José Gregorio Hernández Galindo
En torno al asunto de Carimagua y la muy discutida y discutible decisión del Ministro de Agricultura en el sentido de "desplazar a los desplazados", para abrir una licitación con miras a adjudicar las tierras correspondientes a título de concesión, por cincuenta años, a empresarios privados, ha sido digna de destacar la advertencia del Procurador General, Dr. Edgardo Maya Villazón, sobre la inconstitucionalidad del acto, que entonces debería ser revocado directamente por quienes lo dictaron o por sus superiores, como lo enseña el Código Contencioso Administrativo.
Pero esta mañana el Ministro sostuvo en los medios que habló con el Procurador y que espera haberlo convencido con sus argumentos "técnicos" -que quiere hacer prevalecer sobre los jurídicos y sobre los derechos de los desplazados- .
Hacemos votos por que el Procurador no se convenza, y por el contrario inicie las investigaciones pertinentes, tema al cual se refiere LUDOVICO ARIOSTO, en columna de hoy en el blog Cosa Pública, de El País.com, que transcribimos parcialmente:
"Ya el Ministro ha dicho que solamente cometió un error en este asunto: no el de haber lesionado los derechos de esta agrupación humana débil en beneficio de empresarios, sino el de "no haber mantenido informados a los organismos de control". Es una respuesta descarada y jurídicamente inaceptable: incurre en contumacia al insistir en algo que ya el Ministerio Público le dijo que es ilegal, y por otro lado supone erróneamente que uno puede estar haciendo algo indebido y seguir haciéndolo tranquilamente siempre y cuando informe a quienes lo vigilan y deberían por ello sancionarlo.
Sobre el punto, nuestro criterio es el de que, además de frenar el negocio, interrumpiendo el proceso de licitación y haciendo prevalecer los postulados de la Carta Política y del Estado Social de Derecho sobre la voluntad del Ministro, la Procuraduría debe iniciar las investigaciones pertinentes, para establecer el verdadero porqué de esa decisión tan extraña y sorpresiva, y para saber a quién o a quiénes beneficia, y la razón por la cual el Gobierno quiere beneficiarlo o beneficiarlos. Y la Contraloría también debe investigar.
Aquí aportamos, a título de recorderis, los siguientes textos constitucionales: el artículo 1, según el cual Colombia es un Estado Social de Derecho; el artículo 2, a cuyo tenor las autoridades de la República están instituídas, entre otros propósitos, para "asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"; el 5, que proclama el reconocimiento del Estado, sin discriminación alguna, de la primacía de los derechos inalienables de la persona y el amparo a la familia (como las familias de los desplazados) en calidad de institución básica de la sociedad; el 13, que expresamente obliga al Estado a promover "las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva" y a adoptar "medidas en favor de grupos discriminados o marginados" mientras aquí se adoptan en favor de grupos poderosos de empresarios; el 64, que afirma: "Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educacion, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vi de los campesinos".
¿Que -dice el Ministro- los desplazados no tienen con qué hacer productiva la tierra?. Para eso, Ministro, está el crédito, por cuanto no se trata de entregar tierras a los desplazados y luego dejarlos abandonados a su suerte. Y no olvidemos el artículo 66 de la Constitución colombiana: "Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo e cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales".
Eso, sin contar con las varias sentencias de la Corte Constitucional sobre los desplazados."
Sobre el punto, nuestro criterio es el de que, además de frenar el negocio, interrumpiendo el proceso de licitación y haciendo prevalecer los postulados de la Carta Política y del Estado Social de Derecho sobre la voluntad del Ministro, la Procuraduría debe iniciar las investigaciones pertinentes, para establecer el verdadero porqué de esa decisión tan extraña y sorpresiva, y para saber a quién o a quiénes beneficia, y la razón por la cual el Gobierno quiere beneficiarlo o beneficiarlos. Y la Contraloría también debe investigar.
Aquí aportamos, a título de recorderis, los siguientes textos constitucionales: el artículo 1, según el cual Colombia es un Estado Social de Derecho; el artículo 2, a cuyo tenor las autoridades de la República están instituídas, entre otros propósitos, para "asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"; el 5, que proclama el reconocimiento del Estado, sin discriminación alguna, de la primacía de los derechos inalienables de la persona y el amparo a la familia (como las familias de los desplazados) en calidad de institución básica de la sociedad; el 13, que expresamente obliga al Estado a promover "las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva" y a adoptar "medidas en favor de grupos discriminados o marginados" mientras aquí se adoptan en favor de grupos poderosos de empresarios; el 64, que afirma: "Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educacion, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vi de los campesinos".
¿Que -dice el Ministro- los desplazados no tienen con qué hacer productiva la tierra?. Para eso, Ministro, está el crédito, por cuanto no se trata de entregar tierras a los desplazados y luego dejarlos abandonados a su suerte. Y no olvidemos el artículo 66 de la Constitución colombiana: "Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo e cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales".
Eso, sin contar con las varias sentencias de la Corte Constitucional sobre los desplazados."
Reiteramos: esta no es una política acorde con la prevalencia de los derechos de grupos discriminados o marginados, ni con el Estado Social de Derecho.
Que el Ministro Arias no convenza al Procurador; que éste adopte las medidas necesarias para impedir el atropello, y que el Gobierno proceda, como corresponde a un Estado Social de Derecho, entregando esas u otras tierras a los desplazados, brindándoles además -como es su obligación- facilidades de crédito y recursos para desarrollar los predios y hacerlos producir, así como mecanismos aptos para la comercialización de sus productos agrícolas. Es todo lo que pedimos en este blog, en defensa de nuestro Derecho Constitucional.
3 comentarios:
Añadiendo a lo expuesto en el anterior artículo, también me resulta curioso, que hace unos años cuando se empezo a hablar sobre la adjudicación de estos predios, sí se consideraban adecuados para la entrega a desplazados, como se menciono hoy en la mañana en la W.
Por lo tanto, se tiene que mirar este hecho con mucho ciudado, por las implicaciones que puede tener, y a mi parecer, ya las tiene. Ya que se intenta con argumentos confunsos y sin pruebas contundentes, convencernos que esas tierras no deben terminar en manos de los desplazados, sino en manos de empresas privadas. Logrando así repetir el constante error en nuestra historia nacional, de la inequidad y desigualdad, a pesra de tener un marco jurídico, nuestra constitución, la cual nos abre la posibilidad de corregir estos errores del pasado.
Primero que todo gracias al Dr. Hernandez por desarrollar temas que afectan al pais y permitirnos tener elementos adicionales para tener una opinion mas racional de los hechos. El ministro en la radio se le olvido definir el termino de UAF (unidad agricola familiar)que segun mis lecturas, corresponde, en palabras sencillas, a la porcion de tierra que garantiza un ingreso promedio no menor de 3 SMLMV. Tambien, se le olvido mencionar que de acuerdo a las normas tributarias las reforestaciones gozan de jugozas exenciones tributarias, es decir, que desde el punto de vista fiscal no es que sean muy rentables para el pais.Tambien, llama la atencion que ayer el presidente anuncio 40 mil millones de pesos para los cafeteros para ayudarles con los fertilizantes y en estos dias dijo que los desplazados dejaran enrrastrojar la tierra si se les entrega a ellos.Suena como contradictorio no?.Creo que el ministerio tiene que, con el debido respeto, ponerse las pilas a gerenciar en grande, y que no sigamos en lo mismo: haciendole favores a los palmicultores, a los cañeros del valle del cauca, a smurfit kappa, a los bananeros, a los floricultores, etc. es hora de que se hagan politicas grandes de mediano y largo plazo que nos beneficien a todos. La coyontura actual lo que refleja es una gran improvizacion de la cartera de agricultura y por lo mismo preocupa.
Totalmente identificado me encuentro con el excelente comentario suyo, y con el de el Dr. Ludovico Ariosto, sobre tema tan trascendental. El Gobierno actual es neoliberal y solamente le interesan los ricos, no los pobres, ni los indigentes, ni los asalariados, y menos los desplazados por la violencia, en particular la generada por lo paras. Estos ¿quiénes son?
Saludos y lo felicito de jnuevo por este blog
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