ZONA DE ENCUENTRO

José Gregorio Hernández Galindo

Debemos registrar con beneplácito que el Presidente de la República, Dr. Alvaro Uribe, haya abierto de nuevo las posibilidades de un acuerdo humanitario para la liberación de los secuestrados, accediendo a la existencia de una llamada "zona de encuentro", que no es lo mismo que un despeje, para permitir durante un lapso delimitado los diálogos con la guerrilla con miras a ese propósito, que hoy ya no solamente es nacional sino internacional.

En este sentido, lo que esperamos todos es que las FARC, que ahora tienen la palabra, no vayan a responder con un portazo a la actitud del Gobierno, y por el contrario su posición al respecto sea la de encaminar las negociaciones hacia el objetivo de poner fin a la prolongada tortura que vienen infligiendo no solamente a los secuestrados sino a sus familias.

Se debe pensar en términos de derechos, y no de cualquier jerarquía. Estamos hablando de derechos fundamentales como el derecho de toda persona a su vida, constantemente en peligro para los secuestrados, como pudimos corroborarlo con el horrendo crimen de los diputados del Valle y también en el caso del Gobernador y el Comisionado de Paz de Antioquia, entre otros casos en que la vida fue sacrificada sin compasión.

Hablamos del derecho a llevar esa vida en condiciones dignas, habiendo visto en los videos filmados por los mismos guerrilleros la situación inhumana y cruel en que mantienen a sus víctimas; del derecho a la libertad, el primero de todos los derechos violados cuando contra su voluntad es alguien retenido; del derecho a no ser torturado, cuando a lo largo de años los guerrilleros se han especializado en atormentar a personas inocentes, sin importar su sexo ni su edad; del derecho a la integridad física y moral, afectado de manera recurrente por las caracteristicas propias de los parajes en que la guerrilla se refugia, por los constantes traslados y las marchas forzadas, por las dificultades para comer y para dormir adecuadamente, por el sobresalto, por la amenaza, por la soledad, por la carencia de oportunidades de comunicación con los demás,...en fín, por el esquema del secuestro en su conjunto.

Hablamos también del derecho que todos tenemos a permanecer en el seno de nuestras familias, cercenado en forma violenta; del derecho a la intimidad, que se lesiona de modo protuberante en esos campos de concentración en que se han convertido los campamentos de las FARC, sujeto siempre el cautivo -hasta para sus actos más personales- a la vigilancia y la mirada de los guardianes de la guerrilla; del derecho a la libre expresión del pensamiento, pues en los casos en que se graban o filman pruebas de supervivencia el secuestrado no puede decir lo que quiera sino lo que quieran sus captores, autorizados por sus jefes para "editar" las grabaciones; del derecho a la información, ya que en el cautiverio sólo ingresan los aparatos e instrumentos de recepción de señales que permiten los carceleros.

Y podríamos seguir enunciando derechos humanos vulnerados, contra todo principio y contra toda regla de convivencia, en una cadena de actos demenciales que debemos denunciar ante la comunidad internacional y por los cuales son indudablemente responsables los secuestradores.

Hacemos votos por la prosperidad del nuevo intento del Presidente Uribe, y lo respaladamos sin reservas, confiando en que Dios permita su éxito en esta ocasión, para bien de Colombia.