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jueves, 14 de febrero de 2008

ESTAFA Y OMISIÓN

Ineficacia de las autoridades.
Los de la vista gorda.
Ludovico Ariosto
Solamente gracias a la presión de los medios de comunicación, que mostraron a los colombianos las filas interminables de incautos que llevaban sus dineros a las empresas de garaje diseminadas en varias ciudades, con la promesa de multiplicar las inversiones por la vía de cuantiosos intereses, finalmente las autoridades han decidido organizar un bloque de acción contra la estafa colectiva, de la que han sido víctimas miles de colombianos.

En efecto, las superintendencias de sociedades y financiera; la Fiscalía General de la Nación y la DIAN anuncian que adelantarán las investigaciones orientadas a determinar en qué consisten las irregularidades de estos procesos, que sin duda son fraudulentos, y a detectar a los responsables de la rapiña.

Pero eso ha ocurrido, insistimos, solamente después de que durante muchos meses las masivas captaciones se produjeron a ciencia y paciencia de las autoridades, que en consecuencia, incurrieron en grave e imperdonable omisión, y cuando se denuncia que hay perdidos, al menos por lo que se sabe hoy, algo más de 4.000 millones de pesos en las llamadas "pirámides", y cuando se han presentado numerosas denuncias por estafa y captación ilícita de fondos de los particulares, en diferentes localidades de nuestra geografía.

Llama la atención el hecho de que hasta agentes de la Policía Nacional engrosaban las filas de los inversionistas atraídos por la fiebre del dinero fácil y del rendimiento rápido de sus recursos. Muchos vendieron bienes y prendas, para llevar su producido a los fantasmas captadores de dinero, cuando en nuestro sistema jurídico, desde hace varios años, se han tipificado las conductas punibles relacionadas con la actividad de intermediación financiera ilegal, sin que la Fiscalía hubiese tomado antes cartas en el asunto.

Tenemos que preguntarnos igualmente cuál es el origen de esos dineros, y ya veremos que muy probablemente, al menos en algunos casos sobre los cuales debe desplegarse la actividad investigativa de las autoridades, corresponden a lavado de activos.
Obviamente, lo que se espera de los organismos de control no es otra cosa que determinar si alguien -creemos que muchos servidores dentro del aparato estatal- debe responder, como lo indica el artículo 6 de la Constitución, por omisión en el ejercicio de sus funciones. En términos del lenguaje popular, si unos o muchos funcionarios -y quiénes- se hicieron los de la vista gorda.

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Aserrín, Aserrán

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Bogotá, D.C.., Cundinamarca, Colombia
ABOGADO Y PROFESOR UNIVERSITARIO. EX MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA