José Gregorio Hernández Galindo
Nos ha parecido insólita la noticia publicada el domingo en el diario EL TIEMPO en el sentido de que el Ministro de Agricultura y el INCODER han resuelto cambiar abruptamente la destinación de un terreno de 17.000 hectáreas ubicado en el Departamento del Meta, que estaba previsto para solucionar al menos en parte los problemas de los miles de desplazados por la violencia de los paramilitares y la guerrilla, y lo entregan en concesión por 50 años a empresarios de palma, caucho y madera.
Además de que el Estado no ha cumplido en realidad con las varias sentencias de la Corte Constitucional sobre tan grave asunto -la Corte dice que en algo ha mejorado su actitud, pero no está completamente satisfecha-, lo ocurrido es inconcebible si se considera el compromiso que ahora ese mismo Estado contrae con particulares, sobre la base de una motivación que no está nada clara y por un término completamente inconsulto y demasiado extenso.
Según la información, la Gobernación del Meta ya había preseleccionado a las primeras familias que se beneficiarían con esa tierra, las cuales ahora quedan desamparadas, ante una determinación oficial inexplicable, en desarrollo de la cual ya se abrió en diciembre pasado la licitación para entregar el terreno a los inversionistas.
Nos preguntamos si esta actitud del Gobierno corresponde a la que se esperaría de los organismos oficiales en un Estado Social de Derecho, y si ese es el concepto que tiene el Ejecutivo acerca de la función social que se proclamó desde 1936, cuando comenzaron en Colombia los esfuerzos por una reforma agraria renovadora y democrática.
Nos preguntamos también por el posible desacato a las providencias proferidas por la Corte Constitucional, y si sería el caso de acudir de nuevo a la acción de tutela para garantizar, ante semejante exabrupto, los derechos fudamentales de las familias desplazadas.
Obviamente, también cabe preguntar si esta no es otra forma -adicional, como si tuviéramos pocas- de verdadera violencia contra los más desprotegidos.
Es muy grave lo que ocurre en Colombia con los desplazados, quienes no tienen la culpa de haberse encontrado ubicados en los lugares azotados por la subversión y el paramilitarismo, que venían desarrollando su vida y actividades normalmente y que fueron sorprendidos y asaltados por los delincuentes de distintos orígenes y sacados de sus tierras de manera inmisericorde.
El Estado, que no evitó ni contuvo los hechos de terrorismo y muerte que dieron lugar al desplazamiento, tiene que asumir ahora su responsabilidad, y al menos cumplir -como lo ha expresado hasta la saciedad la jurisprudencia- con procurar la reparacion de los perjuicios causados -no se nos olvide que los desplazados son víctimas-, y con la atención de sus más inmediatas y elementales necesidades en materia de salud, educación, agua potable, vivienda, para lo cual debe desplegar una actividad que no implica hacerles favores ni otorgarles dádivas. Se trata de derechos inalienables que están siendo violados de manera contínua, inclusive por los agentes estatales, como en esta ocasión, si el Ministerio y el Incoder no proceden de inmediato a sustituir, en beneficio efectivo de las familias desplazadas, las tierras de las que, por una política contraria al orden justo que la Constitución proclama, han sido despojadas.
Diríase que estas familias han sido desplazadas dos veces, primero por los violentos, y ahora por el propio Estado.
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