NO ES LÍCITO PAGAR LA RECOMPENSA

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

El comandante de las Fuerzas Militares , general Freddy Padilla, dice haber organizado un equipo jurídico encargado de establecer si, a la luz del ordenamiento jurídico, las autoridades colombianas deben entregar a Pedro Pablo Montoya, alias "Rojas", el guerrillero que dió muerte a Manuel Muñoz, alias "Iván Ríos", la recompensa prometida (cinco mil millones de pesos) a quien diera informes eficaces que condujeran a la captura de aquél, uno de los principales jefes de la guerrilla de las FARC. Esto ha provocado una gran polémica, tanto desde el punto de vista político o de conveniencia como desde las perspectivas éticas y jurídicas.

Quiero encabezar este comentario con dos afirmaciones que no son de mi propiedad intelectual sino que hacen parte de la cultura jurídica: 1) El fin no justifica los medios; 2) El valor fundamental del Derecho es la justicia, y ésta consiste en DAR A CADA UNO LO SUYO, como lo predicaba Ulpiano. No más, no menos. Solamente lo justo, y todo lo justo.
Como se recuerda, alias "Raúl Ríos" fue asesinado por "Rojas" y otros subalternos, quienes se presentaron el jueves pasado ante el Ejército para informar que lo habían matado, y a manera de prueba presentaron su mano derecha, que le cercenaron para el cotejo de las huellas dactilares, la cédula de identificación, el pasaporte, diversos documentos y un computador portátil. La identidad fue confirmada. Igualmente, suministraron las coordenadas del lugar donde fue enterrado junto con su compañera sentimental.

Allí está planteada la polémica: ¿entrega el Estado una recompensa por un homicidio? Porque lo ocurrido, aunque se tratara de un jefe guerrillero y de su compañera permanente (por la cual no había recompensa) no es otra cosa que un homicidio.

A nuestro juicio, la recompensa no se debe pagar. Ello equivaldría a legitimar y a premiar un homicidio fuera de combate, a mansalva y sobre seguro. Y significaría, ni más ni menos, legalizar la pena de muerte, que está prohibida en el artículo 11 de la Constitución, de manera absoluta.

Desde el punto de vista del Estado, ofreció recompensa por informes, no por un homicidio, y menos por dos. No es lícito que la pague, toda vez que el objeto presupuestal del pago sería diverso del legalmente contemplado, y bien podría incurrirse en peculado por destinación oficial diferente.

Por su misma definición, el acto del que se trata tiene objeto ilícito: quien ahora aspira a ser premiado con el dinero del Estado colombiano quiere serlo en razón de que cometió unos homicidios, y el sistema jurídico colombiano, para penalizar el homicidio, no distingue entre las víctimas como para que se pueda afirmar que hay homicidios "buenos", es decir, los que recaigan en individuos perseguidos por la administración de justicia. De modo que el Estado, al pagar recompensa -por mínima que sea- a cambio de un homicidio, paga por algo que de suyo tiene objeto ilícito, y en tal sentido se iguala; se pone al mismo nivel de la delincuencia, que paga a sicarios para que eliminen a sus enemigos.

De otro lado, hay en todo esto una gran contradicción: si el Estado inicia -como debe iniciar- un proceso penal contra el homicida -ya los jueces dirán si obró o no en legítima defensa, según las pruebas que obren en el proceso-, y a la vez paga la recompensa, está simultáneamente censurando y premiando la misma conducta; adopta decisiones incompatibles respecto a los mismos hechos.

Un aspecto que debe considerarse en esta materia es el relativo con el debido proceso y el derecho de defensa. Aun quien sea sindicado del peor delito tiene derecho de carácter fundamental en nuestro sistema a ser juzgado para poder ser condenado, y no a pena de muerte -proscrita en Colombia, hasta donde sabemos-. A la luz de ese principio democrático, el Estado ofreció recompensa, no por la muerte, sino por las informaciones que pudieran culminar en la captura de alias "Iván Ríos", con el objeto de someterlo a proceso, para que respondiera por los varios cargos que contra él tenía el propio Estado. En otras palabra, el cometido de las personas que aspiraran a obtener la recompensa era el de facilitar la captura, con el fín de que el sindicado fuera sometido a juicio. Al aplicarle directamente la pena de muerte seguida de mutilación de su cadáver, como se hizo, el homicida no logró el propósito de la recompensa. Se fue más allá, e incurrió en una conducta sancionada por nuestro Derecho, por la cual tiene que responder.

Ahora bien, el mensaje al pueblo colombiano es demoledoramente negativo y anti-ético: ¿qué podrán pensar los millones de ciudadanos pobres y trabajadores que no han querido comprometerse con el delito y que apenas tienen los necesario para subsistir, ante el premio -por la no despreciable suma de cinco mil millones de pesos- otorgado a quien estuvo la mayor parte de su vida delinquiendo, y recibe la recompensa por matar? Eso -claro está- tiene ribetes de mayor gravedad si en la Fiscalís se abstienen de iniciarle proceso penal por los homicidios cometidos, como ya anunció el Fiscal General, presuponiendo -sin análisis de pruebas- la legítima defensa.