José Gregorio Hernández Galindo
En momentos en que el Presidente Bush, en los Estados Unidos, manifiesta su preocupación por el hecho de que el Congreso norteamericano no haya aprobado la prórroga de la ley que consagra el programa de espionaje telefónico y de correo electrónico, en el que su administración cifra buena parte de la estrategia en la lucha contra el terrorismo, sin pensar en los derechos fundamentales, en Colombia están a la orden del día, y no sólo sin necesidad de ley sino contra la ley, las interceptaciones telefónicas.
Si está “chuzado” el teléfono del Presidente de la República, no podemos esperar cosa distinta los demás ciudadanos, completamente indefensos ante la actividad de personas u organizaciones desconocidas que han puesto a prueba y en ridículo todos los mecanismos técnicos, administrativos y jurídicos que permitan preservar el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones.
Aunque la Procuraduría acaba de destituir a un general y a varios oficiales de la Policía por las interceptaciones descubiertas el año anterior, lo cierto es que acerca de ellas, y sobre quién las ordenó y para qué, no existe mayor claridad. Además, nada nos permite afirmar que allí estén los únicos interceptadores de comunicaciones privadas, y por el contrario, todo parece indicar que esa es una práctica muy extendida en distintos organismos, desde luego sin aplicar el precepto constitucional. Quienes interceptan y almacenan las grabaciones las tienen bien clasificadas y se dan el lujo de seleccionar aquellas que interesan quién sabe a qué propósitos, para difundirlas a través de los medios de comunicación, que se convierten sin quererlo en instrumentos para el logro de designios ocultos, es decir -y ello es preocupante-, los medios están siendo manipulados por cerebros anónimos.
Da la impresión de que estamos ante una verdadera industria, cuya actividad se desenvuelve en las sombras pero en completa libertad, y en virtud de ella se ha quedado escrita la garantía constitucional a cuyo tenor “la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables”, pues la práctica demuestra que, por el contrario, resultan demasiado vulnerables. Nadie está seguro de su esfera de privacidad, y esto genera un alto grado de desconfianza en los aparatos telefónicos, en especial los más sofisticados, lo que produce a su vez la extraña consecuencia de que, en lugar de unir, alejan a las personas. La tecnología, usada en contra del ser humano.
En momentos en que el Presidente Bush, en los Estados Unidos, manifiesta su preocupación por el hecho de que el Congreso norteamericano no haya aprobado la prórroga de la ley que consagra el programa de espionaje telefónico y de correo electrónico, en el que su administración cifra buena parte de la estrategia en la lucha contra el terrorismo, sin pensar en los derechos fundamentales, en Colombia están a la orden del día, y no sólo sin necesidad de ley sino contra la ley, las interceptaciones telefónicas.
Si está “chuzado” el teléfono del Presidente de la República, no podemos esperar cosa distinta los demás ciudadanos, completamente indefensos ante la actividad de personas u organizaciones desconocidas que han puesto a prueba y en ridículo todos los mecanismos técnicos, administrativos y jurídicos que permitan preservar el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones.
Aunque la Procuraduría acaba de destituir a un general y a varios oficiales de la Policía por las interceptaciones descubiertas el año anterior, lo cierto es que acerca de ellas, y sobre quién las ordenó y para qué, no existe mayor claridad. Además, nada nos permite afirmar que allí estén los únicos interceptadores de comunicaciones privadas, y por el contrario, todo parece indicar que esa es una práctica muy extendida en distintos organismos, desde luego sin aplicar el precepto constitucional. Quienes interceptan y almacenan las grabaciones las tienen bien clasificadas y se dan el lujo de seleccionar aquellas que interesan quién sabe a qué propósitos, para difundirlas a través de los medios de comunicación, que se convierten sin quererlo en instrumentos para el logro de designios ocultos, es decir -y ello es preocupante-, los medios están siendo manipulados por cerebros anónimos.
Da la impresión de que estamos ante una verdadera industria, cuya actividad se desenvuelve en las sombras pero en completa libertad, y en virtud de ella se ha quedado escrita la garantía constitucional a cuyo tenor “la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables”, pues la práctica demuestra que, por el contrario, resultan demasiado vulnerables. Nadie está seguro de su esfera de privacidad, y esto genera un alto grado de desconfianza en los aparatos telefónicos, en especial los más sofisticados, lo que produce a su vez la extraña consecuencia de que, en lugar de unir, alejan a las personas. La tecnología, usada en contra del ser humano.
Ahora bien, acaba de revelar el Procurador una lista de personas víctimas de las interceptaciones del año 2005. Pero estamos seguros de que no están todos los que son. Y por otro lado, no es suficiente con identificar a las víctimas. Se requiere saber quiénes son los victimarios, no solamente los que como subalternos les sirven de instrumentos, sino los autores intelectuales, o los motores de la interceptaciones, y el plan en que están ocupados, en contra de los derechos esenciales de las personas.
4 comentarios:
El tema de las interceptaciones en nuestro país ha llegado a un nivel inexplicable. Me encuentro en total acuerdo con este artículo. Es necesario que se tomen medidas fuertes, que no se concentren en el simple sensacionalismo de las famosas conversaciones reveladas, sino en la violación a los derechos fundamentales de los colombianos que se encuentran en juego.
Mariana y Dr. Hernandez, escuché en el programa hora 20 de caracol, a raiz de las interceptaciones de llamada del presidente, que la presidencia y algunos funcionarios claves en el tema de la seguridad nacional, cuentan con un sistema especial de comunicaciones (FALCON o algo asi mencionaron en el programa). Con base en lo anterior, en el caso del presidente, se trata de una chuzada o una autochuzada?.
QUIERO FELICITARLOS POR EL BLOG, QUE ES PONDERADO Y SERIO, ADIFERENCIA DE TANTOS MALOS E IRRESPONSABLES EN LA RED. EN CUANTO AL ULTIMO ARTICULO LES DIGO QUE LO COMPARTO ENTERAMENTE.NADA HACE EL ESTADO POPR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.Y NO CREO MUCHO EN LA CHUZADA DEL TELEFONO PRESIDENCIAL.
Es increíble, que en un Estado garantista como el colombiano, protector de los Derechos Humanos, inclinado al respeto y a la conservación de la dignidad humana, se vulnere por parte de elementos estatales, uno de los principales derechos del ciudadano, como lo es el respeto a su intimidad. La tecnología en nuestro país, va de la mano con la corrupción y con la vulneración de los derechos de primera generación.
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