Se presenta en Italia un enfrentamiento, o al menos una diferencia de enfoques sobre las facultades del Ejecutivo en materia de orden público e inmigración, entre el Jefe de Estado -el Presidente Giorgio Napolitano- y el recién posesionado Primer Ministro Silvio Berlusconi.
El presidente no parece estar de acuerdo con el proyecto de ley que auspicia el primer ministro, que consiste básicamente en acudir a normas extraordinarias y en plasmar un conjunto de drásticas medidas de emergencia para combatir el crimen y la inmigración ilegal. Napolitano manifestó al ministro del Interior, Roberto Maroni -con quien se reunió ayer para examinar el proyecto de normatividad que se considerará el próximo miércoles en el Consejo de Ministros convocado para sesionar en Nápoles- que, para poder entrar en vigor, las medidas deben tener un carácter de verdadera e innegable "necesidad y urgencia", con lo cual quiso significar que, en su criterio, no se pueden restringir los derechos civiles, las garantías y las libertades de las personas, a menos que sea estrictamente indispensable, a lo cual agregó que se debe respetar la normatividad de la Comunidad Europea.
El debate sobre normas extraordinarias se produce en momentos en que la Policía italiana adelanta una campaña a gran escala contra los ilegales y los traficantes de droga, y contra toda clase de delincuentes en las distintas ciudades, varias de ellas asoladas por conductas violentas que han generado alta inseguridad.
Ayer nada más se informó por las agencias internacionales de noticias la detención de 383 personas, 268 de ellas inmigrantes, en una operación llevada a cabo a lo largo de la última semana en nueve regiones y en quince provincias italianas. Discotecas, bares, centros de llamadas telefónicas, centros de diversión y juegos electrónicos, zonas de prostitución, estaciones y campamentos gitanos han sido los objetivos de numerosas redadas, coordinadas por la Dirección Central Anticrimen. Entre los arrestados hay 50 marroquíes, 32 rumanos, 25 tunecinos, 18 nigerianos, 16 egipcios y 14 albaneses. Un total de 53 ciudadanos nigerianos y albaneses han sido ya expulsados, informó la policía, de acuerdo con el último informe policial, que será tenido en cuenta por el Consejo de Ministros.
Otros 65 extranjeros permanecían ayer en centros de detención temporal. Las acusaciones principales contra los detenidos son hurto y robo (177 personas), ayuda a la inmigración ilegal (111) y tráfico de drogas (92). Las autoridades aprehendieron 7 kilos de cocaína, 360 gramos de heroína y 11 kilos de cannabis.
El Gobierno de Berlusconi tiene toda la intención de aplicar mano firme en las distintas ciudades y provincias, y se propone modificar de modo fundamental las disposiciones legales en vigor, no solamente en materia de delincuencia callejera, sino en general, en materia de seguridad ciudadana y en el campo de la inmigración clandestina.
Pero la Iglesia Católica ha entrado en la polémica, y ha sostenido ante el Ejecutivo que "hay que parar los extremismos" contra los inmigrantes, ya que se corre el peligro de caer en el racismo.
"No se puede reconocer la realidad total de un pueblo", señaló el presidente de la Conferencia Episcopal (CEI), el cardenal Angelo Bagnasco, en una entrevista que publica hoy el diario La Repubblica sobre la crisis desatada después de que varios asentamientos gitanos fueran quemados.
Por su parte, el cardenal de Turín, Severino Poletto, en declaraciones al diario Corriere della Sera, dice: "Si no vigilamos profundamente nuestro pensamiento, sin darnos cuenta podemos caer en algo de racismo". Según Poletto, los desalojos de los asentamientos gitanos no resuelven el problema.
"Hay que unir diálogo y seguridad, legalidad y educación, justicia y caridad. No creo en que la solución sea mandar las excavadoras y tirar todo. La libre circulación no está prohibida en Europa y se irán a otras partes", ha dicho.
Por su parte, el nuevo ministro italiano de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, se pronuncia a favor de una revisión del convenio de Schengen, ya que a su jucio el problema de Europa no está más en la libre circulación" de las personas sino en la seguridad.
"Es necesaria una revisión para verificar la adecuación (del tratado) sobre las fronteras internas y externas", ha dicho Frattini en una entrevista publicada hoy en el diario Messaggero.
El tema está en el primer lugar del orden del día en las preocupaciones de Berlusconi, y se ha generado polémica en los círculos acedámicos, con miras a establecer hasta dónde puede llegar la política de seguridad en un Estado de Derecho, y sobre dónde comienzan los límites al ejercicio del poder por razones de dignidad humana, libertades, igualdad y otros derechos fundamentales.
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