LA CONFESIÓN DE YIDIS

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Se ha informado hoy que Yidis Medina "prendió el ventilador" en la Corte Suprema de Justicia, y según ella -que se acoge a sentencia anticipada, habiéndose declarado culpable-, altos funcionarios del gobierno le ofrecieron prebendas y cargos, a cambio de su voto en favor de la reforma constitucional que permitió la reelección del Presidente de la República.

Ha señalado igualmente que al ex congresista Teodolindo Avendaño -recuérdese que en 2004 apodábamos el Acto Legislativo como "la reforma de Yidis y Teodolindo"- le pagaron dinero para que no asistiera a la sesión decisiva -como en efecto no asistió, con la disculpa que el Ministro del Interior de la época transmitió en el sentido de que Teodolindo tenía mal de estómago-.

No sé si los oyentes alcanzan a medir la inmensa gravedad de estas tardías denuncias, sobre hechos respecto de los cuales la oposición advirtió hasta la saciedad, sin ser escuchada, en el año 2004. Es muy grave que eso haya acontecido. Que se haya reformado la Constitución mediante compra de votos. Que congresistas elegidos por el pueblo hayan usado su poder de reforma -el máximo que es posible ejercer en una democracia- sin ningún escrúpulo, para favorecerse personalmente, con dádivas y monedas dispensadas por quien tenía el poder en sus manos y, a su vez, lo utilizaba en su propio interés, torciendo el rumbo de las instituciones.

El asunto es muy delicado, y lo que se espera es que -aunque el daño ya se causó- las autoridades judiciales impongan las merecidas sanciones a quienes lograron falsear el proceso de reforma constitucional. Que no sea Yidis la única que pague por su delito. Que, como para el cohecho se necesitan los sujetos activos que ofrecieron las dádivas, se inicien las investigaciones penales, contra el exministro y actual embajador Sabas Pretelt; contra el actual Ministro de Protección Social Diego Palacio; contra el entonces Secretario de la Presidencia, contra quien era Superintendente de Notariado y contra todo aquél que haya tomado parte en los hechos ilícitos, por encumbrado que sea su cargo.

En esto, que ha implicado una grave ofensa a las instituciones, no puede haber impunidad.