la muestra excluyendo los congresistas enredados y la totalidad de los votos generados por ellos. Adicionalmente, convendría suspender a los partidos que tienen más de 30% miembros investigados. De esa manera, se lograría que los partidos mas transparentes tuvieran una mayor representación y redujeran la probabilidad de la corrupción.

La reforma aprobada en primera instancia en la Cámara de Representantes depura el Congreso actual, pero no resuelve el problema estructural. Si bien la silla vacía para los congresistas que reciban auto de detención es un avance con respecto a la propuesta inicial de limitarla a los casos condenatorios concluidos, es parcial. Mantiene a los congresistas elegidos con los votos sobrantes de los sindicados y no sanciona a los partidos cuyos miembros implicados superan los mínimos niveles de confianza estadística. Lo mas grave es que no se hace nada para evitar la selección adversa. Si las nuevas elecciones se realizan con el mismo universo y los mismos criterios, el resultado en términos éticos y morales sería el mismo.

La verdad es que el Congreso, por ser juez y parte, carece de incentivos para realizar esta tarea en forma efectiva. Los actos legislativos de 2001 y 2003 introdujeron el voto preferente, la cifra repartidora y los umbrales para eliminar la proliferación de listas, fortalecer los partidos, y evitar la compra de votos, y hoy en día los mismos que apoyaron los cambios reconocen que no lograron los propósitos buscados.Cuando las sociedades llegan a crisis creadas por las mismas instituciones no hay más camino que apartarse de ellas con nuevas reglas que reflejen un consenso.

El procedimiento más expedito sería una asamblea nacional constituyente elegida popularmente con claras inhabilidades para modificar las normas existentes en materia de partidos y sistemas de votación, y así definir las reglas que eliminen la selección adversa de las reformas anteriores y blinde el Congreso de los grupos al margen de la ley.

DIFÍCIL GOBERNABILIDAD

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Lo que se pensó hace unos meses que estaba distante, o que quizá nunca llegaría -dado el prestigio y la popularidad del Presidente de la República-, se ve ahora muy próximo, y casi inevitable: el escándalo de la parapolítica y el de la compra de votos para la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata pueden tocar y hasta tumbar a Álvaro Uribe Vélez.

El Jefe del Estado considera que es invulnerable gracias a las encuestas y al llamado "efecto teflón", según el cual las peores cosas se pueden decir y hasta probar, pero nada afecta su imágen ni su aceptación entre los colombianos. Pero esa convicción comienza a resquebrajarse, y en momentos en que el Gobierno parece estar buscando la oportunidad de un tercer período de Uribe, no solamente se complicaron las posibilidades de una nueva reelección, sino que, al aparecer deslegitimada la anterior, ya hay voces -y muy respetables, como la de Antanas Mockus, o la de Pedro Medellín- pidiendo al Presidente Uribe que renuncie a su cargo.

Los procesos iniciados contra congresistas tan de la entraña del Ejecutivo, como Álvaro Araujo, o como Mauricio Pimiento; la detención y las graves denuncias contra el ex director del DAS, Jorge Noguera, tan próximo a Álvaro Uribe, y tan defendido por él; la detención de su primo Mario Uribe; su frustrada apelación al asilo político -totalmente incomprensible, e indicio de culpabilidad-; la detención de más congresistas de las bancadas uribistas por sus contactos y negocios con los paramilitares; las confesiones de los mismos paramilitares, y de políticos amigos de Uribe, como Rocío Arias, que involucran a la Presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez -muy cercana al Presidente-; la vinculación al proceso del Presidente de la colectividad que lleva la inicial de Uribe -el Partido "de la U"-,...además de las declaraciones, acompañadas de comprometedoras pruebas documentales, de Yidis Medina acerca de las prebendas ofrecidas a ella y de dinero al famoso Teodolindo por altos funcionarios -inclusive ministros- para que la primera cambiara su voto y el segundo incurriera en una premeditada y oportuna ausencia en el momento clave de la aprobación del texto constitucional sobre reelección,..tienen "cercado" al Presidente, que ya no sabe qué decir, ni qué proponer a manera de "cortina de humo" para conservar su prestigio y no ser salpicado.Son demasias cosas. Demasiadas coincidencias. Demasiadas cercanías. Demasiados interrogantes sin resolver. Demasiados vínculos, que no pueden ya verse como un montaje, tan fácilmente removible como en ocasiones anteriores.

Dice la revista CAMBIO en su último número:"El ex ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, actual embajador en Italia, no las tiene todas consigo. En los últimos días ha llamado con frecuencia a varios amigos en Bogotá y les ha dicho que el escándalo por el presunto ofrecimiento de dádivas a la ex representante Yidis Medina para cambiar su voto a favor de la reelección del presidente Álvaro Uribe está a punto de salpicarlo. Las inquietudes no son infundadas pues al autoincriminarse la ex congresista en un delito de cohecho, que implica la participación de dos -el que ofrece y el que recibe- el escándalo llega hasta el Gobierno, que se ha defendido de los graves señalamientos con el argumento de que Medina juró en la Procuraduría que nunca le hicieron ofrecimientos para cambiar su voto cuando el Congreso aprobó la reelección presidencial en agosto de 2004. Pero durante las extensas jornadas de indagatoria en la Sala Penal de la Corte Suprema, Medina ha hecho un minucioso relato de lo que ocurrió entonces y, lo más grave, es que ha aportado documentos y evidencias que, según estableció CAMBIO, podrían confirmar que se configuró el delito de cohecho. El miércoles 30, tras superar un desmayo que obligó a suspender la diligencia del martes, ella entregó lo que podría considerarse la prueba reina: las colillas de varias consignaciones de dinero en efectivo en una cuenta del ex representante Teodolindo Avendaño, según ella como para ausentarse de la sesión en que sería votada la reelección. Según estableció CAMBIO en fuentes cercanas al proceso, la ex congresista reveló que fueron más de 10 consignaciones por valor de 200 millones de pesos, aportados por un contratista del Estado que utilizó dineros públicos para pagar el favor. Medina dijo ante varios magistrados auxiliares de la Corte, que ella recibía el dinero y luego lo consignaba en la cuenta de Avendaño. Pero, además, Medina insistió una y otra vez que tanto Sabas Pretelt, como el ex secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, y en menor medida el ministro de Protección Social, Diego Palacio, le ofrecieron puestos en diversas entidades oficiales a cambio de que votara por la reelección. Velásquez ha guardado silencio y la Casa de Nariño ha insistido en que hubo reuniones con Medina y Avendaño pero que no les hicieron ofrecimiento alguno. Entre los palos Muy distinta es la situación del ex ministro Pretelt, y eso explica su preocupación y las constantes llamadas a Bogotá. Desde hace dos semanas, cuando Noticias Uno divulgó el video con la confesión de Medina, han ocurrido tres episodios que enredan al ex ministro. El primero tiene que ver con su supuesta intervención en el nombramiento de Carlos Correa como gerente de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, ficha de Medina. Al parecer, la Corte tiene evidencias que probarían que Pretelt hizo una llamada telefónica en la que instruyó a un funcionario del sector salud de esa ciudad para que nombrara a Correa. El segundo está relacionado con la inesperada aparición en el escándalo del ex viceministro del Interior, Hernando Angarita, quien se reunió dos veces con Medina por sugerencia de Pretelt. Según el abogado de la ex congresista, Ramón Ballesteros, Angarita le habría ofrecido ayudarle con varios cargos en la Superin-tendencia de Salud, entidad en la que, según él, iba a ser nombrado como cuota de Cambio Radical. Angarita reconoció las reuniones con Medina y Pretelt dijo que las promovió por "razones de humanidad", debido a que ella le había dicho por teléfono que estaba muy angustiada. Pero lo cierto es que estas reuniones de Medina y Angarita por sugerencia de Pretelt dejan muy mal sabor, pues se dieron pocos días antes de que ella decidiera acudir a la Justicia. El tercer episodio que enreda a Pretelt se remonta a diciembre de 2006. En una entrevista con CAMBIO, los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera, los 'Mellizos', dijeron: "Veinte días antes de la reelección, el Ministro nos visitó y nos dijo que (...) era necesario enfilar baterías para garantizar la reelección de Uribe. Es más, nos dijo que existía la posibilidad de una segunda reelección presidencial, y agregó que él esperaba lanzarse a la Presidencia en 2010". También aseguraron que Pretelt les había dicho que el presidente Uribe les enviaba un saludo y el compromiso de no extraditarlos. Así las cosas, la decisión de Yidis Medina de someterse a sentencia anticipada indica que la Corte aceptaría la configuración del delito de cohecho. Si esto ocurre y Medina es condenada, el Ministro Pretelt y otros altos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno estarían contra las cuerdas. Y más grave aún: la reelección presidencial quedaría, ahora sí, en entredicho".

Por su parte la revista SEMANA, que hoy principia a circular, señala: La gravedad del asunto -de ser cierto lo publicado- es que ya no se trataba solamente de pagar con puestos a los congresistas por sus votos -una práctica repudiable, pero común-, sino con dinero en efectivo. De cara a la justicia, la corrupción con plata es sin duda más grave que la corrupción con puestos, porque en este último caso es muy difícil, casi imposible, diferenciar entre participación burocrática, lo cual es legítimo, y pago de favores, que no lo es.Sin embargo, según pudo establecer SEMANA, la versión que dio Yidis Medina a la Corte tiene unas diferencias significativas. Según dijeron a esta revista dos de las personas que estuvieron presentes en la indagatoria, la ex congresista no habló de que le hubieran entregado dinero a Teodolindo Avendaño, sino que como contraprestación por su apoyo a la reelección (que consistió en no asistir a la votación definitiva), le dieron, entre otras prebendas, la notaría 67 de Bogotá, ubicada en el barrio Quirigua.Yidis manifestó que esa notaría no existía y que la crearon especialmente para Teodolindo. De hecho, se trató de un paquete de 12 nuevas notarías que el presidente Uribe dio la orden de abrir, en noviembre de 2005, en barrios populares de cinco ciudades del país. Según el testimonio dado en la Sala Penal, Teodolindo propuso varios nombres de su confianza para ocupar el cargo de notario. Al parecer, ninguno de ellos le daba la talla al gobierno. Finalmente, según la narración de la ex congresista, entre ella y el entonces viceministro del Interior, Hernando Angarita, le propusieron a Teodolindo el nombre de Luis Camilo O'Meara Riveira. A cambio, el entonces representante a la Cámara recibiría 450 millones de pesos que le serían entregados en cuotas de las utilidades de la notaría.Yidis dice que sirvió de intermediaria en el negocio y que quedó encargada de recibir las cuotas de dinero en efectivo de parte de la notaría y consignarlo en las cuentas bancarias de Teodolindo y de su esposa. No es claro, ni la ex parlamentaria dio mayores detalles, por qué cumplió ese papel. En la Corte, ella presentó recibos de consignación por 210 millones de pesos. SEMANA visitó a O'Meara en su notaría y éste aceptó que conoce en persona a Medina y a Avendaño. Sin embargo, negó que le haya consignado un solo peso a Teodolindo, como afirma Yidis. "No sé, si hay consignaciones deben ser de plata de ella, no de mis cuentas", aseguró (ver recuadro 'La historia de la notaría')".

Y, para completar, el Cimisionado de Paz Luis Carlos Restrepo propone, en entrevista concedida al diario EL TIEMPO, la disolución de los partidos uribistas. ! Casi nada ! Eso es casi como reconocer que la hecatombe se produjo, y que el Presidente está ya tocado por los escándalos, y en forma muy cercana.Este último episodio muestra una gran debilidad del Gobierno respecto a lo que viene ocurriendo, y no debe pasar desapercibido que quien ha hablado lo está haciendo totalmente por fuera de sus funciones -hasta donde teníamos entendido, las de buscar caminos de paz y reconciliación-, invadiendo la órbita del Ministro del Interior y Justicia y del mismo Presidente de la República, todo a ciencia y paciencia del Jefe del Estado.

Esto ha generado, como si fuera poco, una grave desazón en los partidos de la coalición gobernante, a los que parece que se les quiere endilgar en un ciento por ciento la responsabilidad por la monumental crísis política que se ha generado y crecido como espuma.El panorama, pues, no puede ser más difícil, ni el momento más incómodo para el Gobierno, en particular para el Presidente. Y para el país, la aproximación de una crísis institucional indudable y grave, si no se toma conciencia de que es necesario permitir que operen las instituciones y que sigan adelante los procesos judiciales, caiga quien caiga.