Parábola de una crisis de corta duración
José Gregorio Hernández Galindo
La semana que termina, sobre la cual caben y deben hacerse hacia el futuro –como se harán en efecto- muchos análisis, desde distintas perspectivas, es quizá la más agitada de todas cuantas hemos vivido los colombianos en los últimos años.
Al amanecer del sábado anterior, fuerzas combinadas del Ejercito y Policía Nacional, durante una sorpresiva incursión en territorio ecuatoriano, dieron de baja al terrorista colombiano apodado Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las FARC, y a otros 19 guerrilleros de esa organización.
Vinieron después las reacciones, casi al unísono, de los presidentes ecuatoriano y venezolano, Rafael Correa y Hugo Chávez. Ambos retiraron a sus embajadores y a su personal diplomático acreditado en Colombia y procedieron a expulsar a nuestras misiones diplomáticas en Quito y Caracas, y los dos jefes de Estado ordenaron el desplazamiento de tropas a las fronteras con Colombia, en abierto desafío, sobre la base de que la incursión armada había implicado una violación de la soberanía territorial del Ecuador, y una amenaza en el mismo sentido para el Estado venezolano.
Después se produjo la ruptura unilateral de las relaciones diplomáticas con Colombia, por parte del gobierno ecuatoriano.
Colombia presentó disculpas a Ecuador acerca de lo acontecido, en las cuales incorporó su alegato de haber actuado en legítima defensa, ante la existencia de una constante amenaza terrorista representada por los guerrilleros abatidos, y en especial por alias Raúl Reyes, uno de los comandantes con mayor poder dentro de la organización criminal.
Esas disculpas no fueron aceptadas, y con el transcurso de las horas la tensión entre los gobiernos se fue agudizando, en especial por la guerra de comunicados que estalló casi desde el primer momento, y que aún prosigue, en el curso de la cual se han producido mutuas acusaciones en relación con los actos y políticas de los presidentes involucrados: extractando información obtenida por la policía colombiana al desencriptar los computadores de Reyes encontrados junto a su cadáver, Colombia sindicó a los presidentes venezolano y ecuatoriano de haber estado en permanente contacto con el jefe guerrillero, e inclusive de haber auspiciado su actividad terrorista, e inclusive de haber urdido un plan de grandes proporciones para desestabilizar el país y para causar daño a sus instituciones, además de que, según la policía, hubo el pago por parte de Venezuela a las FARC de al menos trescientos millones de dólares como contribución a la causa terrorista, además del tráfico de uranio, como parte de una escalada agresiva contra el orden internacional.
Reunido extraordinariamente el Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos OEA, 14 horas de deliberación culminaron con la expedición de una resolución mediante la cual, aunque el organismo se abstuvo de hacer explicita una condena a Colombia -como lo quería el Ecuador-, proclamó la inviolabilidad del territorio de los estados y dijo de modo perentorio que todos los integrantes de la organización están comprometidos a abstenerse de cualquier vulneración del territorio de otro Estado sea cualquiera el pretexto o la razón, así sea temporalmente.
La OEA convocó a una cumbre de sus cancilleres que tendrá lugar en su sede en Washington el 17 de marzo, previa constitución de una comisión encabezada por el Secretaria General José Miguel Insulza, integrada por cuatro embajadores designados por éste, que visite ambos países recorriendo los lugares que las partes le indiquen, para rendir informe a esa reunión de consulta de los ministros de relaciones exteriores.
Ayer, en el curso de esta tragedia (¿o comedia?) diplomática, tuvimos la manifestación unilateral del Presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien aprovechando la crisis en beneficio de su posición en el diferendo que mantiene con Colombia por San Andrés y Providencia, pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia, rompe así mismo relaciones diplomáticas con nuestro Estado.
Y Colombia, por su parte, anunció con bombos y platillos y con la presentación pública de un equipo de connotados juristas, una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el Presidente Hugo Chávez por promoción y financiación de genocidas, lo que, a lo largo de los tres días que duró la propuesta, fue materia de ardua controversia jurídica, inclusive entre nosotros, ya que de una parte era necesario agotar los trámites de Derecho interno por ser subsidiaria la competencia de la Corte, y de otra el crimen de genocidio -definido claramente en el Tratado de Roma- no cobija conductas como las endilgadas públicamente a Chávez por Uribe y sus asesores ante los medios de comunicación. Es decir, si algo estaba cantado era el muy probable rechazo de la denuncia en ese tribunal internacional, y en tal evento Colombia habría hecho, más o menos, el ridículo.
Al amanecer del sábado anterior, fuerzas combinadas del Ejercito y Policía Nacional, durante una sorpresiva incursión en territorio ecuatoriano, dieron de baja al terrorista colombiano apodado Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las FARC, y a otros 19 guerrilleros de esa organización.
Vinieron después las reacciones, casi al unísono, de los presidentes ecuatoriano y venezolano, Rafael Correa y Hugo Chávez. Ambos retiraron a sus embajadores y a su personal diplomático acreditado en Colombia y procedieron a expulsar a nuestras misiones diplomáticas en Quito y Caracas, y los dos jefes de Estado ordenaron el desplazamiento de tropas a las fronteras con Colombia, en abierto desafío, sobre la base de que la incursión armada había implicado una violación de la soberanía territorial del Ecuador, y una amenaza en el mismo sentido para el Estado venezolano.
Después se produjo la ruptura unilateral de las relaciones diplomáticas con Colombia, por parte del gobierno ecuatoriano.
Colombia presentó disculpas a Ecuador acerca de lo acontecido, en las cuales incorporó su alegato de haber actuado en legítima defensa, ante la existencia de una constante amenaza terrorista representada por los guerrilleros abatidos, y en especial por alias Raúl Reyes, uno de los comandantes con mayor poder dentro de la organización criminal.
Esas disculpas no fueron aceptadas, y con el transcurso de las horas la tensión entre los gobiernos se fue agudizando, en especial por la guerra de comunicados que estalló casi desde el primer momento, y que aún prosigue, en el curso de la cual se han producido mutuas acusaciones en relación con los actos y políticas de los presidentes involucrados: extractando información obtenida por la policía colombiana al desencriptar los computadores de Reyes encontrados junto a su cadáver, Colombia sindicó a los presidentes venezolano y ecuatoriano de haber estado en permanente contacto con el jefe guerrillero, e inclusive de haber auspiciado su actividad terrorista, e inclusive de haber urdido un plan de grandes proporciones para desestabilizar el país y para causar daño a sus instituciones, además de que, según la policía, hubo el pago por parte de Venezuela a las FARC de al menos trescientos millones de dólares como contribución a la causa terrorista, además del tráfico de uranio, como parte de una escalada agresiva contra el orden internacional.
Reunido extraordinariamente el Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos OEA, 14 horas de deliberación culminaron con la expedición de una resolución mediante la cual, aunque el organismo se abstuvo de hacer explicita una condena a Colombia -como lo quería el Ecuador-, proclamó la inviolabilidad del territorio de los estados y dijo de modo perentorio que todos los integrantes de la organización están comprometidos a abstenerse de cualquier vulneración del territorio de otro Estado sea cualquiera el pretexto o la razón, así sea temporalmente.
La OEA convocó a una cumbre de sus cancilleres que tendrá lugar en su sede en Washington el 17 de marzo, previa constitución de una comisión encabezada por el Secretaria General José Miguel Insulza, integrada por cuatro embajadores designados por éste, que visite ambos países recorriendo los lugares que las partes le indiquen, para rendir informe a esa reunión de consulta de los ministros de relaciones exteriores.
Ayer, en el curso de esta tragedia (¿o comedia?) diplomática, tuvimos la manifestación unilateral del Presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien aprovechando la crisis en beneficio de su posición en el diferendo que mantiene con Colombia por San Andrés y Providencia, pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia, rompe así mismo relaciones diplomáticas con nuestro Estado.
Y Colombia, por su parte, anunció con bombos y platillos y con la presentación pública de un equipo de connotados juristas, una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el Presidente Hugo Chávez por promoción y financiación de genocidas, lo que, a lo largo de los tres días que duró la propuesta, fue materia de ardua controversia jurídica, inclusive entre nosotros, ya que de una parte era necesario agotar los trámites de Derecho interno por ser subsidiaria la competencia de la Corte, y de otra el crimen de genocidio -definido claramente en el Tratado de Roma- no cobija conductas como las endilgadas públicamente a Chávez por Uribe y sus asesores ante los medios de comunicación. Es decir, si algo estaba cantado era el muy probable rechazo de la denuncia en ese tribunal internacional, y en tal evento Colombia habría hecho, más o menos, el ridículo.
El viernes, en Santo Domingo -República Dominicana-, durante la Cumbre de Río, no sin antes utilizar el foro para el cruce de cargos, reclamos y ofensas, los presidentes se abrazaron, se disculparon mutuamente, y Uribe manifestó que desistirá de la denuncia. A este respecto, sin perjuicio de nuestra satisfacción por el hecho de que se hayan superado las diferencias creadas entre nuestros países, nos preguntamos: ¿si alguien sabe, o cree saber, que otro ha cometido crimenes tan graves como los que Uribe endilga a Chávez, no estará obligado a denunciarlos ante las autoridades competentes? ¿La denuncia es negociable? ¿O todo era mentira?
1 comentario:
La verdad es que los acontecimientos de esta semana destaparon muchas cartas, si bien es cierto que la inteligencia miltar tiene en cerco la guerrilla, tambien es cierto que el modus operandi con el cual dieron baja a raul reyes tiene mucho parecido con lo comentado en la muerte de los 11 diputados, que definitivamente, los gobernantesde esta parte del continente quieren guerra, que el gobierno norteamericano esta de hornillero y el pueblo colombiano enardecido pidiendo limpiar el honor patrio que no saben como se enlodo ni por que pero que hay que vengarlo, la prensa, hasta la misma iglesia se ve patrocinando esta locura en espiral que noes arrastra.
ya nadie habla de la economia y su desastre o de l podredumbre de la parapolitica, parece ser que esta cortina de humo sin querer queriendo funciono, nadie sabe para donde ver pero hay que mirar pa..lla.
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