Es contra todas las formas de violencia
Una movilización que no debe tener color polìtico
José Gregorio Hernández Galindo
La marcha programada para el próximo 4 de febrero tiene sus propias características, y es bueno señalarlas para que no se confundan con las de otros eventos similares ya llevados a cabo.
Dentro del concepto de una democracia participativa, se supone que espontáneamente surgió de miembros de la colectividad, al principio en Internet, la idea de movilizar en todo el país a quienes -como es natural- nos solidarizamos con las víctimas del secuestro y sus familias, ante las pruebas contundentes -suministradas por la propia guerrilla- acerca del trato infame e indigno que se les aplica en el interior de los campamentos en que se sigue perpetrando el delito.
Infortunadamente, y por paradoja, en momentos en que parece haberse superado -o al menos disminuido- la prolongada indolencia de la mayoría en relación con el secuestro, se observa que diferentes organizaciones y partidos, y hasta el Gobierno, le han dado a la marcha un sentido político que no tiene, ni debe tener, con lo cual puede distorsionarse el mensaje que -según se palpa- quiere enviar la ciudadanía, sin un color específico, como expresión de rechazo a todos aquellos que han sembrado el terror en nuestro suelo.
En verdad, entendemos que no se trata de un plebiscito a favor del Gobierno colombiano, ni en su contra, ni tampoco de un evento que pretenda canalizar –como algunos quieren- un descontento nacional contra Venezuela o contra el Presidente Chávez, ni a su favor.
Que se haya partido originalmente de la indignación general provocada por las pruebas de supervivencia y por el prolongado tiempo de los secuestros, en modo alguno significa que ese orígen pueda condicionar a todos y cada uno de quienes participen en la marcha, pues con todas las interpretaciones que desde distintos frentes se le han dado, circunscribirla a uno de los motivos -por ejemplo, un rechazo única y exclusivamente a un cierto movimiento-, o encadenarla a un apoyo político al Gobierno o a una protesta contra el mismo, significaría que quienes sinceramente quieren ampliar el radio de la expresión pública contra todas las formas de violencia, como es oportuno hacerlo, pudieran verse impedidos para marchar, restando fuerza al movimiento.
Por eso creemos que debemos encontrar el punto de coincidencia entre las distintas posiciones, sin desvirtuar el ideario o el criterio político de distintos sectores, simplificando el sentido de la movilización: ella es contra la violencia, contra el secuestro, contra el terrorismo, contra la tortura, contra el crimen, vengan de donde vinieren. Y al propio tiempo, se trata de una presencia popular que, en lo que hace a los secuestrados, quiere su liberación inmediata, sanos y salvos, lo que seguramente -en la mente de la mayoría- significa un apoyo al acuerdo humanitario y al trámite pacífico del proceso de liberación.
En síntesis, nuestro criterio es el de que, quien se identifique en esencia con una negativa social de gran dimensión a la violencia y al terrorismo, en cuanto tales, debe ejercer su derecho de participación, que a la vez implica un deber de solidaridad, y marchar.
Una movilización que no debe tener color polìtico
José Gregorio Hernández Galindo
La marcha programada para el próximo 4 de febrero tiene sus propias características, y es bueno señalarlas para que no se confundan con las de otros eventos similares ya llevados a cabo.
Dentro del concepto de una democracia participativa, se supone que espontáneamente surgió de miembros de la colectividad, al principio en Internet, la idea de movilizar en todo el país a quienes -como es natural- nos solidarizamos con las víctimas del secuestro y sus familias, ante las pruebas contundentes -suministradas por la propia guerrilla- acerca del trato infame e indigno que se les aplica en el interior de los campamentos en que se sigue perpetrando el delito.
Infortunadamente, y por paradoja, en momentos en que parece haberse superado -o al menos disminuido- la prolongada indolencia de la mayoría en relación con el secuestro, se observa que diferentes organizaciones y partidos, y hasta el Gobierno, le han dado a la marcha un sentido político que no tiene, ni debe tener, con lo cual puede distorsionarse el mensaje que -según se palpa- quiere enviar la ciudadanía, sin un color específico, como expresión de rechazo a todos aquellos que han sembrado el terror en nuestro suelo.
En verdad, entendemos que no se trata de un plebiscito a favor del Gobierno colombiano, ni en su contra, ni tampoco de un evento que pretenda canalizar –como algunos quieren- un descontento nacional contra Venezuela o contra el Presidente Chávez, ni a su favor.
Que se haya partido originalmente de la indignación general provocada por las pruebas de supervivencia y por el prolongado tiempo de los secuestros, en modo alguno significa que ese orígen pueda condicionar a todos y cada uno de quienes participen en la marcha, pues con todas las interpretaciones que desde distintos frentes se le han dado, circunscribirla a uno de los motivos -por ejemplo, un rechazo única y exclusivamente a un cierto movimiento-, o encadenarla a un apoyo político al Gobierno o a una protesta contra el mismo, significaría que quienes sinceramente quieren ampliar el radio de la expresión pública contra todas las formas de violencia, como es oportuno hacerlo, pudieran verse impedidos para marchar, restando fuerza al movimiento.
Por eso creemos que debemos encontrar el punto de coincidencia entre las distintas posiciones, sin desvirtuar el ideario o el criterio político de distintos sectores, simplificando el sentido de la movilización: ella es contra la violencia, contra el secuestro, contra el terrorismo, contra la tortura, contra el crimen, vengan de donde vinieren. Y al propio tiempo, se trata de una presencia popular que, en lo que hace a los secuestrados, quiere su liberación inmediata, sanos y salvos, lo que seguramente -en la mente de la mayoría- significa un apoyo al acuerdo humanitario y al trámite pacífico del proceso de liberación.
En síntesis, nuestro criterio es el de que, quien se identifique en esencia con una negativa social de gran dimensión a la violencia y al terrorismo, en cuanto tales, debe ejercer su derecho de participación, que a la vez implica un deber de solidaridad, y marchar.
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