Reconsiderar la posición sobre despeje para salvar vidas
José Gregorio Hernández Galindo
Por los canales internacionales y extranjeros de televisión -que hicieron cubrimiento total y directo, a falta de la televisión colombiana, que se ocupaba en la transmisión de telenovelas- pudimos seguir la rueda de prensa ofrecida a los medios del mundo destacados en Caracas por los cuatro congresistas recientemente liberados de su secuestro por las FARC: Gloria Polanco, Jorge Eduardo Géchem, Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán.
Esas declaraciones de quienes acaban de sufrir en carne propia el trato inhumano que la guerrilla da a los cautivos contra todas las reglas del Derecho Internacional Humanitario, y que a la vez han sido víctimas de la extrema indolencia del gobierno colombiano al respecto, muestran a las claras que, a juzgar por todas las características de los procedimientos usados por los captores y por la misma composición geográfica de nuestro territorio, eventuales operaciones militares orientadas a la liberación armada de los secuestrados están llamadas al fracaso y, de intentarse, conducirán inexorablemente a repetir la experiencia ya varias veces sufrida del sacrificio de los rehenes.
Entonces, vista la situación muy grave de algunos de los secuestrados -como es la muy angustiosa de Ingrid Betancourt- y evaluado el hecho insólito de unos secuestros prolongados hasta por 10 años en algunos casos, además de la presión internacional expresada de mil maneras por varios jefes de Estado y por organizaciones internacionales de los derechos humanos, y el éxito obtenido hasta ahora por las gestiones del presidente venezolano Hugo Chávez, se han ido eliminando como posibles todas las alternativas de solución diferentes a la negociación política y pacifica.
Entonces, aquel estado de necesidad que subrayó muchas veces el expresidente Alfonso López Michelsen y que en el plano jurídico legitima la búsqueda de un acuerdo con la guerrilla por razones humanitarias, sin que para lograrlo se requiera el reconocimiento a ella de un status de beligerancia, impone al Presidente Uribe la reconsideración de sus posiciones, hasta ahora inamovibles, en relación con el tema.
Es cierto, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que quienes perpetraron los secuestros y quienes mantienen a los cautivos en condiciones infrahumanas no son los miembros del gobierno sino los integrantes de las FARC, por lo cual no se puede sindicar al Dr. Uribe de ser el culpable de la situación extrema a la que hemos llegado, pero ese reconocimiento no puede anular otro, que consiste en la obligación de las autoridades, a cuya cabeza se encuentra el Jefe del Estado, de hacer todo aquello que resulte indispensable dentro del marco institucional para preservar valores superiores, como la vida y la integridad de todas las personas residentes en Colombia (Art. 2 C.P.), con mayor razón de aquellas que han sido injustamente privadas de su libertad; que se hallan indefensas en poder de un movimiento que ya ha demostrado ser capaz de aplicarles las medidas más ominosas y lesivas que sea posible concebir, y que ya ha señalado que no procederá a nuevas liberaciones unilaterales.
En consecuencia, la posición absoluta que excluye toda posibilidad de despeje de una zona de territorio para proceder al diálogo -no con miras al tema genérico, extenso e interminable de la paz y de la conclusión del conflicto armado- sino con el específico y único objeto, delimitado en el tiempo y debidamente condicionado, de la libertad de los secuestrados, debe ser reconsiderada por el gobierno.
Si en este momento no se adopta alguna decisión que nos permita salir del circulo vicioso en que nos hemos desenvuelto durante estos años, no es descartable que se produzcan nefastas consecuencias -ojalá no, pero podría ser que estuvieran próximas- para la vida de personas secuestradas cuya salud se encuentra en avanzado estado de deterioro.
Y ni pensar en lo que ocurriría si se intenta un rescate militar, pues según lo que escuchamos de boca de los liberados, tal disposición podría producir lo que el Presidente Uribe llama una hecatombe.
José Gregorio Hernández Galindo
Por los canales internacionales y extranjeros de televisión -que hicieron cubrimiento total y directo, a falta de la televisión colombiana, que se ocupaba en la transmisión de telenovelas- pudimos seguir la rueda de prensa ofrecida a los medios del mundo destacados en Caracas por los cuatro congresistas recientemente liberados de su secuestro por las FARC: Gloria Polanco, Jorge Eduardo Géchem, Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán.
Esas declaraciones de quienes acaban de sufrir en carne propia el trato inhumano que la guerrilla da a los cautivos contra todas las reglas del Derecho Internacional Humanitario, y que a la vez han sido víctimas de la extrema indolencia del gobierno colombiano al respecto, muestran a las claras que, a juzgar por todas las características de los procedimientos usados por los captores y por la misma composición geográfica de nuestro territorio, eventuales operaciones militares orientadas a la liberación armada de los secuestrados están llamadas al fracaso y, de intentarse, conducirán inexorablemente a repetir la experiencia ya varias veces sufrida del sacrificio de los rehenes.
Entonces, vista la situación muy grave de algunos de los secuestrados -como es la muy angustiosa de Ingrid Betancourt- y evaluado el hecho insólito de unos secuestros prolongados hasta por 10 años en algunos casos, además de la presión internacional expresada de mil maneras por varios jefes de Estado y por organizaciones internacionales de los derechos humanos, y el éxito obtenido hasta ahora por las gestiones del presidente venezolano Hugo Chávez, se han ido eliminando como posibles todas las alternativas de solución diferentes a la negociación política y pacifica.
Entonces, aquel estado de necesidad que subrayó muchas veces el expresidente Alfonso López Michelsen y que en el plano jurídico legitima la búsqueda de un acuerdo con la guerrilla por razones humanitarias, sin que para lograrlo se requiera el reconocimiento a ella de un status de beligerancia, impone al Presidente Uribe la reconsideración de sus posiciones, hasta ahora inamovibles, en relación con el tema.
Es cierto, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que quienes perpetraron los secuestros y quienes mantienen a los cautivos en condiciones infrahumanas no son los miembros del gobierno sino los integrantes de las FARC, por lo cual no se puede sindicar al Dr. Uribe de ser el culpable de la situación extrema a la que hemos llegado, pero ese reconocimiento no puede anular otro, que consiste en la obligación de las autoridades, a cuya cabeza se encuentra el Jefe del Estado, de hacer todo aquello que resulte indispensable dentro del marco institucional para preservar valores superiores, como la vida y la integridad de todas las personas residentes en Colombia (Art. 2 C.P.), con mayor razón de aquellas que han sido injustamente privadas de su libertad; que se hallan indefensas en poder de un movimiento que ya ha demostrado ser capaz de aplicarles las medidas más ominosas y lesivas que sea posible concebir, y que ya ha señalado que no procederá a nuevas liberaciones unilaterales.
En consecuencia, la posición absoluta que excluye toda posibilidad de despeje de una zona de territorio para proceder al diálogo -no con miras al tema genérico, extenso e interminable de la paz y de la conclusión del conflicto armado- sino con el específico y único objeto, delimitado en el tiempo y debidamente condicionado, de la libertad de los secuestrados, debe ser reconsiderada por el gobierno.
Si en este momento no se adopta alguna decisión que nos permita salir del circulo vicioso en que nos hemos desenvuelto durante estos años, no es descartable que se produzcan nefastas consecuencias -ojalá no, pero podría ser que estuvieran próximas- para la vida de personas secuestradas cuya salud se encuentra en avanzado estado de deterioro.
Y ni pensar en lo que ocurriría si se intenta un rescate militar, pues según lo que escuchamos de boca de los liberados, tal disposición podría producir lo que el Presidente Uribe llama una hecatombe.
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