INDISPENSABLE MESURA

José Gregorio Hernández Galindo

Ha propuesto el Ejecutivo que se modifique, o mejor, que se derogue el Acto Legislativo número 1 de 2007, por medio del cual -sin que el Gobierno se diera cuenta, y por iniciativa exclusivamente congresional- se establecieron nuevas reglas acerca de la moción de censura. Esta institución -dicho sea de paso- corresponde a un injerto, con lo cual queremos designar un traslado incompleto y defectuoso, sin beneficio de inventario, del sistema parlamentario al presidencial, y por lo tanto no ha funcionado en los dieciséis años de vigencia de la Carta Política del 91.

En síntesis, la reforma del año pasado consistió en: a) Incluír como "censurables", además de los ministros, a los directores de departamentos administrativos y a los superintendentes; b) Permitir que una sola cámara -Senado o Cámara de Representantes- pueda censurar a cualquiera de tales servidores públicos; c) Extender la moción de censura a los departamentos y municipios, en todos los cuales podrán ser censurados los secretarios del Despacho; d) Dejar, por lo tanto, explícito que las asambleas y concejos ejercen control político sobre los gobernadores y alcaldes y sobre la administración; e) Establecer que la renuncia del funcionario no inhibe al Congreso, la correspondiente asamblea o el concejo respectivo para resolver acerca de la moción de censura.

La nueva normatividad se promulgó a mediados del año pasado, pero principió a regir el primero de enero.

Desde luego, el Gobierno y varios críticos de la iniciativa, hoy convertida en norma constitucional, no fueron capaces de impedir su aprobación, y no la aceptan, pero no han sido muy explícitos al plantear el debate en todos sus aspectos ante el país, para que se discuta, evitando nuevas sorpresas como las que significaron la gestación y el nacimiento del Acto Legislativo.

Esto amerita análisis y debate público, y es de esperar que ahora se abran tales opciones, ya que así no ocurrió mientras se tramitó la actual normatividad.

Si la proyectada nueva reforma, o contra-reforma -para decirlo con claridad-, fracasa, de todas maneras se necesita la reflexión y el análisis como elemento esencial para su aplicación. En particular, aun considerando que la figura, tal como quedó después de la enmienda, contribuye a profundizar la democracia y en especial el control político en cabeza de los cuerpos colegiados de elección popular,no se la puede tomar con ligereza, ni como instrumento de coacción contra los gobiernos, o a título de simple "arma" de la oposición, o de quienes fueron derrotados en las elecciones, o de aquéllos a quienes el gobernante no puede satisfacer con puestos y prebendas. La moción de censura no es para eso, y no se puede concebir como elemento de retaliación, presión o chantaje, pues su sentido es otro: es un medio para hacer efectivo el control político y para velar, desde las corporaciones públicas y en representación del pueblo, por la prevalencia del interés colectivo.

Recomendamos a los congresistas, diputados y concejales que, cuando inicien cualquier proceso que tienda al uso de este mecanismo de control político, tengan mucho cuidado y actúen con gran tacto y mucha ponderación para evitar su descrédito -que fatalmente conducirá a su abolición, regresando probablemente el sistema a la versión original de 1991-, pues una vez más conviene repetir que las normas y las instituciones no son las malas, o las buenas -depende-, sino que lo son los seres humanos que las aplican: ellos las vivifican y encauzan, o las destruyen por la vía de su desprestigio.

No quisiéramos que tuvieran razón quienes, al hablar sobre la nueva moción de censura, afirman que mediante ella se estimulará la politiquería y el clientelismo en las regiones y localidades y aún en el Congreso, y que además obstaculizará cualquier tarea gubernamental, quedando ministros, directores de departamentos administrativos , superintendentes y secretarios en manos de unos pocos congresistas, miembros de una sola cámara, sin participación de la otra, y sin un mínimo equilibrio o contrapartida (como la disolución de las cámaras y la convocatoria a elecciones anticipadas), pero sí con una especie de espada de Damocles que los convertiría en rehenes de los gamonales políticos.

Obviamente, por contrapartida, tampoco debe haber timidez o cobardía en el uso de esta herramienta de control, toda vez que si así fuera se la haría inane, también con grave daño institucional.

En cuanto al Gobierno, que debe encarnar los intereses de la República y no los suyos propios: reflexione, con serenidad democrática. No es lo deseable que este instrumento, apto para lograr el equilibrio de fuerzas que impida la concentración del poder, sea derogado en razón de este afán de hoy y por las primeras críticas, sin darle oportunidad de aplicación, para después, ante casos de abuso o de torpeza gubernamental, tener que arrepentirnos de haberlo perdido.