OTRA VEZ LAS FILTRACIONES. UN CASO GRAVE EN PALACIO

José Gregorio Hernández Galindo

Tal parece que, no obstante las claras reglas constitucionales que garantizan el derecho a la intimidad de las personas y la inviolabilidad de su correspondencia y de sus comunicaciones, en particular por considerar el Constituyente que tales derechos son fundamentales e inalienables (Art. 15 C.P.), nos estamos acostumbrando a las interceptaciones telefónicas, de tal manera que hoy nadie se encuentra seguro de no estar siendo escuchado y grabado, aun respecto de asuntos privados, de su exclusivo interés o de su familia, empresa o, inclusive, el organismo estatal para el cual trabaja.

Eso acaba de ocurrir con el propio Presidente de la República, quien ha pedido que se investigue la grabación y la filtración a los medios de una llamada suya a un funcionario de Palacio al parecer implicado en una extorsión.

Desde luego, la furia del Jefe del Estado, expresada en en lenguaje por él utilizado en el documento sonoro, aunque no se considere ni sea la más elegante, resulta explicable por razón del asunto, ya que no puede concebirse que servidores altos ni bajos de la Presidencia estén involucrados en actos de corrupción, como el que allí se refleja, y menos en relación con delincuentes o con personas procesadas.

Pero la conversación, o el regaño, o el reclamo interno a su empleado -que obviamente debía ser, como talvez lo fue, denunciado ante la Fiscalía si el Presidente pensaba que había participado en un delito- era un acto cuyo desarrollo o contenido se supone no era conocido desde el comienzo, pues no se sabía cómo se iba a desenvolver el diálogo. Luego quienes grabaron seguramente lo vienen haciendo desde hace tiempo, es decir, no debe ser esta la única llamada interceptada y grabada al Dr. Uribe, vaya uno a saber por órden de quién y cómo se practica; y convendría saber con qué objeto.

El tema, en su conjunto, amerita investigación, que ojalá no termine -seguramente así ocurrirá- como la investigación jamás culminada sobre las interceptaciones telefónicas de personajes por parte de funcionarios de la Policía Nacional, en un episodio que hasta ahora no se ha podido explicar satisfactoriamente ni al Congreso, ni a los afectados, ni al país.

Ahora bien, lo de ahora, más allá del caso de corrupción -y de lo preocupante que es el hecho de que alguien cercano al Gobierno tenga ese tipo de contactos, pues de todas maneras le causa daño-, no puede pasar desapercibido que en esta ocasión el interceptado es el Presidente, lo que llama la atención además en torno a la seguridad de la Casa de Nariño y de los teléfonos que aquél usa, tema que, claro está, merece ser dilucidado también de manera plena y rápida.